AVALUO CATASTRAL PRACTICADO POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. AMPARO IMPROCEDENTE.
CONTRADICCION DE TESIS 1/94. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día catorce de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Mediante escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el día quince de diciembre de mil novecientos noventa y tres, dirigido al presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, los Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, manifestaron lo siguiente:
"Los suscritos Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, con fundamento en el artículo 107 fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 25 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, denunciamos la probable contradicción de tesis, al resolver el recurso de revisión 270/93. Bajo el número XXI.I.18 A en la página 231 del Semanario Judicial de la Federación Tomo X, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y dos, aparece publicada la Tesis del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito que a la letra dice: 'AVALUOS CATASTRALES, NO DEBEN SEÑALARSE COMO ACTOS RECLAMADOS EN LA DEMANDA DE GARANTIAS, YA QUE SOLO PUEDE IMPUGNARSE COMO TAL RESOLUCION QUE PONGA FIN AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (sic).-Impugnándose en un juicio constitucional la liquidación emitida por la responsable, que puso fin al procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, respecto del cual el avalúo es una de sus partes; este acto no debe atacarse en forma destacada en dicho juicio como acto reclamado, sino como violación procesal que es como deberá analizarse en la sentencia de amparo, dado que el acto reclamado solamente puede serlo la resolución definitiva, que en el caso lo es la repetida liquidación que puso fin al procedimiento administrativo.'. Amparo en revisión 232/92. Susana Palazuelos de Wichtendahl. 27 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Javier Pons Liceaga, Secretario: Manuel Pallares Peralta. Amparo en revisión 173/92. Magdaleno Altamirano Toledo y otro. 9 de julio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Mena Méndez. Secretario: Salvador Vázquez Vargas. Amparo en revisión 162/92. Rogelio Nájera García y otra. 2 de julio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Javier Pons Liceaga. Secretario: Manuel Pallares Peralta. Amparo en revisión 76/92. Guipi, S.A. de C.V. 4 de junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Vilchis Sierra. Secretario: Jorge Carreón Hurtado. Los suscritos Magistrados integrantes de este Segundo Tribunal Colegiado, en sesión ordinaria celebrada el once de noviembre del año en curso, con motivo de la ejecutoria pronunciada en el expediente 270/93, promovido por Inversiones Raf, S.A. emitimos y aprobamos el criterio jurisprudencial que a la letra dice: 'AVALUOS CATASTRALES (ESTADO DE GUERRERO). OPORTUNIDAD PARA COMBATIRLOS EN EL AMPARO.'. El avalúo catastral, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 23 de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, y 7 de la Ley de Hacienda Municipal número 677 de la misma entidad federativa, es el acto mediante el cual se determina el valor fiscal de los predios, mismo que sirve como base gravable para el cobro del impuesto predial respectivo a sus propietarios; es decir, es el acto en el cual se establece uno de los elementos esenciales del referido impuesto; en tal razón, resulta evidente el posible perjuicio que puede causar un avalúo catastral efectuado ilegalmente, ya que, de no combatirse oportunamente, quedaría firme dicho valor fiscal y consecuentemente la base gravable del impuesto predial, lo cual necesariamente tendría como consecuencia, la determinación, también ilegal, de un crédito fiscal por concepto del impuesto mencionado, precisamente por ser dicho valor la base sobre la cual debe calcularse su monto. De lo anterior se sigue que, la impugnación de un avalúo catastral debe hacerse desde luego, ya que es en este acto de valuación y en ningún otro, en el cual se establece la base gravable del impuesto predial, y combatirlo hasta el momento en que se emita la liquidación de ese tributo, sería extemporáneo, amén de resultar un acto consentido, ya que, si bien en la liquidación impositiva se concretiza la determinación del quantum de la obligación fiscal a cargo del contribuyente, en ella no es posible alterar los elementos que dieron vida al impuesto que se cuantifica, sino que únicamente se efectúan las operaciones aritméticas necesarias, entre la base y la tasa o tarifa, para establecer en cantidad líquida, el monto de la obligación tributaria. Amparo en revisión 73/92. Feliciana Baños viuda de Sánchez. 1 de abril de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: Javier Cardoso Chávez. Amparo en revisión 75/92. Raquel Tocatti y Moisés Levi Soriano. 2 de abril de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Cerdán Lira. Secretario: José Refugio López Garduza. Amparo en revisión 107/92. Juan Zambrano Martínez. 3 de junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: Javier Cardoso Chávez. Amparo en revisión 198/92. Leopoldo Baca Gutiérrez. 6 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: Javier Cardoso Chávez. Amparo en revisión 270/93. Inversiones Raf, S.A. 11 de noviembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: René Silva de los Santos. Secretario: Isael Bello Cuevas. Por lo anterior denunciamos ante ese Alto Tribunal, la probable contradicción de tesis existente en relación a nuestro criterio sustentado, con la tesis del Primer Tribunal Colegiado de este mismo Circuito, a fin de que si se estima procedente, se resuelva el criterio que debe prevalecer sobre este particular, esto con base a lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo. Para tal efecto acompañamos copias certificadas de las ejecutorias emitidas por este órgano colegiado en los juicios de amparo en revisión números 73/92, 75/92, 107/92, 198/92 y 270/93. Cabe hacer la aclaración, que mediante auto de esta misma fecha, se envía a la Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis, las copias de los amparos en revisión en comento, a efecto de su publicación como tesis jurisprudencial."
