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Modo: Corpus Pro

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL. OPERA EN LA PRIMERA INSTANCIA, AUN CUANDO SE ENCUENTRE PENDIENTE LA EJECUCIÓN DE UNA DILIGENCIA JUDICIAL QUE IMPLIQUE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL DE ALGUNA DE LAS PARTES, SIEMPRE QUE DURANTE UN AÑO EXISTA INACTIVIDAD PROCESAL DE ÉSTAS, NO DERIVADA DE FUERZA MAYOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 55/2009. · Registro digital (IUS): 22013
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Marzo de 2010, , Pág. 70.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 55/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se trata de una denuncia de contradicción de tesis, entre las sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver asuntos relativos a materia civil, siendo una de las ramas de especialidad de esta Primera Sala, por lo que no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO. En el caso, la denuncia de posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, en su calidad de denunciante, se encuentra legitimado para ello, atento a lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:

A) El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito resolvió el juicio de amparo directo civil número **********, en el que el acto reclamado se hizo consistir en la resolución dictada por el Juez Cuarto de lo Familiar de la Ciudad de Chihuahua, dentro del recurso de revocación derivado del juicio sumario civil de alimentos, expediente **********, donde se confirmó el acuerdo en que se decretó la caducidad de la instancia.

La quejosa fue la parte actora, quien en sus conceptos de violación argumentó, medularmente, que no transcurrió el término para que caducara la instancia, pues si bien el impulso procesal corresponde a las partes (como lo señaló el Juez), en la especie se encontraba pendiente la actuación consistente en notificar personalmente al demandado, el acuerdo por el que nuevamente se le requirió para que, en acatamiento de lo ordenado desde el auto admisorio de la demanda, informara el monto de sus ingresos, así como su fuente y la forma en que proponía asegurar la pensión alimenticia, apercibiéndole para el caso de contumacia, con aplicarle una medida de apremio consistente en el uso de la fuerza pública. En consecuencia, en concepto de la quejosa, la diligencia de dicha actuación pendiente era una obligación a cargo del Juez, por medio del funcionario judicial respectivo, y no de la actora, ni se requería actuación alguna de ésta. En dicha resolución, el Colegiado determinó, en lo que interesa, lo siguiente:

"Antes de abordar el estudio de los conceptos de violación, se impone traer a colación los antecedentes relevantes del juicio natural del que deriva el acto reclamado.

"********** y **********, como mandatario de **********, demandó en la vía sumaria civil a **********, el pago de una pensión alimenticia provisional y definitiva a favor de la mandante y su menor hija **********; el pago retroactivo de las pensiones alimenticias, de deudas contraídas por la mandante, el aseguramiento de aquella pensión y los gastos y costas del juicio.

"El juicio sumario quedó radicado mediante auto de catorce de marzo de dos mil seis, y se ordenó el emplazamiento a juicio de la parte demandada, requiriéndole además, para que informara el monto de sus ingresos, la fuente de ellos y la forma en que proponía asegurar la pensión alimenticia.

"********** produjo contestación a la demanda oponiendo las defensas y excepciones que estimó pertinentes.

"Se siguió el trámite procesal correspondiente para el juicio sumario civil y por escrito de diecinueve de febrero de dos mil siete, la parte actora pidió al Juez del conocimiento que al haberse agotado el primer medio de apremio sin que la parte demandada hubiere cumplido con el requerimiento contenido en el auto de radicación, se le requiriera de nueva cuenta con el apercibimiento de que se le aplicaría el segundo medio de apremio para lograr su cumplimiento; a dicho escrito le recayó acuerdo el veintidós de ese mes y año, en el cual se requirió de nueva cuenta al demandado a fin de que diera cumplimiento a lo ordenado en el auto de radicación de catorce de marzo de dos mil seis, con el apercibimiento de aplicarle el segundo medio de apremio, consistente en el uso de la fuerza pública, virtud a lo cual la autoridad responsable ordenó turnar los autos al ministro ejecutor para que llevara a cabo el requerimiento en cuestión (foja 12 del juicio civil).

"El doce de junio de dos mil ocho, el Juez responsable decretó la caducidad de la instancia al haber transcurrido un término superior a un año de inactividad procesal porque las partes no agitaron el procedimiento, fundamentándose en la fracción II del artículo 850 del Código de Procedimientos Civiles (foja 128 frente y vuelta de los autos en cita).

