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Modo: Corpus Pro

LEYES QUE SOLO RIGEN PARA UN MUNICIPIO. ES COMPETENTE EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION PARA CONOCER DE LOS AMPAROS EN REVISION EN LOS QUE SE RECLAMA SU INCONSTITUCIONALIDAD, Y SUBSISTE EL PROBLEMA EN SEGUNDA INSTANCIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1955/91. · Registro digital (IUS): 222
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DANIELA LOPEZ VARGAS Y OTRA.
Localización: Octava Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Septiembre de 1992, , Pág. 40.

AMPARO EN REVISION 1955/91. DANIELA LOPEZ VARGAS Y OTRA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 84, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo y 11 fracción V, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se reclamó la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco en sus artículos 112, 113, 114, 115 y 116, publicada el diecinueve de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, y la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y uno, concretamente en cuanto a su artículo 35, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa, subsistiendo en el recurso el problema de inconstitucionalidad planteado. No es obstáculo que en el caso se trate de una ley municipal, pues al respecto este Tribunal Pleno estableció la tesis número XLI/91, aprobada por unanimidad de 19 votos en sesión privada del 20 de agosto de 1991, que a continuación se transcribe:

"LEYES QUE SOLO RIGEN PARA UN MUNICIPIO. ES COMPETENTE EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION PARA CONOCER DE LOS AMPAROS EN REVISION EN LOS QUE SE RECLAMA SU INCONSTITUCIONALIDAD Y SUBSISTE EL PROBLEMA EN SEGUNDA INSTANCIA.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, fracción V, inciso A) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conocer en Pleno del recurso de revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito, cuando subsiste en segunda instancia el problema de constitucionalidad, si en la demanda de amparo se hubiese impugnado una ley federal o local o un tratado internacional, por estimarse directamente violatorio de la Constitución. Ahora bien, tratándose de leyes cuyo ámbito territorial de validez se encuentra circunscrito a un Municipio, debe entenderse que se trata de normas generales, abstractas e impersonales provenientes de la Legislatura de la entidad federativa correspondiente y, por ello, se surte la competencia del Pleno en este Alto Tribunal para conocer de su inconstitucionalidad sin que sea obstáculo para lo anterior el hecho de que sólo rijan para un Municipio de la entidad respectiva, ya que ello no les priva de su carácter de leyes locales. En efecto, cuando la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señala 'ley local o federal' se refiere a cualquier norma con las características enunciadas cuyo ámbito territorial de validez sea toda la República o parte de ella, y en este segundo caso, no hace distinción entre aquellas que operan en todo el territorio de un Estado o sólo en parte de él, como pudiera serlo las llamadas 'leyes municipales' con tal de que provengan del Poder Legislativo."

En este mismo sentido se pronunció este Tribunal Pleno al resolver los amparos en revisión 4635/83, 5314/90 y 1916/91.

SEGUNDO.-La sentencia recurrida se apoya en las consideraciones que a continuación se transcriben:

"I. Las autoridades señaladas como responsables Congreso Local, gobernador constitucional y secretario general de Gobierno, todos del Estado de Jalisco, al rendir sus informes con justificación (fojas 16, 45 y 36) reconocen la certeza de los actos que les reclaman, pues así se desprende del contenido de los mismos. Y la diversa autoridad responsable Secretario de Finanzas del Estado de Jalisco, al emitir su informe justificado (foja 30), ni niega ni afirma el acto que se le atribuye, pues así se advierte de éste. II. Este Juzgado de Distrito no se ocupará de transcribir y analizar los conceptos de violación expuestos por los quejosos en su libelo constitucional, toda vez que oficiosamente se advierte en el caso concreto la presencia de una causal de improcedencia, cuyo estudio, por ser una cuestión de orden público en el juicio constitucional, debe efectuarse de manera preferente, conforme al criterio jurisprudencial número 940, consultable en la página 1538 de la Segunda Parte del Apéndice relativo al Semanario Judicial de la Federación, editado en el año de 1988, epígrafe: 'IMPROCEDENCIA.'. En efecto, de los antecedentes de la demanda de garantías, se desprende que con fecha veintinueve de junio de mil novecientos noventa y uno los quejosos en su carácter de titulares de la patria potestad de sus hijas de nombres Daniela y María Soledad, ambas de apellidos López Vargas, solicitaron autorización judicial para la venta de un inmueble propiedad de las menores, marcado con los números 163-A, 165 y 167 de la calle Antonio Rosales del Sector Reforma en esta ciudad; acto jurídico que se materializó en la escritura número 495, pasada ante la fe del notario público Número 34 de esta municipalidad, licenciado Antonio García Medina; dicha escritura se firmó y autorizó el veintinueve de junio del año en curso, fecha en la que se perfeccionó el instrumento público que a juicio de los promoventes del amparo constituye el primer acto concreto de aplicación de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, publicada en el 'Periódico Oficial del Estado de Jalisco' el tres de abril de mil novecientos ochenta y cuatro, y de la Ley de Ingresos para el Municipio de Guadalajara, Jalisco vigente a partir del primero de enero del presente año; que se tildan de inconstitucionales en lo referente a los artículos 112, 113, 114, 115 y 116 del primero de dichos ordenamientos legales; y al numeral 35 de la otra legislación fiscal, preceptos que establecen y regulan el sujeto, objeto, base y tasa del impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Ahora bien, debe convenirse en que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, toda vez que de la escritura número 495 del veintiocho de junio de mil novecientos noventa y uno pasada ante la fe del notario público Número 34 de esta municipalidad, en la cual se contiene el contrato de compraventa del inmueble a que se hace referencia, en su cláusula sexta se estipula que: 'Los gastos de la presente escritura son por cuenta de la parte compradora'. Del claro texto de la cláusula sexta transcrita se infiere que a la esfera jurídica de los directamente quejosos no se le irroga perjuicio alguno con el acto de aplicación de los ordenamientos legales impugnados, debido a que por voluntad de las partes contratantes se estipuló que todos aquellos gastos que se deriven de dicho contrato, incluyendo el pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, desde luego, corren a cargo del adquirente (excepción hecha el pago del impuesto sobre la renta, en razón de así haberse pactado expresamente en la cláusula quinta de ese acto contractual, que corresponde a la vendedora hoy quejosa); de ahí que resulte incuestionable que la agraviada al no demostrar ser sujeto de las normas cuya inconstitucionalidad combate, ello permite concluir que, como ya se dijo, tampoco acredita lesión alguna en sus intereses jurídicos y deba, por ende, actualizarse la causal de improcedencia en que este fallo se sustenta y decretarse el sobreseimiento en el juicio de garantías de conformidad con la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias números 95 y 96 publicadas en las páginas 179 y 182 de la Primera Parte del más reciente Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: 'INTERES JURIDICO. AMPARO CONTRA LEYES.-Si se reclamó la aplicación de una ley y ello no se demostró, la sola promulgación no afecta los intereses jurídicos del quejoso.' e 'INTERES JURIDICO, COMPROBACION DEL.-Los sujetos que se consideren afectados por la ley que se impugna de inconstitucional, para comprobar su interés jurídico en el juicio de amparo, combatiéndola por esa causa, deben demostrar que están bajo los supuestos de la ley. La comprobación se puede hacer por cualquiera de los medios de prueba previstos en las leyes; y si no existe ninguna que demuestre que los quejosos estén bajo los supuestos de la ley, debe sobreseerse el juicio de amparo.'. A mayor abundamiento, en el caso concreto también se actualiza la diversa causa de improcedencia a que se refiere la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, puesto que con fecha veintinueve de junio de mil novecientos noventa y uno, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el decreto número 14235, en que la referida Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, sufrió reformas, derogaciones y adiciones a diversas disposiciones; y se modificaron algunos artículos de las leyes de ingresos para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y uno de los Municipios, en especial en el numeral 35 de este último ordenamiento referente al impuesto sobre transmisiones patrimoniales, el cual quedó con el texto siguiente: 'Art. 35. Este impuesto se causará y pagará aplicando la tasa del 8% de conformidad con lo previsto en el capítulo correspondiente de la Ley de Hacienda Municipal'; en consecuencia, al entrar en vigor el primero de julio de mil novecientos noventa y uno, una reforma que favorece los intereses de los quejosos, supuesto que se redujo la tasa de un 10% impugnada, por la de un 8%, es claro que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado, vigente en la fecha de la celebración del contrato de compraventa relativo, en que se aplicó la tasa anterior, todo lo cual obliga a decretar el sobreseimiento en el juicio con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Por las razones que la informan, tiene aplicación en el caso la tesis jurisprudencial número 110, visible en la página 203 de la Primera Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente al año de mil novecientos ochenta y ocho, que dice: 'LEY DEROGADA. ESTUDIO IMPROCEDENTE DE SU CONSTITUCIONALIDAD SIN ACTO CONCRETO DE APLICACION.-Si la ley combatida ha sido derogada, sus efectos han cesado. Y aunque se señalen en la demanda actos de aplicación, si estos no se refieren a un caso concreto y específico en que el quejoso resulte perjudicado, sino que la aplicación se <<relacione a una prohibición in generis>>, esta situación prevalece durante la vigencia de la ley, pero resulta ya de imposible modificación de estudiarse el fondo del negocio y de concederse en su caso el amparo y protección de la Justicia Federal, que ningún efecto puede, en estas condiciones, surtir sobre el pasado. Por tanto, con fundamento en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio es improcedente y debe sobreseerse con apoyo además en la fracción III del artículo 74 del mismo ordenamiento antes citado.'"

