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Modo: Corpus Pro

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. PARA QUE OPERE EN EL DELITO DE DESOCUPACIÓN DEL DOMICILIO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 110, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DEBE ATENDERSE A LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 100 DEL PROPIO CÓDIGO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 215/2009. · Registro digital (IUS): 22253
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, , Pág. 1043.

AMPARO EN REVISIÓN 215/2009. **********.

MAGISTRADO PONENTE: EMMANUEL G. ROSALES GUERRERO.

SECRETARIO: JORGE A. DE LEÓN IZAGUIRRE.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Los agravios son infundados.

El recurrente manifiesta que el Juez de Distrito decidió negar la protección constitucional solicitada contra el acto reclamado, sin considerar que, conforme a lo previsto por el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, había transcurrido el tiempo que requería el Servicio de Administración Tributaria para ejecutar la resolución número ********** mediante la cual le fijó un crédito por una multa por infracciones a las leyes tributarias federales, la actualización de contribuciones y los honorarios de ejecución, ya que desde que giró el primer oficio para localizarlo se enteró de que no existía el domicilio fiscal que tenía dado de alta; agrega que el cinco de abril de dos mil cinco le notificó dicha resolución, por lo que han transcurrido cuatro años, cinco meses.

Lo anterior es infundado por las siguientes razones:

El artículo 100 del Código Fiscal de la Federación establece dos reglas para la prescripción de la acción penal en los delitos fiscales perseguibles por querella formulada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que a saber son: la primera, que señala un plazo de tres años, a partir de que dicha secretaría tenga conocimiento del delito y del delincuente; y la segunda, que prevé un término de cinco años, que se computará a partir de la fecha de la comisión del delito, y que se actualiza cuando la dependencia ofendida ignora el hecho delictuoso y su autor.

Pues bien, consta en los autos del juicio de amparo indirecto de donde deriva la resolución impugnada, que la autoridad responsable, al rendir el informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado consistente en el auto de formal prisión dictado el once de septiembre de dos mil nueve en la causa penal **********, instruida en contra de **********, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de desocupación de domicilio fiscal, sin dar aviso al Registro Federal de Contribuyentes, previsto y sancionado por el artículo 110, fracción V, del Código Fiscal de la Federación; sin embargo, negó que tal acto de autoridad sea violatorio de garantías.

Como complemento del referido informe, adjuntó copia certificada de las constancias deducidas de la causa penal en mención, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2o. de esta última legislación.

De dichas constancias se desprende que, mediante resolución número ********** de dieciocho de enero de dos mil cinco, el administrador local de Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en esta ciudad, determinó imponer a ********** una multa equivalente a la cantidad de $28,982.00 (veintiocho mil novecientos ochenta y dos pesos 00/100 m.n.) (folios 29 y 30 del cuaderno principal); resolución que, previo citatorio dejado al contribuyente el cuatro de abril de dos mil cinco, en poder de **********, quien dijo ser su empleado, en el domicilio ubicado en calle **********, fue notificada al contribuyente a las quince horas del día siguiente de la fecha señalada por el notificador licenciado **********, quien la dejó en poder de **********, en su carácter de empleado, con quien entendió la diligencia, en virtud de que el contribuyente no lo esperó; cuyas diligencias merecen valor jurídico, ya que no existe dato alguno que acredite que hayan sido anuladas, a través del medio legal de defensa establecido en el Código Fiscal de la Federación (folios 31-33 del cuaderno principal).

Asimismo se advierte que el uno de noviembre de dos mil siete, el administrador local de recaudación, con sede en esta ciudad, emitió mandamiento de ejecución en contra de **********, bajo el número de control **********, por el importe actualizado del crédito de $32,198.53 (treinta y dos mil ciento noventa y ocho pesos 53/100 m.n.), cuya suma ampara multas por infracciones a las leyes tributarias fiscales, la actualización de las contribuciones y honorarios de ejecución por requerimiento de créditos, por no haber garantizado o pagado el crédito fiscal dentro de los cuarenta y cinco días que señala el artículo 65 del Código Fiscal de la Federación; mandamiento de ejecución que deriva del crédito **********, determinado en el documento número ********** del treinta de noviembre de dos mil cuatro (folio 34 del cuaderno principal).

Igualmente, obran dos actas circunstanciadas de asunto no diligenciado, elaboradas el veintiuno y veintitrés de noviembre de dos mil siete por los notificadores-ejecutores licenciados ********** y **********, relacionadas con el mandamiento de ejecución precisado en el párrafo que antecede, de las que se desprende que, en las fechas señaladas, dichos funcionarios se constituyeron en el domicilio fiscal ubicado en la calle **********, en donde fueron atendidos por **********, a quien le preguntaron por el mencionado deudor; informándoles el entrevistado que no lo conocía, que ahí existía un negocio denominado ********** desde hacía como dos años, por lo que no pudieron realizar la diligencia, porque no localizaron a la persona que buscaban, en virtud de que en el domicilio encontraron otro negocio denominado **********, destacando como características del inmueble que era comercial y urbano, y que la actividad evidente de ese negocio era restaurante (fojas 38-41 del cuaderno principal).

