JUICIO DE NULIDAD. PARA ESTIMAR CUMPLIDA LA CARGA PROCESAL QUE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO IMPONE A LA DEMANDADA, SI ÉSTA AFIRMA QUE EL ORIGINAL DEL CRÉDITO FISCAL QUE PRETENDE IMPUGNARSE LE FUE ENTREGADO AL CONTRIBUYENTE AL NOTIFICÁRSELO, BASTA CON QUE EXHIBA COPIA CERTIFICADA DE SU REIMPRESIÓN, JUNTO CON LAS CONSTANCIAS DE LA NOTIFICACIÓN RESPECTIVA.
REVISIÓN FISCAL 694/2010. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE GUADALAJARA SUR.
CONSIDERANDO:
SEXTO. El segundo agravio expresado resulta sustancialmente fundado y suficiente para revocar la sentencia impugnada.
Previo a demostrar lo anterior, y a fin de comprender con mayor nitidez el sentido de esta resolución, conviene establecer los antecedentes del asunto.
**********, en representación de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, demandó la nulidad del procedimiento administrativo de ejecución contenido en el oficio sin número, de once de agosto de dos mil ocho, emitido por la Administración General de Recaudación de Guadalajara Sur, por concepto del crédito fiscal **********, en cantidad de $4,116.00 (cuatro mil ciento dieciséis pesos 00/100 M.N.), derivado de multas por incumplimiento y/o extemporaneidad a requerimiento del Registro Federal de Contribuyentes y entero de obligaciones, y negó lisa y llanamente conocer dichas multas, así como las resoluciones que las determinan, sus constancias de notificación y citatorios, respectivamente (folios 1 a 52 del expediente fiscal).
Una vez admitido a trámite el asunto por el Magistrado instructor, por oficio **********, presentado el cinco de febrero de dos mil nueve ante la Oficialía de Partes Común para las Salas Regionales de Occidente de este tribunal, el administrador local jurídico de Guadalajara Sur contestó la demanda, exhibiendo copia simple de una reimpresión en que consta la resolución determinante del crédito fiscal **********, así como copia certificada de la constancia de notificación por la que dijo haberse notificado a la actora el uno de octubre de dos mil uno, previo citatorio, por lo que, entre otras cosas, adujo la extemporaneidad del juicio, basada en que a partir de esa fecha en que había conocido el crédito, quedó obligado a impugnarlo a través del juicio contencioso administrativo (folio 75 vuelta del expediente fiscal).
Por oficio presentado el catorce de abril de dos mil nueve ante la Oficialía de Partes Común para las Salas Regionales de Occidente de dicho tribunal, la autoridad demandada, previo requerimiento, exhibió copia certificada de la reimpresión en que consta la resolución determinante del crédito fiscal **********, por lo que por auto de seis de mayo siguiente se ordenó correr el traslado correspondiente a la actora para que dentro del término de veinte días ampliara su demanda.
Mediante escrito presentado el veinticuatro de junio de dos mil nueve, la parte actora amplió su demanda, combatiendo la reimpresión de la resolución determinante del crédito fiscal referido, así como su notificación y previo citatorio (folios 113 al 127 ibídem), la que se tuvo por formulada en auto de tres de julio siguiente.
Por oficio número **********, la autoridad demandada contestó la ampliación de demanda, la que se tuvo por formulada mediante auto de veinticinco de noviembre del mismo año.
El veinte de enero de dos mil diez, la Segunda Sala Regional de Occidente del tribunal en cita, dictó sentencia en la que, por un lado, declaró infundada la causal de improcedencia hecha valer por la demandada en virtud de que el juicio de nulidad contra los actos emitidos durante el procedimiento administrativo de ejecución no le ponen fin al mismo y, por ende, no constituyen resoluciones definitivas; por otro, señaló que analizaría de manera conjunta los argumentos de nulidad vertidos por la actora en el escrito inicial de demanda en el sentido de que desconocía la resolución determinante del crédito fiscal **********, así como la causal de improcedencia hecha valer por la demandada en el oficio de contestación a la demanda relativa a la extemporaneidad del juicio, basada en las constancias de notificación de dicho crédito fiscal impugnado en nulidad; enseguida, concluyó que la autoridad demandada había incumplido con la carga procesal que le impone el artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo porque, dijo, fue omisa en dar a conocer el o los documentos en que conste el acto administrativo y su notificación, pues, resolvió, que tal como lo alegó la actora en su escrito de ampliación a la demanda, la copia certificada de la reimpresión de pantalla relativa al crédito fiscal impugnado, no reunía los requisitos para considerar que realmente se trataba del acto administrativo que la demandante manifestó desconocer; asimismo, argumentó la Sala Fiscal, que en ese documento exhibido por la demandada se citaban, para fundamentar su actuación, ordenamientos legales y reglamentarios que no se encontraban vigentes en la fecha de la emisión de la resolución determinante del crédito fiscal y, que en ese sentido, no podía afirmarse que se tratara del mismo que aquel que en su momento fue emitido.
