AGENTE ADUANAL. EL ARTÍCULO 167, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY ADUANERA VIGENTE EN 2009 QUE PREVÉ LA SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE SU PATENTE, NO CONCULCA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 22 DE AGOSTO DE 2012. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS; VOTARON CON SALVEDAD SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO Y SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. AUSENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: LETICIA GUZMÁN MIRANDA.
CONSIDERANDO:
9. PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Número 5/2001, aprobado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que el tema tratado en las ejecutorias corresponde a la materia administrativa en la que esta Sala se encuentra especializada.
10. SEGUNDO. La denuncia de posible contradicción de criterios proviene de parte legítima, pues la formula la procuradora general de la República, quien conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 107 constitucional y en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, está legitimada para formularla.
11. TERCERO. Para determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, es necesario tener presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia, en el sentido de que debe considerarse que existe contradicción de tesis cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que los rodean no sean exactamente iguales o que se adviertan elementos secundarios diferentes en el origen de las ejecutorias.
12. Lo anterior encuentra sustento en la tesis del Pleno de este Alto Tribunal, que dice lo siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." (Jurisprudencia P./J. 72/2010, visible en la página 7 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XXXII, agosto de 2010)
13. En el anterior orden de ideas, para establecer si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es necesario tener presentes las consideraciones que expusieron los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los amparos directos ********** y **********, mencionados en los resultandos que anteceden.
14. Así, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver, por unanimidad de votos, el amparo en revisión **********, en sesión de doce de mayo de dos mil once, consideró, en lo que interesa, lo siguiente:
"Como ya se adelantó, a juicio de este Tribunal Colegiado, son fundados los argumentos que hace valer la parte quejosa en el segundo concepto de violación pues, en efecto, el artículo 167, párrafo tercero, de la Ley Aduanera, que le fue aplicado durante el procedimiento administrativo de cancelación de patente de agente aduanal resulta inconstitucional, lo cual acarrea la invalidez de los actos impugnados en el juicio de nulidad.
"En primer lugar, debe precisarse que el artículo impugnado por el quejoso es el vigente en el año dos mil nueve, pues fue el veintitrés de febrero de ese año, cuando la Administración Central de Regulación Aduanera emitió el acuerdo contenido en el oficio número **********, a través del cual dio inicio al procedimiento administrativo de cancelación de patente de agente aduanal número **********.
"El tercer párrafo del artículo 167 de la Ley Aduanera establece lo siguiente:
"‘Artículo 167. ...
"‘Cuando se trate de las causas de suspensión diversas de las señaladas en el párrafo anterior o de las relativas a la cancelación de la patente, una vez conocidos por las autoridades aduaneras los hechos u omisiones que las configuren, éstas los darán a conocer en forma circunstanciada al agente aduanal y le concederán un plazo de diez días hábiles para que ofrezca pruebas y exprese lo que a su derecho convenga. ...’
"Como se puede apreciar, dice el artículo que la autoridad aduanera debe dar a conocer en forma circunstanciada al agente aduanal, los hechos u omisiones que configuren las causas de suspensión o de las relativas a la cancelación de la patente (sin indicar un plazo máximo para que notifique dicho escrito o acta), y deberá señalarle que cuenta con un plazo de diez días para ofrecer las pruebas y exprese lo que a su derecho convenga; hecho lo cual, se deberá emitir la resolución respectiva en un plazo que no excederá de tres meses, tratándose del procedimiento de suspensión, y de cuatro meses en el de cancelación, contados a partir de la notificación del inicio del procedimiento.
"Pues bien, como propone el quejoso, este tribunal estima que el artículo 167, párrafo tercero, de la Ley Aduanera, al no establecer el plazo para que la autoridad aduanera dé a conocer a los agentes aduanales los hechos u omisiones que motivan la existencia de una causal de cancelación de patente de agente aduanal, con el fin de que presente su respectivo medio de defensa, viola la garantía de seguridad jurídica prevista por el artículo 16 constitucional, pues con dicha omisión deja al arbitrio de la autoridad determinar el momento en que le dará a conocer a los agentes aduanales los hechos u omisiones que motivan la existencia de una causal de cancelación de patente, aunado a que deja en incertidumbre al agente aduanal sobre la situación de éstas, impidiéndole realizar una adecuada defensa de sus intereses en el procedimiento.