"En contra de dicho acuerdo, la parte actora interpuso recurso de revocación, el que se resolvió el diecinueve de junio de dos mil ocho, declarándolo improcedente, ya que consideró el Juez responsable que acorde al artículo 852 del Código de Procedimientos Civiles sólo podía promoverse la revocación del auto que decretó la caducidad sustentándose el recurrente en que se dejó de promover por fuerza de causa mayor, circunstancia que para el caso concreto no acontecía, además de que la inactividad procesal, dijo el Juez, denotaba la falta de interés de las partes para lograr el acatamiento del auto de veintidós de febrero de dos mil siete, habiendo transcurrido más de un año sin realizarse gestión alguna para lograr el cumplimiento de dicho acuerdo, pues sólo a la parte actora correspondía impulsar el procedimiento a fin de que el demandado cumpliera el requerimiento, sobre todo porque a las partes correspondía el impulso procesal a fin de hacer progresar el juicio, activando el procedimiento para lograr el dictado de una sentencia.

"En contra de ese fallo, la parte actora por conducto de su mandante ********** y **********, promovió demanda de amparo y para combatirlo expresa como conceptos de violación, en resumen, lo siguiente:

"1. Aduce que la autoridad responsable no observó lo previsto en el artículo 852, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, porque el acuerdo de veintidós de febrero de dos mil siete ordenó turnar los autos al ministro ejecutor a fin de que llevara a cabo la notificación personal al demandado de lo en él ordenado, por lo tanto, hasta que se hiciera esa notificación no podía hacerse el cómputo del lapso necesario de temporalidad, para que procediera la caducidad de la instancia, pues tampoco esa notificación dependía de las partes para activar el procedimiento, dado que sólo era atribuible a la propia responsable a través de su ministro ejecutor, de manera que al no observar que se había interrumpido el término porque no se había llevado a cabo la notificación se violan en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales.

"2. Alega que la autoridad responsable no llevó a cabo la notificación que ordenó, pero determinó que había transcurrido el año para que operara la caducidad, cuando fue por su negligencia que no se efectuara dicha notificación, de manera que no podía actualizarse la caducidad decretada en el juicio natural, lo que incluso así lo sostiene el Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en la tesis de rubro: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. SE INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA DECRETARLA ANTE LA FALTA DE NOTIFICACIÓN A LA DEMANDA DE LA REANUDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).’

"3. Manifiesta que la responsable resuelve indebidamente el recurso de revocación porque era imposible hacer el cómputo cuando estaba suspendido el procedimiento por una causa inherente a la propia autoridad al no haber realizado la notificación personal que ella había ordenado, por lo cual se viola por indebida interpretación el artículo 850, fracción II, del código procesal civil, causando una ejecución irreparable al dejar a la menor de edad y a su madre en indefensión.

"4. Refiere que tampoco se atendió por el Juez responsable el que se trataba de un juicio sumario civil de alimentos para una menor de edad y, por ende, debió aplicar a favor de **********, la suplencia de la deficiencia de la queja, en términos de los artículos 76 Bis, fracción V y 192 de la Ley de Amparo, suplencia que debió acontecer a fin de que no se decretara la caducidad de la instancia, para no dejar sin efectos los trámites tendentes a garantizar el pago de las pensiones alimenticias adeudadas a la citada menor, porque además, el Juez natural conforme a lo resuelto por los tribunales federales, estaba obligado a hacer las gestiones judiciales inherentes a impedir aquella caducidad.

"Los conceptos de violación identificados con los números 1, 2 y 3 de esta ejecutoria, se estudian conjuntamente de conformidad con lo que autoriza el artículo 79 de la Ley de Amparo, dado que guardan relación en cuanto a los argumentos con los cuales se impugna la resolución recaída al recurso de revocación que contra el auto que declaró la caducidad de la instancia interpuso la parte quejosa, en los autos del juicio natural.

"Son infundados los aludidos motivos de disenso y donde alega medularmente que si bien el impulso procesal corresponde a las partes, era obligación del Juez notificar a la parte demandada el acuerdo de veintidós de febrero de dos mil siete, que contenía un requerimiento y un apercibimiento de aplicar medio de apremio en contra del citado demandado; notificación que no corría a cargo de la parte actora-quejosa llevarlo a cabo, sino a la autoridad por medio del ministro ejecutor respectivo; siendo ésta la última actuación de impulso procesal del juicio natural y, por tanto, no transcurrió el término para que caducara la instancia.

