REVISIÓN EN AMPARO. LAS CONSIDERACIONES NO IMPUGNADAS DE LA SENTENCIA DEBEN DECLARARSE FIRMES.
AMPARO EN REVISIÓN 1475/2005. MARÍA DEL CONSUELO BUENDÍA RAMÍREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; cuarto transitorio del decreto de reformas a éste, de diez de junio de mil novecientos noventa y nueve; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, emitido el veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que se interpuso contra una sentencia dictada por un Juez de Distrito en el que subsiste el problema de constitucionalidad de una ley federal y no se requiere de la intervención del Pleno de este Alto Tribunal, dado que la resolución que corresponde dictar no entraña la fijación de un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional ni reviste un interés excepcional.
SEGUNDO. En el caso, la sentencia recurrida fue notificada por medio de lista a la parte quejosa el doce de julio de dos mil cinco, la cual surtió efectos al día hábil siguiente, esto es, el trece del propio mes y año, en tanto que el escrito de revisión se presentó el veinticinco de julio siguiente.
Por tanto, si el término de diez días para la interposición del recurso de revisión correspondiente, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, corrió del catorce al veintisiete de julio de dos mil cinco, descontándose los días dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de julio, por corresponder a sábados y domingos, de conformidad con el artículo 23 de la ley de la materia, resulta que la presentación del escrito de revisión fue realizada en tiempo, pues ello ocurrió dentro del cómputo realizado.
TERCERO. Las consideraciones necesarias para resolver el presente asunto son las siguientes:
1. En la demanda de garantías, la parte quejosa hace valer diversos argumentos, mismos que se sintetizan en la parte conducente:
a) En su primer concepto de violación, la quejosa señala que el artículo 1o. A de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, es inconstitucional por violar la garantía de proporcionalidad tributaria, toda vez que no grava el verdadero valor patrimonial del sujeto pasivo, sino que grava un valor ficticio que no guarda relación alguna con la situación particular del causante.
El hecho imponible del impuesto referido lo constituye la tenencia o uso de vehículos, propiedad de los contribuyentes, de lo que resulta que el carácter real y patrimonial de dicho tributo, determina la capacidad económica del contribuyente, pues entre más valor tenga el vehículo, más capacidad económica tendrá entonces el tenedor o usuario del mismo.
Así las cosas, el artículo 1o. A, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, contraviene lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues al tomar en cuenta en la base gravable, como valor total del vehículo, "... el precio de enajenación del fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado, importador, empresas comerciales con registro ante la Secretaría de Economía como empresa para importar autos usados o comerciantes en el ramo de vehículos, según sea el caso, al consumidor, incluyendo el equipo que provenga de fábrica o el que el enajenante le adicione a solicitud del consumidor, incluyendo las contribuciones que se deban pagar con motivo de la importación, a excepción del impuesto al valor agregado."
Por tanto, al seguir considerándose otros impuestos en la base sobre la cual se habrá de aplicar la tarifa que refiere el artículo 5o. de la ley impugnada, tiene como consecuencia que se siga incrementando ficticiamente la base, haciendo que el causante cubra un impuesto excesivo, ya que no guarda relación con el verdadero valor del bien objeto del tributo.
Por otro lado, si bien es cierto los legisladores excluyeron el impuesto al valor agregado para efectos del cálculo y determinación del impuesto sobre tenencia, también lo es que el impuesto sobre automóviles nuevos aún se considera como parte del valor total del vehículo, ello en la inteligencia de que por mandato expreso del último párrafo del artículo 11 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, se integre en el valor de la factura o carta factura. De manera que si la autoridad exactora aplicó el impuesto sobre tenencia respecto del valor registrado en la carta factura y solamente excluyó el impuesto al valor agregado, en consecuencia, el tributo controvertido sigue siendo desproporcionado al calcularse sobre otro gravamen.
b) En el segundo concepto de violación, la quejosa manifiesta que el artículo 15-C de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, es violatorio del artículo 31, fracción IV, constitucional, al transgredir la garantía de proporcionalidad tributaria.
