IMPEDIMENTOS. LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 66, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SON DE APLICACIÓN ESTRICTA Y LIMITATIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 28/2007-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.
SECRETARIA: SILVIA ELIZABETH MORALES QUEZADA.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo 5/2001, pues los criterios en estudio atañen a la materia común, de la que puede conocer esta Sala.
SEGUNDO. Conforme al artículo 197-A de la Ley de Amparo la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues fue formulada por los Magistrados integrantes del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que es uno de los órganos colegiados contendientes en este asunto.
TERCERO. El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver en sesión de treinta y uno de agosto de dos mil siete, el impedimento IMPC. 03/2007-13, en la parte que interesa, precisó lo siguiente:
"SEGUNDO. El impedimento se formuló como sigue: ‘Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, fracción IV, 68, fracción II y 70 de la Ley de Amparo, así como en lo dispuesto por los artículos 37, fracción VII y 146, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, desde ahora interponemos por medio del presente escrito el impedimento de los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, para conocer del presente juicio de garantías, en atención a los siguientes razonamientos: Los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, conocieron del fondo del amparo que ahora se intenta, en instancia diversa, habiendo emitido una resolución al respecto, ilegal, alejada de la realidad jurídica, ignorante de las tesis que en ese momento nuestro representado, como tercero perjudicado hizo valer, sin tomarlas en cuenta, sin fundar ni motivar el por qué (sic) no eran valoradas para desvirtuar los conceptos de violación hechos valer por el entonces quejoso, como lo establece el artículo 196, fracción III, de la Ley de Amparo, criterio a todas luces ilegal como se aprecia en los conceptos de violación que se hacen valer, en el capítulo respectivo del presente ocurso, motivo por el cual, es que este tribunal se encuentra impedido para conocer del nuevo juicio de amparo, pues es indudable que está prejuiciado y no es dable que emita una resolución contraria o enmendatoria al criterio que ya vertió. Es importante referir a este órgano colegiado, que tenemos debido conocimiento del Acuerdo General No. 29/2000 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el turno de los asuntos que se remitan a los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación que dice en su parte conducente: «Considerando Décimo. Que a fin de evitar resoluciones contradictorias o incongruentes impedir retardos en la impartición de justicia, así como para aprovechar el conocimiento de los asuntos por parte de un tribunal que ya resolvió respecto de ellos y propiciar que siga conociendo de todos los medios de defensa que pudieran hacerse valer posteriormente en los autos de origen, este Pleno del Consejo de la Judicatura Federal estima conveniente determinar que el Tribunal Colegiado de Circuito que conoció de un asunto deberá conocer de los ulteriores juicios de amparo directo o recursos que se hagan valer en contra de las resoluciones que se deriven del mismo, dada la vinculación que guardan entre sí.». Sin embargo, el acuerdo de referencia no puede modificar el espíritu de la Ley de Amparo, pero sobre todo no debe vulnerar las garantías de legalidad que tutela nuestra Constitución Federal, debe ser congruente con la motivación y al (sic) espíritu que hizo al legislador incluir en todas las leyes y códigos que nos rigen, las figuras jurídicas del impedimento, la excusa, la recusación con causa, para asegurar el recto proceso, la igualdad de las partes en el juicio, la imparcialidad de los juzgadores en sus resoluciones, factores que alimentan la confianza de los gobernados en la administración de justicia, pues todo ello crea la certeza jurídica que debe existir en todo régimen de derecho, como lo es el de nuestro país. Por ello, en el caso que se plantea resulta incongruente e ilegal además de ocioso, que si el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito (sic), conoció de un asunto en amparo promovido por la parte codemandada de un juicio, en el que de manera ilegal le concedió la Protección Federal para que la Sala responsable del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, emitiera una nueva resolución acorde a sus instrucciones siguiendo el criterio que le estableció, en donde de manera por demás ilegal no respetó ni aplicó la garantía de recto proceso consagrada en nuestra Carta Magna, para modificar una sentencia de la propia Sala responsable, la que en plenitud de jurisdicción, y fundando y motivando su