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Modo: Corpus Pro

HONORARIOS. QUIEN DEMANDE SU PAGO EN LA VÍA ORDINARIA CIVIL, DERIVADO DE LA REPRESENTACIÓN O ASESORÍA PRESTADA EN UN LITIGIO LABORAL A UN TRABAJADOR, NO TIENE QUE EXHIBIR TÍTULO PROFESIONAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 356/2009. · Registro digital (IUS): 22182
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, , Pág. 507.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 356/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos de naturaleza civil, esto es, de la exclusiva competencia de esta Sala.

SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en función de que fue denunciada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, en uso de la facultad que le confiere el artículo 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO. Las consideraciones sostenidas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo civil ********** el veintisiete de agosto de dos mil nueve, en lo que interesa, son las siguientes:

"VIII. Los conceptos de violación insertos son infundados. Sentado lo anterior debe señalarse que por disposición del artículo 5o. constitucional la reglamentación del ejercicio de las profesiones se reservó a las entidades federativas, de ahí que es a éstas a quienes compete su regulación y por ende es la legislación local respectiva la que preverá cuáles son las profesiones que en cada Estado requerirán título para su ejercicio; sin que sea jurídico que en alguna otra norma federal se eximiera de tal requisito, pues de hacerlo se estaría en presencia de una invasión de esferas competenciales y por ello siempre habrá de ponderarse la aplicación de la legislación local. En relación con lo anterior resulta ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 16/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el tomo 290 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 290 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual es del rubro y texto siguientes: ‘HONORARIOS. LA ACCIÓN DE PAGO DERIVADA DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, REQUIERE PARA SU PROCEDENCIA QUE EL ACTOR EXHIBA LA CÉDULA PROFESIONAL QUE ACREDITE SU CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO. La acción de pago de honorarios derivada del contrato de prestación de servicios profesionales tiene como elemento esencial que la parte actora esté autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho, por lo que para su procedencia es necesario que el actor acredite fehacientemente, y no apoyado en presunciones, que tiene tal calidad a través de prueba directa e idónea como lo es la exhibición de la documental pública consistente en la cédula profesional, lo cual se justifica bajo las directrices del principio de certeza y seguridad jurídica, ya que el juzgador debe contar con todos los elementos necesarios que le permitan arribar a un conocimiento cierto de los hechos que prueban la acción intentada. Esto es así, toda vez que el párrafo segundo del artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresamente dispone que la ley de cada Estado determinará cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, así como las condiciones para obtenerlo, sin que tal exigencia pueda considerarse como una carga excesiva para el actor, en virtud de que para poder ejercer legalmente la profesión es indispensable contar con la referida documental. ‘Contradicción de tesis 85/2004-PS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, ahora Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. 19 de enero de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. Tesis de jurisprudencia 16/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha dieciséis de febrero de dos mil cinco.’