EMPLAZAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. RESULTA ILEGAL SI A QUIEN SE PRACTICA NO FIRMA EL ACTA CORRESPONDIENTE POR NO SABER O NO QUERER HACERLO, Y EL DILIGENCIARIO SÓLO LA FIRMA POR SÍ, COMO PARTE DEL APARATO JUDICIAL Y NO LO HACE TAMBIÉN EN LUGAR DE LA PERSONA CON LA QUE ENTENDIÓ LA DILIGENCIA (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).
AMPARO EN REVISIÓN 380/2009. **********.
CONSIDERANDO:
TERCERO. No obstante haberse transcrito en su integridad la sentencia recurrida, así como los agravios que la tercera perjudicada hizo valer en su contra, no se dará respuesta a éstos, en virtud de que este Tribunal Colegiado advierte otros motivos de ilegalidad del emplazamiento reclamado, que no fueron examinados por el juzgador federal a quo, pero que resultan suficientes para confirmar el fallo impugnado.
En efecto, primero debe establecerse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la falta o ilegalidad del emplazamiento al juicio natural se traduce en una violación manifiesta de la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento, al afectar la oportunidad de oponer excepciones, de ofrecer y desahogar pruebas y de alegar, por lo que se obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto, esto es, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías.
Se cita por su aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 149/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 34/97, publicada en la página 22, Tomo XII, diciembre de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente tenor: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón."
Así es, del análisis de las constancias de autos, las cuales tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria del juicio de garantías, por mandato expreso de su numeral 2o. se advierte, a foja veintinueve del expediente de amparo, las actas que integran el emplazamiento reclamado, en las que se hizo constar la diligencia de entrega del citatorio y el propio llamamiento a juicio, que dicen:
"Citatorio. En la Heroica ciudad de Puebla de Zaragoza, siendo las catorce horas del día veintidós del mes de marzo de dos mil seis, la suscrita licenciada Liliana Lozano Badillo, diligenciaria impar adscrita al Juzgado Tercero de lo Civil de los de esta capital, asociada de la parte actora en el juicio, **********, por su representación, nos constituimos en el domicilio señalado en autos, sito en el edificio identificado **********, **********, de la avenida **********, **********; y cerciorada previa y plenamente de ser este el domicilio de la parte demandada en el juicio, ********** y **********, por así constatarlo la suscrita, por así coincidir con sus calles, así como con la nomenclatura oficial de la ciudad e identificando el edificio con la fachada en color amarillo claro y con reja que da acceso al interior del edificio, me cercioro además y principalmente, de que al llamar en repetidas ocasiones a la puerta de acceso al interior del domicilio en que se actúa, sale de su interior una persona del sexo femenino, quien no se identifica ante la suscrita, pero que tiene las siguientes características: tez morena, cabello castaño, complexión robusta, de estatura aproximada de un metro cincuenta y cinco centímetros, y de edad aproximada de cincuenta y cinco años, quien dice responder al nombre de **********, persona a quien le pregunto por los demandados, manifestándome que este es el domicilio en el que habitan, y que en este momento no se encuentran, que ella es su familiar sin especificar el grado de parentesco, por lo que no estando presentes los demandados y en cumplimiento al artículo 310 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al Código de Comercio, procedo a dejar citatorio para cada uno de los demandados, para que esperen a la suscrita en este su domicilio a las catorce horas, del día veintitrés de marzo del año en curso, para la práctica de una diligencia de carácter judicial, citatorios que dejo en poder de la persona con quien se entiende el presente, quien los recibe y manifiesta entregará a los demandados. Con lo que se da por terminado el citatorio, levantándose para constancia que se firma por la suscrita y por la parte actora, por su representación, no así por la persona con quien se entiende el citatorio por negarse a hacerlo. Doy fe." (dos firmas ilegibles).
