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Modo: Corpus Pro

ACTA DE IRREGULARIDADES DE MERCANCÍAS DE DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN. EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY ADUANERA, AL NO ESTABLECER UN PLAZO PARA QUE LA AUTORIDAD LA ELABORE Y NOTIFIQUE, VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 56/2008-PL. · Registro digital (IUS): 22074
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Marzo de 2010, , Pág. 1059.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 56/2008-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.

SECRETARIA: GUILLERMINA COUTIÑO MATA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero, fracción VI, del Acuerdo General 5/2001, del Tribunal Pleno, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el Ministro José Ramón Cossío Díaz, integrante de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con apoyo en la facultad que le confieren los artículos 197 de la Ley de Amparo y 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

TERCERO. De las constancias que integran el expediente de la presente contradicción de tesis se advierte que el procurador general de la República, por medio de la agente del Ministerio Público de la Federación designada por el director general de constitucionalidad de dicha dependencia, formuló la opinión institucional en tiempo, pues de la certificación que obra a foja 107 del toca en que se actúa, se desprende que el término de treinta días que se le concedió para ese efecto transcurrió del trece de junio al veinticinco de febrero de dos mil nueve, siendo el caso que la opinión se presentó el dieciséis de febrero del citado año.

La referida opinión consistente en que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio de que el artículo 152 de la Ley Aduanera no vulnera la garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal (fojas 109 a 121 del presente expediente).

CUARTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1378/2008, promovido por **********, en sesión de quince de octubre de dos mil ocho, por unanimidad de cuatro votos, consideró, en lo que interesa, lo siguiente:

"CUARTO. Estudio del asunto. ... Esta Sala ahora procede a estudiar el fondo del asunto que constituye la materia del recurso, el cual se constituye, esencialmente, con el análisis de los agravios primero, segundo y tercero de la parte recurrente, en los cuales se combate la forma en que el Tribunal Colegiado determinó la regularidad constitucional de los siguientes artículos: 76, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, 152, 178, fracciones I y IV y 185 de la Ley Aduanera. ... Finalmente, la parte recurrente alega en su tercer agravio que el artículo 152 de la Ley Aduanera viola el principio de seguridad jurídica, porque afirma que esta norma no establece un plazo en el cual la autoridad deba emitir el acta con la que se inicia el procedimiento administrativo en materia aduanera, lo cual deja en estado de incertidumbre el momento en el que empieza a computarse el plazo de cuatro meses que tiene la autoridad para emitir la determinación de los créditos fiscales, ‘lo cual pasó desapercibido por el Tribunal Colegiado de Circuito al dictar la sentencia que nos ocupa, pues precisamente al no prever con claridad el numeral 152 de la Ley Aduanera cuando se debe levantar el acta y, por ende, el inicio del plazo, es que no se cumple con esta predicibilidad, que consiste en el aspecto formal de la protección jurídica’. De la transcripción del artículo 152 de la Ley Aduanera -realizada párrafos más arriba-, se obtiene que el mismo tiene aplicación cuando proceda determinación de contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, en aquellos casos en que no procede el embargo de mercancías por no ubicarse en los supuestos del numeral 151 de la Ley Aduanera y, por ello, tampoco se sustanciará el procedimiento previsto en el artículo 150 del mismo ordenamiento legal. Del segundo párrafo del artículo 152 de la Ley Aduanera se advierte que la autoridad aduanera está obligada a dar a conocer mediante escrito o acta circunstanciada los hechos u omisiones que impliquen la omisión de contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, sin embargo, no establece el momento en que debe levantarse esa acta de irregularidades. Por otra parte, para el caso en que se presenta ante la autoridad aduanera mercancía de difícil identificación, los artículos 44 y 45 de la ley de la materia disponen: ‘Artículo 44.’ (se transcribe). ‘Artículo 45.’ (se transcribe). Como puede advertirse, en el caso de las mercancías de difícil identificación al momento de llevar a cabo el reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento, la autoridad puede tomar muestras de las mismas para mandarlas examinar y determinar su naturaleza y composición. Ahora bien, como lo sostiene la quejosa, en el precepto impugnado no se establece en qué momento deben darse a conocer las irregularidades advertidas con motivo del reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento, lo que en el caso de las mercancías de difícil identificación es evidente que no puede ser en el momento en que tales reconocimientos se realizan, ya que se requiere de exámenes de laboratorio para poder determinar si existe correspondencia entre lo declarado y la mercancía presentada. En este punto, es necesario destacar la importancia que tiene la toma de muestras de mercancías de difícil identificación, ya que el muestreo y el resultado de su análisis son elementos necesarios para que la autoridad pueda determinar la existencia o no de irregularidades entre lo declarado y la mercancía efectivamente importada o exportada, según sea el caso. Sin embargo, la Ley Aduanera y, en específico el artículo 152, no establecen plazo para que la autoridad dé a conocer las irregularidades advertidas con motivo de la toma de muestras de la mercancía presentada para reconocimiento. Esta Primera Sala ha sostenido el criterio de que tal omisión de establecer límite temporal a la autoridad aduanera para dar a conocer las irregularidades detectadas con motivo del resultado del muestreo de mercancías de difícil identificación no provoca inseguridad jurídica, pues la circunstancia de que las autoridades aduaneras no tengan marcado un plazo legal para notificar el acta de irregularidades con motivo de las muestras recabadas en el reconocimiento aduanero no significa que estén en libertad de iniciar el procedimiento aduanero sin sujeción temporal alguna, ya que, en todo caso, deberán observar las reglas de caducidad de sus facultades de comprobación de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación. Esta Sala ha concluido que el artículo 152 de la Ley Aduanera no viola la garantía de seguridad jurídica. Lo anterior al resolver los amparos directos en revisión 1566/2007, 490/2008, 690/2008 y 1253/2008, así como el amparo en revisión 106/2008. Como se observa de la argumentación realizada por esta Primera Sala en los precedentes citados más arriba, la conclusión de que el artículo 152 de la Ley Aduanera no viola la garantía de seguridad jurídica se hizo descansar en el hecho de que la omisión del legislador ordinario se sustituye con un límite temporal, dado por la fecha en que caducan las facultades de las autoridades fiscales, establecido en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, esta Sala, después de una nueva reflexión, considera necesario apartarse de este criterio, por no compartir más las premisas en que se basa. Se procede a dar las razones de la siguiente conclusión que ahora