TERCERO.-La recurrente planteó los siguientes agravios:

"PRIMERO.-El a quo sobresee el juicio de garantías toda vez que considera que los actos reclamados no causan perjuicio o no se acreditó que así lo hicieran a los quejosos. La autoridad dice textualmente: Ahora bien, debe convenirse en que la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, toda vez que de la escritura número 495 (...) que contiene el contrato de compraventa del inmueble a que se hace referencia, en su cláusula sexta se estipula que: 'Los gastos de la presente escritura son por cuenta de la parte compradora'. Del claro texto de la cláusula transcrita se infiere que a la esfera jurídica de los directamente quejosos no se le irroga perjuicio alguno con el acto de aplicación de los ordenamientos legales impugnados, debido a que por voluntad de las partes contratantes se estipuló que todos aquellos gastos que se deriven de dicho contrato, incluyendo el pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales desde luego, corren a cargo del adquirente (excepción hecha del pago del impuesto sobre la renta, en razón de así haberse pactado expresamente en la cláusula quinta de ese acto contractual, que corresponde a la vendedora hoy quejosa); de ahí que resulte incuestionable que la agraviada al no demostrar ser sujeto de las normas cuya inconstitucionalidad combate, ello permite concluir que, como ya se dijo, tampoco acredita lesión alguna en sus intereses jurídicos y deba, por ende, actualizarse la causal de improcedencia en que este fallo se sustenta y decretarse el sobreseimiento en el juicio de garantías de conformidad con la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo. DESVIRTUAMIENTOS: a) Es evidente el error de derecho en el que se encuentra el a quo, pues la obligación fiscal no tiene como fuente un contrato entre particulares, sino la propia ley, y no es dable a los particulares transmitirse las deudas de carácter fiscal, es decir, la cesión de deudas de naturaleza fiscal no se encuentra ni siquiera por la materia civil mucho menos por la materia fiscal al alcance de la negociación de los particulares. Si bien es cierto la cláusula sexta del contrato con el que demostró el primer acto de aplicación de las normas impugnadas dice que los gastos de la escritura serían por cuenta de la parte compradora, eso, si acaso, tiene efectos exclusivamente entre los particulares que otorgaron el acto, pero no los exime de las obligaciones que les impone la ley fiscal respecto a quiénes son los obligados al pago del impuesto. A tal efecto transcribo los artículos conducentes de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, que señala quiénes son sujetos de impuesto, de obligaciones fiscales, y, específicamente, quiénes los son del impuesto sobre transmisiones patrimoniales; Art. 29. Sujeto pasivo de un crédito fiscal es la persona física o moral que, de acuerdo con las leyes, está obligada al pago de una prestación determinada al fisco municipal. Art. 30. Son responsables solidarios: IX. Respecto del pago de créditos fiscales derivados de la propiedad o posesión de bienes inmuebles, o de operaciones de cualquier naturaleza relativas a los mismos: a) El deudor, el transmitente, el adquirente o el comisionista, según el caso. En los casos de responsabilidad solidaria, los responsables quedan obligados a cubrir la totalidad de los créditos fiscales y, por tanto, el fisco puede exigir de cualquiera de ellos, simultánea o separadamente, el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Art. 112. Es objeto de este impuesto (N.T. del impuesto sobre transmisiones patrimoniales), la transmisión o adquisición de la propiedad o de derechos de copropiedad de bienes inmuebles, por cualquier acto o contrato, ya sea que comprendan suelo, o el suelo y las construcciones adheridas a él, siempre que se ubique en el territorio de los Municipios que comprende el Estado. Art. 113. Son sujetos de este impuesto (N.T. impuesto sobre transmisiones patrimoniales) las personas que realicen cualquiera de los supuestos señalados en el artículo anterior. De los artículos transcritos es por demás evidente que ambas partes transmitente y adquirente se encuentran obligadas solidariamente con el fisco municipal al pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, y por tanto precisamente de la ley, o sea, de las disposiciones legales, se desprende que la parte quejosa sí acreditó ser sujeto de las normas combatidas, contrariamente a lo que de manera expresa dice el a quo: 'que resulte incuestionable que la agraviada al no demostrar ser sujeto de las normas cuya inconstitucionalidad combate', lo que denota de por sí incongruencia con lo dispuesto por el ordenamiento