En primer término, es inoperante el primer agravio hecho valer por la recurrente en el sentido de que, contrario a lo que resolvió la Sala Fiscal, en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada en el oficio de contestación a la demanda, en el sentido de que no procede el juicio de nulidad contra los actos emitidos durante el procedimiento administrativo de ejecución que impugna la actora, toda vez que no le ponen fin al mismo y, por ende, no constituyen resoluciones definitivas.
Lo anterior es así, porque la disconforme en una parte de su agravio repite, en esencia, lo que alegó ante la Sala Fiscal (folios 74 vuelta a 75 vuelta), en el sentido de que al tratarse de actos emitidos en el procedimiento administrativo de ejecución que no le ponen fin al mismo, no procede en su contra el juicio de nulidad; planteamiento que, incluso, se aprecia debidamente resuelto por la Sala Fiscal en el sentido de que los actos impugnados generan un perjuicio fiscal a su destinatario desde el momento en el que tienen su origen en un crédito fiscal que alegó el actor desconocer, mismo que no logra superar la recurrente a través de sus agravios pues, se insiste, se limitó a reiterar la causal de improcedencia hecha valer ante la Sala Fiscal.
Asimismo, es inoperante lo que alega en el sentido de que: "... Sin que obste que la a quo señale, que en la especie los citados actos derivan de un crédito fiscal que el actor manifestó lisa y llanamente conocer (sic), toda vez que tal situación (el desconocimiento que alega la actora) es infundado, pues como se puede advertir de las constancias que esta autoridad acompañó al oficio de contestación de demanda, no obstante que la accionante refiere que desconoce los actos que dieron origen al procedimiento administrativo de ejecución tendiente a hacer efectivo el crédito fiscal **********, y la resolución determinante del mismo, contenida en el oficio número **********, de 12 de septiembre de 2001, le fue notificada desde el 1o. de octubre de 2001, tal como se acreditó con el acuse de recibo y la constancia de notificación de esa misma fecha, exhibidas al oficio de contestación (mismas que como se abundará con posterioridad, la a quo fue omisa en valorar), por lo que el referido supuesto no se actualiza en la especie, ya que el adeudo del que provienen las diligencias del procedimiento administrativo de ejecución es del total conocimiento del actor y lo conoce a la perfección, de ahí que el juicio de origen, además de ser instaurado en contra de actos contra los cuales no procede el procedimiento administrativo de ejecución, resulta extemporáneo, pues la resolución determinante fue notificada a la actora desde el 1o. de octubre de 2001 y sobre dicha extemporaneidad no se pronunció la Sala Fiscal ...", toda vez que con tales manifestaciones no se combate frontalmente la consideración toral de la Sala, en cuanto a que, aunque se tratara de actos emitidos en el procedimiento administrativo de ejecución que no le ponen fin al mismo, en su contra procede el juicio de nulidad, porque generan un perjuicio fiscal a su destinatario desde el momento en el que tienen su origen en un crédito fiscal que alegó el actor desconocer, sino más bien, aquellos argumentos de la recurrente tienden a evidenciar la diversa causal de improcedencia que ante la Sala hizo valer, relativa a la extemporaneidad del juicio de nulidad.
En cambio, se estima parcialmente fundado el segundo agravio y suficiente para revocar la sentencia recurrida.
En él se alega que la Sala Fiscal analiza de manera conjunta los argumentos vertidos por la actora en el escrito inicial de demanda, en donde manifiesta desconocer la resolución determinante del crédito **********, de cuya existencia se hace sabedor a través del inicio del procedimiento administrativo de ejecución, así como el estudio de la causal de improcedencia hecha valer en el oficio de contestación de demanda, donde alegó que el juicio de nulidad resulta improcedente por extemporáneo contra el referido crédito, debido a que con la constancia de notificación que exhibió se demostraba que se le notificó el uno de octubre de dos mil uno.