"Pues como bien lo asegura el quejoso, el citado numeral 167, párrafo tercero, de la Ley Aduanera reúne exactamente las mismas características de inconstitucionalidad establecidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la emisión de la contradicción de tesis 56/2008-PL, en relación con el artículo 152 de la Ley Aduanera, misma que dio origen a concluir que el legislador no estableció un límite temporal (tiempo máximo que debe transcurrir) entre la toma de muestras y la notificación del acta de irregularidades en las mismas, lo cual sucede con el numeral primeramente referido, esto es, ya que el tercer párrafo del artículo 167 de la Ley Aduanera, no prevé un límite temporal para que las autoridades aduaneras ejerciten sus atribuciones de levantar y notificar el acta por la que se da a conocer el inicio del procedimiento de cancelación de patente de agente aduanal, de ahí que tenga aplicación al caso, por analogía, la jurisprudencia temática P./J. 4/2010, que se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, febrero de dos mil diez, Novena Época, materias constitucional y administrativa, número de registro 165359, página 5, que es del tenor siguiente:
"‘ACTA DE IRREGULARIDADES DE MERCANCÍAS DE DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN. EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY ADUANERA, AL NO ESTABLECER UN PLAZO PARA QUE LA AUTORIDAD LA ELABORE Y NOTIFIQUE, VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. La garantía de seguridad jurídica impide que la autoridad haga un ejercicio arbitrario de sus facultades, dando certidumbre al gobernado sobre su situación, y sobre los plazos legales para que la autoridad cumpla con este objetivo, de ahí que el artículo 152 de la Ley Aduanera, al no establecer el plazo para que la autoridad aduanera elabore y notifique el acta de irregularidades respecto de mercancías de difícil identificación, viola esa garantía constitucional. Lo anterior es así ya que, por una parte, queda al arbitrio de la autoridad determinar el momento en que llevará a cabo tales actos y, por otra, deja en incertidumbre al particular sobre la situación que guarda la importación o exportación que realizó de ese tipo de mercancías, aunado a que cuando se prolonga demasiado el lapso entre la toma de muestras y la notificación del escrito o acta de irregularidades, el particular no está en condiciones de realizar una adecuada defensa de sus intereses en el procedimiento aduanero que establece el precepto citado, lo que significa colocarlo en la imposibilidad de desvirtuar las irregularidades relativas.’."
A fin de esclarecer lo anterior, es decir, que el artículo 167, párrafo tercero, de la Ley Aduanera contiene el mismo vicio de inconstitucionalidad que el diverso numeral 152 de la citada legislación, resulta necesario transcribir, en lo conducente, la ejecutoria emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis **********, entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente:
"SÉPTIMO. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Tribunal Pleno, de acuerdo con las siguientes premisas jurídicas:
"Para determinar el criterio que debe prevalecer, es necesario tener presente que el problema al que se enfrentaron ambas Salas de esta Suprema Corte, consistió en la falta de plazo para que la autoridad aduanera notifique el acta de irregularidades detectadas como resultado del análisis de las muestras recabadas respecto de mercancías de difícil identificación, esto es, no se establece un límite temporal (tiempo máximo que debe transcurrir) entre la toma de muestras y la notificación del acta de irregularidades encontradas en las mismas.
"Al respecto, debe tenerse en cuenta que ambas Salas se pronunciaron sobre el argumento consistente en que la falta de límite temporal, deja al arbitrio de las autoridades aduaneras determinar el momento en que se notifique el acta de irregularidades, acto que da inicio al procedimiento en materia aduanera que establece el artículo 152 de la Ley Aduanera, lo que resulta violatorio de la garantía de seguridad jurídica.
"Mientras la Primera Sala sostiene que efectivamente resulta inconstitucional el artículo 152 de la Ley Aduanera, por no prever un término para que se notifique el acta de irregularidades; la Segunda Sala concluye que debe considerarse un plazo razonable, no establecido en forma específica en la ley, de cuatro meses contados a partir de que recibe el resultado del laboratorio para levantar el acta de hechos u omisiones y notificarla al importador.
"Como ya se precisó, el tema de contradicción consiste en establecer si tratándose de mercancías de difícil identificación, la falta de un término en el artículo 152 de la Ley Aduanera, para que la autoridad notifique el acta de irregularidades detectadas en el análisis de las muestras, resulta violatorio de la garantía de seguridad jurídica, por dejar al arbitrio de la autoridad la determinación de ese momento con que se da inicio al procedimiento que el mismo precepto legal establece.