"En principio, cabe apuntar que la caducidad en el derecho procesal, es la extinción de la instancia judicial como consecuencia de que las partes abandonen el ejercicio de la acción respectiva. Este abandono se manifiesta en que las mismas omiten llevar a cabo en el proceso las promociones necesarias para que éste llegue a su fin, en la codificación procesal civil del Estado, la citada caducidad se encuentra prevista en los artículos que van del 850 al 855.

"También es pertinente destacar que en los juicios de naturaleza civil, rige el principio dispositivo, el cual se refiere a que el ejercicio de la acción procesal está encomendado en sus dos formas, activa y pasiva, a las partes y no al Juez, es decir, en los juicios civiles las partes deben gestionar su tramitación y procurar concluirlo, por lo que el abandono de esta carga procesal se sanciona con la caducidad.

"Ahora, del análisis de las constancias procesales que obran en el juicio sumario de alimentos, se advierte que la litis quedó debidamente integrada porque se emplazó a la parte demandada, se llevó a cabo la audiencia de conciliación y depuración procesal en la que no se llegó a un acuerdo conciliatorio entre las partes; desprendiéndose también que al demandado se le hizo un primer requerimiento a fin de que informara bajo protesta de decir verdad, el monto de sus ingresos, la fuente de ellos y la forma en que proponía asegurar el pago de una pensión alimenticia, con dicho requerimiento no cumplió y se le aplicó el primer medio de apremio.

"En el acuerdo de veintidós de febrero de dos mil siete (foja 126 del juicio natural), y por solicitud o promoción de la parte actora-quejosa, se ordenó requerir de nueva cuenta al demandado a fin de que cumpliera con aquella prevención, y que para el caso de incumplimiento se le aplicaría el segundo medio de apremio (auxilio de la fuerza pública); esta determinación se mandó notificar personalmente al requerido por lo que se ordenó turnar los autos al ministro ejecutor a fin de que lo cumplimentara.

"Esta actuación procesal y su notificación por lista fueron las últimas que se llevaron a cabo como impulsoras del procedimiento, antes del dictado del auto de doce de junio de dos mil ocho, que decretó la caducidad de la instancia en aquel juicio civil; esto es, entre la fecha en que surtió efectos aquel acuerdo de requerimiento y el diverso que decretó la caducidad de la instancia, transcurrió en exceso el término de un año; no obstante, dice la parte quejosa, no procedía esa caducidad, contrario a lo sustentado por el Juez natural, al resolver el recurso de revocación que contra el último acuerdo interpuso, porque esa actuación sólo era obligación de la autoridad desahogarla y, por ende, no imputable para ese desahogo a la citada actora.

"No asiste razón a las impetrantes de garantías, porque si bien es cierto que del contenido de los artículos 116, 119, inciso e) y 120 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se desprende que el Juez tiene obligación de notificar de manera personal una carga procesal a la parte que deba cumplirla, y que debía ejecutarse por el funcionario que al efecto designe o por el actuario notificador y ministro ejecutor adscrito a su tribunal, conforme a lo previsto en los artículos 180 y 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; sin embargo, y a pesar de que en términos de la legislación procesal y orgánica aplicables antes aludidas, la obligación de llevar a cabo esa notificación es para el juzgador, también cierto es que a las partes corresponde la carga de excitar o impulsar el procedimiento, a fin de que éste continúe desahogándose conforme a sus estadios procesales hasta llegar o dejar en estado de citado para sentencia, que es el proveído que libera a las partes de esa obligación de impulsar el procedimiento para que pueda quedar culminado.

"En efecto y contrario a lo mencionado por la parte quejosa, aun cuando la ley procesal establece como carga para el juzgador la de llevar a cabo la ejecución de sus determinaciones, ya sea por conducto de los funcionarios a él adscritos o mediante el auxilio de otras autoridades; también es cierto que el no llevar a cabo actividades que tiendan a cumplir su propia determinación, corresponde a las partes del juicio procurar mediante la utilización de los instrumentos legales a su alcance, provocar que aquella autoridad cumpla o ejecute sus proveídos; pues conforme al principio dispositivo, a éstos interesa que el juicio quede culminado, por lo que debe procurarse impulsarlo a fin de que no se paralice.

"En el caso concreto, si el Juez dictó aquel acuerdo y turnó los autos al ministro ejecutor para que diera cumplimiento a tal proveído, sin que se hubiere notificado, ante esta omisión correspondía a la parte quejosa insistir o promover en el juicio a fin de que se continuara con el trámite o se ejecutara aquel mandamiento; sin que de alguna manera así hubiere actuado la actora-quejosa citada.