jurídico elucidado. Cabe mencionar, que al menos del conocimiento del suscrito, no hay disposición alguna en las leyes fiscales municipales, estatales o federales, que eximan a un contribuyente del pago de un impuesto por un simple acuerdo entre particulares, de manera que tuviera como consecuencia, la extinción de la obligación fiscal al sujeto transmitente inherente, y la transmisión de la misma al sujeto asuntor de la deuda fiscal. De lo que se desprende que las disposiciones legales no se encuentran sujetas a convenciones entre particulares, pues son de orden público, y la autoridad fiscal tiene expeditas sus facultades para exigir el pago de los créditos a su favor de las personas que son responsables de su pago; sin que tenga relevancia para la misma autoridad fiscal que alguna otra esfera jurídica haya asumido la totalidad de la responsabilidad del pago de dicho crédito fiscal, pues eso, si acaso, amplía las posibilidades de cobro, pero nunca las restringe. De lo dicho anteriormente, creo haber demostrado que la parte quejosa SI acreditó su interés jurídico en el presente procedimiento, precisamente al haber demostrado que se adecuó a la hipótesis de ley mediante el primer acto de aplicación de la misma, y en lógica consecuencia, al haber demostrado su interés jurídico acreditó también que los actos reclamados le causan perjuicio personal y directo. b) El a quo, en forma arbitraria, infiere que los efectos de la cláusula sexta del contrato de compraventa por el que se demostró el primer acto de aplicación, que arroja los gastos de la escritura a la parte adquirente, tienen por efecto transmitir las obligaciones fiscales entre las partes, como si eso fuera legítimo. Debe desestimarse su argumento por antijurídico. Ya que como demostré en el punto anterior tanto transmitente como adquirente de la propiedad en la causación del impuesto, se encuentran obligados al pago del impuesto, y no se entiende extensivamente, como lo hace el a quo, que tales gastos a que se comprometió pagar la parte adquirente incluyan los impuestos. El a quo al considerarlo así, interpretó extensiva en forma indebida y antijurídicamente los efectos de valoración de prueba allegada al proceso. c) El a quo considera que no acredita la parte quejosa lesión alguna en sus intereses jurídicos. Esta consideración está fundada en la supuesta asunción de deuda fiscal que según el a quo hizo la parte adquirente en el contrato acompañado como prueba del primer acto de aplicación de la ley impugnada, y como la parte quejosa es la transmitente, la cognoscente argumentó que la quejosa no se encontraba ya obligada al pago pues, repito, la otra parte en el contrato había asumido la deuda fiscal, y que por tanto no estando ya obligada al pago, no le irrogaban perjuicios los actos reclamados. He demostrado que sigue estando la quejosa obligada al pago, por lo que sí se resienten sus intereses jurídicos, es decir, existe lesión. Por lo que la causal de improcedencia aludida por el a quo es inaplicable al caso. SEGUNDO.-El a quo sobresee el juicio constitucional, porque, a su juicio, los efectos del acto reclamado cesaron, esto es, transcribo la parte conducente de su sentencia: '... A mayor abundamiento, en el caso concreto también se actualiza la diversa causa de improcedencia a que se refiere la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, puesto que con fecha veintinueve de junio de mil novecientos noventa y uno, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el decreto número 14235, en que la referida Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, sufrió reformas, derogaciones y adiciones a diversas disposiciones y se modificaron algunos artículos de las leyes de ingresos para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y uno de los Municipios, en especial en el numeral 35 de este último ordenamiento, referente al impuesto sobre transmisiones patrimoniales, el cual quedó del texto siguiente: <<Art. 35. Este impuesto se causará y pagará aplicando la tasa del 8% de conformidad con lo previsto en el capítulo correspondiente de la Ley de Hacienda Municipal>>; en consecuencia, al entrar en vigor el primero de julio de mil novecientos noventa y uno, una reforma que favorece los intereses de los quejosos, supuesto que se redujo la tasa de un 10% impugnada por la de un 8%, es claro que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado, vigente en la fecha de la celebración del contrato de compraventa relativo, en que se aplicó la tasa anterior, todo lo cual obliga a decretar el sobreseimiento con apoyo en el artículo 74 fracción III de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Por las razones que la informan, tiene aplicación en el caso la tesis jurisprudencial número 110, visible en la página 203 de la Primera Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente al año de mil novecientos ochenta y ocho, que dice: <<LEY DEROGADA. ESTUDIO IMPROCEDENTE DE SU CONSTITUCIONALIDAD SIN ACTO CONCRETO DE APLICACION.