Lo anterior es así, pues la base del tributo sigue siendo la establecida conforme a la fracción II del artículo 1o. A de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, la cual como ha quedado demostrado incluye elementos totalmente ajenos a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos.
c) En el tercer concepto de violación, la quejosa señala que el artículo 15-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos transgrede la garantía de equidad tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
En dicho artículo se establece un procedimiento diferente para determinar el impuesto respecto de aquellos vehículos destinados al servicio público de transporte denominados "taxis", el cual no encuentra justificación alguna, pues el citado impuesto grava la tenencia o uso de vehículos, de tal suerte que no tiene que ver la calidad del sujeto propietario del vehículo, y tampoco la cantidad de ingresos que obtenga el mismo. Por tanto, resulta inequitativo el artículo 15-B de la ley, al obligar al pago de un impuesto mayor al propietario de un vehículo para uso particular, que al que lo destina al servicio público de transporte.
Continúa manifestando la quejosa que el propietario de un vehículo denominado "taxi" tiene mayor porcentaje de depreciación, que el propietario de un vehículo de uso particular, lo cual incide directamente en la determinación y cálculo del tributo.
Lo anterior significa un trato desigual respecto de los contribuyentes anteriores que no encuentra justificación, ya que dependiendo del uso o destino que los propietarios de vehículos destinados al servicio particular les den a los mismos, depende el menoscabo del vehículo, sin que el hecho de que un vehículo sea taxi implique necesariamente un mayor desgaste del mismo. Por tanto, es evidente que el legislador otorga un trato desigual a sujetos iguales, violando, en consecuencia, la garantía de equidad tributaria.
Por otro lado, señala la quejosa, que de un análisis de los artículos 5o., fracción IV y 15-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, se puede advertir que ambos establecen la forma de determinar el impuesto respecto de vehículos destinados al transporte de más de quince pasajeros, vehículos con placas del servicio público de transporte de personas y taxis.
Por tanto, el propietario de un vehículo nuevo destinado a "taxi", tiene la posibilidad de elegir cómo determinar su impuesto, ya que puede apegarse al artículo 5o., fracción IV, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, o bien, adherirse al artículo 15-B del mismo ordenamiento.
En el primer caso, el contribuyente pagará un impuesto a una tasa mínima; en cambio, en el segundo el contribuyente no pagará el impuesto, pues el procedimiento establecido en el artículo 15-B, presupone o exige la actualización del impuesto pagado el año anterior.
Por tanto, un vehículo nuevo tendrá como impuesto pagado el año anterior, la cantidad de cero pesos, pues no pagó impuesto y sobre esos cero pesos se aplicará el procedimiento de actualización que al final dará la misma cantidad como pago de tenencia.
Entonces, si a quienes representan una capacidad contributiva mucho mayor por tener un vehículo nuevo, se les permite o se les da la opción de no pagar, es discriminatorio y desproporcionado que se obligue a pagar el impuesto por un vehículo usado, cuando el sistema tributario del impuesto sobre tenencia, no respeta a los principios de justicia tributaria, pues a quienes tienen un vehículo nuevo denominado "taxi" se les permite quedar exentos del pago y a quienes tienen vehículos usados se les obliga a pagar el impuesto.
d) En el cuarto concepto de violación, la quejosa señala que los artículos 5o., fracción V y 15-C de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, viola la garantía de equidad tributaria, pues de los mismos se desprende que quienes tienen vehículos con diez años de antigüedad no están obligados a causar el impuesto sobre tenencia y tampoco calcularlo conforme a la tasa del cero por ciento.
Lo anterior quiere decir que la ley otorga un trato desigual a los sujetos del impuesto, pues a quienes tienen un vehículo de hasta nueve años de antigüedad se les obliga a pagar el impuesto.
2. Ahora bien, las consideraciones que tuvo el Juez de Distrito para negar el amparo son del tenor siguiente:
a) Respecto del acto reclamado al secretario de Hacienda y Crédito Público, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías, toda vez que la quejosa no desvirtuó la negativa de la existencia del acto que se le reclamó a dicha autoridad.
b) Por otro lado, los conceptos de violación por medio de los cuales la quejosa reclama la inconstitucionalidad de los artículos 5o. y 15-C de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, devienen inoperantes.
