REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL Y MATERIAL E INDEMNIZACIÓN ECONÓMICA EN LOS DELITOS DE HOMICIDIO O LESIONES. DIFERENCIAS Y BASES PARA SU CUANTIFICACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).
AMPARO DIRECTO 339/2010. **********.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO. Son fundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso **********, en su carácter de albacea definitivo de la sucesión intestamentaria a bienes de quien en vida respondió al nombre de **********, víctima en el juicio penal de origen.
Previamente debe señalarse que, ante el Juzgado Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, se siguió el proceso penal número **********, en contra de ********** por la comisión del delito de homicidio en grado de culpa, previsto y sancionado por los artículos 312 y 83, en relación con el diverso precepto 14 del Código de Defensa Social del Estado, cometido en perjuicio de quien en vida respondió al nombre de **********.
Que seguido el procedimiento, con fecha dieciocho de septiembre de dos mil nueve, la Juez de primera instancia dictó sentencia en donde, por una parte, condenó a ********** a sufrir una pena privativa de la libertad de un año tres meses dos días de duración; así como al pago de la reparación del daño material y moral, entendido el primero de éstos en dos aspectos: a) En una indemnización económica prefijada por la ley; y b) En la cantidad equivalente a los daños materiales ocasionados; siendo los importes fijados, en cuanto a la primera de las referidas condenas, los siguientes: 1. Indemnización de orden económico por el equivalente a un mil doscientos días de salario mínimo vigente en la época del delito -cuarenta y nueve pesos cincuenta centavos-, que importan la cantidad de cincuenta y nueve mil cuatrocientos pesos; y 2. Por la reparación material de los daños ocasionados -facturas y recibos por gastos médicos y funerarios- por la cantidad total de cuarenta y siete mil doscientos noventa y ocho pesos con cincuenta y dos centavos; y respecto de la segunda de dichas condenas, relativa a la reparación del daño moral, por el equivalente a un mil días de salario mínimo vigente en la época de cometido el ilícito -cuarenta y nueve pesos con cincuenta centavos-, que asciende al importe de cuarenta y nueve mil quinientos pesos; se concedió al sentenciado el beneficio de la conmutación de la sanción privativa de la libertad por la pecuniaria; y se ordenó la amonestación y suspensión de los derechos civiles y políticos del sentenciado en términos de ley.
Dicha sentencia de primera instancia fue apelada por el sentenciado **********, misma que al resolverse, el diecinueve de marzo de dos mil diez, los Magistrados de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, responsable, por mayoría de votos, modificaron el quinto punto resolutivo del fallo apelado, relativo a la condena al pago de la reparación del daño moral, por considerar improcedente dicha condena, y confirmaron en lo restante dicha sentencia de primera instancia.
La Sala responsable, en la parte modificada de la sentencia reclamada, materia de la presente instancia constitucional, por criterio mayoritario, al margen de asentar algunos aspectos comparativos de artículos entre diversos ordenamientos legales de otros Estados de la República; e, incluso, de otros países; de hacer algunas consideraciones muy personales, sin sustento ni apoyo jurídico pleno; de precisar ciertos criterios doctrinales y exponer ejemplos subjetivos respecto de la masa hereditaria de un fallecido; esencialmente sostuvo la improcedencia de la condena al sentenciado por concepto de reparación del daño moral por la muerte de la víctima del delito de homicidio culposo, básicamente, por considerar que como el daño moral resulta de la violación de los derechos de la personalidad, que uno y otros terminan con la muerte de la víctima y que, cuando esto último sucede, ya no puede hablarse de reparación del daño moral, porque la personalidad se extingue con la muerte; razonando que el concepto "dañar" implica afectar, menoscabar, lesionar o estropear la vida, pero de ninguna manera significa destruir, finiquitar, aniquilar, extinguir, concluir o terminar la vida; y que al referirse el derecho de la personalidad al efecto que se tiene por una "persona", lógicamente se está aludiendo a un ser humano vivo y actuante con sus derechos y obligaciones vigentes (capacidad de goce y de ejercicio, según el caso), y nunca a un muerto, occiso, difunto o finado. Es decir, se refiere a un derecho de la personalidad de un individuo vivo en relación con otro individuo vivo de su especial afecto, o con una cosa o bien concreto de su especial apego.
