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Modo: Corpus Pro

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. NO PUEDE QUEDAR SIN EFECTOS POR PROMOCIÓN ALGUNA O ACTUACIÓN POSTERIOR AL FENECIMIENTO DEL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1076 DEL CÓDIGO DE COMERCIO AUNQUE NO SE HAYA DICTADO PROVEÍDO PARA DECRETARLA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 452/2003. · Registro digital (IUS): 20946
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MARINA CLARA PINEDA SALAZAR.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Mayo de 2008, , Pág. 854.

AMPARO EN REVISIÓN 452/2003. MARINA CLARA PINEDA SALAZAR.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Son inoperantes en una parte, pero sustancialmente fundados en el resto, los agravios expuestos.

En efecto, básicamente la revisionista hace consistir sus motivos de inconformidad, en que el Juez de Distrito a quo no dio debida y cabal respuesta a los conceptos de violación primero y segundo manifestados en la demanda de garantías correspondiente.

En cuanto al primero de dichos conceptos, dice la inconforme que ahí reclamó que no existía fundamento legal para que la Juez natural perfeccionara el acuerdo impugnado mediante el recurso de revocación que culminó con la interlocutoria reclamada; ello, precisamente, a partir del fallo pronunciado en ese recurso.

También alega que, en todo caso, si los razonamientos vertidos en la citada interlocutoria, efectivamente dieron respuesta a los agravios formulados en la revocación de que se habla, entonces, únicamente tal examen debió conducir a confirmar o no los razonamientos expuestos en el acuerdo recurrido, y no a perfeccionar, cual si se tratara de otra oportunidad, el proveído estimado ilegal, el cual negó la caducidad de la instancia solicitada por la parte demandada.

En otro aspecto, señala la revisionista que el Juez Federal tampoco contestó el segundo concepto de violación vertido en la demanda de amparo, pues de su lectura se desprende que lo procedente era estudiar los siguientes puntos contenidos en dichas manifestaciones: 1. Si la caducidad de la instancia opera o no de pleno derecho, al transcurrir el término de ciento veinte días contemplado en el artículo 1076 del Código de Comercio; 2. Si la caducidad de la instancia puede o no convalidarse cuando con posterioridad al fenecimiento del mencionado término, se practiquen otras actuaciones; 3. Si existe o no fundamento para sostener que la caducidad de la instancia debió pedirse por la parte demandada, en su momento procesal y que, al no haberlo hecho, no puede decretarse esa figura con posterioridad; 4. Si es cierto que la responsabilidad de la solicitud sobre la caducidad de la instancia, posteriormente al fenecimiento del término legal, recaía en la demandada o bien, en la Juez instructora, la que también puede decretarla de oficio; y, 5. Si es que la omisión de la Juez natural al respecto, debe causar perjuicio a la enjuiciada.

Tales argumentos, apunta la inconforme, no fueron resueltos por el Juez de Distrito sino que, argumenta, ese juzgador desvió su atención hacia cuestiones ajenas a la litis, atendiendo más bien a la supuesta interrupción del término para que opere la caducidad de la instancia, así como a los requisitos legales de ésta, lo que no fue puesto en tela de duda, sino únicamente los ya precisados aspectos, además de que, en todo caso, nunca se cuestionó si el escrito mediante el que la parte actora solicitó la acusación de rebeldía de la demandada, fue o no idóneo para impulsar el procedimiento, sino lo que constituyó materia del reclamo constitucional fue si la caducidad opera de pleno derecho, y si es o no susceptible de desaparecer por promociones posteriores al fenecimiento del término de ciento veinte días que establece el artículo 1076 del Código de Comercio.

Señala también que el Juez Federal partió de una premisa falsa, al indicar que posteriores promociones en el juicio natural, "interrumpieron" el mencionado plazo marcado en el artículo 1076 del ordenamiento mercantil, toda vez que no podría interrumpirse un término que ya transcurrió, sino que dicha "interrupción" exclusivamente podría operar en la medida que estuviera transcurriendo el lapso legal de referencia, pero no cuando el plazo ya hubiere fenecido, como acontece en el caso concreto, lo que fue planteado en los conceptos de violación y, no obstante ello, quedó inatendido por el juzgador de garantías.