sustituye aquella en que se basaba el anterior criterio: la existencia de la caducidad de las facultades de las autoridades fiscales no es un elemento normativo suficiente para convalidar la falta de un plazo en un procedimiento susceptible de culminar con la privación de derechos desde la perspectiva de la garantía de seguridad jurídica. La premisa en la que se basa la conclusión de que una norma que prevé un procedimiento de fiscalización, sin establecer un plazo delimitador de su duración resulta inconstitucional, se encuentra en la definición sostenida por esta Suprema Corte reiteradamente de la garantía de seguridad jurídica, establecida en el artículo 16 constitucional. Esta Primera Sala ha compartido el criterio de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de que el alcance de esta garantía de seguridad jurídica en el ámbito concreto de la configuración jurídica de los procedimientos fiscales, constriñe al legislador a regular de forma obligatoria ciertos elementos mínimos que permitan la consecución de dos objetivos primordiales: 1) la posibilidad de que el gobernado sujeto a dicho procedimiento pueda hacer valer sus derechos y 2) y ‘que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades’. Por tanto, un procedimiento será constitucional desde la perspectiva de la garantía de seguridad jurídica si su regulación (sin importar el grado de detalle de la regulación normativa efectivamente establecida) logra establecer un mecanismo por el cual, por un lado, el particular pueda hacer valer sus derechos, otorgándole la vía necesaria para ello y, por el otro, se impida que la autoridad actúe de manera arbitraria, estableciendo un marco ‘de las facultades y obligaciones que le corresponden’. Esta interpretación del artículo 16 de la Constitución Federal, ha sido individualizado por esta Suprema Corte, en los casos en los que se ha analizado la regularidad constitucional de los plazos de los procedimientos susceptible de culminar con la privación de derechos de los particulares, de la siguiente manera. Si la garantía de seguridad jurídica establece una prohibición a la autoridad de actuar con arbitrariedad, con base en lo anterior, esta Primera Sala ha considerado que las etapas y plazos que dividen y ordenan un procedimiento ‘deben acotarse a un tiempo prudente para lograr el objetivo pretendido con ellas, pues de no ser así las facultades de verificación y determinación de las autoridades hacendarías [por ejemplo] se tornarían arbitrarias, en contravención a la garantía de seguridad jurídica’. Lo anterior implica que los plazos en los procedimientos de fiscalización deben cumplir con la función de delimitar la extensión temporal de los procedimientos (en los que se despliegan y ejercen facultades las autoridades del Estado) sobre la base de un criterio informador que debe desarrollar e individualizar el legislador: los plazos ‘deben acotarse a un tiempo prudente para lograr el objetivo pretendido con ellas’. Es claro que si los plazos de los procedimientos son establecidos por el legislador en función de un tiempo prudente que tenga como referente la extensión necesaria y suficiente para la consecución de los objetivos que se pretendan satisfacer con dichos procedimientos, se logra impedir que la autoridad actúe con arbitrariedad, pues no podrá determinar la extensión temporal de su actuación con base en cualquier criterio que le indique el límite temporal que más le convenga, sino que deberá respetar el límite temporal que le estableció el legislador, siendo éste el que consideró suficiente para la consecución del objetivo legal subyacente. Con base en lo anterior, esta Primera Sala ha resuelto varios casos en los cuales ha concluido que la falta de un plazo que limite temporalmente la extensión de un procedimiento administrativo es un vicio de inconstitucionalidad suficiente para declararlo contrario a la garantía de seguridad jurídica. Así se ha resuelto, por ejemplo, la inconstitucionalidad de ciertos procedimientos de fiscalización en materia fiscal, en los cuales se ha sostenido que es inconstitucional ‘que los contribuyentes que se ubiquen en tal hipótesis carecen de un plazo cierto y determinado que restrinja la duración del procedimiento de fiscalización’. Ello, pues se señaló que concluir lo contrario, ‘equivaldría a permitir que ésta [la autoridad] despliegue actuaciones arbitrarias que generen inseguridad jurídica para el gobernado, pues en esos casos podría emitir la resolución determinante sin limitación alguna, transgrediendo así las garantías de seguridad y certeza jurídica que deben regir en todo procedimiento administrativo’. Al resolverse el anterior asunto, en el que se declaró la inconstitucionalidad de la fracción III del artículo segundo del decreto por el que se reformaron diversas disposiciones fiscales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos mil, esta Sala señaló adicionalmente lo siguiente: ‘además de que lógicamente no se justifica que la autoridad requiera un plazo ilimitado para ejercitar sus facultades ... pues no son argumentos que puedan válidamente oponerse a la circunstancia de que la autoridad pueda desarrollar un procedimiento en el que su actuación no se sujete a un plazo cierto, en contravención del artículo 16 constitucional’. Asimismo, esta Sala sostuvo que el segundo párrafo del artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el dos mil tres, era inconstituci

