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Modo: Corpus Pro

VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN AMPARO, ADEMÁS DE LA PRUEBA DE POSESIÓN O PROPIEDAD, REQUIERE LA DEMOSTRACIÓN DE SU LEGAL ESTANCIA EN EL PAÍS (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 19/94 DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2010. · Registro digital (IUS): 22304
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, , Pág. 1379.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES.

SECRETARIA: LAURA MONTES LÓPEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001 dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, ya que el tema sobre el cual versa la contradicción se refiere a la materia administrativa, cuya especialidad corresponde a esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima.

El artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas.

En el caso, la denuncia de contradicción la hizo el Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, cuyo órgano intervino en uno de los asuntos que originaron los posibles criterios en contraposición, por lo que cabe concluir que la denuncia proviene de parte legítima.

TERCERO. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver, en sesión de veinticinco de noviembre de dos mil nueve el recurso de queja **********, sostuvo lo siguiente:

"SÉPTIMO. Son fundados los agravios. Como cuestión previa, ha menester señalar que el estudio de dichos puntos de disentimiento se centrará única y exclusivamente en lo que atañe a los actos reclamados a las autoridades responsables de los que se concedió la suspensión provisional y aún no se ha resuelto la suspensión definitiva, las cuales quedaron precisadas en el considerando segundo de la interlocutoria dictada por el Juez Federal el veintitrés de octubre último. Pues bien, el Juez de Distrito en el auto recurrido, en la parte que interesa, concedió la suspensión provisional en lo que ve al resto de los automóviles reclamados, porque a su juicio se satisfacen los requisitos que establece el artículo 124 de la Ley de Amparo, ya que con su otorgamiento no se contravienen disposiciones de orden público, ni se sigue perjuicio al interés social y, en caso de ejecutarse los actos reclamados, se podrían ocasionar al peticionario de garantías daños y perjuicios de difícil reparación, además por ser necesario para conservar la materia del cuaderno principal. Dicha medida cautelar se otorgó para el efecto de que las cosas permanecieran en el estado que actualmente se encuentran y no sea desposeído el quejoso de los automotores de referencia, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, cuya medida suspensional no autoriza al quejoso a circular con dichos vehículos, sin los documentos relativos, ni impide que las autoridades correspondientes ejerzan las funciones de vigilancia previstas en las respectivas leyes; en el entendido de que la medida provisional surte efectos siempre y cuando a la fecha no se le haya desposeído de los automóviles. Frente a la parte considerativa de la concesión de la suspensión provisional, el ente recurrente aduce, medularmente, que el a quo debió negar la suspensión provisional, de acuerdo a lo que dispone la jurisprudencia del rubro: ‘VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE, PARA SU PROCEDENCIA ES NECESARIO DEMOSTRAR LA LEGAL ESTANCIA EN EL PAÍS.’, que establece que en el caso de solicitudes de suspensión tratándose de vehículos de procedencia extranjera, es necesario demostrar la legal estancia en el país, toda vez que si los automotores fueron fabricados en los Estados Unidos y son de origen extranjero, entonces el impetrante de garantías debió allegar los pedimentos de importación correspondientes o el permiso temporal que acredite su legal estancia en el territorio nacional, lo cual no hizo según se advierte de la demanda de garantías y del acuerdo recurrido, por lo que no acreditó tener un derecho tutelado susceptible de ser protegido mediante la suspensión. Como se anticipó, asiste razón al recurrente, tal como se pondrá de relieve a continuación. De entrada, es indispensable establecer que, como su nombre lo indica, la finalidad de la suspensión de los actos reclamados prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se contrae a paralizarlos, detenerlos, evitar que se ejecuten o se sigan ejecutando, con la consecuente irreparabilidad de los mismos, es decir, es una medida precautoria que tiende a preservar la materia del juicio de garantías. En esas condiciones, el agraviado debe acreditar a fin de que sea procedente el otorgamiento de la suspensión, los siguientes requisitos concurrentes previstos en dicha norma legal, a saber: a) Que demuestre de manera indiciaria que el acto reclamado lo agravia, por lo que la medida cautelar debe solicitarse de manera expresa y clara (fracción I). b) Que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público (fracción II). c) Que la ejecución de los actos reclamados presumiblemente le causaría daños y perjuicios de difícil reparación (fracción III). Así tenemos que si el promovente del amparo no justifica de forma presuntiva su interés legal para que se suspenda el acto reclamado, debe negarse la referida medida cautelar, dado que no es suficiente que aduzca bajo protesta de decir verdad, que son ciertos los hechos que afirma en su demanda de amparo para que se tenga por acreditada la presunción aludida, ya que a pesar de que en el juicio de garantías impera la buena fe, no se pueden soslayar los requisitos que la propia Ley de Amparo establece para otorgar la suspensión provisional, ni a través de la medida suspensional es posible crear un derecho del que no gozaba el quejoso antes de la promoción del amparo, pues la suspensión provisional de los actos reclamados se equipara a una medida cautelar, cuya finalidad es preservar las cosas en el estado que se encuentran al momento de concederse, por lo que sólo en el caso de que exista la titularidad jurídica de un bien o de un derecho en favor del agraviado, se entiende que hay interés jurídico presuntivo del quejoso para obtener dicha medida. En suma, la suspensión del acto reclamado tiene por objeto primordial mantener viva la materia de amparo, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, pues, tratándose de la medida cautelar provisional, el acto reclamado queda en suspensión, mientras se resuelve sobre la suspensión definitiva, de manera que se traduce en el mantenimiento del estado que guardan las cosas al momento de que se decreta, surtiendo efectos de una verdadera paralización del acto reclamado, con la correlativa obligación de las autoridades de mantener las cosas en el estado en que éstas se encuentran al decretarse la medida cautelar. Precisada a grandes rasgos la naturaleza jurídica de la suspensión provisional y sus efectos que produce en el actuar de la autoridad responsable en relación con el acto o actos reclamados, se pasa a exponer algunas acotaciones sobre los requisitos que deben cumplirse para que sea viable tal medida cautelar en asuntos en que el acto reclamado consiste en la desposesión y embargo de automotores de procedencia extranjera. Para ello, es conveniente tener presente el criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe, seguido de sus datos de identificación. ‘VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE. PARA SU PROCEDENCIA ES NECESARIO DEMOSTRAR LA LEGAL ESTANCIA EN EL PAÍS.’ (se transcribe). Como se ve, dicha jurisprudencia establece categóricamente que para ser procedente la suspensión, tratándose de vehículos de procedencia extranjera, es menester que el quejoso acredite la legal estancia en el territorio nacional de dichos automotores, a través de la documentación idónea, esto es, con el permiso de importación temporal o definitiva, a fin de tener por existente la afectación del interés jurídico presuntivo; no siendo suficiente la justificación de que tiene derecho sobre un vehículo de procedencia extranjera o que haya pagado el impuesto general de importación, la tenencia o el impuesto al valor agregado, en virtud de que debe acreditar que esos derechos se encuentran jurídicamente tutelados en el país, lo que sólo puede lograrse comprobando con la documentación correspondiente la legal estancia del vehículo en el país. Partiendo de tales premisas, es incuestionable que el Juez de Distrito no estuvo en lo correcto al conceder la suspensión provisional respecto a los actos reclamados consistentes en la orden de detención y embargo, así como su pretendida ejecución, respecto a los vehículos de carga descritos en la demanda de garantías. En efecto, si el motivo de reclamo versa sobre automotores de procedencia extranjera, a los que dice el quejoso se pretenden detener y embargar por parte de las autoridades señaladas como responsables, resulta evidente que para poder acreditar indiciariamente su interés suspensional, debió aportar los documentos idóneos (permisos de importación temporal o definitiva), por los cuales comprobara la legal estancia en el país de dichos vehículos. No se contrapone a lo anterior, la circunstancia de que el impetrante del amparo hubiese allegado al libelo de garantías diversas facturas relativas a la adquisición de los vehículos reclamados, pues, para tener por existente la afectación del interés legal en comento, era necesario que se demostrara el derecho jurídicamente tutelado que se estima afectado, es decir, que está debidamente regulado en el país, que se insiste, sólo puede lograrse con la exhibición de la indicada documentación correspondiente a la legal estancia de los vehículos en el territorio nacional. Ante tal eventualidad, queda claro que en el caso particular no se cumple con la exigencia a que se contrae la fracción I del artículo 124 de la Ley de Amparo, dada la falta de prueba para acreditar la legal estancia en el país de los vehículos detallados en la demanda de garantías, que por vía de consecuencia evidencia la inexistencia de la titularidad jurídica de los mencionados bienes, que a su vez impide obtener la medida suspensional, debido a que es de explorado derecho que a través de la suspensión no es posible crear un derecho del que no gozaba el solicitante antes de la promoción del amparo y, por ende, del otorgamiento de la suspensión provisional. Cabe hacer hincapié, que este Tribunal Colegiado no soslaya que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenta la jurisprudencia visible en la página 177, Tomo IV, noviembre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya sinopsis es del tenor siguiente: ‘VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL AMPARO EN CONTRA DEL SECUESTRO, DESPOSEIMIENTO, DECOMISO O CUALQUIER ACTO DE AUTORIDAD QUE AFECTE EL DERECHO DE PROPIEDAD O POSESIÓN DE LOS MISMOS, SE DEMUESTRA CON EL SOLO ACREDITAMIENTO, POR PARTE DE LA QUEJOSA, DE ESTOS DERECHOS.’ (se transcribe). Sin embargo, debe señalarse que ese criterio jurisprudencial no resulta aplicable por analogía al tópico examinado en esta ejecutoria, toda vez que versa sobre el interés jurídico en el juicio de amparo, inmerso en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo, respecto a los actos reclamados consistentes en el secuestro, desposeimiento, decomiso o cualquier acto de autoridad que afecte al derecho de propiedad o posesión de los vehículos de procedencia extranjera, que puede comprobarse con los documentos relativos a la tarjeta de circulación de la que se infiera que el propietario del vehículo fronterizo es el quejoso, o bien, con la factura en la que conste la adquisición del vehículo por el imperante del amparo, sin ser necesario la demostración de la legal estancia en el país de tales vehículos. Aspectos legales que no pueden traerse a colación y aplicarse al caso particular en donde se establece la falta de acreditamiento del interés jurídico suspensional a que se refiere la fracción I del artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto a dichos actos reclamados -secuestro o decomiso de vehículos de procedencia extranjera-, como al parecer implícitamente lo hizo el Juez Federal; lo anterior, en razón de que aquella jurisprudencia parte de fundamentos y motivaciones vinculadas con el juic

o de amparo principal, es decir, independientes al interés jurídico presuntivo para impugnar tales actos, que es al que se refiere la jurisprudencia antes reproducida, de la voz: ‘VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE. PARA SU PROCEDENCIA ES NECESARIO DEMOSTRAR LA LEGAL ESTANCIA EN EL PAÍS.’, que sigue perviviendo y le reviste la obligatoriedad inmersa en el artículo 192 de la Ley de Amparo, tratándose de asuntos como en el que nos ocupa, en el que ineludiblemente el solicitante de garantías para obtener la suspensión provisional, debe acreditar la legal estancia en el país de los vehículos de procedencia extranjera. De tal suerte que los requisitos para acreditar el interés jurídico en el juicio de garantías a que alude la superioridad, no son susceptibles de aplicarse analógicamente o por mayoría de razón a la procedencia de la suspensión provisional en estudio, ya que, como se ha dicho, ambos aspectos se examinan bajo una perspectiva jurídica distinta. Estimarse lo contrario, sería tanto como establecer que la jurisprudencia en que se sustenta este fallo, perdió su carácter de obligatoriedad, pese a que en ningún momento la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interrumpió o abandonó dicho criterio jurisprudencial en términos del artículo 194 de la Ley de Amparo, esto es, que bajo una nueva reflexión se apartara del precedente y sostuviera un nuevo criterio; por el contrario, estableció que el criterio jurisprudencial se refiere al interés jurídico en el amparo, cuya motivación y fundamentación es independiente al trámite incidental. En esa medida, es innegable que ambos criterios jurisprudenciales coexisten en el mundo jurídico y en determinado ámbito temporal, ya que se refieren a casos analíticos distintos y que, por lo tanto, no se contraponen entre sí, con lo cual se salvaguarda la seguridad jurídica que es uno de los valores que persigue la institución de la jurisprudencia. De ahí que este tribunal federal para resolver el punto divergente planteado en los agravios en examen, válidamente puede aplicar la jurisprudencia relativa a la procedencia de la suspensión, por ser la específica y la que es acorde con los elementos del asunto donde se aplica, no la que se refiere al interés jurídico en el juicio de amparo, que como se dijo, se sustenta en supuestos diversos. A efecto de corroborar y fortalecer aserto, se transcribe la parte conducente de la ejecutoria de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, relativa a la contradicción de tesis sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y los Tribunales Colegiados Tercero y Sexto en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dio origen a la transcrita jurisprudencia inmediata anterior y que señala: ‘Por otro lado, debe aclararse que si bien la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el criterio jurisprudencial publicado con el número 19/94 en la página un mil setenta y tres del volumen «jurisprudencia por contradicción», Segunda Sala, de rubro: «VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE. PARA SU PROCEDENCIA ES NECESARIO DEMOSTRAR LA LEGAL ESTANCIA EN EL PAÍS.», ese criterio no es de invocarse en el juicio de amparo principal para sostener que el interés jurídico para impugnar el secuestro o decomiso de vehículos de procedencia extranjera, sólo se demuestra con la legal estancia en el país de los mismos, pues el criterio que se sustenta se basa en fundamentos y motivaciones independientes al procedimiento incidental, y no existe inconveniente jurídico alguno si se llega o no a la misma conclusión al dictarse sentencia en lo principal ...’. Orientan el particular, la tesis y jurisprudencia sustentadas por el Pleno y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en las páginas 13 y 559, Tomos XXV, abril de 2007 y XXV, mayo de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que, respectivamente, disponen: ‘JURISPRUDENCIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LA SOLICITUD DE SU MODIFICACIÓN PUEDE SUSTENTARSE EN UN CASO CONCRETO RESUELTO POR ESE ÓRGANO JURISDICCIONAL CON LA SOLA EMISIÓN DEL FALLO CORRESPONDIENTE, AUN CUANDO EN ÉSTE SE APARTE DE LA JURISPRUDENCIA QUE TENGA ESTABLECIDA.’ (se transcribe) y ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. CUANDO AL RESOLVERLA SE ABANDONE UNA JURISPRUDENCIA, EL CRITERIO QUE SURJA CONSTITUYE JURISPRUDENCIA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.’ (se transcribe). En mérito a las consideraciones esgrimidas, este órgano jurisdiccional no comparte los criterios que sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este circuito, inmersos en las ejecutorias dictadas el tres y cinco de noviembre del presente año, en los tocas de quejas ********** y ********** que, en su parte medular, señalan: ‘En este contexto, si de las manifestaciones expuestas por el quejoso en su demanda de amparo, el Juez de Distrito advirtió que éste señaló, bajo protesta de decir verdad, que las autoridades responsables pretendían «detener o embargar» los vehículos que describió, de los cuales acreditó ser propietario ante el Juez Federal, con las facturas 0197 y 0199, expedidas a su favor por ********** (foja 23 vuelta del toca), entonces es evidente que acreditó su interés para acceder a la medida provisional, sin que sea necesario, como lo dijo la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la nación, en la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 53/96, el que también se demuestre la legal estancia en el país de los multicitados vehículos de procedencia extranjera, pues los actos reclamados sólo afectan la propiedad o posesión que respecto de los mismos tiene el quejoso, y no su derecho de importación, por lo que la legal o ilegal estancia en el país de tales automotores, será materia del procedimiento administrativo que, en su caso, se siga contra el formulante del amparo. La referida jurisprudencia número 2a./J. 53/96, de la Segunda Sala, cuyos razonamientos se hacen propios en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 177, y es del tenor literal siguiente: «VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL AMPARO EN CONTRA DEL SECUESTRO, DESPOSEIMIENTO, DECOMISO O CUALQUIER ACTO DE AUTORIDAD QUE AFECTE EL DERECHO DE PROPIEDAD O POSESIÓN DE LOS MISMOS, SE DEMUESTRA CON EL SOLO ACREDITAMIENTO, POR PARTE DE LA QUEJOSA, DE ESTOS DERECHOS.» (se transcribe). Derivado de lo anterior es que, contrario a lo alegado por la autoridad disconforme, el quejoso no requería acreditar, a fin de acceder al beneficio de la suspensión provisional, que había internado legalmente al país los vehículos de que se trata, dado que los actos reclamados versan en cuanto a la desposesión de los mismos, de los cuales demostró ser propietario, por lo que, como el Juez de Distrito lo estableció, las autoridades administrativas, entre ellas las aduaneras, tienen expeditas sus facultades para verificar ese extremo, y los demás que se desprendan de la normatividad aplicable’ y ‘... Ahora bien, en lo tocante a la materia de la impugnación, se consideran ineficaces los argumentos en los cuales el recurrente alega que debió negarse la medida suspensional al quejoso, en virtud de que no cuenta con un derecho legítimamente tutelado para tener los vehículos de que se trata dentro del territorio nacional, pues no acreditó su legal estancia y tenencia. En efecto, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, el objeto de la suspensión es preservar la materia del juicio, hasta su finalización, y en el caso se reclamaron las órdenes de «detención y embargo» que hubieren girado en su contra las responsables, respecto de los vehículos de su propiedad y, como se estableció, el Juez de Distrito sólo concedió la medida precautoria para que los demandantes de garantías no fueran privados de la posesión de tales automotores, ni se detuvieran o embargaran los mismos. Bajo este tenor, para conceder la suspensión provisional, el juzgador de amparo, sin perjuicio de analizar el cumplimiento de los extremos previstos por el mencionado artículo 124 de la ley de la materia, debe atender a los datos y elementos que se desprendan (preliminarmente) de la demanda, y en los libelos iniciales, lo que se reclama son las órdenes de detención y embargo de diversos vehículos. En relación con la apreciación preliminar de los datos que se desprendan de la demanda, se invoca la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2a./J. 5/93, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 68, agosto de 1993, página 12, que dice: «SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO.» (se transcribe). De ahí que si de las manifestaciones expuestas por los quejosos, el Juez de Distrito advirtió que señalaron, bajo protesta de decir verdad, que las autoridades responsables pretendían «detener o embargar» los vehículos que describieron, de los cuales acreditaron ser propietarios ante el referido Juez Federal, con las facturas 0196, 0198, 0200 y 0155 (las tres primeras ceden los derechos a ********** y la última a **********, respecto de los tractocamiones de mérito -que obran en fojas de la 36 a la 39-); resulta evidente, como lo estableció el Juez, que acreditaron su interés suspensional, sin que sea necesario, como lo dijo la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la nación, en la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 53/96, que demostraran la legal estancia de tales vehículos de procedencia extranjera, pues los actos reclamados sólo afectan la propiedad o posesión que respecto de los mismos tienen los quejosos y no así su derecho de importación, por lo que la legal o ilegal estancia en el país de tales automotores, será materia del procedimiento administrativo que, en su caso, se siga contra los formulantes de amparo. La referida jurisprudencia número 2a./J. 53/96, de la Segunda Sala, cuyos razonamientos se hacen propios en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de mil novecientos noventa y seis, página 177, y es del tenor literal siguiente: «VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL AMPARO EN CONTRA DEL SECUESTRO, DESPOSEIMIENTO, DECOMISO O CUALQUIER ACTO DE AUTORIDAD QUE AFECTE EL DERECHO DE PROPIEDAD O POSESIÓN DE LOS MISMOS, SE DEMUESTRA CON EL SOLO ACREDITAMIENTO, POR PARTE DE LA QUEJOSA, DE ESTOS DERECHOS.» (se transcribe). Derivado de lo anterior es que, contrario a lo alegado por la autoridad disconforme, los quejosos no requerían acreditar, a fin de acceder al beneficio de la suspensión provisional, que internaron legalmente al país los vehículos de que se trata, dado que los actos reclamados se refieren a su detención o embargo, de los cuales demostraron ser propietarios, por lo que, como el Juez de Distrito lo estableció, las diversas autoridades, entre ellas las administrativas (aduaneras), tienen expeditas sus facultades para verificar ese extremo y los demás que se desprendan de la normatividad aplicable ...’. Se dice que no se comparten los criterios reproducidos, ya que, como se indicó, la jurisprudencia bajo la voz: ‘VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL AMPARO EN CONTRA DEL SECUESTRO, DESPOSEIMIENTO, DECOMISO O CUALQUIER ACTO DE AUTORIDAD QUE AFECTE EL DERECHO DE PROPIEDAD O POSESIÓN DE LOS MISMOS, SE DEMUESTRA CON EL SOLO ACREDITAMIENTO, POR PARTE DE LA QUEJOSA, DE ESTOS DERECHOS.’, no es aplicable al acreditamiento del interés presuntivo en la suspensión y, por ende, no es idónea para establecer lo conducente sobre la procedencia de dicha medida cautelar, ya que se refiere al interés jurídico del juicio de garantías y se sustenta en diversos motivos y fundamentos al trámite incidental; máxime que de la ejecutoria de dicho criterio jurisprudencial no se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubiese modificado o abandonado la diversa jurisprudencia específica a la viabilidad de la suspensión, tratándose de vehículos de procedencia extranjera, del epígrafe: ‘VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE. PARA SU PROCEDENCIA ES NECESARIO DEMOSTRAR LA LEGAL ESTANCIA EN EL PAÍS.’, que, por lo tanto, es de observancia obligatoria y es aplicable a los casos que se ajusten a la hipótesis que consigna. Ante tal situación, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, denúnciese ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la posible contradicción de tesis entre el criterio sostenido por este tribunal federal y las ejecutorias anteriormente preinsertas, para lo cual se instruye a la Secretaría de Tesis de este órgano jurisdiccional para que realice los trámites conducentes. Sin que sea óbice, que los criterios del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este circuito y al que se contrae esta ejecutoria, no constituyan tesis o jurisprudencia, identificadas por un rubro o un texto, toda vez que basta que se trate de criterios opuestos y discrepantes, para que sea procedente denunciar esa contradicción, toda vez que los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197 y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen dichos requisitos. Cítase al respecto, la jurisprudencia sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del país, localizable en la página 77, XIII, Tomo abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya voz y texto señalan: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.’ (se transcribe). En las apuntadas condiciones, ante la eficacia de los agravios hechos valer en la materia del recurso, lo que procede es declarar fundada la queja y revocar el auto impugnado. Al resultar fundados los agravios examinados, ello hace innecesario el estudio de los restantes, pues a final de cuentas, cualquiera que fuera su resultado, a nada práctico conduciría, ya que la disconforme no obtendría mayores beneficios de los otorgados en este fallo. Tiene aplicación por analogía, el criterio que se comparte inmerso en la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 470, Tomo III, mayo de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es: ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’ (se transcribe)."

CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, cuyo criterio se denuncia como contrario al sostenido por el tribunal mencionado anteriormente, al resolver en sesión de tres de noviembre de dos mil nueve, el recurso de queja **********, determinó lo siguiente:

"CUARTO. Los agravios son ineficaces. En efecto, previo a su análisis, conviene realizar, a manera de antecedentes, las siguientes precisiones: 1) El quejoso, **********, por su propio derecho, demandó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, en contra de actos que atribuyó a diversas autoridades, entre ellas, al administrador general de Aduanas, por quien comparece en suplencia por ausencia del recurrente, señalando dichos actos, de la forma siguiente: ‘A las autoridades señaladas en el inciso «a» les reclamo la ilegal orden de detención y embargo que han girado a las autoridades señaladas en el inciso «b» y «c» les reclamo la ilegal orden de detención y embargo que pretenden ejecutar, en contra de los vehículos de carga de mi propiedad que describo en fojas, consistentes en los siguientes vehículos de carga: 1. Tractocamión, marca Dina, modelo 1987, número de serie **********, placas ********** del Servicio Público Federal, número de cabina **********, número de motor ********** propiedad que acredito con la factura número 0197 expedida por **********, con los derechos cedidos a nombre del suscrito. 2. Tractocamión, marca Kenworth, modelo 1981, número de serie **********, placas ********** del Servicio Público Federal, número de cabina **********, número de motor ********** propiedad que acredito con la factura número 0199, expedida por **********, con los derechos cedidos a nombre del suscrito.’. Cabe indicar que la Administración General de Aduanas, fue señalada por el quejoso en su demanda, como una de las autoridades señaladas en el inciso ‘a’, es decir, le reclamó la orden de embargo o detención en contra de los vehículos de su propiedad. De la referida demanda correspondió conocer al Juez Tercero de Distrito en Materia Adm

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22304-10c63ae7/vehiculos-de-procedencia-extranjera-el-otorgamiento-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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