En esas condiciones, es claro que la Administración Local de Recaudación de Ciudad Victoria tuvo conocimiento del delito de cambio de domicilio fiscal sin dar aviso al fisco, a partir del veintiuno de noviembre de dos mil siete, y si la averiguación previa penal relacionada con la denuncia de dicho ilícito interpuesta en contra del aquí recurrente, inició el nueve de junio de dos mil nueve, y la orden de aprehensión correspondiente fue girada el treinta de agosto del mismo año, como consta en autos (folios 56 y 113 del cuaderno principal), es incuestionable que no operó la prescripción de la acción penal en términos del artículo 100 del Código Fiscal de la Federación; de ahí lo infundado del agravio que se analiza.

Por otra parte, el inconforme refiere que el Juez de Distrito, al dictar la resolución combatida, no entró al fondo del asunto, en virtud de que no observó que dicha notificación, o sea, la realizada el cinco de abril de dos mil cinco, no reúne los requisitos establecidos en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, mucho menos tomó en cuenta que la notificación personal es el medio legal por el que se da a conocer a las partes el contenido de una resolución, y que ésta no existe procesalmente mientras no se haga del conocimiento de los interesados.

Lo precedente es ineficaz, toda vez que al margen de que hasta la emisión del acto reclamado no se tiene noticia de la nulidad de dicha notificación, lo que revela que debe surtir sus efectos contrario a lo que aduce el agraviado, el acta de notificación del cinco de abril de dos mil cinco, en la que se notificó la resolución determinante **********, sí cumple con las formalidades previstas en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, porque se advierte que a las quince horas con treinta minutos del cuatro de abril del mencionado año, el notificador-ejecutor licenciado **********, se constituyó en el domicilio del destinatario, es decir, del contribuyente o deudor, ubicado en la calle **********; que requirió su presencia, y como no lo encontró, le dejó citatorio en poder de **********, quien dijo ser su empleado, para que lo esperara a las quince horas del día siguiente, fecha en la que requirió nuevamente la presencia del interesado, y como no lo esperó, entendió la diligencia con **********, en su carácter de encargado; actuación que permanece firme, pues se insiste, no existe dato alguno que demuestre que haya sido anulada, amén de que de la misma no se desprende, que desde el cinco de abril de dos mil cinco la Administración Local de Recaudación, haya tenido conocimiento del delito por el que se dictó el auto de formal prisión, materia del acto reclamado.

Al respecto, conviene citar la jurisprudencia siguiente:

"No. Registro: 171,707

"Jurisprudencia

"Materia(s): Administrativa

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo XXVI, agosto de 2007

"Tesis: 2a./J. 158/2007

"Página: 563

"NOTIFICACIÓN FISCAL DE CARÁCTER PERSONAL. LA RAZÓN CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA DEBE ARROJAR LA PLENA CONVICCIÓN DE QUE SE PRACTICÓ EN EL DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).-Conforme a la jurisprudencia 2a./J. 15/2001, de rubro: ‘NOTIFICACIÓN FISCAL DE CARÁCTER PERSONAL. DEBE LEVANTARSE RAZÓN CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).’, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 494, debe entenderse que aunque el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación no señale expresamente la obligación de que se levante acta circunstanciada de la diligencia personal de notificación en la que se asienten los hechos que ocurran durante su desarrollo, su redacción tácitamente la contempla, por lo que en las actas relativas debe asentarse razón circunstanciada en la que se precise quién es la persona buscada, su domicilio, en su caso, por qué no pudo practicarse la notificación, con quién se entendió la diligencia y a quién se dejó el citatorio, formalidades que no son exclusivas del procedimiento administrativo de ejecución, sino comunes a la notificación de los actos administrativos en general; criterio del que deriva que si bien no puede exigirse como requisito de legalidad del acta indicada una motivación específica de los elementos de los que se valió el notificador para cerciorarse de estar en el domicilio correcto del contribuyente, la circunstanciación de los pormenores de la diligencia sí debe arrojar la plena convicción de que ésta efectivamente se llevó a cabo en el domicilio de la persona o personas señaladas en el acta."

Con independencia de lo precedente, este órgano jurisdiccional considera que el Juez de Distrito obró en forma correcta al estimar que los medios de convicción que la autoridad responsable tomó en cuenta para dictar el auto de formal prisión reclamado y que se detallan en la resolución recurrida, son suficientes para acreditar la materialidad del delito de desocupación de domicilio fiscal, sin dar aviso al Registro Federal de Contribuyentes, previsto y sancionado por el artículo 110, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, así como la probable responsabilidad penal de ********** en su perpetración.