>>'. (Se transcribe). DESVIRTUAMIENTOS: a) Es del todo erróneo considerar, como lo hace el Juez de Distrito, que los efectos del acto reclamado hayan cesado. Las leyes vigentes a un acto son aquellas que lo fueron cuando éste se realizó, cuando el supuesto previsto en la ley se actualizó. En el caso en nada me beneficia (a mi representado) el hecho de que se haya modificado la tasa con que se regulaba el impuesto impugnado; más bien, es un reconocimiento tácito de las autoridades responsables de la gravosa y desproporcional política fiscal que adoptaban a través de los actos reclamados. Adoptar el criterio del a quo nos llevaría al absurdo jurídico de permitir al deudor fiscal hacerse asimilar a las leyes que con posterioridad al hecho generador entren en vigor, si éstas le favorecen, lo que viola todo principio tributario. Las leyes que regulaban el hecho generador cuando éste se realizó, son las únicas que en estricto derecho cabe aplicársele a ese acto. Excepto las del procedimiento, que, no es el caso. Además el a quo señala: '... una reforma que favorece los intereses del quejoso supuesto que se redujo la tasa de un 10% impugnado por el agraviado, por la de un 8% ...', lo que da una falsa idea de los conceptos de violación esgrimidos así como de los actos reclamados igualmente señalados en la demanda de garantías. Es decir, no sólo se impugnó la tasa, también se hizo de los mecanismos de la obtención de base gravable, y otras consideraciones; por lo que es falaz e incompleto este razonamiento de la autoridad. La tesis que la autoridad invoca por hacerme aplicable la causal de improcedencia, es por demás inaplicable. Es más, contradice el contenido de la tesis a la decisión del a quo, ya que del significado evidente de su contenido se desprende que no es aplicable a la especie. Esto es, la tesis se refiere, según su rubro, al estudio improcedente de la constitucionalidad de una ley derogada sin acto concreto de aplicación, y en su contenido menciona, 'Y aunque se señalen en la demanda actos de aplicación, si éstos no se refieren a un caso concreto y específico en que el quejoso resulte perjudicado, sino que la aplicación se relaciona a una prohibición in generis, esta situación prevalece durante la vigencia de la ley, pero resulta ya de imposible modificación ...'. Y es claro, clarísimo, que en la especie sí existe acto de aplicación concreto, sí hay acto específico, no se alegó, nunca, un acto genérico de aplicación, sino uno concreto y demostrado en el proceso. Razón por la cual es inaplicable la tesis jurisprudencial al caso en particular, toda vez que de su contenido se desprenden sus mismas condiciones de aplicabilidad, y ésta es, que se trate de actos de aplicación 'in generis', genéricos, y no, concretos y específicos, como se da en la especie. Razón por la cual es claro, que no debió el a quo, hacer aplicable la causal de improcedencia de cesación de los efectos del acto reclamado, toda vez que los mismos siguen vigentes, y la instancia constitucional es apta para protegerme en contra de los actos de autoridad planteados en el libelo de amparo. Además en nada cambia mi situación jurídica el hecho de que las disposiciones impugnadas hayan sufrido modificaciones por ley posterior a la fecha del hecho generador, ya que me sigue siendo aplicable la ley impugnada, pues esa fue la vigencia al momento de la actualización del supuesto previsto en la ley. A mayor fundamentación, transcribo el artículo 28 del Código Fiscal para el Estado de Jalisco: 'Art. 28. La obligación fiscal nace cuando se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales. Dicha obligación se determinará y liquidará conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su nacimiento, pero le serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad'. De igual forma transcribo, el artículo 42 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco: 'Art. 42. La obligación fiscal nace, cuando se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales. Dicha obligación se determinará y liquidará, conforme a las disposiciones vigentes, en el momento de su nacimiento, pero le serán aplicables las normas sobre procedimientos, que se expidan con posterioridad'. Por lo que no hay razón alguna para creer que han cesado los efectos del acto reclamado, y en consecuencia, menos la hay para sobreseer el juicio de garantías invocando dicha causal de improcedencia."