"Es necesario tener en cuenta el texto en vigor del artículo 152 de la Ley Aduanera que fue analizado por ambas Salas, a la letra dispone:
(Reformado, D.O.F. 2 de febrero de 2006)
"‘Artículo 152. En los casos en que con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte, de la revisión de los documentos presentados durante el despacho o del ejercicio de las facultades de comprobación, en que proceda la determinación de contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones y no sea aplicable el artículo 151 de esta ley, las autoridades aduaneras procederán a su determinación, sin necesidad de sustanciar el procedimiento establecido en el artículo 150 de esta ley.
"‘En este caso la autoridad aduanera dará a conocer mediante escrito o acta circunstanciada los hechos u omisiones que impliquen la omisión de contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, y deberá señalarse que el interesado cuenta con un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del escrito o acta, a fin de ofrecer las pruebas y formular los alegatos que a su derecho convenga.
"‘El ofrecimiento, desahogo y valoración de las pruebas se hará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 130 del Código Fiscal de la Federación.
"‘Las autoridades aduaneras emitirán resolución en un plazo que no excederá de cuatro meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que se encuentre debidamente integrado el expediente.
"‘Se entiende que el expediente se encuentra debidamente integrado cuando hayan vencido los plazos para la presentación de todos los escritos de pruebas y alegatos o, en caso de resultar procedente, la autoridad encargada de emitir la resolución haya llevado a cabo las diligencias necesarias para el desahogo de las pruebas ofrecidas por los promoventes.
"‘En los demás casos la determinación del crédito fiscal se hará por la autoridad aduanera.
"‘En el escrito o acta de inicio del procedimiento se deberá requerir al interesado para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no señalar el domicilio, de señalar uno que no le corresponda a él o a su representante, de desocupar el domicilio señalado sin aviso a la autoridad competente o señalando un nuevo domicilio que no le corresponda a él o a su representante, de desaparecer después de iniciadas las facultades de comprobación o de oponerse a las diligencias de notificación de los actos relacionados con el procedimiento, negándose a firmar las actas que al efecto se levanten, las notificaciones que fueren personales se efectuarán por estrados, siempre que, en este último caso y tratándose del reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento o de la verificación de mercancías en transporte, se cuente con visto bueno del administrador de la aduana.’
"El artículo 152 de la Ley Aduanera, es aplicable en aquellos casos en que proceda determinación de contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, sin embargar las mercancías por no ubicarse en los supuestos del numeral 151 de la Ley Aduanera y, por ello, tampoco se sustanciará el procedimiento previsto en el artículo 150 del mismo ordenamiento legal.
"En el segundo párrafo del artículo 152 de la Ley Aduanera, se advierte que la autoridad aduanera está obligada a dar a conocer mediante escrito o acta circunstanciada los hechos u omisiones que impliquen la omisión de contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, sin embargo, no establece el momento en que debe levantarse esa acta de irregularidades.
"En este punto, es necesario señalar que la omisión del artículo 152 de la Ley Aduanera, de precisar el momento en que se debe levantar el acta de irregularidades, cobra relevancia tratándose de las mercancías de difícil identificación, ya que debido a su naturaleza durante el primer reconocimiento o el segundo reconocimiento, no es posible para la autoridad aduanera que los practica detectar irregularidades entre lo declarado y lo presentado a esa diligencia del despacho aduanal, por lo que no puede levantarse el escrito o acta de irregularidades durante su desahogo, cumpliendo con el principio de inmediatez.
"Precisamente, es que las Salas de esta Suprema Corte examinaron la constitucionalidad de esa omisión tratándose de las mercancías de difícil identificación, ya que para estar en posibilidad de detectar irregularidades entre lo declarado y lo presentado en el reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento, la autoridad requiere analizar la mercancía presentada, para lo cual es necesario la toma de muestras de la misma, diligencia que es regulada por los artículos 44 y 45 de la Ley Aduanera, de la siguiente manera:
"‘Artículo 44. El reconocimiento aduanero y segundo reconocimiento consisten en el examen de las mercancías de importación o de exportación, así como de sus muestras, para allegarse de elementos que ayuden a precisar la veracidad de lo declarado, respecto de los siguientes conceptos:
"‘I. Las unidades de medida señaladas en las tarifas de las leyes de los impuestos generales de importación o exportación, así como el número de piezas, volumen y otros datos que permitan cuantificar la mercancía.