. Además no debe perderse de vista, que la situación de que la legislación laboral no exija que el apoderado de las partes sea abogado con título, no conlleva en sí la excusa de que a efecto de exigir el pago de honorarios profesionales, en un diverso juicio civil, no deba acreditarse la calidad de profesionista; primero, porque las disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo, sólo han de entenderse aplicables a los juicios laborales y por ende exclusivamente para cuestiones de personalidad en esos procedimientos; segundo, en los juicios laborales no existe la posibilidad de condenar a gastos y costas procesales -salvo los gastos atinentes al procedimiento de ejecución-, esto es no existe posibilidad jurídica de obtener en materia laboral una condena al pago de honorarios profesionales derivados de la asesoría, representación o mandato judicial ejercido en un juicio en materia del trabajo, lo cual corrobora, que las normas laborales no pueden ser aplicadas en un juicio civil donde se reclame el pago de honorarios por prestación de servicios profesionales gestionados en un procedimiento seguido ante las juntas y tercero, no es factible soslayar que al demandarse el cumplimiento de un contrato de prestación de servicios profesionales -desplegado en un juicio laboral- se acude al derecho que una diversa legislación otorga a quienes evacuan esos servicios, concretamente al Código Civil del Estado y que el contrato en cuestión está normado por ese estatuto y que el ejercicio de la profesión de abogado es regulada por la Ley de Profesiones para el Estado de Guanajuato; de todo lo cual se sigue que a pesar de que el contrato de prestación de servicios cuyo cumplimiento se reclama se hubiere ejercitado en un juicio laboral, al acudirse a la jurisdicción civil para reclamar la contraprestación de aquél, han de acreditarse los extremos exigidos por ésta, en el caso acompañar el título de abogado en términos del artículo 2121 del Código Civil del Estado, pues tal dispositivo proscribe el derecho de reclamar honorarios a quienes no demuestren tal exigencia. Aquí debe destacarse que en la demanda si invocó el demandando el pago de ‘HONORARIOS PROFESIONALES.’, esto es, no se reclamó el cobro de cualquier clase honorarios, sino de los profesionales, los cuales sólo pueden derivar precisamente del ejercicio de una profesión. Sin que obste para concluir lo anterior el hecho de que eventualmente pudiere entenderse que en el juicio laboral, no se fungiere como abogado, en toda la extensión de la palabra, por no exigir esa calidad la ley de esa materia, pues aun la gestoría propia de la profesión conlleva el ejercicio de la misma tal como se desprende del artículo 13, fracción V, de la Ley de Profesiones del Estado de Guanajuato y también en esos casos se exige contar con un título, por ello a pesar de que se demandara el pago de esa actividad necesariamente habría de presentarse el título profesional. Por esas razones este órgano de control constitucional no comparte el criterio sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sustentado en el tesis del rubro: ‘CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. COMO EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL, NO ES EXIGIBLE A QUIEN REALICE DICHA ACTIVIDAD EN MATERIA LABORAL, EL TÍTULO DE LICENCIADO EN DERECHO, CUANDO RECLAME EL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA VÍA CIVIL. Conforme a lo dispuesto por el artículo 2608 del Código Civil para el Distrito Federal, por regla general, las actividades derivadas de un contrato de prestación de servicios corresponden a un profesional del derecho que haya obtenido el título y la patente respectivos para el ejercicio de la profesión; como excepción no es exigible en materia laboral, en que se permite la intervención procesal de personas que no necesariamente deben tener título de licenciado en derecho, como en el caso del procedimiento arbitral, regulado por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en la que no existe disposición que exija el título profesional a quienes comparecen en representación de las partes, como tampoco hay precepto en ese sentido en la Ley Federal del Trabajo, supletoria de aquélla, por mandato expreso de su artículo 11; por ende, al actualizarse una excepción a lo dispuesto por el referido artículo 2608 del Código Civil para el Distrito Federal, contemplada en los artículos 26 y 27 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, cuando se trata de controversias de la clase trabajadora, no debe exigirse el título profesional a quienes habiendo figurado como gestores en los juicios laborales, concurren a los juicios civiles a reclamar el cumplimiento de los servicios prestados a quienes patrocinaron en esos procedimientos. Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. ‘Amparo directo **********. ********** **********. 9 de enero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca.’. Invocada por el quejoso en apoyo de sus consideraciones. En ese contexto lo procedente es negar la protección constitucional solicitada."