"Requerimiento, embargo y emplazamiento. En la Heroica ciudad de Puebla de Zaragoza, siendo las catorce horas del día veintitrés del mes de marzo del año dos mil seis, la suscrita licenciada Liliana Lozano Badillo, diligenciaria impar adscrita al Juzgado Tercero de lo Civil de los de esta capital, asociada de la parte actora en el juicio, licenciado **********, por su representación, nuevamente nos constituimos en el domicilio señalado en autos, sito en el edificio identificado **********, departamento **********, de la avenida **********, de **********, de esta ciudad, y cerciorada plenamente de ser éste el domicilio de la parte demandada en el juicio, ********** y **********, por así constatarlo la suscrita, por así coincidir con sus calles, así como con la nomenclatura oficial de la ciudad, así como por confirmarlo en el domicilio en que se actúa la persona que sale al llamado de la puerta y quien dice responder al nombre de **********, y ser la misma persona con quien se entendió el citatorio el día anterior, y quien dice ser familiar de los demandados, sin especificar el grado de parentesco, y quien confirma que este es el domicilio de los demandados, por lo que solicito de su presencia, pero me informa que no se encuentran, por lo que no estando presentes, no obstante estar citados conforme a la ley procedo, por tanto, a entender la diligencia con la mencionada persona, ante quien me identifico con la credencial del Poder Judicial, la que acredita la calidad con que se actúa, notificándole por su conducto a los demandados mediante cédula para cada uno de ellos, la resolución de fecha tres de febrero y tres de enero, ambas de dos mil seis, debidamente selladas y autorizadas, las que se leen en voz alta y de todo lo cual manifiesta quedar debidamente entendida y que lo hará del conocimiento de las demandadas, quedando copias de las mismas agregadas en autos. Acto seguido, y por conducto de la persona con quien se entiende la diligencia, procedo a requerir a los demandados, para que en este momento hagan al actor, por su representación, el pronto y ejecutivo pago de la cantidad de diez mil pesos, cero centavos, moneda nacional, como suerte principal, más los intereses vencidos sobre dicha suma a lo que dice: que ella no tiene dinero para hacer el pago, por lo que no lo hace, requerida nuevamente para que señale bienes suficientes de la propiedad de las demandadas, en los cuales se trabe formal embargo y ejecución que garanticen las prestaciones reclamadas, apercibida que de no hacerlo, este derecho le será trasladado a la parte actora, por su representación, a lo que manifiesta: que no señala nada; trasladado el derecho a la parte actora, por su representación, dice que señala para que se trabe embargo: el cincuenta por ciento de los derechos de copropiedad que les correspondan a las demandadas, respecto del departamento **********, **********, de la avenida *********, de la unidad habitacional **********, de esta ciudad, el cual se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el índice de predio mayor **********, así como una sala de tres piezas tapizada en color azul rey, bien en buen estado de uso y conservación, y para tal efecto, designa como depositario de dicho bien a **********, persona que está presente y manifiesta que acepta el cargo que se le confiere y protesta su fiel y legal desempeño y señala como domicilio para oír notificaciones, así como para la guarda del bien encomendado a su custodia, el mismo domicilio de la parte actora, por su representación. Enseguida la suscrita diligenciaria dice: Es de trabarse y se traba formal embargo sobre la parte (se dice) el cincuenta por ciento de los derechos de propiedad que les correspondan a los demandados, respecto del bien inmueble señalado, ya descrito, así como es de trabarse y se traba formal embargo sobre el bien mueble señalado, ya descrito que se tiene a la vista, haciendo la traba de todo lo anterior, hasta en tanto, en cuanto baste a cubrir las prestaciones reclamadas y se tiene como depositario de dicho bien mueble a *********, a quien en vista de su aceptación y protesta, le discierno dicho cargo, le hago saber de las penas en que incurren los depositarios infieles y se tiene por señalado el domicilio que indica para oír notificaciones, así como para la guarda del bien encomendado a su custodia y no lo pongo en posesión del mismo, por la manifiesta oposición que hace valer la persona con quien se entiende la diligencia. Acto seguido y en cumplimiento al artículo 1399 del Código de Comercio, y por conducto de la persona con quien se entiende la diligencia, procedo a emplazar a la demandada, para que en el término de cinco días se presenten al juzgado de autos a hacer paga llana de las prestaciones reclamadas o, en su caso, a oponerse a la ejecución, haciendo valer sus excepciones y les corro el traslado para cada uno de ellos, con las copias simples exhibidas para tal efecto, selladas y cotejadas, compuestas de ocho hojas utilizadas que integran la demanda, documentos base de la acción, así como de la cédula, traslados que recibe en propia mano la persona con quien se entiende la diligencia, quien manifiesta los entregará. Con lo que se da por terminada la diligencia, levantándose el acta para constancia, que se firma por la suscrita, por el depositario, la parte actora, por su representación y por la persona con quien se entiende la diligencia quien firma en la copia de la cédula que se anexa al expediente. Doy fe." (tres firmas ilegibles).
Ahora bien, en términos de lo dispuesto por el artículo 310 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la materia mercantil, según lo prescrito por el artículo 1054 del Código de Comercio, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el trece de junio de dos mil tres, conforme al cual se sustanció el procedimiento de origen, cuando se trate de la notificación de la demanda y, en la primera busca no se encontrare a quien deba ser notificado, se le dejará citatorio para que espere en la casa designada a hora fija del día siguiente y, si no espera, se le notificará por instructivo, entregando las copias respectivas al hacer la notificación o fijar el mismo.
De lo anterior, se obtiene que el emplazamiento que se realiza cuando la parte demandada no espera al diligenciario, no obstante estar debidamente citada, se efectúa mediante instructivo de notificación, no mediante cédula, como lo hizo constar la diligenciaria responsable; por ende, resulta claro que el emplazamiento reclamado es violatorio del artículo 310 del código procesal aplicable supletoriamente porque, se insiste, dicho numeral ordena que el emplazamiento que se entiende con persona distinta del demandado, se haga mediante instructivo, no a través de cédula, dado que este último medio de comunicación procesal se emplea cuando la citación al juicio se entiende directamente con el interesado.
En otro aspecto, el artículo 317 del ordenamiento procesal civil supletorio, establece literalmente: "Artículo 317. Deben firmar las notificaciones la persona que las hace y aquellas a quien se hacen. Si ésta no supiere o no quisiere firmar, lo hará el notificador, haciendo constar esta circunstancia. A toda persona se le dará copia simple de la resolución que se le notifique, sin necesidad de acuerdo judicial. Las copias que no recojan las partes, se guardarán en la secretaría, mientras esté pendiente el negocio."
Del texto legal se infiere que las notificaciones deben ser firmadas por la persona que las hace (el diligenciario), y por aquella a quien se hace (la persona notificada), esto es, resulta obligatorio para ambos asentar su firma; empero si la persona a quien se practica la notificación no firma por no saber o no querer hacerlo, el legislador previó que el notificador asiente esta circunstancia y, además, él firme; lo que lleva a concluir que en casos como el particular, en el que la persona con quien se entendió la diligencia se negó a firmar, debe hacerlo por ella el notificador, asentando que la persona con quien practicó la notificación no quiso o no supo firmar, lo que conduce a establecer que deben obrar dos firmas del diligenciario, la que le corresponde por sí, como parte del aparato judicial, que lleva a cabo la comunicación procesal, y la que hace en lugar de la persona con quien se entendió la diligencia, en virtud de que ésta no quiso firmar o no supo hacerlo.
Pues bien, del análisis del acta levantada con motivo de la entrega del citatorio, se advierte que la diligenciaria responsable asentó que firmaban ella y la parte actora, pero no la persona con quien entendió la diligencia, quien se negó a firmar; sin embargo, no obra la firma que corresponde a la que debe hacer el notificador en lugar de la persona con quien practicó la diligencia, por haberse negado a suscribir el acta, así se advierte del texto de la constancia respectiva, en la parte que establece: "... se firma por la suscrita y por la parte actora, por su representación, no así por la persona con quien se entiende el citatorio por negarse a hacerlo. Doy fe."; y también se observa que obran sólo dos firmas ilegibles, diferentes entre sí, la que corresponde a la diligenciaria y la puesta por el endosatario en procuración de la actora.