"‘II. La descripción, naturaleza, estado, origen y demás características de las mercancías.
"‘III. Los datos que permitan la identificación de las mercancías, en su caso.’
"‘Artículo 45. Cuando en el reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento se requiera efectuar la toma de muestras de mercancías estériles, radiactivas, peligrosas o cuando sean necesarias instalaciones o equipos especiales para la toma de las mismas, los importadores o exportadores las deberán tomar previamente y las entregarán al agente o apoderado aduanal quien las presentará al momento del reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento. En todo caso se podrán tomar las muestras al momento del reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento en los términos que establezca el reglamento.
(Reformado, D.O.F. 30 de diciembre 1996)
"‘Los importadores o exportadores que estén inscritos en el registro para la toma de muestras de mercancías estériles, radiactivas, peligrosas, o para las que se requiera de instalaciones o equipos especiales para la toma de las mismas, no estarán obligados a presentar las muestras a que se refiere el párrafo anterior.
(Reformado, D.O.F. 30 de diciembre 1996)
"‘Las autoridades aduaneras podrán suspender hasta por seis meses la inscripción en el registro a que se refiere este artículo, cuando en el ejercicio de sus facultades de comprobación detecten irregularidades entre lo declarado y la mercancía efectivamente importada o exportada. Asimismo, dichas autoridades podrán cancelar la citada inscripción, cuando el importador o exportador hubiera sido suspendido en tres ocasiones o cuando las autoridades competentes detecten cualquier maniobra tendiente a eludir el cumplimiento de las obligaciones fiscales. En ambos casos, se determinarán los créditos fiscales omitidos y se aplicará una multa equivalente del 8% al 10% del valor comercial de las mercancías que se hubieran importado al territorio nacional o exportado del mismo, declarándolas en los mismos términos que aquella en que se detectó alguna irregularidad en lo declarado y en lo efectivamente importado o exportado, realizadas en los seis meses anteriores o en el tiempo que lleve de operación si éste es menor, sin perjuicio de las demás sanciones que resulten aplicables.
"‘Cuando se realice la toma de muestras, se procederá a levantar el acta de muestreo correspondiente.’
"En el artículo 44 citado, se precisa qué es el reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento, definiéndolos como el examen de las mercancías o de sus muestras, cuya finalidad es verificar que existe concordancia entre lo declarado y la mercancía que efectivamente se va a importar o exportar.
"Cuando se trata de mercancías de difícil identificación, al momento de llevar a cabo el reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento, la autoridad puede tomar muestras de las mismas para poder determinar su naturaleza, composición, etcétera.
"Entonces, puede decirse que para que la autoridad aduanera pueda verificar la existencia de irregularidades entre lo declarado y la mercancía efectivamente importada o exportada, cuando esta mercancía es difícil de identificar, es necesario que tome de muestras y las analice.
"El artículo 45 de la Ley Aduanera dispone que cuando se realice la toma de muestras, debe levantarse el acta de muestreo correspondiente, la que debe contar con los elementos que prevé el artículo 66 de su reglamento.
"Ahora bien, si una vez realizado el análisis de las muestras, el resultado que arroja permite a la autoridad detectar irregularidades entre lo declarado por el particular y la mercancía que efectivamente importó o exportó, deberá levantar un acta o escrito en que consigne tales irregularidades, cuya notificación da inicio al procedimiento previsto en el propio artículo 152 de la Ley Aduanera, en el que puede comparecer el interesado a defenderse a través del ofrecimiento de pruebas y la formulación de alegatos.
"Como puede advertirse, es a través de la notificación del acta o escrito de irregularidades, que el particular conoce el resultado de la toma de muestras de su mercancía, que tiene relevancia en su situación, toda vez que tal resultado puede afectar su declaración sobre la mercancía que presentó, variar la fracción arancelaria que declaró, inclusive, dar lugar a ser sancionado, etcétera.
"Como se ha venido señalando, la Ley Aduanera y en específico su artículo 152, no establecen plazo para que la autoridad dé a conocer el resultado de la toma de muestras de la mercancía presentada para reconocimiento, es decir, no pone límite temporal a la autoridad para que haga del conocimiento del particular el resultado del muestreo y las irregularidades advertidas con motivo del mismo.
"La toma de muestras de mercancías de difícil identificación, presentadas para el reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento, es un acto previo al inicio del procedimiento previsto en el artículo 152 de la Ley Aduanera, ya que durante su desahogo no se determina la existencia de alguna irregularidad entre lo declarado y lo efectivamente importado o exportado, que dé lugar a su trámite.