Lo anterior es así, toda vez que respecto de tales preceptos ya existe criterio jurisprudencial sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, se procede a su aplicación por igualdad de razón.
En efecto, la Primera Sala del Máximo Tribunal determinó que el artículo 5o., fracción I, entre otros, de la citada ley, no contraviene los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, como así queda de manifiesto en la siguiente tesis de jurisprudencia:
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIX, abril de 2004
"Tesis: 1a./J. 20/2004
"Página: 399
"TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. LOS ARTÍCULOS 5o., FRACCIÓN I Y 15-C DE LA LEY QUE REGULA EL IMPUESTO RELATIVO, NO TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2003). Al establecer los artículos mencionados, reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002, las bases para calcular el impuesto relativo, respecto de automóviles de fabricación nacional o importados, de modelos hasta nueve años anteriores al de aplicación de la propia ley, destinados al transporte de hasta quince pasajeros, precisando que el valor del automóvil señalado en la factura original o carta factura se multiplicará por el factor de depreciación, de acuerdo al año y modelo del vehículo, de conformidad con la tabla que establece el artículo 15-C de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y la cantidad que se obtenga de tal operación, por el factor de actualización; y que al monto resultante se le aplicará la tarifa a que hace referencia el artículo 5o. de la ley citada, no transgreden los principios de proporcionalidad y equidad tributarias establecidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así porque el indicado artículo 5o., al cual remite el diverso 15-C, establece una tarifa para el pago del impuesto con base en una estructura de rangos, una cuota fija y una tasa que deberá aplicarse sobre el excedente del límite inferior, y si bien en esa estructura el aumento en una unidad del parámetro de medición de la base gravable origina un cambio de rango al rebasar su límite superior, no eleva de manera desproporcional o inequitativa el monto de la contribución a pagar respecto de la indicada en el renglón anterior, pues si los contribuyentes rebasan el límite superior de un rango y quedan comprendidos en el siguiente, los preceptos legales señalan una cuota a aplicar entre un límite y otro, en atención al porcentaje excedente del límite inferior, lo que refleja la capacidad contributiva real del sujeto obligado. Esto es, si bien se establece un límite inferior y uno superior entre los cuales deberá ubicarse la base gravable, también la tasa no se aplica a ésta en su totalidad, sino sólo a la porción excedente al límite inferior de cada rango."
Igualmente cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 140/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XX, octubre de 2004
"Tesis: 2a./J. 140/2004
"Página: 443
"TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER UN TRATO DIFERENCIADO PARA SU PAGO RESPECTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2003). La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que no toda desigualdad de trato establecida en la ley supone una violación al principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias, sin que para ello exista justificación objetiva y razonable. En ese sentido, el artículo 5o., fracción I, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos no transgrede el citado principio constitucional al otorgar un trato diferenciado a los propietarios de vehículos blindados, consistente en que para el cálculo del impuesto relativo, la tarifa en él precisada se debe aplicar sobre el valor total del vehículo, sin incluir el valor del material utilizado para el blindaje, en virtud de que esa distinción obedece a que el legislador buscó, según se advierte de la exposición de motivos de 10 de noviembre de 1997, ampliar las alternativas de seguridad de los vehículos, por lo que al existir razones objetivas que justifican ese trato diferenciado, el precepto referido no transgrede el principio constitucional aludido."
Señala entonces el Juez de Distrito, que al haber resultado inoperantes los conceptos de violación aducidos por la quejosa, lo procedente es, en relación con los artículos 5o., fracción I y 15-C de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, negar el amparo y protección de la Justicia Federal.
c) Por otro lado, en relación con el primer concepto de violación formulado por la quejosa, el a quo resuelve declararlo inoperante, en virtud de que el Pleno del Máximo Tribunal estableció que del artículo 1o. A de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, se advierte que la base de dicho impuesto se integra por el precio de su enajenación, incluyendo el equipo opcional, común o de lujo, el impuesto al valor agregado y las demás contribuciones que deban cubrirse por su enajenación o importación, sin disminuir el monto de descuentos, rebajas o bonificaciones.