Contra la específica parte modificatoria del fallo reclamado, relativa a estimar improcedente la determinación al pago de la reparación del daño moral a que fue condenado el sentenciado **********, el impetrante del amparo aduce, como conceptos de violación, esencialmente, lo siguiente:
Que la sentencia definitiva de segunda instancia resulta violatoria de garantías individuales en su perjuicio, concretamente de los artículos 14 y 20, apartado B, fracción IV, de la Carta Magna, que prevén que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y, aun por mayoría de razón, pena alguna no decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate; y que en todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido tendrán derecho a que se les repare el daño, que el Ministerio Público estará obligado a solicitarlo así y el Juez no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación, si ha emitido sentencia condenatoria; así como de los diversos preceptos 50 Bis y 51 del Código de Defensa Social del Estado, que disponen que la reparación del daño por el delincuente tiene el carácter de pena pública, y que la reparación del daño de los perjuicios causados por el delito comprenden la indemnización del daño material y moral, y el resarcimiento de los perjuicios ocasionados; como correctamente lo consideró el Juez de la causa al dictar sentencia condenatoria en contra de ********** por el delito de homicidio culposo, en agravio de quien en vida respondió al nombre de **********, y por ello condenó al sentenciado, además a sufrir una pena privativa de la libertad, al pago de la reparación del daño económico, material y moral a favor del impetrante de garantías, correspondiendo a esta última condena el importe equivalente a un mil días de salario mínimo, apoyándose para ello el mencionado juzgador, en lo dispuesto por los artículos 75, 83, 1988, 1989 y 1995 del Código Civil para el Estado de Puebla; siendo que los Magistrados responsables, en su mayoría, de manera por demás subjetiva, incorrecta, infundada e inmotivada, hacen valer su ilegal criterio y modifican el fallo apelado suprimiendo la condena impuesta al pago de la reparación del daño moral, pretendiendo, incluso, la modificación del artículo 51, fracción II, del Código de Defensa Social del Estado rebasando así, la mayoría de los Magistrados de la Sala responsable, sus funciones judiciales e invadiendo las funciones legislativas; de ahí la violación de garantías de la sentencia reclamada.
Asiste razón al promovente del amparo, pues cabe precisar, primeramente, que el artículo 20, apartado B, fracción IV (anterior al texto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como garantía individual de las víctimas u ofendidos de un delito, la reparación del daño para asegurar, de manera puntual y suficiente, la protección a sus derechos fundamentales y responder al reclamo social frente a la impunidad y a los efectos del delito sobre aquéllos garantizando que, en todo proceso penal, tengan derecho a una reparación pecuniaria por los daños y perjuicios ocasionados por la comisión del ilícito, para lograr así una clara y plena reivindicación de dichos efectos en el proceso penal; destacando la circunstancia de que el Constituyente reguló los fines preventivos con los indemnizatorios del procedimiento penal, al exigir para la libertad del inculpado una caución suficiente que garantice la reparación de los daños y perjuicios, lo cual confirma que, en todo procedimiento penal, debe tutelarse como derecho del sujeto pasivo del delito la indemnización de los perjuicios ocasionados por su comisión, a fin de reconocer la misma importancia a la protección de los derechos de la víctima que a los del inculpado, conciliando de una manera ágil para reparar el daño causado por el delito.
De lo anterior se tiene que la reparación del daño tiene el carácter de pena pública y, por ende, al ser parte de la condena impuesta en el procedimiento penal, deberá acreditarse en éste y no en otro, lo cual acontece en el caso, al advertirse que el sentenciado **********, además de la pena privativa de la libertad impuesta por el delito cometido, consistente en un año tres meses dos días de duración, fue condenado al pago de la reparación del daño material y moral a favor de quien represente la sucesión a bienes de quien en vida se llamó ********** -agraviada-, correspondiendo a esta última condena -la moral-, la cantidad resultante a un mil días de salario mínimo vigente en la fecha y el lugar de cometido el ilícito, dándose cumplimiento así a lo dispuesto en la fracción IV del apartado C del artículo 20 constitucional antes citado.
Tal consideración encuentra sustento en la primera parte de la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 145/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, marzo de 2006, página 170, de rubro: "REPARACIÓN DEL DAÑO. ES LEGAL LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE LA IMPONE AUNQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE PUEDA FIJARSE EN EJECUCIÓN DE ÉSTA."