CUARTO. Las consideraciones sostenidas por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo ********** el nueve de enero de dos mil cuatro, en lo que interesa, son las siguientes:

"SEXTO. Para abordar con mayor información el estudio del presente asunto, es pertinente anotar los siguientes antecedentes de la sentencia reclamada. De las constancias que integran los autos de primera y segunda instancias, con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2o., se advierte que: A) El hoy quejoso ... demandó, de los ahora tercero perjudicados, en la vía ordinaria civil el cumplimiento de las prestaciones que transcritas quedaron en el resultando primero de esta ejecutoria, señalando como base de su acción un contrato de prestación de servicios, sustentando su pretensión en los siguientes hechos (se transcribe) ... . C) Cumplida la secuela procesal, el Juez de primera instancia resolvió la procedencia de la vía ordinaria civil y condenó a los demandados al cumplimiento de las prestaciones pretendidas, excepto por cuanto hace a los daños y perjuicio reclamados, en los puntos resolutivos que ya se han transcrito (sic) en esta ejecutoria. Inconformes las partes con esa resolución interpusieron recurso de apelación ... . Al resolverse tales medios de impugnación, en la sentencia que constituye el acto reclamado en el juicio de garantías que se resuelve, se revocó la de primer grado, absolviendo a los demandados de las prestaciones reclamadas. SÉPTIMO. Los conceptos de violación hechos valer son inoperantes e infundados en una parte y sustancialmente fundados en otra, como enseguida se analiza. En efecto, en parte de los conceptos de violación, el quejoso básicamente sostiene que su intervención en el juicio laboral fue como apoderado de los actores, realizando actos jurídicos por cuenta de los mandantes, y que por ello la relación que los unió se estableció en términos reales de un contrato de mandato, a cuyo respecto, para regular el pago de los honorarios del mandatario en el juicio laboral firmaron el contrato de prestación de servicios del diez de octubre de dos mil. Se dice inoperante lo anterior, toda vez que los aspectos que se refieren en el concepto de violación que se analiza, no se hicieron valer en el momento procesal oportuno, al instaurarse la demanda en el juicio natural ni al expresar los argumentos que adujo con la vista que desahogó de la contestación de la demanda, por el contrario el quejoso negó que fuera apoderado de los demandados como se constata a foja 34 de autos. De modo tal que al no formar parte de la litis primaria, no pueden ser analizados en el juicio de garantías que se resuelve, en atención a la técnica que rige el juicio constitucional de amparo, conforme a la cual si una cuestión no fue materia de debate ante la autoridad de primera instancia, no puede serlo de la litis constitucional, porque la sentencia que se dicta en el juicio de garantías sólo debe tomar en cuenta las cuestiones debatidas ante la potestad común ... . [C]onsecuentemente la litis en el juicio natural queda fijada con los hechos que las partes precisan en sus escritos de demanda inicial y contestación a ésta así como contestación a la vista, y si ni en la referida demanda ni en el desahogo de la vista el actor no expuso ni hizo valer los argumentos que se han sintetizado con antelación, respecto al mandato que dice celebró con los trabajadores patrocinados en el juicio laboral, atento al artículo 81 del código referido, esos hechos no formaron parte de la litis establecida en el juicio natural, por lo que el juzgador no estaba obligado a estudiar dicha cuestión, dado que de los términos del citado precepto legal se evidencia que los procesos jurisdiccionales civiles son de litis cerrada ... . Al respecto, es puntualmente aplicable la tesis jurisprudencial número 305, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 254, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Séptima Época, cuyos rubro y texto son como sigue: ‘LITIS CONSTITUCIONAL, MATERIA DE LA. Si una cuestión no ha sido materia del debate ante las autoridades de instancia, no puede serlo de la litis constitucional, ya que ello sería contrario a la técnica del amparo, conforme a la cual la sentencia que en éste se pronuncie, sólo tomará en consideración las cuestiones planteadas en el debate ante la potestad común. Quinta Época: Tomo CXXIX, página 457. Amparo directo **********. ********** 10 de agosto de 1956. Cinco votos. Ponente: Gabriel García Rojas. Tomo CXXIX, página 596. Amparo directo **********. "********** y **********. 23 de agosto de 1956. Cinco votos. Ponente: Gilberto Valenzuela. Tomo CXXX, página 523. Amparo directo **********. ********** **********. 16 de noviembre de 1956. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Gabriel García Rojas.’