También alega la revisionista que si lo que trató de decir el Juez de amparo, es que mediante promociones posteriores al fenecimiento del plazo de caducidad en cita, se "convalidó" o "subsanó" la instancia, entonces, de toda suerte no sería bastante tal afirmación para considerarla legal, pues tendría que estar sustentada en fundamentos y motivos que la justificaran jurídicamente, lo cual tampoco sucedió.

Por último, dice la recurrente que la negación del amparo que solicita, significa la protección de los intereses de la parte actora, sin ningún motivo ni fundamento, lo que parcializa la resolución atacada, en detrimento del artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución General de la República.

En este contexto, primeramente debe decirse que en la última parte reseñada de los motivos de inconformidad a que se hace alusión, en realidad, la revisionista plantea una supuesta violación al artículo 17 constitucional, que consagra, entre otras, la garantía individual relativa a la imparcialidad de las resoluciones judiciales. Pues bien, la alegación expresada en el referido tenor debe declararse inoperante, habida cuenta que nuestro sistema jurídico no permite argumentar en el recurso de revisión que los Jueces de amparo violan derechos públicos subjetivos, toda vez que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, el único medio de defensa para impugnar actos de autoridad que violen esa clase de derechos, lo es el juicio de amparo, de manera que en casos como el que se estudia, no puede examinarse lo relativo a una supuesta violación a las garantías individuales, pues el recurso de revisión no es un medio de control constitucional sobre otro medio de control de constitucionalidad, sino un instrumento técnico a través del cual se revisa la actuación del Juez Federal que conoce del juicio de garantías, en términos de las reglas que la Ley de Amparo establece para el enjuiciamiento constitucional de los actos de autoridad; en consecuencia, si la discrepante refiere que el a quo vulneró normas que por su naturaleza no son susceptibles de ser transgredidas por su función, es claro que los argumentos que así lo afirman deben ser declarados inoperantes, sólo en ese aspecto.

Sirve de apoyo a los anteriores razonamientos, la jurisprudencia número P./J. 2/97, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 14/94, visible en la página 5, Tomo V, enero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son los siguientes: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la república que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."

No obstante lo anterior, debe decirse que en el resto son sustancialmente fundados los agravios que expresa la inconforme. Para arribar a la anterior conclusión, cabe destacar que la inconstitucionalidad planteada por la quejosa en la correspondiente demanda de garantías, respecto del acto que reclama, tuvo su base en el desapego de la Juez responsable a la ley aplicable en la hipótesis procesal sometida a su consideración, que fue la caducidad de la instancia por inactividad de las partes en el juicio, durante el término de ciento veinte días establecido en el artículo 1076 del Código de Comercio.

En torno al enmarcado tema central que origina el reclamo de derechos constitucionales, el Juez de garantías sostuvo que de las constancias que integran al juicio natural, se desprende que la juzgadora de primera instancia acertadamente indicó que si bien es cierto que entre las fechas señaladas por la parte interesada en que se decrete la caducidad de la instancia, media un término mayor al establecido en el artículo 1076 del Código de Comercio, también lo es que no procedía decretarla, porque el veintitrés de octubre de dos mil dos, la parte actora impulsó el procedimiento al solicitar la pérdida de los derechos de su enjuiciada para contestar la demanda, por lo que no es dable decretar la caducidad pedida, con posterioridad a la última fecha indicada; de ahí que resultara infundado el concepto de violación argüido sobre el particular, en tanto que se señaló claramente que la última actuación practicada en el juicio fue de veintisiete de marzo de dos mil tres, por lo que si la solicitud de caducidad de la instancia a que se hace referencia fue presentada el veintitrés de junio de ese mismo año, luego, no transcurrió el término legal para el efecto buscado.

Además, el juzgador de amparo fue enfático al afirmar que el escrito de veintidós de octubre de dos mil dos, presentado por el hoy tercero perjudicado, que dio origen al proveído del día siguiente, se trató de una promoción tendiente a impulsar el procedimiento hacia su conclusión, habida cuenta que en ella el actor solicitó se acusara rebeldía de la demandada por no contestar en tiempo y forma legales el libelo entablado en su contra.