En otro aspecto, contrario a lo resuelto por la mayoría de los Magistrados de la Sala responsable, no resulta cierto que para el legislador del Estado de Puebla el concepto "dañar" no implique también terminar la vida, en tanto el artículo 1988 del Código Civil local, al comenzar estableciendo que "Si el daño se causa a las personas y produce la muerte ...", es claro sobre dicho aspecto, es decir, acerca de la vinculación entre el daño y la producción de la muerte y, por ello, el mencionado concepto "de daño" no puede tener el pretendido alcance restringido apuntado por el criterio mayoritario de la Sala responsable, pues el derecho de la personalidad a reparar es el existente cuando la víctima del delito estaba viva y a favor de las personas señaladas por la ley, de donde la mayoría de dicha Sala no estuvo acertada al sostener, en su sentencia, en perjuicio del quejoso, que en los autos de la causa penal en examen es improcedente el pago por concepto de reparación del daño moral, al haber fallecido la víctima del delito de homicidio imprudencial atribuido al sentenciado pues, precisamente, por dicho fallecimiento fue correcto que la Juez natural condenara al pago de la reparación del daño moral, a la luz de la correcta interpretación de lo establecido en los artículos 50 Bis y 51, fracción II, del Código de Defensa Social del Estado de Puebla, que en lo conducente, dicen:
"Artículo 50 Bis. La reparación del daño por el delincuente, tiene el carácter de pena pública independientemente de la acción civil y se exigirá de oficio por el Ministerio Público, determinando su cuantía con base en las pruebas obtenidas en el proceso."
"Artículo 51. La reparación del daño y de los perjuicios causados por el delito, comprende:
"...
"II. La indemnización del daño material y moral, así como el resarcimiento de los perjuicios ocasionados."
Tales artículos, adminiculados con el diverso numeral 1958, relacionado con los preceptos 75, 1987, 1988, 1989, 1993 y 1995, todos del Código Civil para el Estado de Puebla, del tenor siguiente:
"Artículo 1958. El daño moral resulta de la violación de los derechos de la personalidad."
"Artículo 75. Con relación a las personas individuales son ilícitos los hechos o actos que: 1) Dañen o puedan dañar la vida de ellas; 2) Restrinjan o puedan restringir, fuera de los casos permitidos por la ley, su libertad; 3) Lesionen o puedan lesionar la integridad física de las mismas; 4) Lastimen el afecto, cualquiera que sea la causa de éste, que tengan ellas por otras personas o por un bien."
"Artículo 1987. La reparación del daño debe consistir en el restablecimiento de la situación anterior a él, y cuando ello sea imposible, en el pago total de los daños y perjuicios de orden económico y moral."
"Artículo 1988. Si el daño se causa a las personas y produce la muerte o incapacidad total permanente, se aplicarán las disposiciones siguientes: I. La indemnización de orden económico consistirá en el pago de una cantidad de dinero equivalente a mil doscientos días de salario, sueldo o utilidad que percibía la víctima; II. Si los ingresos de la víctima exceden del cuádruplo del salario mínimo general en la región, no se tomará el excedente para fijar la indemnización, salvo que el obligado a pagarla tenga posibilidades económicas para indemnizar totalmente; III. Si no fuere posible determinar el salario, sueldo o utilidad de la víctima, se calcularán éstos por peritos, tomando en cuenta las capacidades y aptitudes de aquélla en relación con su profesión, oficio, trabajo o índole de la actividad a la que se dedicaba; IV. Si los peritos carecen de bases suficientes para fundar su opinión, lo mismo que en el caso de que la víctima no disfrutara sueldo, salario o no desarrollare actividad alguna, la indemnización se calculará sobre la base del salario mínimo general en el lugar en que se realice el daño."
"Artículo 1989. Tendrán derecho a la indemnización e que se habla en el artículo anterior: I. La víctima, si el daño produjo incapacidad total permanente; II. Quienes hubieren dependido económicamente de la víctima, o aquéllos de quienes ésta dependía económicamente si el daño produjo la muerte de la misma; y III. Los herederos de la víctima, a falta de las personas a que se refiere la fracción anterior."
"Artículo 1993. La indemnización por daño moral, a que tenga derecho la víctima o las personas que sufran éste será regulada por el Juez en forma discrecional y prudente, tomando en cuenta la mayor o menor gravedad de las lesiones causadas a la víctima en sus derechos de la personalidad."
"Artículo 1995. La indemnización por daño moral es independiente de la económica, se decretará aun cuando ésta no exista, siempre que se causa aquel daño y no excederá del importe de un mil días de salario mínimo general."