. No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que la Sala responsable, en las consideraciones que informan el sentido de la sentencia reclamada, hubiese invocado criterios jurisprudenciales aislados relativos al mandato, pues ello lo hizo sólo como sustento de su resolución, al estudiar los agravios hechos valer por la parte demandada, mismos que consideró fundados y por ello revocó la sentencia de primer grado, considerando innecesario el análisis de los hechos valer por el actor, hoy quejoso ... . [E]s inconcuso que los conceptos de violación son inoperantes cuando ante la autoridad de instancia no se expuso el tema en que se apoyan en la vía constitucional, y respecto de los cuales no tuvo oportunidad legal de pronunciarse al respecto (sic), y por tanto, el tribunal de amparo, no debe analizar ese nuevo tópico, atento a la técnica que rige el juicio de garantías ... . Es infundado lo expuesto por el quejoso en el primero de los conceptos de violación en el que aduce sustancialmente que la Sala responsable, en la sentencia reclamada, suplió la deficiencia de los ahora terceros perjudicados ... . Por último, resulta sustancialmente fundado lo expuesto por el quejoso en el segundo de los conceptos de violación, en donde básicamente aduce que es incorrecto el criterio de la autoridad responsable al sostener que existe falta de legitimación activa para demandar, por no ser licenciado en derecho. Que la Sala responsable confunde la legitimación en la causa y en el proceso, pues -dice- que el actor si está legitimado activamente en la causa, por haber exhibido como fundatorio de su acción un contrato de prestación de servicios que celebró con los ahora terceros perjudicados, y también procesalmente al haber promovido por su propio derecho. Que contrariamente a lo que ocurre en otras materias, como la civil, en ninguno de los artículos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicios del Estado ni en su supletoria Ley Federal del Trabajo, se establece como requisito para quien represente a los trabajadores, que debe estar titulado como licenciado en derecho; que por ello, al representar a los actores en el expediente laboral no se violó ningún precepto de la ley aplicable. Que aun cuando se haya reclamado en la vía ordinaria civil el pago de honorarios, dicha reclamación no depende de un juicio civil, en el que si sería necesaria la titulación, sino que deriva de un juicio laboral y que la circunstancia de que el pago respectivo se reclame ante un juzgado civil no es motivo para que se aplique esa legislación, sino la laboral, ya que -sostiene- debe tomarse en cuenta que en esa materia no existe figura jurídica, vía o procedimiento para ello. Esos argumentos son, como ya se anticipó, sustancialmente fundados y suficientes para conceder el amparo y protección solicitados. En primer lugar, debe decirse que contrariamente a lo que sostuvo la Sala responsable en la sentencia que constituye el acto reclamado en el presente juicio de garantías, el actor si está legitimado activamente para pretender el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de prestación de servicios base de la acción. Ello es así, toda vez que la legitimación activa, es un presupuesto procesal cuya ausencia impide que se pronuncie una sentencia válida. Al efecto, conviene distinguir que, no son lo mismo los presupuestos para el ejercicio de la acción, que la condiciones para la procedencia de ésta. Los primeros son los requisitos para ejercer la acción y necesarios para la admisión de la demanda y la validez del procedimiento, mientras que las segundas constituyen las condiciones necesarias para el acogimiento de la acción en la sentencia definitiva. Una de esas condiciones es la legitimación en la causa o relación jurídica sustancial (activa o pasiva) que se refiere a la calidad de las partes en el juicio e implica que la acción debe ser intentada por el titular del derecho y contra la persona obligada por la ley para satisfacerlo. Esa relación jurídica sustancial, como una de las condiciones para acoger la acción, en principio corresponde al actor acreditarla demostrando su calidad de titular del derecho y la calidad de obligado del demandado. Ahora bien, la relación jurídica sustantiva que se ha referido, al trasladarse el ámbito procesal da lugar al surgimiento de la relación jurídica procesal, cuya correcta integración y perfeccionamiento requiere que los sujetos que forman parte de ella, en calidad de partes, tengan plena correspondencia con los que intervienen en el nexo jurídico sustantivo que subyace en el fondo del asunto; de modo tal que si las partes del juicio no coinciden con los sujetos que intervienen en la indicada relación sustantiva, resulta claro que no podría dictarse válidamente una sentencia que vincule y pueda favorecer a una persona que no tiene la titularidad de los derechos exigidos en el juicio, correlativos de la obligación de quienes sean señalados como demandados y deban responder de las consecuencias jurídicas que derivan de aquella relación jurídica. Al respecto, es aplicable el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que