determinación de manera legal, realizó diversas consideraciones para no condenar a nuestro representado al pago de las costas de ambas instancias, obligando el órgano federal a la propia responsable a emitir una sentencia, reitero, de manera por demás ilegal, por cuanto que no debemos olvidar que las sentencias de amparo, son resoluciones de carácter declarativo, no de carácter constitutivo o condenatorio, y la sentencia de amparo emitida por el Tercer Tribunal Colegiado (sic), determina de manera ilegal, una condena a nuestro representado, la cual de conformidad con las leyes aplicables, así como las tesis jurisprudenciales hechas valer, no era procedente, por lo que no es posible que ahora se pretenda que entre en contradicción y emita una sentencia que vaya en contra de lo que dijo, pues ilegal o no, es su criterio y no lo va a modificar. Robustece lo anterior, el criterio que al efecto ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra establece: Octava Época. Instancia Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XII, diciembre de 1993. Página 962. «SENTENCIAS DE AMPARO. SON RESOLUCIONES DE CARÁCTER DECLARATIVO, PORQUE TIENEN EL EFECTO DE RESTITUIR AL QUEJOSO EN EL GOCE DE LA GARANTÍA VIOLADA, EN OPOSICIÓN A LAS DE CARÁCTER CONSTITUTIVO, EN LAS QUE SE CREA UNA NUEVA SITUACIÓN JURÍDICA A PARTIR DE LA CONDENA QUE IMPONEN. Las sentencias de amparo, en razón al efecto que producen, atento a lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, son resoluciones declarativas; puesto que, al conceder la protección de la Justicia Federal, sólo tienden a restituir a los quejosos, en el goce de la garantía violada y, toda vez que no condenan ni absuelven, no pueden estimarse como fallos constitutivos, a partir de los cuales, se generen situaciones jurídicas nuevas, en beneficio de los solicitantes de garantías, diferentes a las existentes antes de impetrarse la protección constitucional.». Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito. No dudamos de la utilidad y buena intención del acuerdo emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, sin embargo, en este caso concreto su aplicación conculcaría gravemente las garantías constitucionales de la quejosa, motivo por el cual, es que nos vemos en la imperiosa necesidad de promover el impedimento de los Magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, para conocer del presente juicio de garantías, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el presente impedimento deberá ser resuelto por el Tribunal Colegiado en Materia Civil que le sigue (sic), por lo que atentamente solicitamos se sirva remitir el mismo para su sustanciación.’. TERCERO. Los Magistrados integrantes del tercer tribunal homólogo rindieron su informe en estos términos: ‘Los que suscriben Magistrado presidente Benito Alva Zenteno, Magistrado Neófito López Ramos y Magistrado Víctor Francisco Mota Cienfuegos, adscritos al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el presente rendimos el informe a que se refiere el artículo 70 de la Ley de Amparo con relación a la causa de impedimento que plantea el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), por conducto de sus apoderados Víctor Lara Treviño, Sergio Humberto Nieves Barbosa y Miguel Ángel Díaz Cruz, a fin de que los suscritos nos abstengamos de conocer del juicio de amparo directo DC. 379/2007, del índice de este órgano colegiado, en los siguientes términos: El promovente señala textualmente en la demanda de garantías que remitió el presidente de la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal al rendir su informe justificado para el presente asunto en seis de junio del año en curso, lo siguiente: (se transcribe formulación de impedimento). Ahora bien, el promovente manifiesta como causa de impedimento la prevista en el artículo 66, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual dispone: (lo transcribe). Al respecto debe decirse que no se surte la causal de impedimento que pretende hacer valer la parte quejosa, en virtud de que las manifestaciones que expone no encuadran en la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo 66 de la Ley de Amparo, ya que el hecho de que este órgano colegiado hubiera conocido de un juicio de amparo anterior al que ahora se promueve, derivado del mismo procedimiento de origen no implica que se hubiese emitido en otra instancia y en los términos en que lo señala no existe causa expresa que impida el conocimiento del nuevo juicio de garantías que se intenta en contra de la resolución que se hubiera dictado en cumplimiento a un juicio de amparo anterior. En ese contexto, si la causal invocada por el quejoso consiste en que este tribunal conoció del anterior juicio de amparo que dio lugar al acto que ahora se reclama, y en el que fue tercero perjudicado, no es una causal de impedimento prevista en el artículo 66 de la Ley de Amparo y por ello la misma se debe declarar infundada. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 3a./J. 13/94, publicada en la página 24 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 77, mayo de 1994, Octava Época del rubro y texto siguiente: «IMPEDIMENTO. NO ES CAUSAL DE ÉSTE EL QUE CON ANTERIORIDAD LOS MAGISTRADOS DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO HAYAN CONOCIDO DE UN JUICIO DE AMPARO EN EL QUE EL PROMOVENTE INTERVINO COMO TERCERO PERJUDICADO.» (transcribe texto.). CUARTO. Los promoventes del impedimento acusan a los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de encontrarse en la causa de impedimento establecida en el artículo (sic) 66, fracción IV, de la Ley de Amparo y 146, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al haber resuelto en otra instancia, el fondo del amparo DC. 379/2007, esto es, en el diverso amparo directo DC. 568/2006; circunstancia que los Magistrados niegan categóricamente, pues la decisión de este último asunto, no está calificado como causa de impedimento en la Ley de Amparo. Lo anterior impone disipar tres problemas jurídicos: a) de relevancia: cuál es la norma aplicable; b) de interpretación: el supuesto que prevé la norma aplicable; y c) de calificación: si el hecho queda o no comprendido en la norma aplicable. No existe problema de prueba alguno, en cuanto que ninguna controversia se suscita en el marco de que hubiera ocurrido el hecho en que se funda el impedimento: el pronunciamiento de la sentencia en el amparo directo DC. 568/2006, por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado homólogo. Para dar solución a los tres problemas jurídicos apuntados, es necesario situarse en el marco actual de la actividad jurisdiccional (aunque alguna inferencia pueda derivarse a la sede de la interpretación constitucional, el presente estudio no pretende acotarlo, pues se rebasarían los fines pretendidos). La evolución, no gratuita, del Estado de derecho al Estado constitucional democrático de derecho, ha ejercido sin duda alguna una fuerte transformación de la cosmovisión jurídica, en donde la tarea jurisdiccional no ha quedado inmune, por encontrarse simplemente dentro de la configuración misma del Estado. El gobierno de las leyes, en sede de un positivismo extremo o radical (cuya posición en la actualidad difícilmente encuentra acogimiento y seguidores), caracterizaba al juzga
or como un operador mecanicista en donde la aplicación de la ley, era tanto como asimilable a una operación aritmética, sin cabida a discrecionalidad o arbitrio alguno. La sentencia era, sin más, expresión de la voluntad del legislador en boca o por conducto del Juez al caso. Así, proporcionar argumentos a favor de una operación aritmética, se tornaba inútil, pues con los sumandos lo único que debe hacerse es sumarlos (poderío del legislador frente al Juez). El gobierno de la Constitución democrática (la única auténtica es la de contenido siguiente: a) atribución y garantía de la soberanía al pueblo; b) declaración de derechos fundamentales; y c) división de poderes), para el quehacer jurisdiccional, significa más allá, que la aplicación de la ley: imprime a la actividad jurisdiccional ajustarse a la Constitución, asumir su defensa, por encima de cualquier acto que la vulnere (inaplicar la ley si la considera inconstitucional) y en su versión neoconstitucionalista, incluso, inaplicar las normas dadas por el legislador a la par de crear la norma aplicable. La argumentación jurídica se convierte así, en una pieza clave del ejercicio de la función jurisdiccional dentro del constitucionalismo o neoconstitucionalismo (sumisión del legislador al Tribunal Constitucional: poderío de los Jueces). Esta nueva e inacabada dimensión jurídica que abraza la actividad jurisdiccional, ha marcado una mayor exigencia justificadora de las decisiones de los Jueces. Descartada, de antemano, la concepción mecanicista del Juez, la fundamentación jurídica de la sentencia resulta suficiente sólo para algunos casos, mediante una justificación silogística. La lógica deductiva no es capaz de dar cuenta o solución a plenitud en todos los casos, pues el paso de las premisas a la conclusión, de suyo no explica por qué fueron seleccionadas tales o cuales premisas de esa operación lógica. La actual justificación de las decisiones judiciales, si bien se agota en los casos fáciles con subsumir el caso a la norma, derivado de la lógica deductiva (silogismo jurídico), no sucede igual en los denominados casos difíciles, en que debe argumentarse a favor de la elección de las premisas del silogismo. Aquí cobran lugar los conceptos de justificación interna (el paso de las premisas del silogismo a la conclusión) y justificación externa (la argumentación a favor de la colocación de determinadas premisas en el silogismo). En ese sentido, la