Del examen integral de los numerales antes transcritos, este Tribunal Colegiado considera que se pone de manifiesto que el legislador poblano, para efectos de la reparación del daño en materia penal, distingue entre la reparación del daño material o económico y la reparación del daño moral, de tal manera que puede condenarse por éste aunque no exista el primero, y el monto no excederá al importe de un mil días de salario mínimo general, distinto al monto por el daño material o económico señalado en el artículo 1988, fracción I, del Código Civil en comento, consistente en un mil doscientos días de salario, sueldo o utilidad que percibía la víctima, estableciéndose para cada caso diversas reglas para cuantificar el monto de la condena; de donde debe concluirse, como acertadamente lo consideró el Juez natural y lo alega el quejoso, que en el caso sí se encuentra acreditado el daño moral ocasionado por la muerte de la víctima del delito de homicidio imprudencial, origen de la causa penal en examen y, por lo mismo, al no considerarlo de esa manera la mayoría de los Magistrados de la Sala responsable transgredió, en perjuicio del quejoso, los artículos de los Códigos Civil y Penal del Estado antes transcritos y, en vía de consecuencia, las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual conlleva a conceder el amparo solicitado para el efecto de que los Magistrados de la Sala responsable dejen insubsistente la parte de la sentencia reclamada en donde modificó y absolvió al sentenciado de la condena a la reparación del daño moral, y confirme la sentencia alzada en la parte en que condenó a la referida reparación del daño moral.
Es de invocarse, en lo conducente, el criterio aislado VI.1o.P.86 P de este Tribunal Colegiado, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 1781, de rubro y texto siguientes:
"REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL, MATERIAL E INDEMNIZACIÓN ECONÓMICA. TRATÁNDOSE DE LOS DELITOS DE HOMICIDIO O LESIONES. DIFERENCIAS Y CUANTIFICACIÓN DE CADA UNO DE ESOS CONCEPTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). La reparación del daño proveniente de un delito de homicidio o lesiones, de acuerdo con el artículo 50 Bis del Código de Defensa Social del Estado de Puebla, tiene el carácter de pena pública e independientemente de la acción civil, se exigirá de oficio por el Ministerio Público, determinando su cuantía, con base en las pruebas obtenidas en el proceso; dicha reparación comprende entre otros, el daño moral y/o material, así como el resarcimiento de los perjuicios ocasionados a las víctimas o a sus familiares; en concreto, se distinguen dos tipos de daños, el relativo a derechos de personalidad y el patrimonial, en los primeros se actualiza cuando existe una lesión sobre bienes de naturaleza extrapatrimonial o inmaterial, esto es, en bienes que no pueden ser tasables en dinero, como son el honor, sentimiento, o aquéllos que tienen como fin afectar o dañar ese ánimo particular sobre determinada persona y que al verse lesionado también sufrirá una afectación; y en los últimos se comprenden los daños de carácter económico que se originan por la muerte o alteraciones en la salud del pasivo. La reparación del daño moral se encuentra prevista y sancionada en los artículos 1958 y 1995 del Código Civil de la misma entidad federativa, y en ellos se establece, entre otras cosas, que será independiente de la indemnización de orden económico y se decretará aun cuando éste no exista y no excederá del importe de mil días de salario mínimo general; por tanto, su aplicación en cuanto a la cantidad de condena, debe estar cuantificado atendiendo a las circunstancias de hecho, a la naturaleza del daño que sea preciso reparar y a las demás constancias que obren en el proceso, como puede ser el menoscabo a los derechos de personalidad, pues difícilmente se podrá resarcir un dolor, una deshonra o una vergüenza, y atendiendo a todo ello se debe determinar el pago de la reparación del daño moral. La reparación del daño material, tratándose de los delitos en cuestión, se establece de dos formas, una consistente en una indemnización económica previamente fijada por la ley y la otra en la reparación material de los daños ocasionados, la primera se traduce en el pago de una cantidad de dinero a las víctimas o bien a los dependientes económicos del occiso, que respecto a las lesiones, no excederá de mil doscientos días de salario, dependiendo de la gravedad de éstas, así como el grado de incapacidad que se ocasiona, y en lo referente al diverso de homicidio es el equivalente a mil doscientos días de salario; mientras que las segundas deben estar sujetas a la comprobación de los gastos efectuados por el lesionado o los ofendidos con motivo del delito, esto es, la restitución de las erogaciones que la víctima o los familiares de éstas hacen con motivo de la comisión de esos delitos."