ste órgano comparte, publicado en la página 1391, del Tomo XVI, septiembre de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son como sigue: ‘LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LA CAUSA. ES UNA CONDICIÓN NECESARIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN Y SÓLO PUEDE ANALIZARSE DE OFICIO POR EL JUZGADOR AL MOMENTO DE DICTAR SENTENCIA. La legitimación activa en la causa no es un presupuesto procesal sino una condición para obtener sentencia favorable, esto es, se trata de una condición necesaria para la procedencia de la acción, y consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley, por lo que el actor estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde, de tal manera que la legitimación ad causam atañe al fondo de la cuestión litigiosa y, por ende, es evidente que sólo puede analizarse de oficio por el juzgador en el momento en que se pronuncie la sentencia definitiva y no antes. Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo directo **********. ********** ********** ********** **********. 22 de abril de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez. Amparo directo **********. ********** ********** ********** y otra. 10 de marzo de 2005. Unanimidad de votos. "Ponente: Francisco Javier Sandoval López. Secretaria: Angélica Rivera Chávez. Amparo directo **********. ********** ********** ********** ********** y otra. 15 de junio de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante González. Secretaria: Rocío Itzel Valdez Contreras. Amparo directo *********. ********* ********* ********* 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo viuda de Magaña Cárdenas. Secretaria: Isabel Rosas Oceguera. Amparo directo *********. ********* *********, *********, hoy su cesionaria ********* 12 de febrero de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: María Concepción Alonso Flores. Secretaria: Leticia Jarillo Gama.’. En el caso, de las constancias de autos se advierte que el quejoso ... celebró un contrato de prestación de servicios con los ahora terceros perjudicados, acto del cual deriva una relación jurídica que vincula a los sujetos que en el mismo intervienen. Contrato cuyo cumplimiento se pretendió en el juicio de origen, precisamente por quien es titular del derecho a cuyo cumplimiento se obligaron los codemandados; de modo tal que, al plantearse esa exigencia ante los órganos jurisdiccionales competentes, en ejercicio del derecho fundamental de acceso a la justicia, por quien intervino como parte en el contrato referido, en contra de los ahora terceros perjudicados, obligados en el mismo, es inconcuso que en la relación jurídica procesal integrada, el actor sí está legitimado activamente en la causa, y al haber promovido por su propio derecho, también tiene legitimación procesal en el juicio. Precisado lo anterior, debe decirse que, la Sala responsable, en la sentencia reclamada, sostuvo que del contrato de prestación de servicios se advertía que la actividad a que se obligó el actor del juicio de origen, es una actividad profesional propia de un licenciado en derecho. Que lo manifestado por el actor en el sentido de que los demandados hubieren reconocido haber celebrado el contrato de mérito y que por ello estaba legitimado para cobrar los honorarios pactados, porque en derecho del trabajo no se exige que los apoderados de los actores estén titulados, ello es una cuestión diferente, que no puede soslayar el hecho de que para el cobro de honorarios devengados por una actividad profesional, debe estarse al artículo 2608 del Código Civil para el Distrito Federal, que establece lo siguiente: ‘Artículo 2608. Los que sin tener el título correspondiente ejerzan profesiones para cuyo ejercicio la ley exija título, además de incurrir en las penas respectivas, no tendrán derecho de cobrar retribución por los servicios profesionales que hayan prestado.’. Que contra ese precepto no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario. Que el contrato de prestación de servicios es un acto jurídico diverso de aquel en que vaya a intervenir el profesor, que al estar regulado por el Código Civil, las controversias que surjan a su respecto deben resolverse conforme a esta legislación. Estas apreciaciones de la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se advierten incorrectas, ya que atendiendo a las características propias del caso concreto, este órgano colegiado estima que no obstante que el actor, hoy quejoso, no acreditó estar titulado y legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho, además de que no se ostentó como tal, lo cierto es que atendiendo a la regulación normativa que para la representación procesal existe en el Derecho del Trabajo, que no requiere la intervención de licenciados en derecho, ... desempeñó una labor o trabajo en favor de los codemandados, quienes se vieron beneficiados con el resultado obtenido en el juicio laboral en virtud de las actividades desplegadas por el solicitante de la protección constitucional; situación ésta