SEGUNDO.-Por acuerdo del día diecinueve de enero de mil novecientos noventa y cuatro, el Ministro presidente de la Segunda Sala ordenó formular y registrar con el número 1/94, el expediente relativo a la posible contradicción de tesis denunciada, y solicitó al presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, remitiera copias certificadas de las sentencias correspondientes, para la integración del expediente, lo que se acató mediante oficio número 1734, recibido en esta Suprema Corte de Justicia el día cuatro de mayo del mil novecientos noventa y cuatro.
En diverso proveído del veinte de mayo del citado año, el presidente de la Segunda Sala, acordó que se avocaba al conocimiento de la posible contradicción de tesis y ordenó dar vista al procurador general de la República, quién a través del agente del Ministerio Público Federal designado para intervenir en el presente asunto, formuló pedimento en el sentido de que se declare que la tesis que debe prevalecer es la sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito.
Mediante acuerdo de presidencia del día veintisiete de junio de mil novecientos noventa y cuatro, se dispuso el turno de los autos al Ministro ponente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que se trata de una denuncia de contradicción de tesis, sustentadas en amparos en materia administrativa, por dos Tribunales Colegiados de Circuito.
SEGUNDO.-En la página 231, Segunda Parte, del Tomo X, Octava Epoca, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y dos, aparece publicada con el número XXI. 1o. 18 A, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que es del tenor literal siguiente:
"AVALUOS CATASTRALES, NO DEBEN SEÑALARSE COMO ACTOS RECLAMADOS EN LA DEMANDA DE GARANTIAS, YA QUE SOLO PUEDE IMPUGNARSE COMO TAL RESOLUCION (sic) QUE PONGA FIN AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.- Impugnándose en un juicio constitucional la liquidación emitida por la responsable, que puso fin al procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, respecto del cual el avalúo es una de sus partes; este acto no debe atacarse en forma destacada en dicho juicio como acto reclamado, sino como violación procesal, que es como deberá analizarse en la sentencia de amparo, dado que el acto reclamado solamente puede serlo la resolución definitiva, que en el caso lo es la repetida liquidación que puso fin al procedimiento administrativo."
