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Modo: Corpus Pro

ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 47/2004. · Registro digital (IUS): 19310
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MARÍA FERNANDA PADILLA DIEZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, , Pág. 1580.

AMPARO EN REVISIÓN 47/2004. MARÍA FERNANDA PADILLA DIEZ.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Previamente cabe señalar que resulta innecesario analizar los agravios expresados en relación con las consideraciones vertidas por el Juez de Distrito en cuanto al acto reclamado consistente en el proveído de veintiuno de agosto de dos mil tres, porque este Tribunal Colegiado advierte que, respecto de tal acto, se surte una causa de improcedencia, cuyo estudio debe hacerse de oficio, aun en el recurso de revisión, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 73, párrafo último, de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público, según lo establece la jurisprudencia número 622, visible en el Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, página 414, cuyo sumario dice:

"AMPARO INDIRECTO. DECLARACIÓN DE IMPROCEDENCIA DEL, EN SEGUNDA INSTANCIA.-La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que debe examinarse previamente la improcedencia del juicio de garantías, sea que las partes la aleguen o no, por ser una cuestión de orden público (tesis 158 Apéndice de 1985, Común al Pleno y a las Salas), es de obligatoria observancia, en tratándose del juicio de amparo indirecto, no solamente para los jueces de Distrito al dictar sentencia en la audiencia constitucional, sino también para los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando a través del recurso de revisión conocen de tales juicios. De esta suerte, aun cuando el artículo 91 fracción III de la Ley de Amparo, establece que si al conocer de los asuntos en revisión, los Tribunales Colegiados estiman infundada la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito podrán confirmar el sobreseimiento si apareciere otro motivo legal, el precepto no debe interpretarse en forma restrictiva para determinar que sólo es factible el sobreseimiento en segunda instancia, cuando en primera se ha sobreseído y se estima infundado el motivo, sino que el dispositivo debe interpretarse en concordancia con el principio de oficiosidad en el estudio de las causales de improcedencia por parte del órgano judicial que conoce del juicio de amparo en cualquiera de sus instancias, derivado de la jurisprudencia aludida. De consiguiente, es dable y aun obligatorio para este Tribunal Colegiado analizar previamente en los asuntos de que conoce en revisión, si existe una causal de improcedencia, independientemente de que el Juez de Distrito haya decretado el sobreseimiento por la misma causa o por una diversa, o de que hubiere concedido o negado la protección federal, y con independencia también de que la causal que se advierta haya sido o no alegada por las partes en la primera instancia o en los agravios."

Para una mejor comprensión del asunto, previamente, cabe señalar que las actuaciones del juicio de amparo indirecto 1283/2003-III-A, del índice del Juzgado Segundo de Distrito "A" en Materia Civil en el Estado de Jalisco, las cuales por ser documentos públicos prueban plenamente, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, permiten constatar que la quejosa como actos destacados reclamó los siguientes: a) el proveído de veintiuno de agosto de dos mil tres, que reconoció a Samuel Jiménez Zepeda, el carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de la empresa denominada Sólida Administradora de Portafolios, Sociedad Anónima de Capital Variable y, a dicha empresa, el carácter de cesionaria de los derechos litigiosos de la parte actora en el juicio de origen (civil sumario hipotecario, expediente 131/2001, del índice del Juzgado Octavo de lo Civil, de esta ciudad); y, b) el auto de diez de septiembre del mismo año, en el que el Juez natural desestimó el recurso de revocación que interpuso la parte codemandada, aquí recurrente, contra el primero de los proveídos de mérito.

Hechos los anteriores acotamientos, debe sobreseerse en el amparo respecto del proveído de veintiuno de agosto de dos mil tres, que reconoció el carácter de cesionaria a la mencionada empresa, en virtud de que éste cesó en sus efectos por haber sido sustituido procesalmente por el auto posterior de diez de septiembre del citado año, que se dictó a consecuencia del recurso de revocación que interpuso la propia quejosa contra el auto de mérito, pues aun cuando el último proveído hubiese reproducido las consideraciones del primero, la consecuencia directa de un auto de tal naturaleza, es confirmar la resolución impugnada; por lo cual resulta inconcuso que, independientemente del sentido en que el recurso interpuesto sea resuelto, la validez o insubsistencia de la resolución recurrida ya no dependen de ese propio acto, sino de lo resuelto en el recurso que lo combatió, por tanto, la presunta violación de garantías, en todo supuesto, ya no la origina el proveído primigenio, sino el auto emitido en segundo término, de ahí que lo resuelto en aquella resolución ya no puede ser materia de examen en el amparo indirecto cuya sentencia se revisa y, por ende, se actualizó la causal de improcedencia que prevé el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo.

En el mismo sentido se pronunció este Tribunal Colegiado, al resolver las revisiones principales números 312/2001 y 709/2001, en ejecutorias de once de mayo y trece de septiembre del año dos mil uno, recursos promovidos, respectivamente, por Raúl Delgado Jaime y Elvia Xóchitl Mexia.

Tiene aplicación al caso, la tesis de este Tribunal Colegiado, visible en el Tomo VII, mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, página 133, cuyo sumario dice:

"-Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra tal acto se interpone recurso al cual recae nueva resolución, ya que independientemente del sentido en que el recurso interpuesto sea resuelto, la validez o insubsistencia del acto recurrido ya no dependen de ese propio acto, sino de lo resuelto en el recurso que lo combatió que viene a sustituir procesalmente al anterior, bien sea confirmándolo, modificándolo o revocándolo, por lo que sólo son combatibles ya las razones que la autoridad haya tenido para resolver como lo hizo."