Ello es así, porque con el oficio ********** suscrito por el administrador local de servicios al contribuyente de esta ciudad y con la copia certificada de las impresiones de pantalla del sistema **********, expedidas por el propio administrador (folios 84 a 86 del cuaderno principal), se demuestra que ********** se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes desde el trece de abril de mil novecientos noventa y dos, con domicilio fiscal ubicado en calle **********, cuyos documentos públicos alcanzan pleno valor probatorio, en términos de los artículos 208 y 281 del Código Federal de Procedimientos Penales, por ser expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones.

En tanto que, con las documentales consistentes en las actas circunstanciadas de asunto no diligenciado de veintiuno y veintitrés de noviembre de dos mil siete, practicadas por los notificadores-ejecutores licenciados ********** y ********** (folios 38-41 del cuaderno principal), se prueba que dicho contribuyente desocupó el referido domicilio fiscal, pues en la dirección señalada no lo localizaron en aquellas fechas, sino que encontraron otro negocio denominado **********, de giro comercial, con actividad de restaurante; y tal desocupación la hizo sin presentar el aviso correspondiente al Registro Federal de Contribuyentes, como se justifica en forma fehaciente con el oficio ********** de veintitrés de marzo de dos mil ocho, signado por el administrador local de Servicios al Contribuyente, mediante el cual informó al administrador local de recaudación de esta ciudad, que ********** no había presentado avisos de cambio de domicilio fiscal (foja 51 del cuaderno principal); tales documentos también merecen pleno valor jurídico, en virtud de que, al igual que los anteriores, fueron expedidos por servidores públicos en ejercicio de sus funciones.

Por último, se tiene que la referida conducta antisocial de desocupación del domicilio fiscal se ejecutó después de la notificación de un crédito fiscal y antes de que éste se garantizara, pagara o quedara sin efectos, pues existe un documento fechado el uno de noviembre de dos mil siete, mediante el cual el administrador local de recaudación emitió mandamiento de ejecución por la cantidad total de $32,198.53 (treinta y dos mil ciento noventa y ocho pesos 53/100 m.n.), con número de control ********** relativo al crédito **********, determinado en resolución número **********, de treinta de noviembre de dos mil cuatro (foja 34 del cuaderno principal); mandamiento a través del cual se actualizó la multa impuesta por infracciones a las leyes tributarias por la cantidad de $28,982.00 (veintiocho mil novecientos ochenta y dos pesos 00/100 m.n.), en la resolución determinante ********** de dieciocho de enero de dos mil cinco, emitida por el administrador local de auditoría fiscal y notificada en el domicilio del contribuyente a las quince horas del cinco de abril de dos mil cinco, como consta en el acta de notificación de esa fecha, cuya diligencia se entendió con **********, en su carácter de encargado, en virtud de que el contribuyente no esperó al notificador licenciado **********, a pesar de que previamente le había dejado citatorio (páginas 31 a 33 del cuaderno principal), sin que el importe actualizado del crédito haya sido garantizado, pagado o quedado sin efectos, en virtud de que el deudor cambió de domicilio, como se advierte de las actas circunstanciadas de asunto no diligenciado practicadas el veintiuno y veintitrés de noviembre de dos mil siete, agregadas al sumario.

Por todo lo cual, es incuestionable que el Juez de Distrito actuó en forma correcta al coincidir con la autoridad responsable, en que se encuentran acreditados los elementos del delito imputado, así como la probable responsabilidad penal del hoy recurrente en su comisión.

De conformidad con las relatadas consideraciones, al haber resultado infundados los agravios esgrimidos y no advirtiéndose motivo alguno que suplir de oficio, en términos del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es confirmar la sentencia sujeta a revisión.

Por lo expuesto y, con apoyo, además, en los artículos 90 y 91 de la Ley de Amparo, en relación con el 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, en contra del acto que reclamó del Juez Primero de Distrito en el Estado con residencia en esta ciudad, consistente en el auto de formal prisión de once de septiembre de dos mil nueve dictado en la causa penal **********.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución vuelvan los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvieron por mayoría de votos los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, María Lucila Mejía Acevedo y José Javier Martínez Vega; con la disidencia del Magistrado Emmanuel G. Rosales Guerrero, quien se encarga del engrose y emite voto particular. Siendo presidenta la primera de los nombrados y ponente el citado en último término.

Por acuerdo expreso aprobado por unanimidad de votos de los Magistrados integrantes, con fundamento en la parte final del artículo 197-B de la Ley de Amparo, se ordena la publicación de esta ejecutoria de amparo y del voto particular del Magistrado Emmanuel G. Rosales Guerrero, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracciones II, XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 13, 14, 18, fracción II y 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22253-790ccd33/prescripcion-de-la-accion-penal-para-que-opere · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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