Señala la recurrente que, con tal proceder, la Sala Fiscal contraviene lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que se limita a resolver que la autoridad demandada fue omisa en dar a conocer a la actora el o los documentos en que consta la determinación del crédito fiscal que dijo desconocer, lo que resulta erróneo, porque dicha aseveración de la Sala tiene como único sustento la limitada valoración efectuada a la constancia del crédito fiscal **********, aportada al oficio de contestación, no así como de sus respectivas constancias de notificación, mismas que jamás fueron tomadas en consideración por la a quo.
Agrega la disconforme que la sentencia impugnada es ilegal y violatoria de las reglas del juicio contencioso administrativo previstas en el artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que la a quo se encontraba obligada a llevar a cabo, de forma preferente o previa, el estudio de los conceptos de anulación expuestos por la actora en contra de las constancias de notificación del crédito fiscal exhibidas al contestar la demanda, y a partir del resultado a ello, determinar si la notificación fue o no legalmente practicada a efecto de concluir si la enjuiciante fue sabedora desde la fecha que se le dio a conocer el crédito y, por ende, si era o no extemporánea la demanda de nulidad.
Añade la inconforme, que en ese sentido, de acuerdo a lo previsto en el artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la Sala se encontraba obligada, previo al examen de los conceptos de anulación que se vierten en contra de la resolución en controversia, a estudiar los conceptos de anulación expresados contra la notificación de tal acto y si resolvía que la notificación resultaba legal y como consecuencia de ello que la demanda fue presentada extemporáneamente, debía sobreseer en el juicio en relación con dicho crédito, y sólo si hubiese estimado ilegal la notificación, entonces sí hubiese podido eventualmente valorar la legalidad del crédito en comento o su existencia.
Aduce también la recurrente que, contrario a lo resuelto por la Sala Fiscal, en el oficio de contestación a la demanda ofreció y acompañó tanto la constancia de notificación como el acuse de recibo, ambos de uno de octubre de dos mil uno, así como el citatorio de veintiocho de septiembre anterior, correspondientes a la resolución determinante del crédito **********, con número de control **********.
Abunda la inconforme, en el sentido de que sin embargo, la a quo jamás se pronunció sobre las cuestiones relativas a la legalidad de la constancia de notificación correspondiente a la citada resolución, pues de conformidad al procedimiento previsto por el artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, estaba obligada a estudiar los conceptos de impugnación hechos valer en contra de la citada constancia de notificación, de manera previa a entrar al estudio sobre la legalidad del crédito fiscal, máxime que de otra forma no podía valorar los agravios hechos valer por la actora en su contra; e insiste, que primeramente debía analizar la legalidad de la notificación de marras, a fin de determinar la oportunidad en la impugnación de la aludida resolución determinante y la procedencia del juicio de nulidad en su contra, lo cual no realizó la Sala resolutora.
También aduce la inconforme, que es ilegal la consideración de la Sala Fiscal en el sentido de que la autoridad demandada fue omisa en dar a conocer a la actora el acto que alegó desconocer, toda vez que dicha aseveración tiene como único sustento la limitada valoración efectuada a la constancia que del crédito fiscal **********, aportada con el oficio de contestación a la demanda, así como las respectivas constancias de notificación, mismas que jamás fueron tomadas en consideración por la a quo.
Agrega la recurrente que el fallo impugnado es ilegal, toda vez que la Sala Fiscal se limita a señalar que al no haber exhibido la demandada la constancia de la determinación del crédito fiscal, no cumplió con lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, desestimando la constancia que aportó respecto del crédito fiscal **********, bajo el argumento de que dicha constancia no reúne los requisitos para considerar que se trata del acto administrativo que la actora manifestó desconocer, lo cual resulta del todo ilegal y carente de sustento alguno.
Añade que lo anterior es así, toda vez que la juzgadora llevó a cabo un análisis incorrecto del artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues éste expresamente lo único que establece es que las autoridades deben acompañar "constancia" del acto, lo cual, dice, válidamente se realizó a través de la exhibición de lo que la Sala consideró como la reimpresión de la resolución contenida en el oficio con número de control **********, que constituye la determinante del crédito fiscal **********, así como su correspondiente constancia de notificación y acuse de recibo de uno de octubre de dos mil uno y citatorio del día veintiocho de septiembre de ese año.