A continuación, se transcribe la parte medular de las resoluciones que constituyen los precedentes de la tesis transcrita:
Amparo en revisión número 76/92, promovido por Guipi, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra actos del director de Catastro del Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, y otras autoridades, resuelto el día cuatro de junio de mil novecientos noventa y dos, por unanimidad de votos de los Magistrados que integran el citado Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, establece:
"IV. El Juez de Distrito sobreseyó contra el acto que se reclama del director de Catastro de la Secretaría de Administración y Finanzas del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, Guerrero, que se traduce en el avalúo catastral por la cantidad de dos mil seiscientos cincuenta y cuatro millones trescientos ochenta y nueve mil seiscientos pesos; respecto del predio clasificado con el número de cuenta 14098/14-02-24 de fecha veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y dos. Especialmente atendió el Juez Federal que la emisión del avalúo que fijó un valor catastral para el pago del impuesto predial relacionado con la propiedad de la inconforme, por sí misma no puede considerarse como acto definitivo que cause perjuicio, fundamento de todo agravio para los efectos del amparo, ya que, en todo caso, podría sobrevenir con la resolución o liquidación que dicten las autoridades responsables correspondientes con base en el resultado del avalúo de mérito. El Juez de Distrito no advirtió que la agraviada reclamó, simultáneamente con el avalúo, el fincamiento del crédito fiscal por la cantidad de treinta y siete millones doscientos setenta y cinco mil seiscientos treinta pesos, que no es otra cosa que la liquidación emitida por las responsables, precisamente con base en el aludido avalúo. Sin embargo, el sobreseimiento de que se trata deberá ser confirmado de acuerdo con el párrafo segundo de la fracción II del artículo 114, en relación con la fracción XVIII del artículo 73 y 74, fracción III, preceptos todos de la Ley de Amparo, ya que impugnándose en el presente asunto la liquidación emitida por la responsable que puso fin al procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, respecto del cual, el avalúo es una de sus partes, este acto no puede atacarse en forma destacada en el juicio de garantías como acto reclamado, sino como violación procesal que es como se analizará en este fallo, dado que, el acto reclamado, conforme al dispositivo invocado, solamente puede serlo la resolución definitiva que puso fin al procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que en el caso lo es la repetida liquidación."
Amparo en revisión número 162/92, promovido por Rogelio Nájera García y Belania Rosas Rojas, contra actos del director de Catastro del Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, y otras autoridades, resuelto el día dos de julio de mil novecientos noventa y dos, por unanimidad de votos, establece:
"QUINTO.-De oficio se advierte que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del artículo 73, en relación con el 114, fracción II, de la Ley de Amparo, la cual se examina con apoyo en lo dispuesto por el artículo 91, fracción III, de la precitada ley. En efecto, la interpretación del artículo 114, fracción II, de la ley de la materia se halla corroborado con el criterio que ha venido sustentando este cuerpo colegiado en la tesis de jurisprudencia cuyo tenor literal dice: 'CONCEPTO DE DEFINITIVIDAD SU INTERPRETACION SEGUN SE DESPRENDE DE LAS HIPOTESIS DE LOS ARTICULOS 73 ó 114 DE LA LEY DE AMPARO.'. El principio de definitividad consagrado en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, estriba en que el juicio de garantías es procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno. Ahora bien, el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114, de la Ley de Amparo, señala: '114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: II: Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiese quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia. Del análisis de esta hipótesis de procedencia del amparo indirecto, se desprende que la resolución definitiva a que se refiere, debe entenderse como aquella que sea la última, la que en definitiva ponga fin al asunto, impidiendo con ello la proliferación innecesaria de juicios constitucionales contra actos de procedimiento, los cuales, sí podrán ser combatidos una vez que se haya emitido la resolución que ponga fin al procedimiento en cuestión.'. Así las cosas, el avalúo catastral no constituye un acto reclamado, sino una violación procesal que se debe combatir al impugnar la liquidación del impuesto predial que es la resolución que pone fin al procedimiento administrativo, por lo que en los términos de la fracción II, del artículo 114 de la Ley de Amparo, no se está en presencia de un acto impugnable por sí solo, sino que se trata, de una violación procesal, que sólo puede ser reclamable una vez que se dicte la resolución final en el procedimiento. Al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia sustentada por este tribunal al resolver el amparo en revisión administrativa número 78/92 (sic), promovido por Guipi, S.A. de C.V., con fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y dos, que literalmente expresa: 'AVALUOS CATASTRALES. NO DEBEN SEÑALARSE COMO ACTOS RECLAMADOS EN LA DEMANDA DE GARANTIAS. YA QUE SOLO PUEDE IMPUGNARSE COMO TAL LA RESOLUCION QUE PONGA FIN AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (la transcribe)'. En las anotadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, lo procedente es decretar el sobreseimiento respecto del avalúo impugnado, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III, del artículo 74 de la Ley de Amparo."