actividad jurisdiccional exige actualmente la presentación de argumentos, como en el caso, a favor de las premisas que se propongan para arribar al fallo, a fin de que quede justificada externa e internamente la decisión que se adopte. Por añadidura, la transformación en la justificación de las sentencias influye además en la relación existente entre el legislador y el Juez, cuya tensión dependerá del grado de adaptación o transformación por la recepción de los nuevos cánones del constitucionalismo o neoconstitucionalismo dentro de un sistema jurídico determinado. No es una dogmática que en automático pueda aplicarse, es necesario que sea posibilitado por el ordenamiento jurídico, en la medida del nivel de compatibilidad con su estructura fundamental. Así entonces, en el trinomio norma-Juez-sentencia es donde se verán reflejados los efectos de la evolución del Estado de derecho al Estado constitucional democrático de derecho. Efectos los cuales están condicionados al nivel de constitucionalismo alcanzado o acogido por el sistema jurídico. En otro orden, Manuel Atienza apunta que: «se habla de sistema jurídico en un sentido amplio o de ordenamiento jurídico (que vienen a ser prácticamente términos sinónimos) para indicar que el conjunto de normas de que se compone un determinado derecho es un conjunto ordenado. La relación de orden más importante es la de jerarquía normativa; así la Constitución es de jerarquía superior a la ley ordinaria, lo que quiere decir que ésta no puede prevalecer frente a la primera ... .» (Tras la Justicia, Barcelona, Ariel, 2000, página 12). Los sistemas jurídicos, desde un enfoque, se componen de dos tipos de normas, señala Atienza: «... unas se dirigen a los individuos en general y establecen que ciertos comportamientos son obligatorios, prohibidos o permitidos; otras, por el contrario, se dirigen a los órganos jurídicos y establecen poderes para modificar o aplicar las anteriores normas.» (Ibíd. Atienza, M., página 13). El derecho, refiere Joseph Raz, pretende que las normas jurídicas tengan el carácter de razones excluyentes: «Tener una regla supone haber decidido por adelantado qué hacer. Cuando se presenta la ocasión para la acción no se ha de considerar el asunto, pues la decisión ya está tomada. Las reglas se justifican como mecanismos para ganar tiempo, para ahorrar trabajo o para reducir el riesgo de error al decidir lo que debe hacerse.» (Vid. Atienza M., El Sentido del Derecho, Barcelona, Ariel, 2001, página 76). La aplicación de las normas jurídicas, como razones excluyentes, afirman Atienza y Ruiz Manero, es insuficiente, en la medida en que no todas las normas jurídicas funcionan con ese carácter. Esta posibilidad de tratar a las normas como razones excluyentes se justifica en aquellas concebidas como reglas: que ordenan un curso de acción determinado cuando se dan unas condiciones de aplicación también determinadas. En cambio, no tienen esa funcionalidad en otro tipo de normas: principios o principios jurídicos, cuya aplicación supone una ponderación entre aquellos que concurren en un conflicto. De ahí que operen en forma diferente a la aplicación de las reglas. (Cfr. Atienza M., y Ruiz Manero J., Sobre principios y reglas, en «Doxa» No. 10, Alicante, 1991, páginas 101-120). La identificación de los principios con las normas constitucionales constituye un lugar común para los tratadistas. Lucas Verdú, v. gr., en su estudio «Interpretación constitucional», sostiene que: «los preceptos constitucionales son el origen inmediato de derechos y obligaciones y no meros principios programáticos, pues la Constitución lejos de ser un mero catálogo de principios de no inmediata vinculación y de no inmediato cumplimiento hasta que sean objeto de desarrollo por vía legal, es una norma jurídica, la norma suprema del ordenamiento ...». (Vid. Lucas Verdú, P. [Comp.], R. Canosa Usera, M. Méndez-Rocasolano [coords.], Prontuario de Derecho Constitucional, Granada, Comares, 1996, p. 206). Un elemento más y relacionado con lo anterior, que debe destacarse de un sistema jurídico, es el de autoridad (argumento de autoridad), entendida como la razón vinculante para actuar en determinado sentido. Atienza escribe: «cuando un Juez dice que él debe fundamentar sus resoluciones en las leyes emanadas del parlamento o en la doctrina del Tribunal Constitucional, lo que hace es reconocer autoridad a esas instituciones. Eso quiere decir que, para los Jueces lo establecido por las Cortes o por las instancias judiciales superiores suponen razones no sólo para actuar en un cierto sentido (el indicado en esas disposiciones), sino también para excluir como guía de su conducta judicial su propia estimación de las razones aplicables al caso; esto es, el Juez no puede entrar en consideraciones acerca de lo que él estimaría como lo correcto de acuerdo con su idea de justicia, su