TERCERO PERJUDICADO. LAS CÁMARAS DE INDUSTRIA NO TIENEN ESE CARÁCTER EN EL JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO CONTRA UN ACUERDO EMITIDO POR EL SECRETARIO DE ECONOMÍA, EN USO DE LA FACULTAD CONFERIDA POR EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN X, DE LA LEY DE COMERCIO EXTERIOR.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 99/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que el tema sobre el que versa la posible contradicción de tesis denunciada, corresponde a la materia administrativa, que es de la especialidad de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, quien está facultado para hacerlo.
TERCERO. De acuerdo con la jurisprudencia 72/2010 y la tesis XLVII/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe considerarse que existe contradicción de tesis cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que los rodean no sean exactamente iguales o que se adviertan elementos secundarios diferentes en el origen de las ejecutorias.
Entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, expresando los razonamientos lógico-jurídicos necesarios para sustentar sus respectivas decisiones.
Lo anterior, se reitera, independientemente de que las cuestiones fácticas que los rodean no sean exactamente iguales.
Las tesis del Pleno de este Alto Tribunal referidas en el párrafo anterior dicen, respectivamente, lo siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." (Jurisprudencia 72/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta).
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan." (Tesis número P. XLVII/2009. Registro 166996. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, julio de 2009, página 67).
CUARTO. Precisado lo anterior, a fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es necesario tener presente las consideraciones que expusieron los Tribunales Colegiados contendientes en los asuntos mencionados en los resultandos de esta resolución.
El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, al conocer del amparo en revisión **********, determinó, en lo conducente, desechar por improcedente el recurso de revisión interpuesto por la **********, en un juicio de amparo en que la quejosa reclamó, en forma destacada, el Acuerdo por el que se implementa una medida de transición temporal sobre las importaciones de diversas mercancías originarias de la República Popular China, emitido por el secretario de Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de octubre de dos mil ocho.
Las consideraciones en que se basa la decisión anterior son las siguientes:
• Aun cuando la Juez de Distrito confirió el carácter de tercero perjudicada a la **********, lo cierto es que no lo detenta acorde a lo establecido en el artículo 5o., fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, debido a que no gestionó a su favor el acto reclamado, ni tiene interés directo en su subsistencia.
• Si bien la mencionada persona moral expuso ante la Juez Federal que gestionó a su favor el acuerdo reclamado, esa afirmación no basta para demostrar que efectivamente lo gestionó a su favor, pues la propia ********** mencionada, manifestó que diversas empresas del ramo industrial aceptaron la invitación que se les hizo para que se sumaran a las rondas de negociación previas al dictado de ese acuerdo, lo que implica que, en todo caso, dichas empresas emitieron su opinión sobre los temas que aparecen regulados en el acuerdo, mas no que hayan efectuado gestiones para su emisión; aunado a que de la lectura de la parte considerativa del acuerdo se aprecia que para su emisión únicamente se consultó al sector industrial, a fin de que identificara las mercancías objeto del acuerdo, por lo que no se requirió de gestión alguna.
• Por tanto, es evidente que la ********** en mención no demostró su afirmación consistente en haber llevado a cabo gestiones para lograr la expedición del acuerdo reclamado, pero incluso si lo hubiera demostrado, ello resultaría insuficiente para reconocerle el carácter de tercero perjudicada, porque el acto reclamado consiste en un acto materialmente legislativo, en tanto se trata de una norma de carácter general, emitida por el Poder Ejecutivo en uso de sus facultades legales para tal efecto, por lo que es evidente que su emisión no requiere de gestión alguna.
• Al efecto, las normas de observancia general son actos formalmente administrativos y materialmente legislativos, que participan de los atributos de la ley, en cuanto ambos ordenamientos son de naturaleza impersonal, general y abstracta, de modo que aun cuando su emisión obedezca a diversos factores de carácter social o económico, y su ámbito de aplicación alcance a un cierto grupo o sector de la población, quienes incluso hayan tenido participación en su proceso de creación; sin embargo, esto de ninguna manera significa que la norma se expida a petición de esos grupos, o previa gestión de ellos, como si se tratare de cualquier trámite administrativo, ya que la facultad de emitir las normas no está supeditada a la voluntad de los particulares, ni siquiera cuando éstos forman parte de grupos o sectores interesados en su expedición.
