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CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO ADMINISTRATIVO. SON INOPERANTES CUANDO SE COMBATE LO RESUELTO POR LA SALA RESPONSABLE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA, EN EL SENTIDO DE QUE AL HABERSE DICTADO ÉSTA, COMO CONSECUENCIA DE ELLO QUEDA SIN MATERIA LA MEDIDA CAUTELAR OTORGADA POR EL MAGISTRADO INSTRUCTOR.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 293/2010. · Registro digital (IUS): 22436
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Octubre de 2010, , Pág. 2932.

AMPARO DIRECTO 293/2010.**********.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Los conceptos de violación deben desestimarse.

Antes de realizar el pronunciamiento respectivo es pertinente destacar los siguientes antecedentes del asunto:

1. A través del juicio contencioso administrativo de origen, la ahora quejosa **********, demandó la nulidad de los siguientes actos:

"PRESTACIONES. 1. La declaración jurisdiccional de nulidad, anulabilidad e ineficacia que tenga a bien pronunciar este Tribunal con respecto a los actos impugnados, LICITACIONES PÚBLICAS Nos. 20 y 21 emitidas por la autoridad demandada, debido al incumplimiento del régimen jurídico a que están sujetos los actos administrativos, en los elementos y requisitos exigibles por los artículos 3 (in fine), 4, 5, 6, 7, 8 y sus aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 2. La resolución definitiva que por esta vía y forma se reclama, a efecto de declarar la NULIDAD PLENA, PARCIAL O ABSOLUTA; POR LA FALTA DE EFICACIA JURÍDICA Y CONGRUENCIA de la resolución emitida por el H. PLENO DEL COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA (COFECO), dentro del expediente administrativo número LI-12(02)-2009, correspondiente a la LICITACIÓN No. 20 en la SESIÓN ORDINARIA de fecha 8 de abril de 2010; en la que por unanimidad de votos y ante la fe del secretario ejecutivo de la misma, se pronunció en la forma que aparece en dicha resolución administrativa, misma que se acompaña a sus efectos justificativos bajo el anexo No. 6. 3. La nulidad plena, parcial o absoluta, respecto de la resolución pronunciada por la COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA (COFECO), de fecha 8 de abril de 2010; dentro del expediente LI-13(10)2009, (LICITACIÓN No. 21) en la que por unanimidad de votos y ante la fe del secretario ejecutivo de la misma, se pronunció en la forma que aparece resuelta en dicha resolución administrativa; misma que se acompaña a sus efectos justificativos bajo el anexo No. 7, atento a los defectos y vicios que la ley exige para su validez y respetabilidad. ... II. RESOLUCIONES QUE SE IMPUGNAN por esta vía. Ambas resoluciones han sido pronunciadas por el PLENO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA (COFECO), dictadas en SESIÓN ORDINARIA con fecha 8 de abril de 2010, mismas que se acompañan como anexos No. 6 y 7, para acreditar su existencia en forma plena e indubitable, por tratarse de documentos públicos, debidamente certificados, en términos de lo establecido por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado." (fojas 2 a 4 del expediente de nulidad 1203/10-12-03-3).

Asimismo, la actora señaló a las siguientes autoridades demandadas:

"III. AUTORIDAD DEMANDADA. a) LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA (COFECO) integrada por el PLENO, su Presidente y Comisionados así como Secretario Ejecutivo, con el domicilio citado en el parágrafo que antecede. b) La COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (COFETEL), integrada por el PLENO, su Presidente y Comisionados así como Secretario Ejecutivo, con el domicilio citado en el parágrafo que antecede." (foja 4).

La enjuiciante, además, solicitó la medida cautelar provisional y en su momento la definitiva, en los términos del artículo 24 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para los siguientes efectos:

"Mantener la situación actual del hecho existente, de sus efectos y consecuencias de la resolución impugnada, específicamente que impida que la resolución impugnada pueda dejar en el presente juicio sin materia y cause perjuicio o daño irreparable al actor, en relación con la resolución impugnada por este medio y forma. Lo anterior, toda vez que de ejecutarse los efectos declarativos de la resolución impugnada, sin que se corrijan los vicios y violaciones hechas valer en el presente escrito de demanda, se estaría dejando en estado de indefensión a mi mandante al dejar de transcurrir el proceso de licitación con errores graves que de manera deficiente no le permitirían o le imposibilitarían acceder los derechos e intereses respecto de las bandas de frecuencias señalados en las Bases de Licitación, al haberse modificado las regiones a licitar en la resolución impugnada respecto a la licitación No. 21, emitida por la COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, por lo que **********, la cual consistía hasta antes de la resolución que hoy se impugna por su nulidad y falta de eficacia jurídica, de acuerdo al apartado 2.1 de las bases de la licitación emitidas por la COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES PARA EL USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIA DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO EN LOS ESPECTROS 1710-1770/2110-2170 MHz PARA EL ACCESO INALÁMBRICO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. Así las cosas, de la manera en que ilícita, indebida y contraria al objeto de la licitación, la COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA, determinó que el objeto de la licitación lo serían las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico en los segmentos 806-821 MHz/851-866 MHz, 824-849 MHz/869-894 MHz, 1850-1910 MHz/1930-1990 MHz y 1710-1770 MHz/2110-2170 MHz, para el suministro de servicios de telecomunicaciones móviles en las nueve regiones materia de la licitación 21; se excluye a la entidad federativa de PUEBLA, identificada como la región 8 y los Estados que la integran. Adicionalmente con la medida cautelar solicitada, prevista tanto por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, como con el instituto legal que cita el Código Federal de Procedimientos Civiles en los numerales invocados, es un derecho de esta accionante, el solicitar al juzgador una resolución para que se protejan de manera provisional y hasta tanto se dicte la sentencia definitiva, los bienes y derechos que se han lesionado con el acto impugnado. En sí, y en sentido estricto estas llamadas acciones cautelares para que en forma conexa en su tramitación, se determine la paralización o inejecución de tal resolución." (fojas 49 a 51).

2. Por acuerdo de doce de mayo de dos mil diez (foja 280 frente y vuelta), el magistrado instructor de la Tercera Sala Regional de Oriente, entre otras cuestiones:

- Admitió a trámite la demanda de nulidad, sólo en cuanto a dos resoluciones impugnadas, contenidas en los oficios números SE-10-096-2010-149 y SE-10-096-2010-191, emitidas ambas el ocho de abril de dos mil diez, por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia.

- Por consiguiente, sólo tuvo como demandada a esta última autoridad.

- Admitió a trámite el incidente de petición de medidas cautelares y, en forma provisional, concedió la medida cautelar, cuya efectividad condicionó a que la parte actora otorgara garantía suficiente, en términos del numeral 19 de las Bases de Licitación 20 y 21, y artículo 244-B de la Ley Federal de Derechos.

3. El diecinueve de mayo de dos mil diez, la actora presentó ante la Sala dos escritos:

- En el primero de ellos (fojas 285 a 296), solicitó mayor claridad en relación con los efectos de la medida cautelar otorgada de manera provisional, además de que se emplazara a juicio a la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

- A través del segundo ocurso (fojas 297 y 298), exhibió la garantía fijada para que surtiera efectos la suspensión provisional, contenida en la póliza de fianza 901509-0000 (foja 299), emitida por **********, por la cantidad de un millón quinientos mil pesos, cero centavos.

4. En proveído de veinte de mayo de dos mil diez, el magistrado instructor acordó lo siguiente:

"... Visto el contenido del escrito de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38, fracciones VII y IX de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dígase al ocursante en primer término que no ha lugar a emplazar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, ya que de conformidad con el artículo 3o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no tiene el carácter de autoridad demandada en el presente juicio, pues tal como se señaló en el escrito inicial de demanda, presentado en la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales de Oriente el 10 de mayo de 2010 y en el auto de admisión dictado el 12 del mismo mes y año, las resoluciones impugnadas en el presente juicio son las contenidas en los oficios números SE-10-096-2010-149 y SE-10-096-2010-191, ambas de fecha 8 de abril de 2010, emitidas por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia; a este respecto es de indicarse que las bases de las licitaciones 20 y 21, emitidas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, no fueron señaladas como resoluciones controvertidas en la demanda inicial y no obstante que así se mencionen en el escrito de cuenta, no ha lugar a tenerlas como tales, pues atendiendo a la confesión expresa de la actora en el sentido de que fue con fecha 6 de enero de 2010, que las adquirió (con independencia de la procedencia o no del juicio en contra de las mismas), su impugnación resultaría extemporánea, en términos del artículo 13 de la citada Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Una vez hecha la precisión anterior, en relación con la medida cautelar solicitada, se señala que no ha lugar a suspender el límite señalado en el numeral 22.1 de las bases de la licitación 20 y menos aún los procedimientos de licitación 20 y 21, pues como ya quedó precisado con antelación los mismos no fueron controvertidos en el presente juicio. Ahora bien, con fundamento en los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y tomando en consideración que en la etapa en la que se encuentran los procedimientos de licitación 20 y 21, aún no se señala a un titular de los derechos licitados, se estima suficiente la garantía otorgada para responder de los daños y perjuicios que se llegaren a causar con la medida cautelar, si no se llegara a obtener sentencia favorable en este juicio, consistente en la fianza otorgada hasta por la cantidad de $1'500,000.00 en tal virtud, atendiendo a lo señalado en el auto de 12 de mayo de 2010, y al haber cumplido la actora con lo indicado en el mismo, se precisa que cobra efectividad la suspensión provisional concedida en el sentido de que no surtan efectos las opiniones emitidas por la Comisión Federal de Competencia en las resoluciones por esta vía impugnadas, a fin de que la hoy actora **********, participe en los procedimientos de licitación 20 y 21 de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en los términos en los cuales se convocó. En tal virtud, mediante atento oficio que al efecto se gire, infórmese a la Comisión Federal de Telecomunicaciones acerca de la medida cautelar concedida en forma provisional, a fin de que la tome en cuenta dentro de los procedimientos de licitación respectivos. Asimismo indíquese a la Comisión Federal de Competencia que se está en espera de la remisión del informe requerido en el auto de 12 de mayo de 2010, a fin de resolver en definitiva el incidente de medidas cautelares planteado por la actora. Por último, mediante atento oficio que al efecto se gire, remítase al Delegado Administrativo de estas Salas Regionales de Oriente el original de la póliza de fianza exhibida a fin de que lo resguarde en la caja de seguridad a su cargo. NOTIFÍQUESE ..." (foja 300 frente y vuelta).

5. El veinticinco de mayo de dos mil diez, el magistrado instructor dictó el siguiente acuerdo:

"... Visto el estado procesal que guarda el expediente en que se actúa y atendiendo a lo dispuesto en el numeral 8o., in fine de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que señala que la procedencia del juicio podrá ser analizada de forma oficiosa, se ordena turnar los autos a la Sala para la emisión de la sentencia correspondiente. CÚMPLASE." (foja 313 frente).

6. En esa misma fecha de veinticinco de mayo de dos mil diez la responsable dictó sentencia definitiva (fojas 314 frente a 319 frente), en la cual decretó el sobreseimiento en el juicio de nulidad y dejó sin efectos la medida cautelar provisional otorgada por el magistrado instructor, en los autos de doce y veinte de mayo del año en curso.

En el considerando primero (fojas 314 vuelta a 318 frente), la Sala invocó oficiosamente la causa de improcedencia prevista en el artículo 8o., fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Al respecto sostuvo que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa actualmente carece de competencia material para conocer de las resoluciones emitidas por la Comisión Federal de Competencia, ya que éstas se fundan en los artículos 21, fracción XVI y 33 bis 1, de la Ley Federal de Competencia Económica, entre otras disposiciones, de ahí que tales actos no se ubiquen en alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 14 de la Ley Orgánica de dicho tribunal, aunado a que en el artículo Cuarto Transitorio de la Iniciativa de reformas al ordenamiento últimamente invocado, se prevé la creación de una sala especializada en materia de competencia económica.

Dentro del considerando segundo (foja 318 frente y vuelta), se determinó que atendiendo al sobreseimiento decretado, con fundamento en el artículo 25 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la medida cautelar provisional concedida por el magistrado instructor había quedado sin materia y, en consecuencia, cesaban sus efectos, sin que esta conclusión se desvirtuara, dijo la Sala, porque el magistrado instructor haya admitido a trámite el incidente de petición de medidas cautelares y otorgado la suspensión provisional, pues ello no impedía a la responsable calificar en definitiva su procedencia, al tratarse de una cuestión de orden público que debía examinarse aun de oficio.

Dicho fallo es el acto reclamado en este juicio de garantías.

Precisado lo anterior, a continuación se examinan los conceptos de violación, en un orden distinto al en que fueron planteados.

En el identificado como primero (fojas 6 a 12 del juicio en que se actúa), se aduce la inoportunidad de la sentencia de sobreseimiento e incompetencia.

En el segundo (fojas 12 a 14), se argumenta que la causa de improcedencia invocada por la responsable no está demostrada de manera indubitable; además, se alega como violación al procedimiento el hecho de que al dictar la sentencia reclamada, la Sala haya invocado causas de improcedencia, sobreseimiento e "incompetencia", no obstante que por autos de doce y veinte de mayo de dos mil diez, el magistrado instructor admitió a trámite la demanda y otorgó la medida cautelar solicitada, respectivamente; por otra parte, se argumenta que la responsable dejó sin efectos la medida cautelar decretada por el magistrado instructor, sin que hubiese transcurrido el término de cinco días previsto en el artículo 25 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Dentro del tercero (fojas 41 y 42) se plantea también como violación al procedimiento, la omisión en que incurrió el magistrado instructor, al dejar de proveer en el auto por el que admitió la demanda, sobre los actos imputados a la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Por razón de orden preferente, en primer lugar se examina la pretendida vulneración al procedimiento, alegada en el tercer concepto de violación; después, con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo, se estudian en forma conjunta los conceptos de violación primero y segundo, en donde se hace valer otra violación procesal y, finalmente, se analizan los demás argumentos relativos a violaciones cometidas en el fallo reclamado.

Ahora bien, en el tercer concepto de violación (fojas 41 y 42) se argumenta que al dictar el auto de admisión de demanda, de fecha doce de mayo de dos mil diez, el magistrado instructor omitió proveer acerca de los actos imputados a la Comisión Federal de Telecomunicaciones; que de manera totalmente extemporánea e ilógica en el auto de veinte de mayo siguiente, dicho magistrado instructor desechó por extemporaneidad la demanda de nulidad promovida contra actos de aquella autoridad, con apoyo en la que dice es una confesión de la parte actora; que la extemporaneidad de la demanda, de surtirse, debía hacerse desde el primer acuerdo, no en auto posterior, además de que en el caso de la extemporaneidad resultaba pertinente dejar su análisis para la sentencia definitiva, a efecto de respetar la garantía de audiencia de la ahora quejosa, lo cual no hizo el magistrado instructor, transgrediendo así las formalidades esenciales del procedimiento y afectando sus defensas; que se llega a tal conclusión de la lectura del artículo 17, fracción V, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual brinda la oportunidad a la parte actora de ampliar la demanda en contra de la causal de improcedencia de extemporaneidad de la demanda cuando es planteada por la autoridad demandada, por lo que por mayoría de razón debe hacerse extensiva esa formalidad evitando que antes del dictado de la sentencia definitiva se dicte en acuerdo plenario sin respeto a la audiencia de la parte quejosa.

Añade que no desconoce la existencia de la jurisprudencia 2a./J. 55/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA. SU DESECHAMIENTO PARCIAL SIN ULTERIOR RECURSO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO, POR SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO.", sin embargo, en el presente asunto se surte un supuesto de excepción a la procedencia del amparo indirecto, toda vez que aún no había transcurrido el término de quince días para promoverlo en contra del auto por el que se desechó parcialmente la demanda, cuando se emitió el fallo definitivo reclamado, de ahí que ahora combata el desechamiento parcial como violación al procedimiento contencioso administrativo.

Es infundado el concepto de violación resumido.

El auto de doce de mayo de dos mil diez, dictado por el magistrado instructor de la sala responsable, a la letra dice en lo conducente:

"San Andrés Cholula, Puebla, doce de mayo del año dos mil diez. Se da vista de los escritos ingresados en la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales de Oriente, los días 10 y 11 del mes y año en curso, a través de los cuales el C. **********, en representación de **********, personalidad que acredita mediante la exhibición del Instrumento Notarial 6,053, otorgado ante el Titular de la Notaría 212 del Distrito Federal, impugna las resoluciones contenidas en los oficios números SE-10-096-2010-149 y SE-10-096-2010-191, ambas de fecha 8 de abril de 2010, emitidas por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia, por el segundo exhibe diversas documentales, ofrecidas como pruebas, en copias certificadas. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o., 2, 3, 5, 15 y 68 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con los diversos 14, 32, 33, 34 y 38, fracciones I y IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y, 21, fracción XII y 22, fracción XII del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 13 de noviembre de 2009, SE ADMITE A TRÁMITE LA DEMANDA, y las pruebas ofrecidas, haciendo la aclaración de que también fueron exhibidas como tales los anexos correspondientes a la resoluciones emitidas dentro de los expedientes LI-13(10)-2009 (señalada erróneamente con el número LI-13(08)-2009) y LI12(02)-2009, las bases de licitación número 20, de fecha 10 de diciembre de 2009, los oficios números CFT/D01/STP/384/2010/21 y CFT/D01/STP/371/2010/20, las facturas con números de folios 665100000168, 665100000167 y 665100000166 y sus respectivos comprobantes de pago, emitidos por la Institución Bancaria denominada **********. ... Con copia simple de la demanda y anexos, córrase traslado a la Comisión Federal de Competencia, autoridad demandada en este juicio, para que la conteste en el término que marca la ley, apercibida que de no hacerlo se aplicará lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. NOTIFÍQUESE." (foja 280 frente y vuelta).

El acuerdo de veinte de mayo de dos mil diez, textualmente se lee en lo conducente:

"San Andrés Cholula, Puebla, veinte de mayo del año dos mil diez. ... Visto el contenido del escrito de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38, fracciones VII y IX de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dígase al ocursante en primer término, que no ha lugar a emplazar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, ya que de conformidad con el artículo 3o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no tiene el carácter de autoridad demandada en el presente juicio, pues tal como se señaló en el escrito inicial de demanda, presentado en la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales de Oriente el 10 de mayo de 2010 y en el auto de admisión dictado el 12 del mismo mes y año, las resoluciones impugnadas en el presente juicio son las contenidas en los oficios números SE-10-096-2010-149 y SE-10-096-2010-191, ambas de fecha 8 de abril de 2010, emitidas por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia; a este respecto es de indicarse que las Bases de las Licitaciones 20 y 21, emitidas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, no fueron señaladas como resoluciones controvertidas en la demanda inicial y no obstante que así se mencionen en el escrito de cuenta, no ha lugar a tenerlas como tales, pues atendiendo a la confesión expresa de la actora en el sentido de que fue con fecha 6 de enero de 2010, que las adquirió (con independencia de la procedencia o no del juicio en contra de las mismas), su impugnación resultaría extemporánea, en términos del artículo 13 de la citada Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Una vez hecha la precisión anterior, en relación con la medida cautelar solicitada, se señala que no ha lugar a suspender el límite señalado en el numeral 22.1 de las Bases de la Licitación 20 y menos aún los procedimientos de Licitación 20 y 21, pues como ya quedó precisado con antelación los mismos no fueron controvertidos en el presente juicio. ... NOTIFÍQUESE." (foja 300 frente y vuelta).

De los autos de doce y veinte de mayo de dos mil diez, transcritos en lo conducente, se desprende que aun cuando en el primero de ellos, el magistrado instructor de la sala responsable no realizó pronunciamiento alguno sobre los actos impugnados en la demanda de nulidad, consistentes en las licitaciones públicas números 20 y 21, emitidas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones; sin embargo, en el segundo auto el magistrado instructor subsanó su omisión y se pronunció de manera expresa en el sentido de no considerar como actos impugnados en el juicio de origen a las referidas licitaciones públicas, ni como autoridad demandada a la precitada Comisión.

Así, opuestamente a lo manifestado por la quejosa, esa actuación del magistrado instructor no es ilegal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en términos de su artículo 1o., párrafo primero, que a la letra dicen:

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

"ARTÍCULO 1o. Los juicios que se promuevan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se regirán por las disposiciones de esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte. A falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que la disposición de este último ordenamiento no contravenga las que regulan el juicio contencioso administrativo federal que establece esta Ley ..."

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

"ARTÍCULO 58. Los jueces, magistrados y ministros podrán ordenar que se subsane toda omisión que notaren en la substanciación, para el solo efecto de regularizar el procedimiento ..."

Con base en lo dispuesto en dichas porciones normativas, en la especie se estima que el magistrado instructor se halla facultado para subsanar toda omisión que advierta durante la substanciación del juicio de nulidad (como así sucedió al no haber proveído, en el auto de doce de mayo de dos mil diez, sobre los actos atribuidos a la Comisión Federal de Telecomunicaciones), razón por la cual es legal la regularización del procedimiento efectuada en el posterior acuerdo de veinte de mayo de dos mil diez.

No es obstáculo para arribar a la conclusión anterior, la circunstancia de que en el proveído analizado de veinte de mayo de dos mil diez, no se haya citado en forma expresa el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, habida cuenta que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. CXVI/2000 estableció como regla general que la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional, está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que cumpla esa exigencia, pero que cuando el análisis o la motivación de la resolución conduzca a la hipótesis normativa aplicada, la falta de formalidad de mencionar el número del precepto puede dispensarse, constituyendo este último aspecto una excepción a la regla.

Por tanto, precisó el Alto Tribunal, las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía de legalidad sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando la fundamentación está implícita dentro del examen exhaustivo del debate, esto es, cuando de la resolución se desprende con claridad el supuesto normativo del artículo en que se basa, como en el caso acontece, pues al respecto se considera que la actuación previamente examinada del magistrado instructor es una regularización al procedimiento contencioso administrativo, en los términos del artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley federal en comentario y, en tal virtud, deviene infundado el tercer concepto de violación.

Sirve de apoyo a lo expuesto la tesis aislada P. CXVI/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 143 del Tomo XII, agosto de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa."

Tampoco asiste razón a la quejosa cuando aduce que resulta ilegal que en el auto de veinte de mayo de dos mil diez, el magistrado instructor haya desechado por extemporánea la demanda de nulidad, respecto de los actos atribuidos a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, porque ello en todo caso se debió realizar desde el primer acuerdo, o bien dejar su análisis para la sentencia definitiva, a fin de respetar la garantía de audiencia previa, con base en lo dispuesto en el artículo 17, fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aplicado por mayoría de razón.

Lo anterior se considera así, pues opuestamente a lo aseverado por la impetrante, dicha porción normativa se estima inaplicable al caso concreto, ni siquiera por mayoría de razón, habida cuenta que el magistrado instructor no estaba legalmente obligado a otorgarle audiencia a la actora, antes de desechar parcialmente por extemporánea la demanda de nulidad en el auto de veinte de mayo de dos mil diez, aun cuando éste no haya sido el primer acuerdo dictado en el juicio de origen, ya que de la lectura integral de la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por analogía (cuyos datos de publicación y texto se transcriben en forma íntegra más adelante al examinar los restantes planteamientos de la quejosa), se advierte que es jurídicamente posible que el magistrado instructor desechara d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22436-9de3e078/conceptos-de-violacion-en-el-amparo-directo-administrativo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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