En esa tesitura, debe decirse que el emplazamiento reclamado, específicamente, el acta relativa a la entrega del citatorio, es contrario a lo dispuesto por el artículo 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, de acuerdo a su numeral 1054, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de junio de dos mil tres, en virtud de que de aquel precepto se advierte que es obligatorio para el notificador y para la persona que recibe la comunicación procesal, firmar la notificación correspondiente, pero si esta última no quiere o no sabe hacerlo, debe firmar el diligenciario por ella, asentando la circunstancia de que la persona con quien se entendió el acto procesal no quiso o no supo firmar; por ende, en estos casos deben obrar dos firmas del fedatario que practicó la diligencia en cuestión, la que le corresponde por sí, como empleado judicial que practicó la notificación, y la que debe asentar cuando la persona con quien la entendió no firmó, por no querer o no saber hacerlo, y no obstante, en el acta en cuestión sólo obra una firma de la diligenciaria responsable.
Ante los motivos de ilegalidad del emplazamiento reclamado advertidos por este tribunal revisor, es evidente que la circunstancia de que la diligenciaria que lo practicó esté investida de fe pública, no convalida las violaciones en que incurrió, al no haber dado cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 310 y 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al Código de Comercio, acorde a su numeral 1054, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el trece de junio de dos mil tres.
Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia número VI.2o.C. J/189, integrada por este Tribunal Colegiado, publicada en la página 620, Tomo XII, septiembre de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: "EMPLAZAMIENTO ILEGAL. LA FE PÚBLICA DE QUE ESTÁ INVESTIDO EL FUNCIONARIO QUE LO PRACTICA, NO CONVALIDA LAS ALTERACIONES Y CONTRADICCIONES EN QUE INCURRA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Es verdad que la finalidad que persigue la ley, en lo que a determinadas notificaciones se refiere, es la de que se practiquen, preferentemente, con la persona a quien va dirigida la notificación, sobre todo cuando se trata del llamamiento a juicio, ya que así se desprende del texto del artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla; pues se infiere que de esa manera la persona notificada, al tener conocimiento de la existencia del juicio al que se le llama, está en posibilidad de hacer valer en el mismo todos los derechos que la ley procesal le concede; sin embargo, no puede jurídicamente sostenerse la legalidad del emplazamiento cuando, por ejemplo, en la constancia correspondiente, el actuario que la practicó haya asentado que primero se constituyó en un domicilio donde dejó el citatorio y que, el día siguiente, se "volvió a constituir" en otro, pues la circunstancia de que tal funcionario esté investido de fe pública, no convalida las marcadas contradicciones en que incurra; por lo cual se concluye que, precisamente en atención a la fe pública que merecen los actos de los funcionarios con potestad para otorgarla y a las alteraciones o contradicciones que se desprenden del acta respectiva, resulta evidente que no se le puede atribuir valor probatorio alguno, ya que es de explorado derecho que las afirmaciones contradictorias violan las reglas generales de la lógica, las cuales señalan que no puede una cosa ser y dejar de ser al mismo tiempo."
En las condiciones anotadas, al haberse advertido que se actualizaron diversos motivos de ilegalidad del emplazamiento reclamado, a los señalados por el Juez de Distrito a quo, ello conduce a confirmar la concesión del amparo solicitado por las quejosas, para los efectos que en la resolución recurrida se prevén.
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 83, fracción IV y 85, fracción II, de la Ley de Amparo, 35 y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO. Se confirma la sentencia sujeta a revisión.
SEGUNDO. Para los efectos precisados en la parte final del considerando quinto de la sentencia recurrida, la Justicia de la Unión ampara y protege a ********** y **********, en contra de los actos que reclaman del Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla y diligenciaria encargada de los expedientes impares adscrita al mismo; precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
TERCERO. Se deja firme el último punto resolutivo de la sentencia recurrida, en el que se tuvo a las partes consintiendo la publicación sin supresión de datos, del fallo pronunciado en el juicio de amparo, conforme al procedimiento de acceso a la información, en términos de los artículos 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 19 del Acuerdo General 76/2003, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Gustavo Calvillo Rangel, Raúl Armando Pallares Valdez y Ma. Elisa Tejada Hernández. Fue ponente el segundo de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 14, fracción I y 18, fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22273-35661acb/emplazamiento-en-materia-mercantil-resulta-ilegal-si-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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