interpretación del derecho, etc., sino que debe seguir lo que le dicta la autoridad para ese caso que funciona, pues como razón excluyente.» (Ob. cit. Atienza M., Tras, páginas 172 y 173). El que en un sistema jurídico, prevalezca la jerarquía normativa, cuya cúspide está reservada a la Constitución, la existencia además de reglas y principios (a los cuales deben responder o se supone responden las reglas), así como de órganos dotados de un poder determinado, en la producción normativa y adjudicación de las normas, cuya obediencia está dada por la autoridad reconocida a las instituciones que componen a ese conjunto normativo, conduce a identificar un elemento inherente a todo sistema u ordenamiento jurídico: la seguridad jurídica. La seguridad jurídica está concebida como uno de los valores básicos que debe realizar el derecho: «hacer que se puedan prever las consecuencias de las conductas, es decir, que cada cual pueda saber -por lo menos hasta cierto punto- a qué debe atenerse». (Ibíd. Atienza M., página 14). La seguridad jurídica, por tanto, sirve como control, entre otros, de los órganos de creación y aplicación de las normas, pues delimita sus poderes. Alejandro Nieto se refiere a ello, como «paradigma jurídico tradicional», que se basa en el establecimiento de una distinción tajante entre las tareas de creación y aplicación del derecho, justificada, a su vez, en el principio democrático y en el ideal de certeza. En esta división de funciones corresponde al Juez aplicar la ley conforme a la voluntad preexistente del legislador democrático. La certeza, por su parte, se asegura desde el momento en que es posible conocer qué es lo que exige el derecho antes de que el Juez se pronuncie. (Nieto A. El Arbitrio Judicial, Barcelona, Ariel, 2000, páginas 26-28). La seguridad jurídica, sin embargo, en la evolución del Estado de derecho al Estado Constitucional democrático de derecho, queda condicionada a la ubicuidad del poder de los Jueces dentro de un sistema jurídico determinado, dado por el grado de constitucionalismo o neoconstitucionalismo que lo caracterice. Esa certeza jurídica resultante de las reglas emanadas por el legislador, queda así, matizada en la medida del reconocimiento de atribuciones de los Jueces para que, en defensa de la Constitución, estén legitimados para inaplicarlas y crear la norma para decidir el caso. Lo expresado presenta el conflicto del quehacer jurisdiccional, entre la voluntad y la razón. Joseph Aguiló Regla lo explica en estos términos: «... la situación normativa de cualquier autoridad jurídica viene dada por la determinación de cuáles son sus poderes (lo que le es posible hacer) y por la determinación de cuáles son sus deberes relativos al ejercicio de esos poderes (lo que le está permitido hacer). La primera perspectiva trata de dar cuenta de los aspectos voluntaristas presentes en la génesis de las normas jurídicas; la segunda, de los aspectos racionales (la justificación gira en torno al cumplimiento de los deberes en el ejercicio del poder). ... Las autoridades jurisdiccionales sí tienen un deber de independencia. Ello se traduce en que, por un lado, las únicas razones que pueden invocar para justificar sus decisiones tienen que venir suministradas por el propio orden jurídico y, por otro, en que no pueden actuar en representación de intereses sociales extraños al derecho.» (Aguiló Regla J., Teoría General de las Fuentes del Derecho [y del ordenamiento jurídico] Barcelona, Ariel, 2000, páginas 119 y 123). Los Jueces deben ajustarse al orden jurídico para propiciar la certeza jurídica que pretende lograrse con el sistema jurídico (racionalidad). No necesariamente, se insiste, debe existir una ciega sumisión del Juez a las reglas, sino que su radio de actuación está condicionado a las atribuciones que el propio ordenamiento jurídico le permita, incluso, hasta al grado extremo de crear normas para decidir el caso, aunque éste se encuentre explícitamente regulado. Esta posibilidad es admisible, siempre que el sistema jurídico lo reconozca y no existan argumentos de autoridad: razones excluyentes vinculativas al Juez para moldear su actuación que, de desconocerlas, conduzca a una fractura de los valores jurídicos fundamentales de la Constitución (voluntarismo). Si se acepta lo antes relacionado, si el sistema jurídico se apuntala en la jerarquía normativa, en cuyo nivel superior, se halla la Constitución, entonces, se debe partir de aquí, para dar cuenta de los aspectos suficientes (no exhaustivos) que permitan ubicar el ámbito de atribuciones inherente a la misión de los Jueces dentro del ordenamiento