Amparo en revisión número 173/92, promovido por Magdaleno Altamirano Toledo y Luis Vicente Altamirano Pineda, contra actos del director de Catastro del Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero y otra autoridad, resuelto el nueve de julio de mil novecientos noventa y dos, por unanimidad de votos, establece:
"CUARTO.-Antes de entrar al estudio de fondo del asunto, se analizará la causal de improcedencia contemplada en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el artículo 114 fracción II, segundo párrafo ambos de la Ley de Amparo, que este órgano colegiado hace valer de oficio, la cual por ser una cuestión de orden público, debe examinarse previamente a cualquier otra, la aleguen o no las partes, acorde con lo previsto por el último párrafo del artículo 73 del ordenamiento legal invocado y, en lo que establece la jurisprudencia número 490, visible en la página 1538, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 'IMPROCEDENCIA.-Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de garantías.'. En efecto, se advierte que la causa de improcedencia opera en base a las siguientes consideraciones. Los recurrentes en su demanda de amparo señalan como uno de los actos reclamados el avalúo emitido por el director de Catastro Municipal del Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, con número de cuenta predial catastral 29695/14-08-002, al que se le fija un valor catastral para los efectos del pago del impuesto predial por la cantidad de $10'000,000.00, en lugar del valor menor catastral que tenía anteriormente. Ahora bien, de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se aprecia que no acompañaron las constancias relativas, como lo ordena el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, sin embargo, se estiman ciertos los actos que se les reclaman, dado que así lo admiten las propias responsables en sus informes. Por otro lado, la interpretación del artículo 114, fracción II, de la ley de la materia se haya corroborado con el criterio que ha venido sustentando este cuerpo colegiado en la tesis de jurisprudencia cuyo tenor literal dice: 'CONCEPTO DE DEFINITIVIDAD SU INTERPRETACION SEGUN SE DESPRENDE DE LAS HIPOTESIS DE LOS ARTICULOS 73 o 114 DE LA LEY DE AMPARO (la transcribe)'. Así las cosas, el avalúo catastral no constituye un acto reclamado, sino una violación procesal que se debe combatir al impugnar la liquidación del impuesto predial que es la resolución que pone fin al procedimiento administrativo, por lo que en términos de la fracción II, del artículo 114 de la Ley de Amparo, no se está en presencia de un acto impugnable por sí solo, sino que se trata de una violación procesal, que sólo puede ser reclamable una vez que se dicte la resolución final en el procedimiento. Al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia sustentada por este tribunal al resolverse el amparo en revisión administrativa número 78/92, promovido por GOIPE (sic), SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y dos, que a la letra dice: 'AVALUOS CATASTRALES. NO DEBEN SEÑALARSE COMO ACTOS RECLAMADOS EN LA DEMANDA DE GARANTIAS. YA QUE SOLO PUEDE IMPUGNARSE COMO TAL LA RESOLUCION QUE PONGA FIN AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (la transcribe)'. En las anotadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, lo procedente es decretar el sobreseimiento respecto del avalúo impugnado, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III, del artículo 74 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República."
Amparo en revisión número 232/92, promovido por Susana Palazuelos de Wichtendahl, contra actos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, y otras autoridades, resuelto el veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y dos, por unanimidad de votos, establece:
"QUINTO: Resultan infundados los conceptos de agravio hechos valer. En efecto contrariamente a lo expuesto por la recurrente, la sentencia pronunciada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado no le produce agravio, toda vez que como correctamente lo determinó el juzgador de garantías al actualizarse la causa de improcedencia prevista por los artículos 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción II, de la Ley de Amparo, era procedente decretar el sobreseimiento en el juicio, lo anterior, por virtud de que los actos reclamados no pueden equiparse a una resolución definitiva, porque aun cuando no se trata de un juicio en sentido estricto, tales actos emanados en el procedimiento administrativo, son precedentes al