Asimismo, el a quo federal sostuvo que el artículo 1076 del Código de Comercio contiene dos requisitos que deben concurrir para que opere la caducidad de la instancia, ya sea de oficio o a petición de parte, que son: que hayan transcurrido ciento veinte días contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la última resolución dictada; y, que no hubiere promoción de cualquiera de las partes, dando impulso al procedimiento para su trámite, solicitando la continuación para la conclusión del mismo, por lo que aun cuando fue satisfecho el primer extremo legal, el segundo no, porque existió posteriormente al transcurso del término legal marcado como primer requisito, una promoción del actor, expresamente dirigida a dar trámite y conclusión a la contienda, por lo que no era procedente decretar la caducidad de la instancia pedida.

Como salta a la vista, tales consideraciones del juzgador de amparo afirman que pese a que la caducidad de la instancia puede ser decretada de oficio y que, en la especie examinada, transcurrió previamente a la promoción del actor en la que solicitó la rebeldía de la demandada, un término mayor a ciento veinte días, de toda suerte, no opera esa figura procesal en la medida que, según su opinión, existe la insatisfacción del segundo requisito establecido en el tantas veces citado artículo 1076 del Código de Comercio, consistente en que no haya promoción de cualquiera de las partes, encaminada a impulsar hacia su fin el procedimiento.

Pues bien, el criterio adoptado en el fallo que se revisa es erróneo. Ciertamente, debe partirse de la premisa legal establecida en el artículo 1076 del Código de Comercio que, en lo que interesa al caso, dispone: "Artículo 1076. En ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales, salvo los casos de excepción que se señalen por la ley. La caducidad de la instancia operará de pleno derecho, sea porque se decrete de oficio o a petición de parte, cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer auto que se dicte en el mismo y hasta la citación para oír sentencia, en aquellos casos en que concurran las siguientes circunstancias: a) Que hayan transcurrido 120 días contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la última resolución judicial dictada, y b) Que no hubiere promoción de cualquiera de las partes, dando impulso al procedimiento para su trámite, solicitando la continuación para la conclusión del mismo."

En este contexto, acorde a los autos remitidos a esta alzada, se desprende, como la inconforme lo señala y el propio a quo de amparo lo precisó en la sentencia revisada, que medió entre el trece de marzo de dos mil dos y el veintitrés de octubre de ese mismo año, un lapso mayor a ciento veinte días, sin que en el juicio natural se practicara ninguna actuación, ni existiera promoción de cualquiera de las partes tendiente a impulsar el procedimiento. Esto es, se actualizaron los dos requisitos establecidos en los incisos a) y b) del transcrito numeral. Utilizando las palabras del legislador: "concurrieron" las exigencias impuestas para la caducidad de la instancia; por ello es que debió decretarse sin mayor trámite o prueba porque, inclusive, el texto legal expresa que esa figura opera de pleno derecho.

En efecto, es evidente, por un lado, que no existió interrupción del término de ciento veinte días establecido en el artículo 1076, inciso a), del Código de Comercio, en el caso concreto, comprendido y rebasado dentro del lapso que existió entre el trece de marzo de dos mil dos y el veintidós de octubre de ese mismo año, esto es, la primera exigencia legal quedó satisfecha. Por otra parte, la segunda, también, porque dentro de ese término, no existió promoción tendiente a impulsar el procedimiento, siendo clara la ley al establecer que ambos requisitos deben concurrir.

En contraste con lo anterior, el Juez Federal señaló que finalmente, ni de oficio o a petición de parte, la Juez instructora declaró la caducidad de la instancia una vez fenecido el término legal, pero además, que el veintidós de octubre de dos mil dos, el actor presentó un escrito encaminado a impulsar el juicio, por lo que si bien se satisfizo el primer requisito, el segundo no se actualizó, ya que la promoción realizada por el enjuiciante, inclusive con posterioridad a la finalización del lapso en cuestión, lo interrumpió; de ahí la improcedencia de la solicitud de la quejosa sobre el particular.

Esa postura judicial es incorrecta, como lo impugna la recurrente, ya que los dos requisitos impuestos por la ley para que opere la caducidad de la instancia, lógicamente deben concurrir, como el legislador lo impuso, y no ser exigidos secuencialmente.