Ahora bien, si se toma en cuenta que el objeto del impuesto es gravar la tenencia o uso de vehículos, es indudable que el hecho de que el artículo 1o. A de la ley de referencia, considere dentro de la base para su cálculo el impuesto al valor agregado y las demás contribuciones, no transgrede el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, constitucional, en virtud de que estos elementos, al formar parte del precio reflejado en la factura, son indicativos de la capacidad económica del contribuyente.
Entonces, si sobre el tema relativo ya existe criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, se procede a aplicarlo.
En efecto, el Pleno del Máximo Tribunal determinó que el artículo 1o. A de la ley impugnada, no transgrede el principio de proporcionalidad tributaria, criterio que quedó asentado en la siguiente tesis de jurisprudencia:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXI, mayo de 2005
"Tesis: P./J. 25/2005
"Página: 6
"TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 1o. A, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL INCLUIR EN LA BASE PARA SU CÁLCULO LAS CONTRIBUCIONES QUE PRECISA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN LOS AÑOS 2002, 2003 Y 2004). Del precepto citado se advierte que la base del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos se integra por el precio de su enajenación, incluyendo el equipo opcional común o de lujo, el impuesto al valor agregado y las demás contribuciones que deban cubrirse por su enajenación o importación, sin disminuir el monto de descuentos, rebajas o bonificaciones. Ahora bien, si se toma en cuenta que el objeto del impuesto es gravar la tenencia o uso de vehículos, es indudable que el hecho de que el artículo 1o. A, fracción II, de la ley de referencia considere dentro de la base para su cálculo el impuesto al valor agregado y las demás contribuciones, no transgrede el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que estos elementos, al formar parte del precio reflejado en la factura, son indicativos de la capacidad económica del contribuyente."
En vista del contenido de la jurisprudencia sobre el tema, el Juez Federal consideró que lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicita respecto del artículo 1o. A de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos vigente para el año dos mil cinco.
3. Por otro lado, a través del escrito en el que consta el recurso de revisión, la quejosa hace valer en su único agravio, lo siguiente:
a) Que el a quo viola en perjuicio de la quejosa lo dispuesto por los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, al no pronunciarse respecto del cuarto concepto de violación hecho valer, en el sentido de que los artículos 5o., fracción V y 15-C de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos son inequitativos, toda vez que el legislador omite gravar a los vehículos con exactamente diez años de antigüedad sin justificación alguna.
b) En su lugar, el Juez del conocimiento se concretó a desestimar el agravio vertido, porque a su muy equivocado punto de vista el concepto de violación era inoperante, pues en relación con los artículos 5o. y 15-C de la ley reclamada, ya existe criterio jurisprudencial sustentado por esta Primera Sala que resulta aplicable al caso concreto. Sin embargo, tales criterios, señala la quejosa, no resultan ni remotamente aplicables considerando que la situación planteada es diversa a la resuelta en las jurisprudencias erróneamente aplicadas.
c) Clarificando las cosas, si se analiza el artículo 15-C, conjuntamente con la fracción V del artículo 5o., ambos de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, podremos concluir que el legislador estableció una tabla de depreciación que comprende los vehículos usados con antigüedad de uno a nueve años, es decir, que en el presente ejercicio dos mil cinco, sólo se comprenden los vehículos cuyos modelos son dos mil cuatro a mil novecientos noventa y seis, por encontrarse dentro del rango de nueve años de antigüedad, pero los vehículos modelo mil novecientos noventa y cinco no se encuentran comprendidos, pues éstos no fueron contemplados por el legislador, situación que la a quo no resolvió y que constituye la violación argumentada por la impetrante de garantías.
4. En respuesta al recurso de revisión interpuesto por la impetrante de garantías, el Tribunal Colegiado consideró lo siguiente:
a) No es materia de la revisión el resolutivo primero de la sentencia recurrida, relativo al sobreseimiento del juicio en lo que respecta a los actos reclamados al secretario de Hacienda y Crédito Público, consistentes en la aplicación del decreto legislativo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en específico los artículos 1o.-A, fracción II, 5o. y 15-C, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de diciembre de dos mil cuatro.