Sobre lo anterior, la disconforme abunda en el sentido de que, luego entonces, la Sala Fiscal debió de considerar que la reimpresión de la resolución determinante de la multa, aunado a su constancia de notificación, acuse de recibo y citatorio previo, eran suficientes para estimar que éstas son una constancia de la existencia de dicho acto, el cual, ya era del conocimiento de la actora y cuya legalidad debió ser desvirtuada, sin que la Sala lo haya analizado.
Concluye señalando la inconforme, que con lo anterior es de evidenciarse lo infundado de la sentencia que se recurre, pues la Sala Fiscal en ningún momento señala el precepto legal que obligue a la representación de las autoridades demandadas en el juicio de nulidad, de aportar el original o copia de la resolución impugnada en el juicio y mucho menos señala el precepto legal que obligue a la autoridad que emitió la resolución impugnada a quedarse con una copia del acto que posteriormente sería objeto del juicio de nulidad, esto frente al hecho de que se aportó una reimpresión de tal documento, así como su constancia de notificación, lo cual era suficiente para estimar cumplido lo previsto en el artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Como se anticipó, los sintetizados argumentos del pliego de agravios son sustancialmente fundados y suficientes para revocar la sentencia recurrida, pues tal como lo sostiene la autoridad recurrente, la Sala Fiscal omitió estudiar los argumentos de defensa que expuso en los oficios de contestación a la demanda y a su ampliación, así como también omitió valorar las documentales que se exhibieron.
En efecto, se estima esencialmente fundado y suficiente para revocar la sentencia aquí recurrida, el agravio relativo a que contrario a lo sostenido por la Sala Fiscal, con las constancias allegadas al juicio al contestar la demanda por la autoridad recurrente, consistentes en copia certificada de la reimpresión del crédito fiscal número **********, así como de las actas de la notificación correspondiente a ese documento, cumplió con la carga probatoria que le imponía en el caso el artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Lo anterior es así, porque asiste razón a la disconforme en cuanto alega que dicho numeral es claro al referirse a la exhibición de constancias en juicio, que bien pueden ser, como en el caso, la reimpresión adminiculada con las actas de notificación de que se trata, de las cuales, se pone de manifiesto que sí existió el original del crédito y su respectiva notificación, la que, por cierto, también fue impugnada por la parte actora al ampliar su demanda de nulidad.
De ahí que es jurídicamente aceptable considerar que la demandada cumplió con la carga procesal que le impone el artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que en la constancia del aludido crédito exhibida por la demandada (copia certificada de la citada reimpresión) se mencionen ordenamientos legales y reglamentarios que no se encontraban vigentes en la fecha de la emisión del aludido crédito, pues tales aspectos atañen a las cuestiones de legalidad por las que se impugnó dicho crédito fiscal y no a la carga procesal a que se refiere el precepto legal de referencia; de ahí que, insístase, resulta fundado lo alegado por la recurrente en el sentido de que con la sola exhibición de esas constancias cumplió con tal carga probatoria, máxime que de las mismas se desprenden elementos suficientes de identidad como son el número del crédito que coincide tanto en la reimpresión como en las actas de notificación allegadas al juicio (folios 83, 84 y 107 del expediente fiscal).
Ahora bien, tomando en cuenta que el acto impugnado en el juicio contencioso administrativo (foja 6 del expediente fiscal), tiene su origen en la resolución determinante del crédito fiscal número **********, que la actora afirmó desconocer; para desvirtuar dicha afirmación y demostrar que dicho crédito fue correctamente notificado en su oportunidad a la contribuyente, el encargado de la defensa jurídica de la demandada aportó diversas constancias de notificación (fojas 83 y 84 del expediente fiscal), las cuales previamente debieron ser examinadas por la Sala Fiscal, pues no debe perderse de vista que la parte actora promovió su demanda de nulidad en términos de lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual es del tenor siguiente:
"Artículo 16. Cuando se alegue que la resolución administrativa no fue notificada o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de las impugnables en el juicio contencioso administrativo federal, se estará a las reglas siguientes:
"I. Si el demandante afirma conocer la resolución administrativa, los conceptos de impugnación contra su notificación y contra la resolución misma, deberán hacerse valer en la demanda, en la que manifestará la fecha en que la conoció.
"II. Si el actor manifiesta que no conoce la resolución administrativa que pretende impugnar, así lo expresará en su demanda, señalando la autoridad a quien la atribuye, su notificación o su ejecución. En este caso, al contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia de la resolución administrativa y de su notificación, mismas que el actor deberá combatir mediante ampliación de la demanda.