"De lo expuesto se concluye que la conducta de la parte actora no hizo sino denotar una falta de interés en que el demandado fuera notificado del requerimiento que en su contra se dictó en el acuerdo de veintidós de febrero de dos mil siete, ya sea acudiendo a solicitar se llevara a cabo la notificación o bien gestionando ante el juzgado para que fuera cumplido lo ordenado en el citado proveído, es decir, que el ministro ejecutor notificara el aludido acuerdo, pues aun cuando el Juez acordó turnar los autos al ministro ejecutor, quien no cumplió con lo ordenado, la parte quejosa tampoco compareció o insistió que se desahogara esa carga jurisdiccional, razón por la cual la orden de notificación no se ejecutó, lo que implicó que aquel juicio estuviera inactivo procesalmente, tal y como lo sostuvo el Juez responsable al determinar la caducidad de la instancia por el desinterés de la parte actora en que se llevara a cabo aquella notificación y/o requerimiento.

"Sin que, por otro lado, la actora o aun el demandado, hubieran promovido a fin de provocar el impulso del procedimiento, de manera que aun cuando es verdad que corresponde a los Jueces llevar a cabo aquella notificación del requerimiento por conducto del funcionario correspondiente, lo cierto es que la ley arroja sobre las partes la carga procesal de activar el procedimiento a fin de mantenerlo vivo, pues de lo contrario se presume legalmente que por el tiempo transcurrido, sin actuación procesal ni promoción de las mismas, han perdido interés jurídico en la continuación del trámite procesal del juicio, a lo que la ley arroja la consecuencia de declarar caduca la instancia, y en el presente caso, no puede justificarse la falta de cuidado e interés en que incurrió la actora, en el hecho de que era obligación del Juez notificar el requerimiento al demandado, máxime que quien estaba interesada en que lo allí establecido como requerimiento se llevara a cabo o se cumpliera era la parte actora aquí quejosa, para que de esa forma se continuara con el juicio para en su caso, ponerlo en estado de que se citara para sentencia, por tanto, con independencia de que la obligación de llevar a cabo aquella notificación estuviera a cargo del Juez natural, la parte quejosa sí estaba obligada a vigilar e insistir ante dicha autoridad que la referida notificación y su requerimiento se verificaran, ya que incluso de insistir y no obtener respuesta favorable a su petición o de estimar que las diligencias o actuaciones derivadas de su solicitud fueran contrarias a derecho estaba en aptitud de hacer valer los medios de impugnación procedentes en contra de esas actuaciones; empero, al no haberlo hecho de esa forma debe soportar las consecuencias adversas derivadas de su desinterés e inactividad en el juicio.

"En esa tesitura, es claro que la parte actora estuvo en posibilidad de impulsar el procedimiento promoviendo en él adecuadamente para ello o insistiendo en que se verificara la notificación de aquel acuerdo de veintidós de febrero de dos mil siete, a fin de que el juzgador cumpliera con sus funciones jurisdiccionales y se continuara el trámite del juicio, hasta dejarlo citado para oír sentencia, pues es hasta ese momento cuando concluye la secuela procesal, así como la intervención de las partes, correspondiéndole únicamente al Juez el dictado de la sentencia.

"Como consecuencia de ello, y como lo determinó el Juez natural, la caducidad de la instancia se actualizó para el juicio natural, al haberse reunido los elementos que para dicha figura procesal previene el Código de Procedimientos Civiles del Estado, en los artículos que van del 850 al 855, los que a la letra dicen: (se transcriben).

"De dichos preceptos y en relación a la figura de la caducidad en estudio, y específicamente respecto a los juicios en primera instancia, se desprende que los requisitos a reunir o que deben actualizarse son los siguientes:

"a) La existencia de un litigio en primera instancia.

"b) El transcurso de un año.

"c) Que durante ese lapso exista inactividad procesal de las partes no derivada de una causa o fuerza mayor.

"Dichos elementos se actualizaron conforme a la legislación procesal en cita, porque transcurrió un año sin impulso en el procedimiento, pues el artículo 850, fracción II, del citado ordenamiento legal, en lo conducente establece: ‘Se tendrá por abandonada la instancia en toda clase de juicios, y caducará de pleno derecho: ... cuando el litigio se hallare en primera instancia y haya transcurrido un año sin que ninguna de las partes haya agitado su curso.’; mientras que artículo 851 del propio ordenamiento legal, establece: ‘Los términos a que se refieren las fracciones II y III del artículo anterior se contarán desde el día siguiente a la última notificación que se hubiere hecho a las partes, y se interrumpirán por cualquiera solicitud que alguna de éstas haga, siempre que la promoción tienda a agitar el procedimiento.’