nal al no establecer plazos para que la autoridad emitiera su resolución sobre ciertos contribuyentes y en forma específica se sostuvo que el plazo de la caducidad no convalidaba tal omisión. Así se señaló: ‘El procedimiento de fiscalización consta de dos etapas: la primera consiste en la verificación de documentación y concluye con el acta final o emisión de oficio de observaciones y, en la segunda, en caso de encontrar alguna irregularidad derivada de la revisión, la autoridad fiscal competente emite la resolución correspondiente en la cual determina y liquida un crédito fiscal a cargo del contribuyente ... En ese tenor, el segundo párrafo del artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta 2003, viola dicha garantía constitucional, pues aunque su primer párrafo establece un plazo máximo para la emisión del acto de determinación con el cual concluye el procedimiento de fiscalización, excluye de tal limitante a los contribuyentes señalados en el primer párrafo del artículo 46-A del mencionado código ... De ahí que en tales casos la autoridad fiscal competente podría dictar una resolución en la que determine un crédito fiscal a cargo de dichos sujetos, sin limitación temporal para su emisión’. Se sostuvo en dicho asunto que ‘en un Estado de derecho no es permisible la arbitrariedad, pues hacerlo implicaría concederle a la autoridad administrativa facultades omnímodas a fin de ampliar sus actuaciones y con ello limitar las sanciones que le coligen en caso de emitir una resolución fuera del plazo previsto, toda vez que la autoridad no es libre de hacer o decidir en cuanto a las formalidades de la visita o revisión, por lo contrario, está obligada a obedecer la norma pues, de contravenirla, se hará merecedora a las consecuencias legales, como acontece en la especie.’. En esa línea de ideas, se hizo mucho énfasis en dicho asunto en que ‘no puede aducirse que por el hecho de que el propio Código Fiscal de la Federación regule la figura de la caducidad, ello sea suficiente para cumplir con lo dispuesto en la parte dogmática de nuestra Norma Fundamental.’. Lo anterior es así, pues se adujo que ‘la caducidad en materia fiscal es la extinción de las facultades de determinación de las contribuciones omitidas y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a dichas disposiciones y por ende es una sanción a la autoridad fiscal por el no ejercicio de sus facultades en un periodo determinado, cuestión diversa al otorgamiento de seguridad jurídica al gobernado en un procedimiento administrativo en el cual se efectúa un acto de molestia.’. En esa tesitura, se sostuvo que ‘el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, no consagra la seguridad jurídica de los gobernados, en cuanto al otorgamiento de certeza jurídica del procedimiento de fiscalización’, que fue referido con anterioridad, sino para limitar temporalmente a la autoridad fiscal ejercer sus facultades. Lo anterior es así, ya que ‘la finalidad de la inclusión de la figura de la caducidad es diversa a las formalidades que deben cumplir las autoridades fiscales al iniciar un procedimiento de fiscalización, pues si bien es cierto los dos fueron introducidos en el Código Fiscal de la Federación con el objetivo de otorgar seguridad jurídica a los gobernados, también lo es que su regulación está encaminada a atender diversos aspectos. En efecto, la seguridad jurídica que debe regir en el procedimiento de fiscalización, estableciendo las formalidades que regulen la actuación de las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades, es con la finalidad de evitar una actuación arbitraria dentro de un procedimiento administrativo. A diferencia de lo anterior, la figura de la caducidad es regulada con la finalidad de establecer una consecuencia legal al no ejercicio de la facultad de determinación de las autoridades fiscales, estableciendo un límite temporal para su ejercicio. Lo cual no significa que con ello se busque evitar una arbitrariedad, sino que es una limitación que la ley impone a la autoridad para el otorgamiento de certeza de la validez del ejercicio de dichas facultades.’. Como se observa de estos criterios, por citar dos que tienen relación con el tema ahora tratado, esta Sala ha determinado que la falta de un plazo que limite la extensión en el tiempo de un procedimiento de fiscalización es inconstitucional, por violar la garantía de seguridad jurídica. Asimismo, se ha dicho que para evitar la arbitrariedad en la actuación de la autoridad, que es el núcleo del contenido de dicha garantía, los plazos deben ser concebidos como límites temporales prudentes que deben ser determinados por el legislador como necesarios para la consecución de los objetivos que se quieren lograr con tales plazos. Ahora bien, es necesario realizar una aclaración. Habrá ocasiones en las cuales la falta de un plazo específico para un determinado procedimiento no generará en automático la inconstitucionalidad de la norma que lo contemple, pues, como también lo ha determinado esta Primera Sala, el legislador puede establecer un plazo que sea común a un conjunto de procesos, sin tener que relacionar en todo momento uno en lo individual para cada procedimiento que exista en el orden jurídico, siendo suficiente que se establezca uno en común. Esta determinación, sin embargo, se basa en la misma premisa que la utilizada para resolver el resto de los asuntos, esto es, que el plazo común establecido por el legislador para un conjunto de procedimientos mantiene la nota de ser el prudente para la consecución de los fines de dichos procedimientos, y así evitar la arbitrariedad de la autoridad aplicadora, tal vez porque todos los procedimientos sujetos a uno mismo, comparten características similares o bien porque son de la misma naturaleza. Son éstas las razones, que esta Sala ahora retoma, las que obligan a concluir que el artículo 152 de la Ley Aduanera es inconstitucional al violar la garantía de seguridad jurídica, pues no se prevé plazo alguno, para que regule el procedimiento de verificación de irregularidades en materia aduanera, en específico, tratándose de mercancía de difícil identificación, por lo siguiente: Del contenido del artículo 152 de la Ley Aduanera, se desprende lo siguiente: ‘Artículo 152.’ (se transcribe). Como se observa de su contenido, el artículo transcrito contempla un procedimiento administrativo en materia aduanera, establecido para que la autoridad pueda determinar tres tipos de consecuencias jurídicas: contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y/o sanciones. El procedimiento que establece el citado artículo 152 de la Ley Aduanera se desdobla en las siguientes tres etapas: 1) La primera etapa se inicia con el ejercicio de algunas de las cinco facultades de la autoridad aduanera: reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento, verificación de mercancías en transporte, revisión de documentos durante el despacho o ejercicio de facultades de comprobación. Esta etapa puede terminar -pero no necesariamente- con el levantamiento de un escrito, o acta circunstanciada en la que se señalen los hechos que actualizan la irregularidad verificada por la autoridad aduanera. 2) La segunda etapa se inicia cuando se le otorga al interesado diez días para ofrecer pruebas y formular alegatos contra la imputación que se le realiza en el acta de inicio del procedimiento. 3) Finalmente, la tercera etapa consiste cuando, una vez cerrada la etapa de pruebas y alegatos, la autoridad da por integrado el expediente y a partir de ahí cuenta con un plazo de cuatro meses para emitir una resolución sobre el asunto. Es así que del procedimiento previsto en el numeral en cuestión no se prevé plazo alguno, para que una vez que se hubieren encontrado irregularidades, en el ejercicio de las facultades de verificación, deba emitir y notificar el acta de omisiones o irregularidades al particular. Lo anterior es así, ya que como se desprende del artículo 44 de la Ley Aduanera el reconocimiento aduanero y segundo reconocimiento, y en su caso las muestras, son procedimientos administrativos encaminados a que la autoridad fiscal se allegue de los elementos que ayuden a precisar la veracidad de lo declarado. Por tanto, en el caso en que se encuentren irregularidades, ya sea derivadas de la revisión de documentos presentados para el despacho de las mercancías, del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento o de la verificación de mercancías en transporte, lo único que se prevé en el artículo 46 del ordenamiento en cuestión es que se deberá hacer constar por escrito o en acta circunstanciada que para el efecto se levante, de conformidad con el procedimiento que corresponda, en los términos de los artículos 150 a 153 de la Ley Aduanera. De tal suerte, que tratándose del caso de que se inicie el procedimiento de verificación, -en el que no procede el embargo precautorio- no existe un plazo cierto para emitir el acta con base en el cual se inicie el procedimiento previsto en el artículo 152 de la Ley Aduanera. En el caso en concreto, que no existe un límite temporal desde la toma de la muestra hasta que se le determine su situación fiscal. Es así, que la norma permite que la autoridad actúe con arbitrariedad al escoger, bajo el criterio que más le convenga, el momento en el cual desplegar sus facultades de determinación, pudiendo dejar de lado aquel que mejor dé cuenta de los objetivos de la ley. El anterior criterio de esta Sala, del que ahora nos apartamos, establecía, como se señaló párrafos más arriba, que no existía un vicio de inconstitucionalidad en el artículo 152 de la Ley Aduanera porque si bien no establece un plazo que constriña a la autoridad, éste se sustituye con el límite temporal que impone la caducidad de las facultades de las autoridades que señala el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, son dos las razones que llevan a esta Sala a no aceptar más la conclusión de que la caducidad puede sustituir a un plazo en un procedimiento coactivo: 1) la caducidad tiene una función esencialmente diversa a la de un plazo y 2) la caducidad, en sustitución de un plazo, no impide que la autoridad actúe con arbitrariedad. En efecto, la caducidad, como se señaló con anterioridad, es una institución que aborda los límites temporales de las facultades de las autoridades y, por tanto, no abarca aquella función a la que se dirigen los plazos, esto es, no se establece por el legislador para establecer una extensión temporal prudente en el cual se logre la satisfacción del objetivo legal de un procedimiento, por ejemplo, en función de la materia de su objeto de estudio, pues aborda de forma general la interrogante de cuál debe ser el límite temporal de las facultades de las autoridades (que pueden desplegarse en una heterogeneidad de procedimientos inconexos) y no se preocupa por la extensión prudente de cada tipo de procedimiento en función de sus características relevantes. Al ser ello así, es claro que la caducidad no logra sustituir a un plazo en la función constitucional que tienen estos últimos: no logra proscribir la arbitrariedad de la autoridad. Ello es así, pues si la caducidad no se hace cargo de la extensión prudente en el cual se debe cumplir el objetivo de un procedimiento, sino que se trata de un límite temporal que sólo trata de una forma muy general este objetivo, la autoridad podrá determinar el momento en el cual desplegar sus facultades, según el criterio que más le convenga. En consecuencia, por las razones apuntadas, debe declararse la inconstitucionalidad del artículo 152 de la Ley Aduanera en tanto que no establece un plazo para que la autoridad aduanera emita y notifique el acta de omisiones o irregularidades. Este criterio no debe hacerse extensivo a aquellos casos en los cuales el procedimiento de fiscalización no versa sobre mercancías de difícil identificación, en los cuales no existe tampoco un embargo precautorio, pues en éstos, como lo ha determinado la Segunda Sala de esta Suprema Corte, cuyo criterio esta Sala comparte, el levantamiento de la citada acta de omisiones o irregularidades se debe realizar de forma inmediata al reconocimiento o segundo reconocimiento aduanero. Por último, con base en las anteriores razones, debe declararse infundado el agravio de la autoridad tercero perjudicada en su revisión adhesiva, por el que defiende la constitucionalidad del artículo 152 de la Ley Aduanera, pues, como se acaba de demostrar, la premisa en que se basa su argumentación, según la cual la caducidad establecida en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación establece un plazo que limita en el tiempo a la autoridad, no la comparte esta Sala: como se acaba de argumentar, la figura de la caducidad no puede sustituir en sus funciones constitucionales a un plazo establecido especialmente para delimitar la temporalidad de un procedimiento administrativo."

QUINTO. Las consideraciones sostenidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los amparos en revisión y amparo directo en revisión que conforman la presente denuncia de contradicción, son los siguientes:

Al resolver el amparo en revisión número 19/2008, promovido por **********, en sesión de trece de febrero de dos mil ocho, por unanimidad de cuatro votos, la Segunda Sala consideró, en lo que interesa, lo siguiente:

"QUINTO. Son esencialmente fundados los agravios de las autoridades recurrentes, en cuanto señalan que: 1) el Juez de Distrito confunde el reconocimiento aduanero con el procedimiento administrativo simplificado, 2) la Ley Aduanera otorga a los interesados la oportunidad de ser oídos y vencidos, 3) la facultad de las autoridades para determinar créditos fiscales está limitada por la caducidad, y 4) los artículos 45 y 152 de la Ley Aduanera y 66 de su reglamento no infringen la garantía de seguridad jurídica. Para corroborar lo anterior, conviene reproducir los artículos 44, 45 y 152 de la Ley Aduanera, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, así como las reformas del tercero de dichos numerales ocurridas mediante decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación con fechas treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho y dos de febrero de dos mil seis. Tales disposiciones dicen: Texto vigente a partir del 15 de diciembre de 1995: ‘Artículo 44.’ (se transcribe). ‘Artículo 45.’ (transcribe). ‘Artículo 152.’ (lo transcribe). Texto vigente a partir del 31 de diciembre de 1998: ‘Artículo 152.’ (se transcribe). Texto vigente a partir del 2 de febrero de 2006: ‘Artículo 152.’ (lo transcribe). El artículo 66 del Reglamento de la Ley Aduanera, publicado en el Diario Oficial de la Federación de seis de junio de mil novecientos noventa y seis, también combatido por la empresa quejosa, señala: ‘Artículo 66.’ (lo transcribe). Los artículos 44 y 45 de la ley de la materia previenen lo relativo al reconocimiento aduanero, estudiado por este cuerpo colegiado en las contradicciones de tesis 66/99, 176/2005-SS y 36/2007-SS, en las que ha determinado que el reconocimiento aduanero es el acto por el cual se determinan los impuestos causados por las mercancías objeto del despacho aduanero, teniendo como fin que la autoridad hacendaria verifique si lo declarado por el particular y su agente aduanal en el pedimento, concuerda fehacientemente con la mercancía objeto de la importación o exportación. Lo anterior, incluso, se estableció en la tesis de jurisprudencia 22/2000, de esta Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, página 338, que dice: ‘RECONOCIMIENTO ADUANAL Y SEGUNDO RECONOCIMIENTO. SI BIEN CONSTITUYEN RESOLUCIONES FAVORABLES AL IMPORTADOR O EXPORTADOR, NO OBLIGAN A LAS AUTORIDADES ADUANALES EN OPERACIONES POSTERIORES DE COMERCIO EXTERIOR.’ (la transcribe). En efecto, tales preceptos, junto con el artículo 43 de la misma Ley Aduanera, ponen de relieve que una vez elaborado el pedimento de importación y efectuado el pago de las contribuciones y cuotas compensatorias determinadas por el interesado, las mercancías, con el pedimento respectivo, se presentarán ante la autoridad aduanera a efecto de activar el mecanismo de selección automatizado, cuyo resultado determinará si debe practicarse el reconocimiento aduanero de las mercancías. Si el resultado del mecanismo de selección automatizado es afirmativo, la autoridad aduanera procederá a efectuar el reconocimiento aduanero ante quien presente las mercancías en el recinto fiscal. Una vez finali

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22074-79739fa4/acta-de-irregularidades-de-mercancias-de-dificil-identificacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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