• En congruencia con lo anterior, las normas no requieren de gestión alguna para ser emitidas, aun cuando su objeto consista en regular aspectos económicos o sociales, que afecten a sectores determinados de la población; de tal manera que en los juicios de amparo promovidos contra tales normas, no cobra aplicación el artículo 5o., fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, en tanto no es dable estimar que una norma haya sido expedida previa gestión de un particular; por lo que no se actualiza el primero de los supuestos normativos.
• En cuanto al segundo de los supuestos, la recurrente tampoco cuenta con un interés directo en la subsistencia del acto reclamado, ya que no basta para ser considerado como tercero perjudicado, el tener un interés simple derivado de la especial situación frente al acto reclamado, sino que es necesario acreditar la titularidad de un derecho subjetivo o la afectación a éste, cuya existencia dependa de que el acto reclamado subsista, lo que no sucede en el caso, en razón de que el acuerdo reclamado es una norma de observancia general y, por ende, la persona moral recurrente no es titular de un interés jurídico en el juicio de amparo.
• Entonces, debe considerarse que la sociedad recurrente tampoco se ubica en el segundo supuesto jurídico, en tanto no cuenta con un interés directo en la subsistencia del acuerdo reclamado.
Por otra parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja **********, derivada del juicio de amparo **********, determinó que era fundado dicho medio de impugnación, interpuesto por la **********, contra el auto dictado por el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el que estableció que no había lugar a tener a dicha ********** con el carácter de tercero perjudicado, debido que el acto que se reclamaba en el juicio de garantías consistía en el Acuerdo por el que se implementa una medida de transición temporal sobre las importaciones de diversas mercancías originarias de la República Popular China, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de octubre de dos mil ocho.
Las consideraciones que sustentan la sentencia del citado Tribunal Colegiado son en lo conducente las siguientes:
• El artículo 5o., fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, no establece más condicionante para tener como parte tercero perjudicada a determinada persona en un juicio de amparo tramitado en la vía administrativa, como era el caso, en que la ********** citada había gestionado en su favor el acto reclamado.
• En ese tenor, las manifestaciones vertidas por el representante legal de la **********, en el sentido de que gestionó en favor de los productores nacionales de **********, es decir sus agremiados, el Acuerdo por el que se implementa una medida de transición temporal sobre las importaciones de diversas mercancías originarias de la República Popular China, eran suficientes para considerar que podía atañerle a la referida ********** el carácter de tercero perjudicado, por lo que el Juez de Distrito debía reconocerle tal carácter.
QUINTO. Una vez que se ha dado cuenta con las ejecutorias denunciadas como contradictorias, lo que procede es verificar si existe, o no, divergencia de criterios entre lo sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, al resolver el amparo en revisión **********, y lo decidido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al conocer del recurso de queja administrativa **********.
Pues bien, como se puede observar el marco fáctico común que rodea a los medios de impugnación que conocieron los Tribunales Colegiados citados consiste en lo siguiente:
• Ambos asuntos provienen de juicios de garantías en que la parte quejosa demandó el amparo contra el Acuerdo por el que se implementa una medida de transición temporal sobre las importaciones de diversas mercancías originarias de la República Popular China, emitido por el secretario de Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de octubre de dos mil ocho.
• Asimismo, tienen como antecedente común que, en los juicios de amparo indirecto relativos, compareció la ********** a solicitar que se le tuviera como tercero perjudicada.
Como se estableció en líneas anteriores, mientras el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, al resolver el amparo en revisión **********, sostuvo que en el caso no se actualizaban los supuestos normativos previstos en el artículo 5o., fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, porque no bastaba que quien pretendiera que se le reconociera el carácter de tercero perjudicado manifestara haber gestionado el acto reclamado, sino tenía que probarlo, aunado a que al tratarse de un acto materialmente legislativo, su emisión no requería de gestión alguna; el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja administrativa **********, consideró que en el caso se estaba en el supuesto previsto en el precepto antes citado, en tanto que bastaba con que el interesado en que se le tuviera como tercero perjudicado manifestara haber gestionado el acto reclamado, para que se le reconociera tal carácter.