CUARTO.-Resultan fundados los agravios hechos valer.

Cabe precisar que en su libelo constitucional la parte quejosa señaló como actos reclamados los artículos 112, 113, 114, 115 y 116 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, y el 35 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y uno, preceptos que determinan los elementos del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, por considerarlos violatorios del principio de proporcionalidad tributaria consagrado por el artículo 31, fracción IV, constitucional, precisando como primer acto de aplicación el derivado de la escritura pública número 495 de fecha veintiocho de junio de mil novecientos noventa y uno, relativa al contrato de compraventa celebrado entre Antonio López Orozco y Virginia Vargas Chávez, con la debida autorización judicial de sus menores hijas Daniela y María Soledad de apellidos López Vargas, como parte vendedora, y Héctor Roberto Tejeda Alvarez, como parte compradora, respecto del inmueble propiedad de las citadas menores marcado con los números 163-A, 165 y 167 de la calle Antonio Rosales, Sector Reforma de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Ahora bien, a fin de determinar si la parte quejosa tiene interés jurídico en el presente asunto, debe tomarse en consideración que el artículo 2183 del Código Civil del Estado de Jalisco establece, a la letra, lo siguiente: "Los contratantes pagarán por mitad los gastos de escritura y registro, salvo convenio en contrario".

Por otro lado, en la cláusula sexta del instrumento de referencia se pactó:

"Los gastos de la presente escritura son por cuenta de la parte compradora."

De lo hasta aquí expuesto podría parecer que la quejosa, parte vendedora del inmueble antes identificado, no tiene interés jurídico alguno en el juicio de garantías para reclamar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, toda vez que la voluntad de las partes expresada en el contrato relativo lo fue en el sentido de que los gastos que generara la operación realizada correrían a cargo de la compradora, pacto permitido expresamente por la legislación civil aplicable, de acuerdo con el numeral antes transcrito.

Sin embargo, conforme a la legislación tributaria respectiva, el transmitente de la propiedad de bienes inmuebles es responsable solidario.

En efecto, el artículo 30, fracción XI, inciso a), y último párrafo, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, publicada en el Periódico Oficial de la entidad de tres de abril de mil novecientos ochenta y cuatro, dispone:

"Son responsables solidarios: ... IX. Respecto del pago de créditos fiscales derivados de la propiedad o posesión de bienes inmuebles, o de operaciones de cualquier naturaleza relativas a las mismas: a) El deudor, el transmitente, el adquirente o el comisionista, según sea el caso; ... En los casos de responsabilidad solidaria, los responsables quedan obligados a cubrir la totalidad de los créditos fiscales y, por tanto el fisco puede exigir de cualquiera de ellos, simultánea o separadamente, el cumplimiento de las obligaciones fiscales."

Además, el artículo 31, fracción II, de la ley en cita, establece:

"Son responsables objetivos: II. Los propietarios o poseedores de bienes a cualquier título, por el importe de los adeudos insolutos a cargo del propietario o poseedor anterior, relacionado con dichos bienes; ..."

Cabe precisar que las disposiciones anteriores se encuentran previstas de manera casi literal en los artículos 24, fracción VIII, inciso a), y 25, del Código Fiscal del Estado de Jalisco, reformado y adicionado mediante decreto publicado el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y tres en el Periódico Oficial de la citada entidad.

La solidaridad es una modalidad de las obligaciones, caracterizada por la existencia de varios sujetos que pueden exigir o deben cumplir la prestación en su integridad, ya sea por haberlo convenido así o por disposición de la ley. La solidaridad puede ser activa, cuando existen varios coacreedores y cualquiera de ellos puede exigir el todo, o bien, pasiva, si existen varios codeudores sobre los que recae la obligación de cubrir la prestación en su totalidad.

En la especie, se trata de una solidaridad legal pasiva ya que es la norma jurídica la que corresponsabiliza o impone al deudor, transmitente, adquirente o comisionista, la obligación de cubrir la totalidad de los créditos fiscales derivados de la propiedad o posesión de bienes inmuebles o de operaciones de cualquier naturaleza relacionadas con los mismos, quedando el fisco en aptitud de exigir de cualquiera de ellos, simultánea o separadamente, el cumplimiento de la obligación fiscal.

Así las cosas, aun cuando la legislación civil co

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/222-f231bd8c/leyes-que-solo-rigen-para-un-municipio-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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