QUINTO.-En otro orden de ideas, los agravios transcritos con antelación, en relación con el segundo de los aludidos actos reclamados, son inoperantes, por las razones que se precisarán.

En efecto, el contenido de la resolución impugnada permite constatar que el Juez de Distrito sobreseyó en el amparo porque consideró, sustancialmente, que los actos reclamados -proveídos de veintiuno de agosto de dos mil tres y diez de septiembre del citado año, este último confirmó al anterior al desestimarse la revocación interpuesta contra el mismo y, por ende, reconoció a la empresa Sólida Administradora de Portafolios, Sociedad Anónima de Capital Variable, el carácter de cesionaria de los derechos litigiosos de la actora en dicho procedimiento, la institución de crédito Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple-, no afectan el interés jurídico de la quejosa, en razón de que ésta, como parte codemandada en el juicio natural, al incumplir las obligaciones que contrajo en el contrato fundatorio de apertura de crédito con garantía hipotecaria, asumió la posibilidad de ser condenada a su cumplimiento, aun a favor de un tercero, por mandato judicial y agregó que la cesión de derechos litigiosos en el juicio natural, no afecta la situación jurídica de la ejecutada, en virtud de que la condena impuesta en la sentencia dictada en dicho procedimiento debe cumplirse, ya sea a favor de la actora inicial o, como en el caso, a favor de un tercero adquirente de los derechos, por lo cual determinó que el acto reclamado no afecta, de manera directa el interés jurídico de la peticionaria de garantías; de ahí el a quo federal consideró que, en la especie, se actualizaba la causa de improcedencia que prevé el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo cual concluyó que debería sobreseerse en el juicio de garantías, con apoyo en dicho precepto, en relación con los numerales 4 y 74, fracción III, de la ley de la materia; y, para fundar tales determinaciones, el a quo federal citó las tesis de jurisprudencia y aislada de los rubros: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO." y "REMATES Y ADJUDICACIÓN DE BIENES INMUEBLES EN FAVOR DE BANCOS. EL DEUDOR CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 106, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO QUE LOS AUTORIZA."

Ahora bien, en contrapartida, mediante los agravios que se analizan, la recurrente no combate y menos aún supera las narradas consideraciones del Juez de Distrito, toda vez que sostiene, en esencia, que la resolución impugnada otorga validez a la falta de fundamentación y motivación del acto reclamado, al determinar indebidamente que es ocioso el estudio de fondo del juicio de garantías; también manifiesta que la autoridad responsable estaba obligada a fundar y motivar adecuadamente el acto reclamado al tenor de la jurisprudencia del rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE." y, posteriormente, transcribe literalmente los conceptos de violación que expresó ante el Juez de Distrito.

Es decir, es evidente que, mediante tales manifestaciones, la disconforme sólo pretende evidenciar la presunta ilegalidad de los aludidos actos reclamados, mas no combate en absoluto las referidas consideraciones del juzgador federal, con base en las cuales sobreseyó en el amparo, mismas que por otra parte son suficientes para dar sustento a la resolución impugnada, las cuales, por tanto, deben continuar rigiendo a dicha resolución y, por otra parte, resulta inconcuso que cuando se sobresee en el juicio de amparo, por advertirse la existencia de una causal de improcedencia, como aconteció en la especie, el Juez de Distrito no está obligado a analizar cuestiones atinentes al fondo.

Tienen aplicación al caso, las tesis de jurisprudencia números 568, 509 y 583, visibles en el Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, respectivamente, en las páginas 378, 335 y 388, cuyos sumarios dicen:

"AGRAVIOS, CUANDO SE RECURRE EL SOBRESEIMIENTO.-Los agravios deben estar en relación directa e inmediata con los fundamentos y consideraciones de la resolución combatida, de ahí que cuando se haya sobreseído, el inconforme deberá demostrar la ilegalidad de esa resolución a través de razonamientos jurídicos concretos, salvo que conforme a la ley deba suplirse la deficiencia de la queja, pero si en vez de impugnar el sobreseimiento se limita a alegar cuestiones referentes al fondo del asunto, lo procedente es confirmar el fallo que se revisa.", "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.-No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." y "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES PORQUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.-Son inoperantes los agravios, para los efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino reproducir casi en términos textuales, los conceptos de violación expuestos en su demanda, que ya hayan sido examinados y declarados sin fundamento por el Juez responsable; si no expone argumentación alguna para impugnar la legalidad de la sentencia de dicho Juez, mediante la demostración de violaciones a la ley de fondo o forma, en que incurre tal sentencia, al no reunir los requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para el efecto, deben desecharse y en consecuencia, confirmarse en todas sus partes, el fallo que se hubiere recurrido."

Por consiguiente, ante el resultado de los agravios, y toda vez que este Tribunal Colegiado no advierte la existencia de alguna violación manifiesta de la ley que hubiese dejado en estado de indefensión a la peticionaria de garantías, por lo cual, estuviese obligado a suplir los agravios deficientes, en términos de la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, lo procedente será confirmar la sentencia impugnada.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de amparo número 1283/2003-III-A, promovido por María Fernanda Padilla Diez, contra actos del Juez Octavo de lo Civil de esta ciudad, precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese este expediente.

Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Rodolfo Moreno Ballinas, Gerardo Domínguez, quien fue ponente y José Guadalupe Hernández Torres.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19310-8036023a/acto-reclamado-cesacion-de-sus-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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