Tal consideración también encuentra apoyo en la jurisprudencia VI.2o.P. J/10 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Sexto Circuito, que se comparte, publicada en la página 1618 del Tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"DAÑO MORAL. LA SOLA MATERIALIDAD DEL ATAQUE A LA INTEGRIDAD FÍSICA COMO DERECHO DE LA PERSONALIDAD ES SUFICIENTE PARA ACREDITARLO Y EXIGIR SU PAGO A TÍTULO DE INDEMNIZACIÓN DE ORDEN ECONÓMICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).-El Código de Defensa Social de esa entidad federativa, a pesar de que establece como sanción pecuniaria la reparación del daño moral (artículo 51, fracción II), no define ese concepto, de manera que hay que acudir al Código Civil local, en cuyo precepto 1958 señala que: El daño moral resulta de la violación de los ‘derechos de la personalidad’ y como el numeral 75, apartado 3, de esa legislación, correspondiente al capítulo segundo, denominado ‘derechos de la personalidad’, prevé que con relación a las personas individuales, son ilícitos los actos o hechos que lesionen o puedan lesionar su integridad física; y el diverso precepto 1994 establece que: ‘Si la lesión recayó sobre la integridad de la persona y el daño origina una lesión a la víctima, que no la imposibilite total o parcialmente para el trabajo, el Juez fijará el importe de la indemnización del daño moral, tomando en cuenta si la parte lesionada es o no visible, la duración de la visibilidad, en su caso, así como la edad y condiciones de la persona.’, mientras que los numerales 1988 y 1990 mencionan las disposiciones que habrán de seguirse cuando el daño produce incapacidad total permanente o incapacidad para trabajar que sea parcial permanente, parcial temporal o total temporal, es inconcuso entonces que cuando se lesiona la integridad física, como bien extrapatrimonial, el legislador consideró que se afecta el derecho de la personalidad y, por ende, es operante el daño moral con la sola materialidad del ataque, de manera que la huella o secuela de él constituirá no sólo la prueba exigida en ese caso por el artículo 50 Bis del referido ordenamiento punitivo, para que el Ministerio Público pueda exigir su pago, de oficio, sino también una de las circunstancias que deberán atenderse para establecer el monto que por ese concepto, a título de indemnización de orden económico, debe pagar el delincuente; de ahí que esta nueva reflexión sobre el tema obliga a este tribunal a apartarse de criterios anteriores en que sostenía que al margen del ataque material debía probarse la afectación al pasivo, como sustento del pago de daño moral."
Así como la jurisprudencia 1a./J. 88/2001, de rubro: "REPARACIÓN DEL DAÑO EN EL DELITO DE HOMICIDIO PARA QUE SE CONDENE A ELLA BASTA QUE EL JUZGADOR TENGA POR ACREDITADA LA COMISIÓN DEL ILÍCITO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).", señalada por la Sala responsable y que, contrariamente al criterio mayoritario sostenido por ésta, es aplicable al referirse al tema tanto de la reparación del daño material o económico como de la reparación del daño moral, cuando en ambos casos la víctima del delito fallece a consecuencia de ese injusto, por lo que es inexacto que, por referirse expresamente a la legislación del Distrito Federal, no cobre aplicación respecto de la legislación de Puebla, pues las legislaciones de ambas entidades federales contienen disposiciones semejantes sobre el tema.
Aunado a lo anterior y, en todo caso, contra lo sostenido por la mayoría de los Magistrados de la Sala responsable, tampoco es obstáculo que dicha jurisprudencia se refiera a la interpretación de los artículos 30, 31 y 34 del Código Penal para el Distrito Federal, en tanto dichas disposiciones tienen sus correlativos en el Código de Defensa Social del Estado de Puebla, como lo son, en su contexto íntegro, los preceptos 37, fracción III, 50 Bis, 51, 51 Bis y 51 Ter, del tenor siguiente:
"Artículo 37. Las sanciones y medidas de seguridad son:
"...
"III. Sanción pecuniaria, que comprende la multa y la reparación del daño. ..."
"Artículo 50 Bis. La reparación del daño por el delincuente, tiene el carácter de pena pública independientemente de la acción civil y se exigirá de oficio por el Ministerio Público, determinando su cuantía con base en las pruebas obtenidas en el proceso."
"Artículo 51. La reparación del daño y de los perjuicios causados por el delito, comprende:
"I. La restitución del bien obtenido por el delito y de sus frutos existentes, o si no fuere posible, el pago del precio de ambos a valor comercial, y
"II. La indemnización del daño material y moral, así como el resarcimiento de los perjuicios ocasionados."