"En este punto, es necesario señalar que si la naturaleza y la composición de la mercancía presentada al reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento, puede determinarse en el mismo, la autoridad aduanera, en ese momento, estará en posibilidad de levantar el acta de irregularidades en presencia de quien presentó la mercancía de que se trate, dando inicio al procedimiento; en cambio, tratándose de mercancías de difícil identificación, la autoridad tomará muestras de las mismas levantando el acta de muestreo respectiva, a la que se ha hecho referencia.
"También es importante recordar que las disposiciones del artículo 152 de la Ley Aduanera en comento tienen aplicación en aquellos casos en que no es posible el embargo de las mercancías, lo que revela que una vez realizada la toma de muestras, se le entregaran al particular sus mercancías.
"Para este Tribunal Pleno, la omisión de establecer límite temporal a la autoridad aduanera para dar a conocer las irregularidades detectadas con motivo del resultado del muestreo de mercancías de difícil identificación sí provoca inseguridad jurídica, pues las autoridades aduaneras pueden iniciar el procedimiento aduanero cuando lo determinen.
"Dicho de otra manera: no existe un límite temporal desde la toma de la muestra hasta que se le determina la existencia de irregularidades, aquí debe tenerse en cuenta que para el particular adquiere importancia conocer el resultado del análisis de las muestras y la determinación de la existencia de irregularidades con motivo del mismo, pues equivale a conocer su situación frente a la autoridad aduanera y, en caso necesario, le da la posibilidad de preparar y ofrecer sus pruebas.
"Apoya la importancia de que el particular conozca oportunamente el resultado de las muestras y las irregularidades que se le imputan lo sostenido en ese sentido por la Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis **********, consideraciones que a continuación se transcriben:
"‘... resulta inobjetable que la posibilidad del importador de probar que sus mercancías no presentan irregularidades depende de que las muestras se conserven, situación que no en todos los casos puede asegurarse por la posibilidad de que se presenten contingencias diversas, a saber: la muestra es de una mercancía perecedera; la muestra caducó; la autoridad demoró el envío del resultado del análisis de las muestras de las mercancías y éstas ya no son conservadas por la autoridad aduanera que las custodia, ni por el agente aduanal, debido al gran número de muestras que se toman; o, simplemente, las muestras fueron dañadas durante la custodia. Todos los casos mencionados muestran cómo el importador queda en estado de indefensión para acreditar, a través de una prueba pericial, que no incurrió en las irregularidades que se le atribuyen; hipótesis que puede acontecer en numerosas ocasiones, generadas precisamente por el periodo prolongado en que la autoridad aduanera, aun teniendo el dictamen de laboratorio, no levanta el acta circunstanciada y no notifica al importador las irregularidades, para así abrir el periodo probatorio en el que éste ofrezca el análisis correspondiente a las muestras que debieron conservarse. Si bien el artículo 66 del Reglamento de la Ley Aduanera que se ha venido analizando establece que la autoridad aduanera que custodia una de las muestras, así como el agente o apoderado aduanal, deben conservarlas hasta que se determine lo procedente; los ejemplos antes citados revelan que aun partiendo de la buena fe y sosteniendo que siempre acatan esta disposición, el simple transcurso del tiempo y la tardanza de la autoridad administrativa para levantar el acta de irregularidades y notificarla al importador a pesar de contar con los elementos necesarios para ello (resultados de laboratorio), provocan la imposibilidad física de que las muestras puedan ser sujetas a análisis, ya que no existe materia para ofrecer y desahogar una nueva prueba pericial, provocando con ello un total estado de indefensión al importador, con la consecuente obligación de pagar un crédito fiscal debido al cambio de fracción arancelaria, con sus correspondientes recargos y multas, los cuales, cabe destacar, se contabilizan desde que se presentó el pedimento de importación, y no cuando se detectaron las irregularidades. Esto provoca un considerable aumento en el monto a pagar, particularmente si se trata de cuotas compensatorias que pueden originar que la mercancía o el equivalente a su valor comercial pasen a ser propiedad del fisco federal, y todo por el solo transcurso del tiempo en que la autoridad omitió pronunciarse en relación con el dictamen pericial que recibió, aun estando posibilitada para ello. Asimismo, importa señal
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23854-54bcce34/agente-aduanal-el-articulo-167-parrafo-tercero-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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