"III. El tribunal estudiará los conceptos de impugnación expresados contra la notificación, en forma previa al examen de los agravios expresados en contra de la resolución administrativa.
"Si resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, considerará que el actor fue sabedor de la resolución administrativa desde la fecha en que manifestó conocerla o en la que se le dio a conocer, según se trate, quedando sin efectos todo lo actuado en base a dicha notificación, y procederá al estudio de la impugnación que se hubiese formulado contra la resolución.
"Si resuelve que la notificación fue legalmente practicada y, como consecuencia de ello la demanda fue presentada extemporáneamente, sobreseerá el juicio en relación con la resolución administrativa combatida."
Como se colige de lo transcrito, dicho numeral contiene reglas específicas para sustanciar el procedimiento contencioso administrativo, para los casos en los que se alegue alguno de los siguientes motivos: a) que el acto administrativo que se pretende combatir se notificó indebidamente y que, por esa razón, se impidió al gobernado su impugnación oportuna, o bien; b) que el particular afirme desconocer el acto administrativo que pretende impugnar.
En esencia, las reglas para sustanciar los juicios con estas características, son las siguientes:
1) En el supuesto señalado en el inciso a), el particular conoce el acto administrativo, empero, por su indebida notificación no pudo impugnarlo oportunamente, por lo que, en este caso, en la demanda de nulidad debe señalarse la fecha en que tuvo conocimiento del mismo, además de formularse los agravios en contra de la notificación y también en contra del acto administrativo impugnado, dado que esa es la secuencia procesal establecida en la fracción I del artículo en comento.
2) Por otra parte, en el supuesto señalado en el inciso b), el particular desconoce el acto administrativo, razón por la que, en este supuesto, el particular, una vez que se le den a conocer el acto administrativo y sus constancias de notificación, debe impugnar ambos, dado que ese es el procedimiento establecido en la fracción II del artículo en comento.
En ambos casos descritos, la Sala Fiscal debe estudiar, en primer término, los conceptos de anulación expuestos en contra de la notificación, de manera previa al examen de la impugnación del acto administrativo, pues así lo dispone expresamente la fracción III del artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Cabe señalar que el orden en que deben examinarse los conceptos de anulación, esto es, que primeramente deban analizarse los agravios vertidos en contra de la notificación del acto administrativo que se pretende impugnar, se encuentra plenamente justificado en el hecho de que, como consecuencia de dicho estudio puede configurarse una causal de improcedencia -tal como lo estableció la propia recurrente en el oficio de contestación a la demanda y su ampliación- y, por ende, de sobreseimiento en el juicio contencioso administrativo, por lo cual, al involucrarse una cuestión de procedencia del juicio, es evidente que dicho estudio es preferente.
En este orden de ideas, este tribunal considera que la Sala Fiscal actuó incorrectamente al no analizar, en primer término, las constancias de notificación del crédito fiscal número **********, aportadas por la autoridad demandada al formular sus oficios de contestación dentro del juicio de nulidad y que obran a fojas 83 y 84 del expediente de origen.
No es obstáculo a lo anterior, lo argumentado por la Sala resolutora en el sentido de que analizaría de manera conjunta los argumentos de nulidad vertidos por la actora en el escrito inicial de demanda, consistentes en que desconocía la resolución determinante del crédito fiscal **********, así como la causal de improcedencia hecha valer por la demandada en el oficio de contestación a la demanda relativa a la extemporaneidad del juicio, basada en las constancias de notificación de dicho crédito fiscal impugnado en nulidad, porque como se sostiene en los agravios, lo cierto es que nunca hizo el estudio de las aludidas constancias de notificación, tal como le obliga hacerlo primeramente, por orden de prelación, la fracción III del artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Asimismo, se estima incorrecto lo resuelto por la Sala Fiscal en el sentido de que se hacía innecesario el estudio de las citadas constancias de notificación del crédito fiscal, bajo el argumento de que no demostrarían la existencia del crédito impugnado; toda vez que tal proceder, como bien lo alega la recurrente en el agravio tercero, la Sala Fiscal no atiende lo alegado por la demandada en su oficio de contestación a la ampliación (folios 139 vuelta y 140 del expediente fiscal), en cuanto a que con las aludidas constancias de notificación demostraría que la resolución original determinante del crédito fiscal que contenía la firma autógrafa de la autoridad emisora, le fue entregada a la actora precisamente al momento de que se le notificó el crédito fiscal y que, por esa razón, únicamente exhibía la reimpresión de dicha resolución determinante del crédito; lo que al no apreciarse por la Sala, convierte en incongruente su fallo, al únicamente resolver que no se acreditó la existencia del crédito, con la sola copia certificada de dicha reimpresión, pues debió analizar primeramente si era o no legal la notificación del crédito, a la luz de lo planteado por las partes en la demanda, su ampliación y la contestación a éstas, para después estar en posibilidad de analizar esos argumentos que tienden a impugnar la citada reimpresión.