"Artículo 51 Bis. Están obligados a reparar los daños en los términos del artículo anterior:
"I. Los ascendientes, por los delitos de sus descendientes que se hallaren bajo su patria potestad;
"II. Los tutores y custodios, por los delitos de los incapacitados que se hallen bajo su autoridad;
"III. Los directores de internados o talleres, que reciban en su establecimiento discípulos o aprendices menores de dieciocho años, por los delitos que ejecuten éstos durante el tiempo que se hallen bajo el cuidado de aquéllos;
"IV. Los dueños, empresarios o encargados de negociaciones o establecimientos mercantiles de cualquier especie, por los delitos que cometan sus obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos, con motivo y en el desempeño de su servicio;
"V. Las sociedades, asociaciones y otras personas colectivas, por los delitos de sus socios o gerentes y directores, en los mismos términos en que conforme a las leyes, sean responsables por las demás obligaciones que los segundos contraigan;
"Se exceptúa de esta regla a la sociedad conyugal, pues en todo caso, cada cónyuge responderá con sus bienes propios por la reparación del daño que cause;
"VI. El Estado, subsidiariamente por sus funcionarios o empleados."
"Artículo 51 Ter. Serán aplicables a la obligación de reparar el daño y los perjuicios causados por el delito, las siguientes disposiciones:
"I. Tendrá carácter de preferente con respecto a la multa y a cualquier otra obligación asumida con posterioridad al delito, excepto las de carácter alimentario o laboral, salvo que se demuestre que éstas fueron contraídas para evadir el cumplimiento de aquellas, y
"II. Si el ofendido o la persona que tuviere derecho al pago de la reparación del daño, renunciare al cobro de la misma, cuyo monto haya sido acreditado dentro del proceso y se haya determinado en sentencia, el Estado se subrogará legalmente, a través de la Procuraduría General de Justicia, en los derechos de aquella y destinará el importe devengado al fondo que se constituya de acuerdo con la Ley para la Protección a Víctimas de Delitos."
Lo anterior encuentra apoyo, en lo sustancial, en la tesis aislada 2a. XXXI/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 560 del Tomo XXV, abril de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:
"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. EL HECHO DE QUE EN ÉSTA NO SE HAYA INTERPRETADO EL MISMO PRECEPTO QUE EL ANALIZADO EN EL CASO CONCRETO, NO BASTA PARA ESTIMAR SU INAPLICABILIDAD.-La circunstancia de que en un criterio jurisprudencial de este Alto Tribunal se haya abordado el estudio de un precepto diverso al analizado en el caso concreto, no implica que la tesis sea inaplicable, pues el precedente judicial tiene diversos grados en su aplicación, pudiendo ser rígida o flexible, además de otros grados intermedios. Así, un criterio puede ser exactamente aplicable al caso por interpretar la misma disposición que la examinada en el caso concreto, o bien, puede suceder que no se analice idéntica norma, pero el tema abordado sea el mismo o haya identidad de circunstancias entre ambos temas, incluso puede ocurrir que la tesis sea aplicable por analogía, es decir, que se trate de un asunto distinto pero que existan ciertos puntos en común que deban tratarse en forma semejante."
En consecuencia, al resultar fundados los conceptos de violación propuestos por el peticionario del amparo, con el carácter que lo hace, debe concederse, para efectos, el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicita.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.-Para los efectos precisados en la parte final del considerando séptimo de la presente ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a **********, en su carácter de albacea definitivo de la sucesión intestamentaria a bienes de quien en vida respondió al nombre de **********, contra los actos reclamados a los Magistrados de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, consistentes, exclusivamente, en la parte modificada de la sentencia definitiva de diecinueve de marzo de dos mil diez, dentro del toca de apelación número **********, en que absolvió al sentenciado ********** del pago de la reparación del daño moral a que fue condenado en primera instancia, relativo al proceso penal **********.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos a la Sala responsable y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados José Manuel Vélez Barajas y José Manuel Torres Pérez, así como del licenciado Héctor Santacruz Sotomayor, secretario de Tribunal en funciones de Magistrado de Circuito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante acuerdo de seis de abril de dos mil diez, siendo ponente el tercero de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Nota: La tesis de rubro: "REPARACIÓN DEL DAÑO EN EL DELITO DE HOMICIDIO. PARA QUE SE CONDENE A ELLA BASTA QUE EL JUZGADOR TENGA POR ACREDITADA LA COMISIÓN DEL ILÍCITO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)." citada en esta ejecutoria aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federaci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23119-1279ed60/reparacion-del-dano-moral-y-material-e-indemnizacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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