urídico mexicano. El artículo 14 de la Constitución Federal, párrafos tercero y último, establece: «En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.». En sede criminal queda resuelta la cuestión, en tanto que no es posible al juzgador desarrollar su actividad, apartándose de la ley exactamente aplicable a los delitos: está proscrita la integración de la ley y, con ello, cerrada o clausurada la posibilidad de crear la norma para resolver el caso. Esta norma constitucional, aunque identificada como principio, en sentido amplio, bien comparte las características de las reglas, dadas sus propiedades normativas cerradas, lo que constituye una razón excluyente para que el Juez discurra en penalizar o despenalizar conductas. Fuera de la materia criminal, las cosas se presentan en un orden diferente. El pronunciamiento de una sentencia, a la luz de las distintas fuentes del derecho, no se reduce a observar lo establecido en el artículo 14 constitucional, solamente en asuntos del orden civil. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado una aplicación extensiva de esta garantía constitucional, desde la adjudicación e interpretación de las propias normas del Código Político, hasta aquellas disposiciones de otras ramas del derecho, excepción hecha tratándose de la criminal. El Alto Tribunal de la nación se ha inclinado por la tesis de estarse preferentemente a la letra de la ley y sólo que no sea absolutamente clara, resulte oscura o insuficiente, entonces sí, podrá llevarse a cabo una labor interpretativa para desentrañar las condiciones de aplicabilidad de la norma y, sólo ante el fracaso de conocer el contexto normativo, una vez que se haya acudido a los distintos métodos de interpretación, entonces procederá la integración de la norma, a la luz de los principios. Por ende, es inadmisible la posibilidad de que el Juez interprete las reglas, cuando sean claras, no resulten oscuras o insuficientes. Tales consideraciones se sustentan en la tesis 1507, del Tribunal Pleno, visible en la página 1058, Tomo I, materia constitucional, precedentes relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-2000, que es de este tenor: «INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN. ANTE LA OSCURIDAD O INSUFICIENCIA DE SU LETRA DEBE ACUDIRSE A LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONOCER LOS VALORES O INSTITUCIONES QUE SE PRETENDIERON SALVAGUARDAR POR EL CONSTITUYENTE O EL PODER REVISOR. El propio artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos autoriza, frente a la insuficiencia u oscuridad de la letra de la ley, utilizar mecanismos de interpretación jurídica. Al desentrañar el sentido y alcance de un mandato constitucional deben privilegiarse aquellos que permitan conocer los valores o instituciones que se quisieron salvaguardar por el Constituyente o el Poder Revisor. Así, el método genético-teleológico permite, al analizar la exposición de motivos de determinada iniciativa de reforma constitucional, los dictámenes de las Comisiones del Congreso de la Unión y el propio debate, descubrir las causas que generaron determinada enmienda al código político, así como la finalidad de su inclusión, lo que constituye un método que puede utilizarse al analizar un artículo de la Constitución, ya que en ella se cristalizan los más altos principios y valores de la vida democrática y republicana reconocidos en nuestro sistema jurídico.». Así como en la tesis de la otrora Cuarta Sala, consultable en la página 73, del volumen CXXVI, de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que es como sigue: «INTERPRETACIÓN DE LA LEY. Las leyes deben ser interpretadas en los casos en que su sentido es obscuro, lo que obliga al juzgador a desentrañar su significado haciendo uso de los distintos sistemas de interpretación que la doctrina ha elaborado, pero no es procedente pretender que deban interpretarse aquellas normas cuyo sentido es absolutamente claro, pues a ello se opone la garantía establecida en el cuarto párrafo del artículo 14 constitucional, que manda que las sentencias deben ser conforme a la letra de la ley, ya que lo contrario lleva al juzgador a desempeñar el papel de legislador creando nuevas normas a pretexto de interpretar las existentes, lo que carece de todo fundamento legal.». Lo anterior ha dado lugar a fijar «... el orden en que el aplicador del derecho debe acudir a las fuentes para resolver un conflicto en materia civil (con la extensión ya precisada): primeramente debe aplicar la ley, y si ésta no presenta claridad, el juzgador deberá interpretarla y para ello puede recurrir a otra fuente formal, denominada jurisprudencia. Únicamente a falta de ley y de su interpretación jurídica, el juzgador recurrirá a los principios generales del derecho.» (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Las Garantías de Seguridad Jurídica, colección G
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22083-b26c504b/impedimentos-las-causales-previstas-en-el-articulo-66 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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