Por tanto, este órgano colegiado estima que le asiste la razón a la recurrente, cuando señala que la Sala Fiscal debe estudiar los argumentos expresados contra la notificación, previamente al examen de la impugnación del crédito fiscal, en virtud de que de tal análisis podría actualizarse la causal de improcedencia que invocó en sus oficios de contestación, relativa a la extemporaneidad, lo cual daría lugar al sobreseimiento en el juicio contencioso administrativo; de ahí que, si la autoridad al contestar la demanda exhibió las constancias de la notificación del acto controvertido, tal aspecto no conlleva aún algún agravio en la esfera jurídica del actor del juicio de nulidad, considerando que los conceptos de impugnación referentes a la ilegalidad de la notificación pueden resultar fundados, porque de ser infundados, como ya se expuso, traen como consecuencia el sobreseimiento en el juicio de nulidad por extemporaneidad de la demanda.
En consecuencia, este Tribunal Colegiado considera que la sentencia que se revisa resulta violatoria del "principio de congruencia" que deriva del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al emitir su resolución omitiendo el estudio de una cuestión preferente; por tanto, dado lo fundado y preponderante de los argumentos en estudio, lo procedente es revocar la sentencia que se revisa, para el efecto de que la Sala a quo emita otra en la que prescinda de los razonamientos que se estimaron incorrectos y, con plenitud de jurisdicción, resuelva el problema jurídico que la actora sometió a su consideración, tomando en consideración el orden de estudio destacado y los lineamientos trazados en el presente fallo.
Acerca de que deben devolverse los autos a la Sala de su origen para que se haga cargo de los aspectos no estudiados en la sentencia recurrida, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 6/91, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, correspondiente a noviembre de mil novecientos noventa y uno, página cuarenta y ocho, que dice:
"REVISIÓN FISCAL. INAPLICABILIDAD DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE AMPARO.-El amparo directo y la revisión de que conocen los Tribunales Colegiados de Circuito, en razón de su jurisdicción especial, sólo constituyen medios conferidos a los particulares o a las autoridades para ocurrir ante la Justicia Federal en defensa de sus intereses, en contra de sentencias pronunciadas por los tribunales de lo contencioso administrativo. La similitud entre esos medios de defensa extraordinarios lleva a la conclusión de que las resoluciones que en ambos casos se dicten, sólo pueden ocuparse de las cuestiones analizadas por la potestad común, en términos del artículo 190 de la Ley de Amparo, resultando por ello, inaplicable a las revisiones fiscales, lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, del propio ordenamiento; de manera que si en éstas se concluye que son fundados los agravios, de existir conceptos de anulación no estudiados por la Sala responsable, deben devolverse los autos a la Sala de su origen para que se haga cargo de las cuestiones omitidas, de la misma manera que ocurre en el amparo directo que no permite la substitución de facultades propias de la responsable. Ello es así porque si bien el artículo 104 constitucional, en su fracción I-B, dispone que las revisiones contra resoluciones de tribunales contenciosos de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, ‘se sujetarán a los trámites que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto ...’, ello no significa que tales revisiones deban resolverse con las mismas reglas del amparo indirecto en revisión, sino tan sólo que su trámite debe ajustarse a dichas reglas."
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.-Se revoca la sentencia recurrida para los efectos indicados en esta ejecutoria.
Envíese esta resolución glosada en los autos, con un disquete que la contenga, a la Oficina de Correspondencia Común que proporcione servicio al Tribunal Colegiado de origen para los efectos que se indican en los incisos 6) y 7) del punto quinto del Acuerdo General 44/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
Así, por mayoría de votos de los Magistrados Rodolfo Castro León (presidente) y Miguel Lobato Martínez (ponente), en contra del voto del Magistrado Juan José Rosales Sánchez, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Guadalajara, Jalisco.
En términos de lo previsto en los artículos 8 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pú
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22442-5dbbd7d0/juicio-de-nulidad-para-estimar-cumplida-la-carga · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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