que debió ser ponderada por la Sala responsable al momento de resolver los recursos de apelación que fueron interpuestos, y no aplicar literal y estrictamente el artículo 2608 del Código Civil para el Distrito Federal. Se sostiene lo anterior, toda vez que si bien las actividades a que se vio obligado el actor, derivadas del contrato de prestación de servicios, por regla general corresponden a un profesional del derecho, que haya obtenido el título y la patente respectiva para el ejercicio de la profesión, esto no es exigible en algunas materias de la enciclopedia jurídica, como son la penal, agraria y laboral, en las que se permite la intervención procesal de personas que no necesariamente deben tener el título de licenciado en derecho. En la especie, el quejoso actuó en un juicio laboral, representando procesalmente a los actores, quienes accionaron en contra del jefe de Gobierno del Distrito Federal y otra dependencia gubernamental; procedimiento arbitral que se regula por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en la que no existe disposición alguna que exija el título profesional a quienes comparecen en representación de las partes; como tampoco existe precepto en ese sentido en la Ley Federal del Trabajo, supletoria de aquélla por mandato expreso de su artículo 11. Esto es, en materia de trabajo, tratándose de la personalidad o representación de las partes en el juicio, el trato es menos riguroso, en cuanto a la acreditación de la personalidad cuando se trata de trabajadores o sindicatos, pues se tiende a equilibrar la posición procesal del trabajador frente al patrón, pues es innegable que en todo conflicto de naturaleza laboral, subyacen los factores de la producción, capital y trabajo, en la que el primero tiene presuncionalmente mayores elementos para llevar a cabo la demostración de las situaciones que se derivan de la relación laboral y que por su capacidad económica, está en aptitud de aportar al juicio los documentos idóneos y necesarios para que, quien actúe en su representación, acredite fehacientemente esa calidad; luego, ante la desigualdad económica entre operario y empleador, se erige el imperativo de la ley que tutela los derechos mínimos de la clase obrera, con la finalidad de lograr un equilibrio procesal. Por tanto, tratándose del juicio laboral, no puede operar el principio de igualdad procesal, como en otras materias, porque las partes que intervienen no se hallan en el mismo plano, de modo que con ello se pretende lograr el equilibrio procesal entre las partes a través de imponer menos cargas procesales a la parte trabajadora, sin que ello sea ilegal, porque ese trato desigual dimana del reconocimiento que nace del artículo 123 de la Constitución, que consagra derechos mínimos de los trabajadores, que no pueden afectarse con un trato igual en el proceso donde intervienen partes desiguales, ya que debe exigirse el cumplimiento de esos derechos mínimos. Por tales razones, resulta claro que la no exigencia de abogados o profesionistas titulados en los juicios laborales, sobre todo en representación de los trabajadores, se justifica ampliamente; siendo aplicable al respecto, el criterio sustentado por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 423, del Tomo XCII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, cuyo rubro y texto son como sigue: ‘COSTAS EN LOS JUICIOS DE TRABAJO. La Ley Federal del Trabajo establece únicamente el pago de gastos que se originen en la ejecución de un laudo, y no durante el juicio laboral que tiene una tramitación sencilla, sin forma determinada en los escritos ni en las promociones, sin que sea necesaria la intervención de abogado, ni por consiguiente el pago de costas; por lo que la Junta obró legalmente, al absolver de dichas prestaciones. Amparo directo en materia de trabajo **********. ********** ********** J. 14 de abril de 1947. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.’. En ese contexto, si en el derecho laboral no se requiere la necesaria intervención de abogados, cuando los mismos comparecen como partes formales en los procesos arbitrales, menos aún es exigible el acreditamiento de contar con título profesional, de conformidad con el criterio sustentado por la indicada extinta Sala, publicada en la página 935, del Tomo LXXXIX, de la invocada fuente, Quinta Época, cuyos rubro y texto son como sigue: ‘JUNTAS, LOS APODERADOS DE LAS PARTES ANTE LAS, NO NECESITAN ACREDITAR QUE TIENEN TÍTULO DE ABOGADO, LEGALMENTE EXPEDIDO. La ley reglamentaria de los artículos 4o. y 5o. de la Constitución Federal, establece, en su artículo 27, que la representación jurídica en materia obrera, se regirá por las disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo, y este ordenamiento no exige que los apoderados de la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22182-fa3add18/honorarios-quien-demande-su-pago-en-la-via · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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