fallo definitivo en que se determina, finalmente, el último crédito fiscal, que como resultado conlleva a su liquidación. En este orden de ideas es procedente establecer que la interpretación del artículo 114, fracción II, de la ley de la materia se haya corroborada con el criterio que ha venido sustentando este cuerpo colegiado en la tesis de jurisprudencia cuyo tenor literal dice: 'CONCEPTO DE DEFINITIVIDAD SU INTERPRETACION SEGUN SE DESPRENDE DE LAS HIPOTESIS DE LOS ARTICULOS 73 ó 114 DE LA LEY DE AMPARO (la transcribe)'. Así las cosas, el avalúo catastral no constituye un acto reclamado, sino una violación procesal que se debe combatir al impugnar la liquidación del impuesto predial que es la resolución que pone fin al procedimiento administrativo, por lo que en los términos de la fracción II, del artículo 114 de la Ley de Amparo, no se está en presencia de un acto impugnable por sí solo, sino que se trata de una violación procesal, que solo puede ser reclamable una vez que se dicte la resolución final en el procedimiento. Al respecto, resulta aplicable la tesis sustentada por este tribunal al resolver los amparos en revisión administrativa números 78/92 y 162/92, promovidos por Guipi, S.A. de C.V., con fecha cuatro de junio del mil novecientos noventa y dos, y Rogelio Nájera García y Belamia Rosas Rojas, con fecha dos de julio del año en cita, que literalmente expresa: 'AVALUOS CATASTRALES. NO DEBEN SEÑALARSE COMO ACTOS RECLAMADOS EN LA DEMANDA DE GARANTIAS. YA QUE SOLO PUEDE IMPUGNARSE COMO TAL LA RESOLUCION QUE PONGA FIN AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (la transcribe)'. En las anotadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia invocada por el a quo, que le sirvió de base para sobreseer en el juicio de garantías, resulta que la sentencia impugnada no depara, como se señaló, perjuicio a la ahora recurrente, por lo que es procedente confirmarla, independientemente de que la parte quejosa insiste en que se trata de violaciones directas a la Constitución, pues ello no limita el momento procesal oportuno para la presentación de una demanda de amparo, pues acatándose lo ordenado por el artículo 114, fracción II de la Ley de Amparo, una vez que se combata el último acto, podrían alegarse, a su vez, las violaciones formales de las diversas etapas del procedimiento correspondiente."
TERCERO.-En las páginas 87 y 88, Tercera Parte, de la Gaceta número 73 del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y cuatro, aparece publicada con el número XXI.2o. J/2, la tesis de jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que es del tenor literal siguiente:
"AVALUOS CATASTRALES (ESTADO DE GUERRERO). OPORTUNIDAD PARA COMBATIRLOS EN EL AMPARO.-El avalúo catastral, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 23 de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, y 7o. de la Ley de Hacienda Municipal número 677 de la misma entidad federativa, es el acto mediante el cual se determina el valor fiscal de los predios, mismo que sirve como base gravable para el cobro del impuesto predial respectivo a sus propietarios; es decir, es el acto en el cual se establece uno de los elementos esenciales del referido impuesto; en tal razón, resulta evidente el posible perjuicio que puede causar un avalúo catastral efectuado ilegalmente, ya que, de no combatirse oportunamente, quedaría firme dicho valor fiscal y consecuentemente la base gravable del impuesto predial, lo cual necesariamente tendría como consecuencia, la determinación, también ilegal, de un crédito fiscal por concepto del impuesto mencionado, precisamente por ser dicho valor la base sobre la cual debe calcularse su monto. De lo anterior se sigue que, la impugnación de un avalúo catastral debe hacerse desde luego, ya que es en este acto de valuación y en ningún otro, en el cual se establece la base gravable del impuesto predial, y combatirlo hasta el momento en que se emita la liquidación de ese tributo, sería extemporáneo, amén de resultar un acto consentido, ya que, si bien en la liquidación impositiva se concretiza la determinación del quantum de la obligación fiscal a cargo del contribuyente, en ella no es posible alterar los elementos que dieron vida al impuesto que se cuantifica, sino que únicamente se efectúan las operaciones aritméticas necesarias, entre la base y la tasa o tarifa, para establecer, en cantidad líquida, el monto de la obligación tributaria."
Se transcribe en seguida la parte conducente de las resoluciones que constituyen los precedentes de la tesis jurisprudencial transcrita.