Lo anterior, con fundamento en la jurisprudencia emitida por la anterior Tercera Sala de este Máximo Tribunal, cuyo rubro es: "REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES."
b) Al no existir precedente en torno a los artículos reclamados de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigentes a partir del primero de enero de dos mil cinco, lo procedente es remitir los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
No escapan al Tribunal Colegiado del conocimiento los criterios jurisprudenciales utilizados por el Juez de primera instancia para resolver en la forma en que lo hizo, toda vez que independientemente que de sus textos se advierte la constitucionalidad de los artículos en ellos contenidos (vigentes en dos mil tres y dos mil cuatro), lo cierto es que los artículos que se declaran constitucionales en dichos criterios sufrieron reformas para el ejercicio fiscal de dos mil cinco.
c) Por lo que hace a los agravios hechos valer por el quejoso, en los que medularmente alega la incongruencia en el dictado de la sentencia al referir que no se analizó la fracción V del artículo 5o. de la ley reclamada, en relación con el diverso 15-C del mismo ordenamiento, siendo lo que impugnó en la demanda de garantías, es de señalarse que independientemente de lo fundado que pudiera resultar dicho agravio, lo cierto es que ello implica analizar el fondo del asunto, de lo cual el Tribunal Colegiado se declaró incompetente para conocer y remite a este Máximo Tribunal, máxime que sobre los motivos de inconformidad señalados no existe pronunciamiento respectivo.
CUARTO.-De lo anteriormente expuesto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que la litis en el presente asunto se constriñe a determinar si los artículos 5o., fracción V y 15-C de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos vigente en dos mil cinco, son violatorios de la garantía de equidad tributaria, tutelada por la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La impetrante de garantías señala en su agravio, en esencia, que el a quo omitió pronunciarse respecto del cuarto concepto de violación hecho valer en la demanda de garantías, en el sentido de que los artículos 5o., fracción V y 15-C de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos son inequitativos, toda vez que el legislador omite gravar a los vehículos con exactamente diez años de antigüedad sin justificación alguna.
Por su parte, el Juez del conocimiento señala a fojas veintitrés a veintiocho de su sentencia, que los conceptos de violación en los que se reclaman los artículos 5o. y 15-C de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, devienen inoperantes, al existir criterios jurisprudenciales sustentados por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dan respuesta integral al problema de fondo planteado en los conceptos de violación identificados como segundo y cuarto, cuyos rubros son: "TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. LOS ARTÍCULOS 5o., FRACCIÓN I Y 15-C DE LA LEY QUE REGULA EL IMPUESTO RELATIVO, NO TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2003)." y "TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER UN TRATO DIFERENCIADO PARA SU PAGO RESPECTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2003).", respectivamente.
De los anteriores criterios jurisprudenciales se desprende lo siguiente:
a) La tarifa contenida en el artículo 5o. al cual remite el artículo 15-C de la ley en análisis, no transgrede los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, al establecerse con estructura de rangos, una cuota fija y una tasa que se aplica sobre el excedente del límite inferior, y si bien en esa estructura el aumento en una unidad del parámetro de medición de la base gravable origina un cambio de rango al rebasar su límite superior, no eleva de manera desproporcional o inequitativa el monto de la contribución.
b) La fracción I del artículo 5o. de la ley, no transgrede el principio de equidad tributaria, pues el trato diferenciado que otorga a los propietarios de automóviles blindados se encuentra justificado, en atención a que el legislador pretendió al momento de incluir dicho supuesto, ampliar las alternativas de seguridad de los vehículos.
Como se puede apreciar de las tesis de jurisprudencia transcritas, en ningún momento el Juez de Distrito responde puntualmente lo solicitado por la quejosa, respecto de la inconstitucionalidad de los artículos 5o., fracción V y 15-C de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo, toda vez que a consideración de la misma los propietarios de vehículos con una antigüedad de diez años, es decir, aquellos modelo mil novecientos noventa y cinco, no se encuentran comprendidos dentro de las hipótesis de causación del impuesto ni aun bajo la tasa del cero por ciento a que se refiere el primero de los numerales citados, mientras que los propietarios de vehículos nuevos y hasta con una antigüedad de nueve años sí están obligados a pagar el impuesto, lo que genera, a su juicio, un trato inequititativo y, por consiguiente, violatorio del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
Bajo esa tesitura, le asiste la razón a la hoy recurrente en el sentido de que el Juez de Distrito omitió pronunciarse respecto de lo solicitado, razón por la cual el presente agravio resulta fundado. En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, al haberse otorgado tal calificativo al agravio en estudio, lo procedente es abocarse únicamente al análisis del cuarto concepto de violación, por medio del cual la quejosa alega la inconstitucionalidad de los artículos 5o., fracción V y 15-C de la citada ley, con base en las consideraciones antes señaladas.