"En el caso, el último acuerdo relacionado con el impulso del procedimiento fue pronunciado el veintidós de febrero de dos mil siete, el cual surtió efectos el veintiséis de ese mes y año, sin que hubiere actuación posterior de las partes o del juzgador, que impulsara dicho procedimiento, sino hasta que la citada autoridad decretó la caducidad de la instancia, lo que ocurrió el doce de junio de dos mil ocho, esto es, cuando ya había transcurrido más de un año sin actividad procesal en el juicio natural. Según se desprende de las actuaciones que integran el sumario de origen.

"Por lo tanto, es evidente que tal figura puede operar aun cuando se hubiere dictado un acuerdo de notificación personal a la contraparte y que, por tanto, correspondiera a la propia autoridad llevar a cabo dicha notificación, pues también, como se ha venido diciendo, a la parte interesada incumbía gestionar para que dicha determinación se llevara a cabo por el juzgador, o provocar algún otro acto que impulsara el procedimiento, de manera que la falta de observancia por parte de la autoridad a su propia determinación, no relevaba a la actora de su obligación de mantener viva la instancia, ya que para el impulso del procedimiento solicitando su continuación hasta la conclusión, no es indispensable la promoción plural de las partes, sino sólo la de alguna de ellas, que en el caso sería la de la actora-quejosa, porque derivaba de su interés que el requerimiento se formulara y a la vez se cumpliera por el demandado, y por otra parte, no se advierte de autos que hubiere existido una causa de fuerza mayor que impidiera la continuación o impulso del procedimiento, como lo señaló el Juez en el acto reclamado, por lo que no se está en esa hipótesis de excepción para que opere la caducidad de la instancia.

"Ahora bien, en cuanto a la tesis que cita la inconforme de rubro: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. SE INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA DECRETARLA ANTE LA FALTA DE NOTIFICACIÓN A LA DEMANDADA DE LA REANUDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).’, no se comparte dicha tesis, virtud a que, como ya se dijo en párrafos precedentes, corresponde a las partes en los juicios del orden civil la obligación de impulsar el procedimiento, como en el asunto de trato, porque era de su interés que se llevara a cabo la diligencia de notificación del requerimiento que contra el demandado se decretó, de manera que debió instar al Juez cuantas veces fuera necesario para que esa notificación se llevara a cabo, en cumplimiento a su carga de impulsar procesalmente el juicio que, se reitera, corresponde a las partes y no al Juez desde la admisión de la demanda hasta que se cita el asunto para sentencia, conforme a las razones ya manifestadas en la presente ejecutoria y así haber evitado que operara la caducidad de la instancia en términos el artículo 850, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua.

"Es pertinente mencionar que este Tribunal Colegiado y respecto a la tesis citada en el párrafo precedente, ha sostenido criterio disímil al criterio inmerso en dicha tesis al resolver los juicios de garantías ********** y ********** civiles, en donde sostuvo medularmente que las partes en los juicios civiles deben instar o impulsar el procedimiento a pesar de que al juzgador ordinario corresponda llevar a cabo una diligencia de notificación y/o emplazamiento, porque aun cuando no cumpla esa obligación, el interesado debe velar por que el procedimiento no quede paralizado por inactividad de las partes.

"Por último, es pertinente anotar que en cumplimiento a lo previsto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, procede denunciar contradicción de tesis, ya que este Tribunal Colegiado estima que ha sostenido criterio disímil, tanto en esta ejecutoria como al resolver los juicios de amparo mencionados en el párrafo precedente, con lo que a su vez ha determinado el Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, residente en Ciudad Juárez, Chihuahua; acorde a los diversos razonamientos plasmados en los parágrafos que anteceden.

"Por otro lado, el concepto de violación 4, es igualmente infundado, porque el que se hubiere decretado la caducidad de la instancia en el juicio natural, no significa que el Juez del conocimiento no hubiere atendido a que estaban en litigio derechos de la menor **********, dado que la legislación procesal civil aplicable para el procedimiento natural, no establece salvedad alguna en el sentido de que tratándose de un juicio sumario de alimentos, no prospere la caducidad de la instancia.