En efecto, el hecho de que exista una promoción del actor tendiente a impulsar el procedimiento natural, posterior a la consumación del término prescrito en la ley para la caducidad de la instancia, de ninguna manera implica que durante el lapso legal marcado en el artículo 1076 del Código de Comercio, las partes hubieren mostrado interés procesal; y sería inconsistente sostener que una promoción de esa naturaleza impide la actualización de la caducidad de la instancia regulada en el mencionado numeral, sin considerar si es presentada, inclusive, fuera del espacio temporal previsto por el legislador, porque así, de nada serviría que haya fijado como primer requisito de esa institución, un término cierto. Consecuentemente, de modo contrario a lo aseverado por el Juez Federal, las promociones presentadas con posterioridad al lapso en que operó la caducidad de la instancia, no pueden interrumpir un término que ya transcurrió, como también lo alega la revisionista.

Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia número 120, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 77, Tomo VI, Materia Común, Parte SCJN, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y con el texto siguientes: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA, PROMOCIONES PRESENTADAS CON POSTERIORIDAD AL LAPSO EN QUE OPERÓ. No es obstáculo para la procedencia de la caducidad, la circunstancia de que la parte recurrente haya presentado una promoción solicitando se dictara sentencia, si ello ocurrió con posterioridad al lapso durante el cual operó la caducidad de la instancia, razón por la que no interrumpe el término que ya había transcurrido."

A este respecto, cabe apuntar que también es fundado lo que destaca la inconforme en cuanto a que el Juez de garantías incorrectamente utilizó el término "interrupción", al referirse al escrito presentado por el hoy tercero perjudicado el veintidós de octubre de dos mil dos pues, alega la interesada, no puede interrumpirse un término que ya feneció.

También asiste razón a la discrepante en el sentido de que el Juez de Distrito utilizó incorrectamente el término "interrupción", inherente al plazo para la caducidad de la instancia, al hacer alusión ese juzgador al escrito de veintidós de octubre de dos mil dos, presentado por la parte actora en el juicio de origen, como aquel que impidió la procedencia de la caducidad solicitada por la demandada en dicha contienda original, porque como la recurrente lo anota, fue el mismo juzgador de amparo el que advirtió que entre el catorce de marzo de dos mil dos, y el veintidós de octubre de ese año, mediaron más de ciento veinte días hábiles, que es el término establecido en el inciso a) del artículo 1076 del Código de Comercio, como el necesario para la declaración de caducidad de la instancia de un juicio mercantil.

Por tanto, al haber transcurrido ese lapso legal, entonces, no podría establecerse como correctamente la inconforme lo indica, su interrupción, toda vez que dentro del periodo comprendido entre las anteriormente mencionadas fechas, no existió actuación o promoción alguna que pudiera obstaculizar la continuación normal del cómputo de dicho espacio temporal. Es por lo anterior que resulta acertada la alegación de la revisionista.

En esta tesitura, al resultar esencialmente fundados los agravios hasta ahora estudiados, se hace innecesario el estudio de los demás, pues ello a nada útil conduciría.

Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia número VI.2o. J/171, sostenida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, mismo que ya especializado en la materia civil, ahora resuelve, publicada en la página 97, Tomo IX, enero de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si se revoca la sentencia dictada por el Juez de Distrito a quo, fallándose favorablemente a los intereses del recurrente por uno de los capítulos de queja, es innecesario que se analicen los restantes agravios que se hicieron valer en la revisión, pues ello a nada práctico conduciría."

Por consiguiente, al resultar inoperantes, en una parte, pero sustancialmente fundados en el resto los agravios expresados, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la Juez responsable deje insubsistente la sentencia interlocutoria de diecinueve de septiembre de dos mil tres, que confirmó el proveído de veinticuatro de junio del mismo año, emitido en el expediente natural y, en su lugar, pronuncie otra en la que revoque el señalado auto, y determine que operó en el procedimiento de que se trata la caducidad de la instancia, en términos de lo dispuesto en el artículo 1076 del Código de Comercio.

Por lo expuesto y fundado; y con apoyo, además, en los artículos 83, fracción IV y 85, fracción II, de la Ley de Amparo y, 35 y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se revoca el fallo sujeto a revisión.

SEGUNDO.-Para los efectos precisados en la última parte de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a Marina Clara Pineda Salazar, en contra del acto que reclama de la Juez Primero de lo Civil de esta ciudad, precisado en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución y, con una copia simple autorizada de la misma que el a quo deberá enviar a la autoridad responsable ordenadora, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Raúl Armando Pallares Valdez, Gustavo Calvillo Rangel y Ma. Elisa Tejada Hernández. Fue Ponente el primero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20946-2d646099/caducidad-de-la-instancia-en-materia-mercantil-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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