Es preciso señalar que solamente se realizará el análisis del cuarto concepto de violación formulado por la hoy recurrente, toda vez que respecto de las demás consideraciones del a quo, a través de las cuales declaró la inoperancia del resto de los motivos de inconformidad planteados en la demanda de garantías, la quejosa no formuló agravio alguno, razón por la cual tales consideraciones deben declararse firmes.
Al respecto, resulta aplicable por igualdad de razón, el criterio sustentado por este Alto Tribunal, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente:
"Octava Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: VII, marzo de 1991
"Tesis: 3a./J. 7/91
"Página: 60
"REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES.-Cuando algún resolutivo de la sentencia impugnada afecta a la recurrente, y ésta no expresa agravio en contra de las consideraciones que le sirven de base, dicho resolutivo debe declararse firme. Esto es, en el caso referido, no obstante que la materia de la revisión comprende a todos los resolutivos que afectan a la recurrente, deben declararse firmes aquellos en contra de los cuales no se formuló agravio y dicha declaración de firmeza debe reflejarse en la parte considerativa y en los resolutivos debe confirmarse la sentencia recurrida en la parte correspondiente."
Ahora bien, el concepto de violación a que se hizo referencia, en síntesis, establece lo siguiente:
• Que los artículos 5o., fracción V y 15-C de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, violan la garantía de equidad tributaria, pues de los mismos se desprende que quienes tienen vehículos con diez años de antigüedad no están obligados a causar el impuesto sobre tenencia y tampoco calcularlo conforme a la tasa del cero por ciento.
• Que lo anterior quiere decir que la ley otorga un trato desigual a los sujetos del impuesto, pues a quienes tienen un vehículo de hasta nueve años de antigüedad se les obliga a pagar el impuesto.
A efecto de desentrañar el anterior planteamiento de inconstitucionalidad, conviene transcribir los artículos de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos involucrados.
"Artículo 5o. Tratándose de automóviles, omnibuses, camiones y tractores no agrícolas tipo quinta rueda, el impuesto se calculará como a continuación se indica:
"I. En el caso de automóviles nuevos, destinados al transporte hasta de quince pasajeros, el impuesto será la cantidad que resulte de aplicar al valor total del vehículo, la siguiente:
Ver tarifa
"...
"V. Tratándose de automóviles de más de diez años modelo anteriores al de aplicación de esta ley, el impuesto se pagará a la tasa del 0%. ..."
"Artículo 15-C. Tratándose de automóviles de fabricación nacional o importados, de hasta nueve años modelo anteriores al de aplicación de esta ley, destinados al transporte de hasta quince pasajeros, el impuesto será el que resulte de aplicar el procedimiento siguiente:
"a) El valor total del automóvil se multiplicará por el factor de depreciación, de acuerdo al año modelo del
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19700-3d992a1c/revision-en-amparo-las-consideraciones-no-impugnadas-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, AL DEJAR A VOLUNTAD DE LA AUTORIDAD EXACTORA LA DEFINICIÓN Y DETERMINACIÓN DE L (AMPARO EN REVISIÓN)
- TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL HECHO DE QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS CON MOTIVO DEL PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE ES FEDERAL, SE DESTINEN A CUBRIR EL GASTO PÚBLICO DE LOS ESTADOS (AMPARO EN REVISIÓN)
- TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 14-B DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER QUE LOS AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS SE GRAVAN CON LA CANTIDAD QUE RESULTE DE MULTIPLICAR SU (AMPARO EN REVISIÓN)
- ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. (AMPARO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- AMPARO. (s/clave)
- AMPARO, JUICIO DE. (s/clave)
- CONSIDERANDOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. (s/clave)
- AMPARO ADMINISTRATIVO. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis