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DERECHO DE FAMILIA. SU CONCEPTO. DERECHOS PREFERENTES DEL MENOR. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. ALCANCES DE ESTE PRINCIPIO. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU RELACIÓN CON LOS ADULTOS. MENORES DE EDAD. SU PROTECCIÓN EN EL DERECHO FAMILIAR. DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. COMPRENDE ASPECTOS DE CARÁCTER SUSTANTIVO Y PROCESAL ENCAMINADOS A LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. JUSTIFICACIÓN DE SU PREVISIÓN LEGAL. DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. LA IMPORTANCIA DE SU EJERCICIO DESDE EL PUNTO DE VISTA PSICOLÓGICO. DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU FINALIDAD. DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU IMPORTANCIA EN MOMENTOS DE CRISIS FAMILIAR. DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU NATURALEZA. DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU PROTECCIÓN ALCANZA EL RANGO DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL. DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU REGULACIÓN EN EL DERECHO PÚBLICO Y EN EL PRIVADO. MENORES DE EDAD. ASPECTOS A CONSIDERAR PARA DETERMINAR SUS DERECHOS. MENORES. SU PROTECCIÓN EN EL DERECHO PÚBLICO. RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. MODALIDADES PARA SU IMPLEMENTACIÓN. RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU DETERMINACIÓN DEBE OBEDECER A UNA PONDERACIÓN JUDICIAL PRUDENTE. RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU FIJACIÓN DEBE PROPICIAR SITUACIONES DE NORMALIDAD EN LAS RELACIONES FAMILIARES. DIGNIDAD HUMANA. DEFINICIÓN. DIGNIDAD HUMANA. SU NATURALEZA Y CONCEPTO. DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU CONCEPTO. DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU FINALIDAD. PRUEBA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). PRUEBA PRESUNCIONAL. SU IMPORTANCIA EN MATERIA CIVIL. PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. ANTES DE FIJARLO EL JUZGADOR DEBE LLAMAR AL MENOR PARA SER ESCUCHADO, INCLUSO DE MANERA OFICIOSA. RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. DEBE ESCUCHARSE AL MENOR ANTES DE FIJARLO, AUN CUANDO LOS PADRES LO HAYAN CONVENIDO. RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. EL MENOR DEBE SER ESCUCHADO POR EL JUEZ ANTES DE SU FIJACIÓN PARA PRESERVAR SU DIGNIDAD HUMANA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 309/2010. · Registro digital (IUS): 22747
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, , Pág. 2133.

AMPARO DIRECTO 309/2010. **********.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Es esencialmente fundado el motivo de inconformidad que vierten los quejosos en el sentido de que la sentencia reclamada es ilegal, ya que:

- El Juez responsable, al emitir la sentencia reclamada, resolvió en forma indebida el régimen de visitas y convivencias que debía regir en definitiva entre el menor **********, y su progenitor **********, pues dejó de advertir que el citado menor, no fue escuchado dentro del procedimiento de origen y que, por ello, en la especie, no se contaba con los elementos suficientes para estar en condiciones de emitir un pronunciamiento definitivo en relación con el citado régimen de visitas y convivencias dentro de la sentencia reclamada; máxime que dentro de la litis natural (hecho catorce de la solicitud de divorcio), se alegó que el tercero perjudicado **********, tenía conductas inestables que podían poner en peligro al citado menor.

Lo anterior se afirma en atención a las siguientes consideraciones.

En el caso a estudio, es preciso establecer, en primer lugar, que en una democracia constitucional como la que se vive en México, el derecho familiar debe ser visto como un conjunto de principios y valores procedentes de la Constitución, de los tratados internacionales, así como de las leyes e interpretaciones jurisprudenciales, dirigidos a proteger la estabilidad de la familia y a regular la conducta de los integrantes del grupo familiar entre sí, y también a delimitar las relaciones conyugales y de parentesco, conformadas por un sistema especial de protección de derechos y obligaciones respecto de menores, incapacitados, mujeres y adultos mayores, de bienes materiales e inmateriales, poderes, facultades y deberes entre padres e hijos, consortes y parientes, cuya observancia alcanza el rango de orden público e interés social.

Esas facultades y deberes de carácter asistencial que nacen entre los descendientes y ascendientes, parientes colaterales (hermanos, tíos, sobrinos), tienen potestades y sujeciones establecidos especialmente para la protección de los menores de edad.

El derecho de familia se ocupa, entre otros aspectos, aunque de manera preponderante, de la protección de los menores, a través del ejercicio de la patria potestad, que es considerada como institución protectora de la persona y bienes de los hijos menores de edad no emancipados que, en principio, tiene su origen en la filiación.

En ese sentido, es pertinente precisar que el sistema jurídico de nuestro país establece diversas prerrogativas de orden personal y social en favor de los menores. Así, el texto actual del artículo 4o. constitucional establece:

"Artículo 4o. ... Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

"Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

"El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. ..."

De la declaración de principios contenida en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional en el que nuestro país es parte, resaltan como puntos esenciales, los siguientes:

a) La igualdad de derechos para todos los miembros de la familia humana, la dignidad y el valor de la persona humana;

b) La promoción del progreso y elevación de los niveles de vida dentro de un marco de libertad; el derecho de la infancia a tener cuidados y asistencia especiales por su falta de madurez tanto física como mental; la protección de la familia, como grupo en el cual la niñez crece y se desarrolla;

c) El reconocimiento de la persona humana en su niñez, su necesidad de crecer en un ambiente familiar de felicidad, amor y comprensión para lograr un desarrollo pleno y armonioso;

d) La preparación de la niñez para una vida independiente con "espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad";

e) La toma de conciencia de las condiciones especialmente difíciles en las que viven muchos niños y niñas en el mundo; y

f) La importancia de las tradiciones.

Con base en esa declaración de principios, los artículos del 1 al 41 de la citada convención enuncian, entre otros, los derechos para la niñez que a continuación se enumeran:

- El derecho a la vida y a un sano desarrollo psicofísico.

- El derecho a la identidad, que incluye el derecho al nombre y a la nacionalidad.

- El derecho a una atención especial en consideración a sus propios intereses calificados de superiores en todas las instancias judiciales, administrativas o de bienestar social.

- El derecho a dar su opinión y que ésta sea tomada en cuenta en todos los asuntos que les afecten, incluyendo los de carácter judicial y administrativo.

- El derecho a la no discriminación.

- El derecho a vivir en familia, que incluye la incorporación plena a una nueva familia a través de la adopción.

- El derecho a ser protegido contra peligros físicos o mentales, contra el descuido, el abuso sexual, la explotación, el uso de drogas y enervantes o el secuestro y la trata.

- El derecho a que se le proporcionen los cuidados alternativos adecuados en caso de desamparo familiar.

- El derecho a una educación, trato y cuidados especiales en caso de impedimento psicofísico o cuando hayan sido víctimas de maltrato.

- El derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud.

- El derecho a la enseñanza primaria y a una educación que respete su dignidad y los prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia.

- El derecho al descanso, al juego y a las actividades culturales y artísticas.

- El derecho a disfrutar libremente de su cultura, religión o idioma.

Ahora bien, de la indicada Convención sobre los Derechos del Niño cabe destacar lo prescrito en los dispositivos 3, 9, 12, 19, 20, 21 y 27 que en forma preponderante constriñen a los tribunales judiciales a velar por el interés superior del niño, en los siguientes términos:

"Artículo 3.

"1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

"2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

"3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada."

"Artículo 9.

"1. Los Estados Partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.

"2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones.

"3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño.

"4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas."

"Artículo 12.

"1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.

"2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional."

"Artículo 19.

"1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

"2. Esas medidas de protección deberán comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial."

"Artículo 20.

"1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.

"2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños.

"3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción, o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico."

"Artículo 21.

"Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial ..."

"Artículo 27.

"1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

"2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño ..."

En esos términos, como efecto jurídico inmediato derivado de esa convención internacional, se recoge en el sistema jurídico mexicano la fraseología: "interés superior de la niñez", la cual implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones en esa etapa de la vida humana, tendrán que realizarse de modo tal que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidas.

De esta manera, las instituciones familiares heredadas desde el derecho romano sufren una importante evolución que permite hoy un mayor acercamiento a los derechos de la niñez y se aleja de los intereses propios de los adultos.

La patria potestad es un ejemplo muy claro de esta evolución; antiguamente, implicaba el derecho de vida o muerte que el padre tenía sobre las personas sujetas a él; visión que, poco a poco, fue cambiando para dirigir su foco de atención hacia la eficacia plena de los derechos de la niñez, estableciendo no sólo atribuciones para quien ejerce la patria potestad, sino también deberes, pues los primeros sólo existen en función de estos últimos y para facilitar su cumplimiento. Así, la institución de la patria potestad se transforma de un simple poder o facultad carente de trascendencia e injusto, en una verdadera función de carácter personal y social.

En el indicado panorama, el concepto interés superior de la niñez, cuya salvaguarda es prioritaria en el sistema jurídico mexicano, permite delimitar con precisión y claridad los derechos que les corresponden a las personas adultas en relación con los niños, para lo cual se privilegia el deber de atenderlos y cuidarlos, con el objeto permanente de alcanzar el mayor beneficio posible para ellos, como un imperativo de la sociedad hacia las personas que ejercen la patria potestad o custodia, de tal manera que la protección de los infantes en México se ubica incluso por encima de los derechos de los adultos, y cumple hoy en nuestro sistema jurídico una trascendente función de orden público e interés social.

En ese orden de ideas, por interés superior del menor debe entenderse el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como generar las condiciones materiales que permitan a los niños vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e interés social.

Así, por disposición expresa del artículo 133 constitucional, los tribunales judiciales al resolver sobre controversias que incidan sobre derechos de los menores, tienen la obligación de atender a estas disposiciones, pues el citado precepto establece:

"Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ellas y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados."

Acorde con lo que dispone dicho precepto constitucional, los tratados son la fuente del derecho internacional y, como consecuencia de ello, el Constituyente determinó la incorporación de las normas contenidas en los tratados al sistema jurídico nacional, y las hace vigentes en cuanto se cumpla con los requisitos que la misma establece.

El Máximo Tribunal de Justicia del País ha sostenido que, de acuerdo con la interpretación gramatical de la primera parte del artículo 133 de la Carta Magna, para considerar que un tratado sea, junto con las leyes emanadas de la Constitución y aprobadas por el Congreso de la Unión, la "Ley Suprema de toda la Unión", es menester que se satisfagan dos requisitos formales y uno de fondo: los primeros se hacen consistir en que el tratado se hubiere celebrado por el presidente de la República y que sea aprobado por el Senado. El requisito de fondo consiste en la adecuación de la convención internacional con el texto de la propia Ley Fundamental.

Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación destaca la supremacía de los tratados frente a la legislación local.

Esa misma postura ha sido sustentada por las diversas teorías asumidas por los principales constitucionalistas mexicanos, las que plantean la superioridad de los tratados frente a la legislación local.

Tal situación se ve reforzada, no sólo por la fuerza normativa que representan los compromisos internacionales sino, sobre todo, por el hecho de que ese tratado es suscrito por el presidente de la República en su carácter de jefe de Estado y con la participación del Senado de la República, en un proceso que representa la participación de las entidades federativas para la incorporación de un compromiso internacional al derecho positivo mexicano.

Así, como lo ha determinado el más Alto Tribunal Judicial, cuando surgen conflictos entre lo prescrito por las normas de derecho interno y el derecho internacional adoptado como vigente, de acuerdo con nuestro sistema constitucional, debe partirse de la base del nivel jerárquico de la norma en cuestión y, sobre todo, al mandato que la Constitución Federal establece sobre el particular; en consecuencia, un tratado tendrá la jerarquía que expresa o tácitamente la propia Ley Fundamental le otorgue, y que en nuestro ámbito constitucional se ubica jerárquicamente por encima de las leyes comunes y federales y, en un segundo plano, respecto de la Constitución Federal.

Sirve de fundamento a lo anterior la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 46 del Tomo X, noviembre de 1999 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece:

"TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión ‘... serán la Ley Suprema de toda la Unión ...’ parece indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de ‘leyes constitucionales’, y la de que será ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado Mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado Mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que ‘Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.’. No se pierde de vista que en su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro: ‘LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA.’; sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal."

Ahora bien, derivado de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño a la que se ha hecho referencia previamente, surge la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil, con el fin de desarrollar los lineamientos que derivan del artículo 4o. constitucional, y así atender la necesidad de establecer principios básicos conforme a los cuales el orden jurídico mexicano habría de proteger que niñas, niños y adolescentes ejercieran sus garantías y sus derechos, estableciendo para tal efecto, como principio central el del "interés superior de la infancia", que tal como se encuentra dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño, implica que las políticas, las acciones y la toma de decisiones relacionadas con ese periodo de la vida, tienen que darse de tal manera que, en primer término y antes de cualquier otra consideración, se busque el beneficio directo del infante y del adolescente a quien van dirigidas, señalándose en esa convención que las instituciones de bienestar social, tanto públicas como privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos deberán responder, viéndolo como prioritario, a ese interés superior del menor, de modo y manera tales que quien pretenda fundamentar una decisión o medida en el interés superior del niño, deberá regirse por la interpretación que se colige del conjunto de las disposiciones de esa convención. Todo ello se precisó, justamente, en la exposición de motivos de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Asimismo, se apuntó en esa exposición que nuestro sistema jurídico no atendía aún a esta nueva forma de ver a los menores, porque fue diseñada cuando se les consideraba como seres afectados de una especie de minusvalía, que los hacía distintos de los adultos y dependientes de éstos, creando un sistema que establecía un control casi ilimitado y autoritario sobre quienes no habían cumplido aún la mayoría de edad, que no protegía sus garantías ni sus derechos, ni atendía sus necesidades de desarrollarse y crecer plena, espontánea y libremente, señalándose que un sistema de tal naturaleza resultaba contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Corolario de tales consideraciones fue señalar la necesidad de marcos jurídicos que sustentaran y permitieran la puesta en marcha de un nuevo sistema, con la participación en todo el país tanto de los servidores públicos de todas las instancias, en los tres órdenes de gobierno, como de las madres, los padres, otros familiares y demás integrantes de la sociedad civil, para así cumplir los compromisos adquiridos al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño.

Así, según se lee de la indicada exposición de motivos, esta nueva ley procuró desarrollar los lineamientos que derivan del artículo 4o. constitucional, con el fin de atender a la necesidad de establecer los principios básicos conforme a los cuales el orden jurídico mexicano habría de proteger que niñas, niños y adolescentes ejercieran sus garantías y sus derechos, estableciendo las bases de la acción concurrente de los Municipios, los Estados y la Federación, para permitir que las Legislaturas Locales emitiesen disposiciones sobre el orden normativo que obligara a que garantías y derechos constitucionales se hicieran efectivos también a los menores, de conformidad con los principios jurídicos dispuestos en la referida convención internacional, buscándose en todo momento alcanzar el objetivo fundamental de esa protección, el asegurar a niños, niñas y adolescentes la oportunidad de desarrollarse en todo sentido y con plenitud, atendiendo para ello a una percepción social de la norma jurídica de conformidad con la cual, para que una ley efectivamente promueva un cambio radical sobre los derechos de los menores, debe proteger ese ejercicio tomando en cuenta las especificidades y circunstancias de éstos en situación de desigualdad real o sometidos al abuso de poder, extendiendo el ámbito de efectividad de la norma al atenderse a la idea de que la protección de niñas, niños y adolescentes debe preverse tanto en el ámbito público como en el privado.

Para tal efecto, según se apunta en la multicitada exposición de motivos, se planteó como principio central el relativo al "interés superior de la infancia", que tal como se encuentra dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño, implica que las políticas, las acciones y la toma de decisiones relacionadas con ese periodo de la vida, tienen que darse de tal manera que, en primer término y antes de cualquier otra consideración, se busque el beneficio directo del infante y del adolescente a quien van dirigidas, señalándose en esa convención que las instituciones de bienestar social, tanto públicas como privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos deberán responder, viéndolo como prioritario, a ese interés superior del menor, de modo y manera tales que quien pretenda fundamentar una decisión o medida en el interés superior del niño, deberá regirse por la interpretación que se colige del conjunto de las disposiciones de esa convención.

Asimismo, permea en la intención de la ley, consolidar el principio del trato igualitario como una forma de evitar abusos, violencia, un trato discriminatorio y aun de explotación, pensando en quienes están en situación de abandono o en estado de peligro por razones de violencia en cualquiera de sus formas, en quienes sufren alguna adicción, los que están afectados por alguna deficiencia física, emocional o mental o requieren tratamiento especial, quienes trabajan, los que sufren las consecuencias del tráfico de personas y su explotación, destacando como otro principio el de la familia, como espacio primordial para el desarrollo de los menores y la corresponsabilidad entre la familia, el Estado y la sociedad en la protección de sus derechos, para asegurar al menor una vida libre de violencia y con respeto a la diversidad cultural.

De igual forma, se precisó el derecho de vivir en familia en la forma en que lo comprende la Convención sobre los Derechos del Niño que es el de vivir en la familia de origen, reunirse con ella cuando por diferentes razones ha habido una separación, vincularse con ambos progenitores en casos de conflicto entre éstos e integrarse a una nueva familia cuando es imposible la vida con la de origen, determinándose la obligación de velar porque los menores sólo sean separados de sus progenitores mediante sentencia judicial que declare, válida y legítimamente, la necesidad de hacerlo y de conformidad con los procedimientos legales en los que se garantice el derecho de audiencia de todas las partes involucradas, así como el derecho a mantener el contacto y la convivencia con el progenitor de quien se esté separado.

Este Tribunal Colegiado constata que, efectivamente, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en concordancia con la intención prevista en la exposición de motivos, consagró en su artículo 3o., entre otros, los principios del interés superior de la infancia; el derecho de vivir en familia como espacio primordial de desarrollo; el de la corresponsabilidad de los miembros de la familia, el Estado y la sociedad, y el de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales.

A su vez, en su artículo 4o., la ley en mención, introdujo el respeto irrestricto al interés superior de la infancia, pues determinó que las normas aplicables a los menores se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo pleno, dentro de un ambiente de bienestar familiar y social, con el señalamiento de que, para atender a ese principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni bajo ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, el artículo 7 del referido ordenamiento estableció como obligación para las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones, la de asegurar a los menores la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar, tomando en cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres, demás ascendientes, tutores y custodios u otras personas que sean responsables de los mismos, siendo deber y obligación de la comunidad y, en general, de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio en el ejercicio de sus derechos.

Finalmente, como parte del derecho de participar, el artículo 41 de la indicada ley, determina que el derecho a expresar opinión por parte de los menores implica que se les tome

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22747-d76168b4/derecho-de-familia-su-concepto-derechos-preferentes-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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