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LIBERTAD DE COMERCIO. LOS ARTÍCULOS 53 DEL REGLAMENTO DE COMERCIO Y DE SERVICIOS Y 9o. DEL REGLAMENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GASOLINERAS Y ESTACIONES DE SERVICIO, AMBOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, NO VIOLAN AQUELLA GARANTÍA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 11/2010. · Registro digital (IUS): 22362
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO AUXILIAR CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO Y CUARTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, , Pág. 978.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 11/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO AUXILIAR CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO Y CUARTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES.

SECRETARIA: LAURA MONTES LÓPEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que el tema tratado en las ejecutorias, que constituye el punto de contradicción a dilucidar, corresponde a la materia administrativa, en la que esta Sala se encuentra especializada.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima.

El artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas.

En el caso, la denuncia de contradicción la hizo el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar con residencia en Guadalajara, Jalisco, órgano que intervino en uno de los asuntos que originaron los posibles criterios en contraposición, por lo que cabe concluir que la denuncia proviene de parte legítima.

TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar con residencia en Guadalajara, Jalisco al resolver en sesión de doce de noviembre de dos mil nueve, el amparo en revisión **********, promovido por **********, determinó conceder el amparo solicitado apoyándose, en la parte conducente, en las consideraciones siguientes:

"SÉPTIMO. Es sustancialmente fundado el concepto de violación sintetizado. En efecto, sólo la ley formalmente expedida por el órgano legislativo, ya sea el Congreso de la Unión o el Congreso del Estado de Jalisco, puede restringir el ejercicio de la libertad de trabajo, prevista en el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: ‘A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. ...’. El artículo transcrito tutela la garantía de trabajo, señalando que a nadie podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode. El ejercicio de esa prerrogativa constitucional tiene las limitantes siguientes: Que la actividad sea lícita, esto es que no se encuentre prohibida por la ley o que transgreda el derecho positivo mexicano. Que no se afecten derechos de terceros. Que no vulneren derechos de la sociedad. El Pleno del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación en jurisprudencia firme y vigente, ha establecido que la resolución gubernativa que limite el ejercicio de esa garantía ‘cuando se ofendan los derechos de la sociedad’, requiere estar sustentada en una ley expedida por un órgano legislativo. Define lo anterior la jurisprudencia por reiteración (registro 812711), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Informe 1965, Sexta Época, página 49, de rubro y texto: ‘REQUISITO DE DISTANCIA. ES INCONSTITUCIONAL CUANDO LO FIJA UN REGLAMENTO Y NO UNA LEY EMITIDA POR UN ÓRGANO LEGISLATIVO.’ (se transcribe). Esa misma jurisprudencia aparece publicada bajo el registro 801733, en el volumen 3o. Parte CII, del Semanario Judicial de la Federación, página 58 (Genealogía: Apéndice 1917-1995, Tomo III, Segunda Sala, tesis 1039, página 820, exactamente igual que la transcrita), y dice: ‘REQUISITO DE DISTANCIA. ES INCONSTITUCIONAL CUANDO LO FIJA UN REGLAMENTO Y NO UNA LEY EMITIDA POR UN ÓRGANO LEGISLATIVO.’ (se transcribe). Cabe aclarar que esas tesis citan diferentes precedentes. La primera hace referencia a los siguientes: ‘Amparo en revisión 8197/64. Antonio García García. 17 de junio de 1965. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Rivera Pérez Campos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 59/65. Arnulfo Aguilar Martínez. 23 de junio de 1965. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Rivera Pérez Campos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 823/65. Modesta Peregrina Linares. 30 de junio de 1965. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Rivera Pérez Campos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 9490/64. Ramos García Teresa. 30 de junio de 1965. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Rivera Pérez Campos.’. La publicación de la tesis restante, cita como tales: Amparo en revisión 7230/64. Antonio García García. 17 de junio de 1965. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Rivera Pérez Campos. Relator: Pedro Guerrero Martínez. Amparo en revisión 59/65. Arnulfo Aguilar Martínez. 23 de junio de 1965. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Rivera Pérez Campos. Relator: Pedro Guerrero Martínez. Amparo en revisión 9490/64. Teresa Ramos García. 30 de junio de 1965. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Rivera Pérez Campos. Relator: Pedro Guerrero Martínez. Amparo en revisión 823/65. Modesta Peregrina Linares. 30 de junio de 1965. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Rivera Pérez Campos. Relator: Pedro Guerrero Martínez. Amparo en revisión 3536/65. Froilán Hernández Mújica. 30 de septiembre de 1965. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. Ahora bien, el artículo 53 del Reglamento de Comercio y Servicios para el Municipio de Zapopan, Jalisco, tildado de inconstitucional, dice lo siguiente: ‘No obstante la constancia expedida por Petróleos Mexicanos, no se autorizará la construcción de gasolineras ni de establecimientos que expendan artículos de combustión, cuando las bombas o tanques se instalen a menos de 150 metros de alguna escuela, centros de culto religioso, cine, teatro, mercado, o algún otro lugar público o privado de reunión, esta distancia se medirá de los muros que limitan los edificios indicados a las bombas o tanques.’. Ese numeral dispone que no se autorizará la construcción de gasolineras ni de establecimientos que expendan artículos de combustión, cuando las bombas se instalen a menos de ciento cincuenta metros de alguna escuela, centros de culto religioso, cine, teatro, mercado o algún otro lugar público o privado de reunión. Distancia que se medirá de los muros indicados a las bombas o tanques respectivos. Luego, si como se vio, sólo la autoridad legislativa, federal o local, en su respectiva esfera competencial, tiene la facultad necesaria para emitir normas que limiten la libertad de trabajo, es inconcuso que el artículo referido es inconstitucional. Ciertamente, en la especie se está en presencia de una norma reglamentaria que no permite autorizar la construcción de gasolineras ni de establecimientos que expendan artículos de combustión, cuando las bombas o tanques e encuentren instalados a menos de ciento cincuenta metros de alguno de los centros de concentración masiva que ahí se enumeran; lo cual, vulnera la garantía de libertad de trabajo prevista en el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que esa restricción no debe estar prevista en un reglamento, sino en una ley, como lo exige ese precepto constitucional. La afirmación hecha en el párrafo precedente encuentra apoyo en las razones que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenidas en la jurisprudencia de referencia. Para demostrar lo anterior, conviene tener presente, en lo conducente, el contenido de la ejecutoria que resolvió el primero de aquellos precedentes, esto es, el amparo en revisión 8197/64, que se emitió el veintiocho de abril de mil novecientos sesenta y cinco, ya que de ella derivaron las demás resoluciones con las que se formó el criterio que, como antes se ponderó se encuentra publicada en dos ocasiones en el Semanario Judicial de la Federación, y que refiere a seis resoluciones falladas en ese sentido (8197/64, 7230/64, 59/65, 823/65, 9490/64 y 3536/65): ‘CUARTO.’ (se transcribe). Como se advierte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el requisito de distancia previsto en el Reglamento de Peluquerías y Salones de Afeite y Embellecimiento en el Distrito Federal, como condicionante para abrir un establecimiento, en virtud de fijarse en un reglamento, y no en una ley. Lo anterior al tomar en consideración que el reglamento estatuía de modo general la manera de aplicar a los casos concretos la ley que reglamentaba, y que esta semejanza entre el reglamento y la ley, había inducido con frecuencia a confundir ambos ordenamientos, pero dicha semejanza no autorizaba la identificación, porque el reglamento era una disposición de carácter general que se refería exclusivamente y materialmente al orden de la administración. Asimismo, sostuvo que el reglamento presuponía la existencia de una ley, lo que hacía al primero una norma subalterna respecto de la segunda, se trataba pues de ordenamientos de importancia y jerarquía distinta. Y con base a ello, determinó que el Reglamento de Peluquerías y Salones de Afeite y Embellecimiento en el Distrito Federal era inconstitucional, debido a que no fue emitido a título de ley por ningún órgano legislativo ni hacía referencia a ley alguna de la que fuera formación reglamentaria y, por ello, subalterna. Asimismo, estimó que ni siquiera la ley podía obrar arbitraria ni aun discrecionalmente al imponer taxativas al ejercicio de la garantía individual de que se trata, sino que debía hacerlo ‘cuando se ofendan los derechos de la sociedad’. En consideración del aludido Alto Tribunal, constituía una apreciación tan delicada y trascendental que cuando se ofendían los derechos de la sociedad, para el efecto de tasar el ejercicio de una garantía individual que la Constitución otorgaba, no quiso confiarla la Ley Suprema sino a la propia ley, emanada ésta como tal del órgano legislativo. La aludida superioridad hizo referencia también que nada importaba que esa restricción apareciera en un reglamento, en un bando de policía y de buen gobierno o en cualquier otro instrumento que no fuera precisamente una ley, ya que así se entendía del texto literal del entonces artículo 4o. constitucional (hoy artículo 5o. constitucional, redactado en iguales términos). Está claro entonces que el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación estableció que ni aun cuando la restricción de que se trata estuviera fijada en un reglamento autónomo, podría considerarse constitucional. En ese orden de ideas, por estar en un supuesto similar al de las tesis citadas en párrafos precedentes, debe considerarse que es inconstitucional la limitación a la libertad de trabajo impuesta por razón de la distancia, ya que son las autoridades federales o locales legislativas, en su respectiva esfera competencial, y no el Municipio, las que tienen la potestad de regular ese tipo de restricciones. La tesis aislada que se cita a continuación (registro 326948), sustentada también por la Segunda Sala, permite entender que el Alto Tribunal de aquella época dio mayor importancia a la norma emanada de un órgano legislativo, atendiendo a la expresión de voluntad que ésta contiene y la complejidad que existía, y sigue existiendo, para su formación y modificación. El precedente de referencia, se encuentra publicado en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LXXII, página 6716, bajo el rubro y con el contenido siguiente: ‘LEYES Y REGLAMENTOS, DIFERENCIA ENTRE LOS.’ (se transcribe). No está por demás mencionar que el Ministro José Rivera Pérez Campos, sostuvo voto particular en contra de aquella ejecutoria transcrita, en los términos que a continuación se expresan: ‘OBJECIONES SUSTANTIVAS.’ (se transcribe). Lo anterior se transcribe, en la medida que sirve para corroborar que la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejó establecido, en forma vigente, que el requisito de distancia como restricción de un comercio, debe encontrarse previsto estrictamente en una ley, y no en un reglamento expedido por el Municipio. Se llega a la anterior conclusión, no obstante que el Municipio haya sido fortalecido en su facultad reglamentaria, a partir de la reforma del artículo 115 de la Constitución Federal verificada el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. Esto es, el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas de las fracciones II y V, del artículo 115 constitucional, para quedar como sigue: ‘Artículo 115.’ (se transcribe). De esa reforma, el Municipio obtuvo: a) Fortalecimiento a su facultad reglamentaria municipal en los temas referidos en la fracción II, además de la limitación del contenido de las leyes estatales sobre cuestiones municipales; y b) En lo concerniente al catálogo de facultades que en el sistema constitucional de concurrencia regula la fracción V, del artículo 115, además de las facultades de las que ya gozaban en materia de aprobación y administración de los planes de desarrollo urbano, se le permitió participar en la formulación de planes de desarrollo regional, obligando a la Federación y al Estado a asegurar la intervención de los Municipios en ese tema. Igualmente se le permitió: autorizar el uso del suelo adicionalmente a las facultades de control y vigilancia que ya tenía; participar en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento de zonas de reservas ecológicas, además de sus facultades de creación y administración de éstas; intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquéllos afectaran su ámbito territorial, y celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. Lo anterior, pone de manifiesto que la reforma al artículo 115 constitucional de mil novecientos noventa y nueve, aumentó de forma significativa las atribuciones de los Municipios, ampliando su facultad reglamentaria en determinadas materias, pero no le permitió regular el requisito que aquí se analiza. Ello es así, porque este tribunal estima que el requisito de distancia referido no puede estar establecido por un reglamento. En efecto, no obstante las aludidas facultades reglamentarias con que actualmente cuenta el Municipio, esa restricción debe estar prevista en una ley conforme lo ha interpretado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia antes mencionada. Incluso, no representa un obstáculo que el artículo 2o. del Reglamento de Comercio y Servicios para el Municipio de Zapopan, establezca que ese ordenamiento se expidió con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, tercer párrafo, y 115, fracciones II, III, IV y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 77, 79 y 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 7, fracción IV, artículos 12, 13 y 43 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, y 1o., 2o., 4o., 5o., 7o., 8o. y 11 de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, entre otras normas; ni que las autoridades responsables hayan sostenido en su informe justificado que la emisión de la norma reclamada es ‘de detalle’, en la medida que su expedición obedece al ejercicio de una facultad concurrente en materia de desarrollo urbano, que se encuentra subordinada al marco jurídico antes citado. Es así, primeramente, porque el contenido del Reglamento de Comercio y Servicios para el Municipio de Zapopan revela que no está destinada específicamente para regular el desarrollo urbano, sino para normar la actividad comercial, industrial, agroindustrial y de servicios en el Municipio. Enseguida, no puede sr considerada una norma ‘de detalle’, emitida en uso de una facultad concurrente, porque las disposiciones reglamentarias emitidas en ese ámbito de atribuciones, están contenidas en el Reglamento de Construcciones y Desarrollo Urbano del Municipio de Zapopan, Jalisco, y normas técnicas complementarias para diseño por sismo. Así lo corrobora su artículo 1o. lo que dice que ese reglamento se expide con fundamento en los artículos 27 párrafo tercero, 115 fracciones II y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 al 6 y 9 de la Ley General de Asentamientos Humanos; 73, 77 y 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1 al 3, 122, 279 al 297 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco; y, 1, 6 y 7 del Reglamento Estatal de Zonificación del Estado de Jalisco. Además, ninguno de esos dos argumentos cambia el hecho de que es una regla la que en este caso restringe la garantía de libertad de comercio y por ello es inconstitucional, atendiendo a que una limitante así, sólo debe estar prevista en una ley formal. De esa manera, el criterio antes citado que dice que es inconstitucional el requisito de distancia que se establece en un reglamento, lleva a concluir que, aun cuando el Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, actualmente tiene amplias facultades para emitir reglamentos en términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos; no está en posibilidad de fijar en un reglamento el requisito de restricción por distancia para autorizar la construcción de gasolineras o de establecimientos que expendan artículos de combustión, como se dispone en el artículo 53 del Reglamento de Comercio y Servicios para el Municipio de Zapopan, Jalisco, porque esto únicamente puede consignarse en una ley, con las limitaciones que establece el numeral 5o. de la Carta Magna. Por otra parte, en el caso no existen elementos que lleven a considerar la necesidad de modificar o interrumpir ese criterio, en uso de las facultades que otorga el artículo sexto transitorio del decreto por el que se reformó y adicionó la Ley de Amparo, publicado el once de enero de mil novecientos ochenta y ocho, en el Diario Oficial de la Federación, en la medida que no se han modificado las limitaciones al Poder Público respecto de la garantía individual de las personas, consagrada en la Constitución General de la República, que en su artículo 5o. continúa estableciendo que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, libertad que solo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad, ni se ha modificado el concepto que la Segunda Sala sostuvo acerca de que esas prerrogativas del individuo solo pueden ser restringidas en su alcance o suspendidas en su aplicación, en términos estrictos por la propia Ley Suprema, o por una ley que expida el órgano legislativo correspondiente. Apoyan esta determinación, la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Primera Parte, tomo CXXX, página 27, que dice: ‘DISTANCIA, REQUISITO DE INCONSTITUCIONALIDAD. COMERCIOS DE UNA MISMA ESPECIE.’ (se transcribe). ‘COMERCIOS DE UNA MISMA ESPECIE, INCONSTITUCIONALIDAD DEL REQUISITO DE DISTANCIA ENTRE LOS.’ (se transcribe). Incluso, la tesis aislada número XXX.1o.2 A, del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, abril de 2009, página 1924, de contenido siguiente: ‘LIBERTAD DE COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA. EL ARTÍCULO 1372, APARTADO B, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AL DISPONER QUE CUANDO SE TRATE DE AUTORIZAR PERMISOS PARA EL EJERCICIO DE DICHA ACTIVIDAD, EXCEPTO EN LO REFERENTE A MERCADOS Y TIANGUIS, EN TODO CASO DEBERÁ ESTABLECERSE EL COMERCIANTE A UNA DISTANCIA DE CIENTO CINCUENTA METROS LINEALES ENTRE UN GIRO SIMILAR Y OTRO, VIOLA DICHA GARANTÍA CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). Consecuentemente, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del artículo 53 del Reglamento de Comercio y Servicios para el Municipio de Zapopan. Los efectos de esta concesión se hacen extensivos a las modificaciones propias de ese numeral que hayan dado como resultado la norma que le fue aplicada, y al dictamen de trazo, usos y destinos específicos de veintinueve de octubre de dos mil ocho, emitido en el expediente **********, el cual debe quedar insubsistente, para que en su lugar el director general de Obras Públicas del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, con plena libertad, emita uno nuevo, absteniéndose de aplicar el numeral considerado inconstitucional."

CUARTO. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, cuyo criterio se denuncia como contrario al sostenido por el tribunal mencionado anteriormente, al resolver en sesión de dieciséis de abril de dos mil nueve, el amparo en revisión **********, interpuesto por el delegado del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, y otras autoridades, determinó negar el amparo solicitado, apoyándose, en la parte conducente, en las consideraciones siguientes:

"SEXTO. El análisis de los agravios permite llegar a las siguientes consideraciones. En principio, conviene tomar en cuenta que del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama el Reglamento para el Establecimiento de Gasolineras y Estaciones de Servicio en el Municipio de Zapopan, Jalisco, concretamente, por lo que se refiere a los artículos 7o. y 9o. que establecen, respectivamente, lo siguiente: ‘Artículo 7o.’ (se transcribe). ‘Artículo 9o.’ (se transcribe). También se aprecia que la parte agraviada impugna las anteriores disposiciones con motivo del primer acto de su aplicación, consistente en el ‘Dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos’, emitido el uno de octubre de dos mil siete, por el que la Dirección General de Obras Públicas del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, respecto a la solicitud del dictamen de trazo, usos y destinos específicos que promovió la parte quejosa para la certificación del uso comercial y de servicios centrales (centro comercial) y estación de servicio de combustible (gasolinera), sobre el predio ubicado en la Avenida Rafael Sanzio sin número, esquina con la Avenida Guadalupe y las calles Topógrafos y Administradores, en Zapopan, Jalisco, resolvió, en lo que interesa, lo siguiente (folios 25 a 27 del juicio de garantías): (se transcribe). Según se observa, la autoridad responsable estimó parcialmente procedente la solicitud presentada por la parte quejosa, ya que si bien la autorizó respecto al uso comercial y de servicios centrales intensidad baja (centro comercial), sin embargo, la resolvió improcedente por cuanto al uso comercial y de servicios centrales para la estación de servicios de combustible (gasolinera), al estimar que de la verificación realizada se observó la existencia de otra estación de servicios y de los centros de concentración masiva que a continuación se indican, a las distancias aproximadas que también se señalan: 1. Otra gasolinera al oriente en el mismo sentido y acera del predio a 665.00 metros; 2. Un templo al lado sur del predio sobre la Avenida Guadalupe a 75.00 metros; 3. Un ‘posible’ salón de eventos a 20.00 metros, al lado norte del predio, sobre la calle Administradores. 4. Una escuela de gimnasia olímpica sobre la calle Administradores a 87.00 metros, hacia el lado poniente del predio; 5. Un salón de fiestas sobre la calle Administradores a 107.00 metros; y 6. Un restaurante a 65.00 metros, al lado sur del predio. Agregó la responsable que la otra estación de servicio y los centros de concentración masiva señalados, se encuentran dentro del área de restricción con relación al predio, a que se contraen los artículos 7o. y 9o., fracción I, del Reglamento para el Establecimiento de Gasolineras y Estaciones de Servicio en el Municipio de Zapopan, Jalisco. En suma, la autoridad responsable resolvió desfavorablemente la petición de la parte quejosa, por cuanto al uso comercial y de servicios centrales para la estación de servicios de combustible, por considerar que no se cumplen los extremos previstos por los artículos 7o. y 9o. del reglamento reclamado, ya que no se satisface el requisito de distancia mínima con respecto a otra gasolinera, ni la exigencia de distancia mínima de resguardo con diversos centros de concentración masiva. Por su parte, la Juez de Distrito consideró en la sentencia recurrida, en síntesis, que la finalidad de los artículos combatidos no es proteger los intereses de la sociedad, sino privilegiar los intereses económicos de quienes ya fueron favorecidos con la autorización para realizar la actividad de expendio de gasolina, al señalar una distancia de mil y diez mil metros en áreas urbanas y rurales, respectivamente, que deben existir entre negocios del mismo giro; que las autoridades municipales carecen de facultades para emitir esa clase de reglamentos limitativos de la libertad de trabajo, ya que son las autoridades locales y federales, en su respectiva esfera competencial, las que regulan y supervisan las medidas de seguridad que deben observar este tipo de negociaciones; y, que de lo anterior se colegía que los conceptos de violación resultaban fundados, pues ‘el reglamento combatido y el dictamen reclamado’, se fundan en artículos emanados de una autoridad administrativa sin facultades para legislar al respecto. En sustento de tales consideraciones, la a quo citó la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 53, tomo: 42 Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: ‘DISTANCIA, REQUISITO DE. LAS LEYES QUE LO FIJAN SON VIOLATORIAS DE LOS ARTÍCULOS 4o. Y 28 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (REGLAMENTO DE EXPENDIOS DE LECHE EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA).’, así como la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal, consultable en la página 58, Tomo: Tercera Parte, CII, correspondiente a la Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación, de la voz ‘REQUISITO DE DISTANCIA. ES INCONSTITUCIONAL CUANDO LO FIJA UN REGLAMENTO Y NO UNA LEY EMITIDA POR UN ÓRGANO LEGISLATIVO.’. Para contrarrestar aquellas consideraciones la autoridad responsable sostiene, en síntesis, lo siguiente: Que los actos reclamados fueron emitidos en términos de las facultades y autonomía de que gozan los Municipios, conforme a lo que dispone el artículo 115 constitucional, por lo que la Juez de Distrito dejó de tomar en consideración las facultades que tiene el Municipio para resolver sobre el control y utilización de suelo dentro del mismo. Que mediante la expedición del dictamen de trazo, usos y destinos específicos no se está prohibiendo a la parte quejosa que se dedique al ejercicio de la profesión u oficio que le acomode, sino que dicho documento, por contener aspectos técnicos, corresponde elaborarlo a la autoridad municipal con el objeto de regular el uso del suelo. Que la fundamentación y motivación de leyes y reglamentos se satisface con la existencia de una norma legal que faculte a la autoridad para actuar en determinado sentido y de acuerdo con las circunstancias de hecho que permitan evidenciar con claridad que procedía crear la norma respectiva, pues el Municipio tiene facultades expresamente conferidas por la Constitución Federal, la Constitución Local y por las leyes de asentamientos humanos, desarrollo urbano y de la administración pública, del Estado de Jalisco, para regular el uso del suelo dentro de su territorio, así como para el establecimiento de gasolineras y estaciones de servicio. Que la regulación impugnada sólo pretende normar el uso del suelo para ejercer tal actividad comercial, la que es considerada por la legislación y por la sociedad en general, como altamente peligrosa y de alto impacto ambiental, por lo que resulta preponderante la expedición del reglamento reclamado por la necesidad de garantizar la seguridad de las personas y, por ende, de proteger la vida, la imagen urbana y el medio ambiente. Que la resolución impugnada causa agravios a las autoridades responsables, pues, sin la debida fundamentación y motivación, e invocando criterios jurisprudenciales no aplicables al caso la juzgadora federal hizo nugatorias las facultades que en materia de ordenamiento y desarrollo urbano se establecen a favor de los Municipios en los incisos a), d) y f), último párrafo, de la fracción V, del artículo 115 constitucional, pues en razón de las reformas constitucionales de diciembre de mil novecientos noventa y nueve se reconoció al Municipio como orden de gobierno, definiéndole su competencia exclusiva y precisando diversos rubros en los que tendrá necesaria intervención. Que a partir de dicha reforma, se consignó, en lugar del verbo ‘administrar’, que el Municipio será ‘gobernado’ por un Ayuntamiento de elección popular directa, lo que implica ‘mandar con autoridad, regir algo y dirigir una colectividad política’. Que el Ayuntamiento municipal tiene plena facultad, otorgada por la Constitución Federal, para expedir los reglamentos y disposiciones administr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22362-710d47d7/libertad-de-comercio-los-articulos-53-del-reglamento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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