"Dicha figura jurídica, es decir, la caducidad de la instancia, se encuentra prevista en los numerales que van del 850 al 855 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y en tales preceptos legales el legislador no hizo distinción o salvedad alguna sobre juicios sumarios de alimentos, es decir, no determinó excluirlos de que en ellos no operara la caducidad de la instancia, a pesar de que en efecto existe obligación para las autoridades de procurar y velar por la protección de los derechos de los menores de edad, entre los cuales se encuentran inmersos los relativos al derecho procesal.

"De conformidad con lo precedente, el Juez responsable en modo alguno trastocó en perjuicio de la parte quejosa, fundamentalmente respecto a la menor de edad **********, sus garantías individuales, porque si se actualizaron los requisitos para que la caducidad de la instancia operara no podía, por estar en controversia derechos de esa menor, abstenerse de decretar actualizada dicha figura procesal, dado que si el legislador no distinguió, entonces, no podía hacer tal distinción la autoridad responsable, de manera que aun cuando no llevó a cabo la notificación del acuerdo de veintidós de febrero de dos mil siete, sí transcurrió el lapso previsto en el artículo 850, fracción II, del código procesal civil del Estado; no podía dejar de aplicar dicho dispositivo para declarar la caducidad de la instancia por la inactividad procesal que tal figura jurídica sanciona.

"Así, al no existir la excepción en comento en la legislación procesal civil estatal, respecto a la caducidad de la instancia, no podía hacer tal distinción el juzgador de origen, y al respecto sirve de apoyo la jurisprudencia que enseguida se transcribe, dado que al igual que en esta entidad, en el Estado de Veracruz, México, en cuanto a la procedencia de la caducidad de la instancia no se establece excepción para los juicios en los que se cuestionen derechos de menores. De ahí que por similitud de razón, sirva de apoyo la jurisprudencia VII.1o.C. J/17 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que se comparte y visible en la página 1304 del Tomo XIX del mes de abril de 2004, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto siguiente:

"‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA RESPECTO DE MENORES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, en su parte relativa, dice: «Se tendrá por abandonado un juicio y por perdido el derecho de las partes, si éstas no promueven durante ciento ochenta días naturales en la primera instancia o noventa días naturales en la segunda, salvo los casos de fuerza mayor.». De lo anterior resulta que la disposición legal de referencia no establece excepción alguna respecto de la procedencia de la caducidad de la instancia, de ahí que deba entenderse, entonces, que esa medida se configura aun tratándose de menores de edad, siendo responsables, en todo caso, del abandono del juicio respectivo los representantes legales o apoderados. Ello es así, porque a diferencia de otras legislaciones, como la del Estado de Tabasco, por ejemplo, en la que expresamente se impide que opere la caducidad de la instancia en tratándose de menores, en la legislación civil del Estado de Veracruz, sí se actualiza dicha figura jurídica en contra de cualquier persona, porque la ley no hace distinción alguna sobre el particular.’

"Sin que en el caso concreto, cobre aplicación la tesis del rubro: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. NO OPERA EN TRATÁNDOSE DE MENORES DE EDAD.’, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, cuya jurisdicción y competencia se encuentra establecida para el Estado de Tabasco, México, dado que en aquella entidad federativa, el legislador en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, sí estableció como excepción o caso de salvedad para que no operara la caducidad de la instancia, en los juicios sumarios de alimentos, conforme se desprende del artículo 150, fracción II, inciso e); dispositivo que como se ha venido destacando en esta ejecutoria, difiere de lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, porque en éste, no se hizo salvedad alguna en aquel sentido. Por consiguiente, la tesis que citó la impetrante de garantías para apoyar el concepto de violación identificado con el número 4 de esta ejecutoria, no resulta aplicable para los juicios sumarios de alimentos de esta entidad federativa.

"Por último, cabe decir que este tribunal advierte que no se transgredió en perjuicio de las impetrantes de garantías, las leyes del orden común aplicables, ni lo concerniente a la suplencia de la queja deficiente, como tampoco se advierte que se hubiere dejado de atender que en la controversia natural estaban en litigio derechos de una menor, como es la quejosa **********, pues si bien es cierto que es de interés público el velar por la protección de los menores de edad a fin de no dejarlos en estado de indefensión o irrogarles perjuicio; sin embargo, en el caso concreto, con independencia de la obligación de aplicar a favor de esas personas las normas que redunden en su beneficio y, por ende, de analizar en toda su amplitud tanto el acto reclamado como la legalidad o no de ella, independientemente de lo que se hubiere expresado como agravio en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22013-f7821d0d/caducidad-de-la-instancia-en-materia-civil-opera · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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