Amparo en revisión número 73/92, promovido por Feliciana Baños viuda de Sánchez, contra actos del director de Catastro del Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, y otras autoridades, resuelto el primero de abril de mil novecientos noventa y dos, por unanimidad de votos de los Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, establece:
"IV. Los agravios expresados son fundados. Tiene razón la recurrente al sostener que, el avalúo catastral reclamado no es equiparable a los avalúos judiciales a que se refiere la jurisprudencia invocada como fundamento por el Juez de Distrito y, por ello, la misma no es aplicable al presente caso. En efecto, mientras los avalúos judiciales, por sí solos, según establece el propio criterio jurisprudencial, en nada perjudican al propietario de los bienes valuados, en cuanto se ignoran las finalidades del mismo y su práctica no tiene como consecuencia forzosa de que se vea amenazado jurídicamente en sus propiedades, posesiones o derechos; en cambio, el avalúo catastral, en caso de quedar subsistente, sí puede perjudicar al titular de los inmuebles objeto del mismo, toda vez que, necesariamente conduciría al fincamiento de un crédito fiscal, de aplicación inmediata, a cargo del propietario de los bienes, en términos de los artículos 23 de la Ley de Catastro Municipal, 7o., y 9o., fracción II, de la Ley de Hacienda Municipal. Lo anterior se explica de la siguiente manera: Todo impuesto, legal y jurídicamente, se integra por los siguientes elementos: sujeto, objeto, base y tasa o tarifa. Así, la administración de un impuesto comprende varios momentos, en los cuales la autoridad fiscal realiza diversos actos tendientes a precisar la existencia de la obligación fiscal, a determinarla. Este proceso de determinación de la obligación fiscal, se inicia con la investigación sobre si en el caso respectivo se tiene la calidad de sujeto del tributo, en seguida se proporcionan las bases del mismo, y concluye con la liquidación o sea el acto por virtud del cual se precisa la suma cierta a pagar, es decir se establece el monto o quantum de la deuda fiscal. Ahora bien, si conforme a los precitados dispositivos, el valor catastral de los predios determinados técnicamente se convierten en el valor fiscal de los mismos, y debe tenerse como base del impuesto predial, surtiendo sus efectos a partir del bimestre siguiente al de su notificación, entonces, resulta evidente el posible perjuicio que puede causar un avalúo catastral efectuado ilegalmente, como en el caso lo considera la parte quejosa, ya que necesariamente tendría como consecuencia, la determinación, también ilegal, de un crédito fiscal por concepto del impuesto mencionado, precisamente por ser la base sobre la cual debe calcularse su monto, el cual además es exigible desde el bimestre siguiente al de la notificación del avalúo. Por ello, es correcto el argumento de la recurrente de que, en caso de inconformidad con el avalúo catastral, su impugnación debe hacerse desde luego, dada la trascendencia legal que le corresponde en la determinación de los créditos fiscales por concepto de impuesto predial, al ser en este acto de avalúo y en ningún otro, en el cual se establece la base de ese tributo, pues combatirlo hasta el momento en que se emita la liquidación, sería inoportuno, ya que si bien dicha liquidación es el acto en el cual se concretiza la determinación de una obligación fiscal, en él no es posible alterar los elementos que dan vida al impuesto que se cobra, sino que únicamente se efectúan las operaciones aritméticas necesarias, entre la base y la tasa o tarifa, para establecer en cantidad líquida el monto de la obligación tributaria, y en tal razón, en este último caso, el avalúo tendría la calidad de acto consentido y la liquidación el carácter de acto derivado de otro consentido. En los términos apuntados, desvirtuado el razonamiento en que se apoyó el Juez de Distrito para considerar el avalúo catastral reclamado, como un acto no definitivo para los efectos del amparo, y, al no advertirse en el caso alguna otra de las causas previstas en el artículo 73, de la Ley de Amparo, para hacer improcedente el juicio de garantías, con fundamento en el artículo 91, fracción III, de la citada ley, lo procedente es revocar el sobreseimiento decretado en la parte recurrida de la sentencia y entrar al estudio del fondo del asunto."
Amparo en revisión número 75/92, promovido por Raquel Tocattli y Moisés Levi Soriano, contra actos del Ayuntamiento Constitucional de la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, y otras autoridades, resuelto el dos de abril de mil novecientos noventa y dos, por unanimidad de votos, establece:
"QUINTO.-Son esencialmente fundados los agravios anteriormente transcritos, en virtud de lo que en seguida se expone. Del análisis de la sentencia recurrida, se advierte que, para sobreseer en el juicio constitucional promovido por la ahora recurrente, el Juez Segundo de Distr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2244-7031ab15/avaluo-catastral-practicado-por-una-autoridad-administrativa-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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