En suma, de las conclusiones a las que arribaron los Tribunales Colegiados contendientes, se aprecia que, en las ejecutorias de referencia, abordaron la misma cuestión jurídica, pero sostuvieron criterios discrepantes, particularmente por cuanto a si una persona que haya manifestado haber gestionado una medida de salvaguarda (naturaleza que corresponde al Acuerdo por el que se implementa una medida de transición temporal sobre las importaciones de diversas mercancías originarias de la República Popular China, emitido por el secretario de Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de octubre de dos mil ocho, como se verá en líneas posteriores) tiene o no el carácter de tercero perjudicado en el juicio de garantías en que es impugnada.
En consecuencia, de las ejecutorias señaladas y del marco fáctico precisado se advierte que existe contradicción de criterios.
De esta manera, el punto concreto de contradicción a que se contrae el presente asunto estriba en la cuestión de determinar si al reclamarse en juicio de amparo una medida de salvaguarda (como el Acuerdo por el que se implementa una medida de transición temporal sobre las importaciones de diversas mercancías originarias de la República Popular China, emitido por el secretario de Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de octubre de dos mil ocho), la persona que dice haber gestionado el acto (como la **********) tiene o no el carácter de tercero perjudicado en el juicio de amparo.
SEXTO. Conforme a las consideraciones que a continuación se exponen debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio que sostiene esta Segunda Sala, el cual coincide en lo esencial con el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla.
Para efectuar el estudio correspondiente a la materia de la presente contradicción, es conveniente tener en cuenta el contenido del artículo 5o. de la Ley de Amparo.
"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:
"I. El agraviado o agraviados;
"II. La autoridad o autoridades responsables;
"III. El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir con ese carácter:
"a) La contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia que no sea del orden penal, o cualquiera de las partes en el mismo juicio cuando el amparo sea promovido por persona extraña al procedimiento;
"b) El ofendido o las personas que, conforme a la ley, tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, en su caso, en los juicios de amparo promovidos contra actos judiciales del orden penal, siempre que éstas afecten dicha reparación o responsabilidad;
"c) La persona o personas que hayan gestionado en su favor el acto contra el que se pide amparo, cuando se trate de providencias dictadas por autoridades distintas de la judicial o del trabajo; o que, sin haberlo gestionado, tengan interés directo en la subsistencia del acto reclamado.
"IV. El Ministerio Público Federal, quien podrá intervenir en todos los juicios e interponer los recursos que señala esta ley, inclusive para interponerlos en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo, tratándose de amparos indirectos en materias civil y mercantil, en que sólo afecten intereses particulares, excluyendo la materia familiar, el Ministerio Público Federal no podrá interponer los recursos que esta ley señala."
Ahora, como se dijo en el apartado anterior el punto de contradicción se vincula con la fracción III del precepto antes reproducido, concretamente para determinar si bajo los elementos fácticos precisados tiene o no el carácter de tercero perjudicado la **********.
En estas circunstancias, cabe considerar las cualidades de una persona para poder ser considerado tercero perjudicado en el juicio de amparo.
De acuerdo con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones (ley que tiene por objeto normar la constitución y funcionamiento de las Cámaras de Comercio, Servicio y Turismo y de las Cámaras de Industria, así como de las confederaciones que las agrupan [artículo 1, párrafo segundo]), las cámaras son instituciones de interés público, autónomas, con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituidas conforme a lo dispuesto por dicha ley y para los fines que ella establece (artículo 4, párrafo primero).
Las cámaras se conforman de la siguiente forma (artículo 4, párrafo segundo):
a) Por comerciantes (entendiendo por éstos a las personas físicas y morales con actividades empresariales que realicen actividades de comercio, servicios y turismo que se encuentren establecidos y sujetos a un régimen fiscal [artículo 2, fracción III.])
b) Por industriales (entendiendo por éstos a las personas físicas y morales con actividades empresariales que realicen actividades industriales, extractivas, de transformación y sus servicios que se encuentren establecidos y sujetos a un régimen fiscal [artículo 2, fracción IV.])
Sobre la actividad que desarrollan, el artículo 4, párrafo tercero, de la ley indicada establece que las cámaras y sus confederaciones (las cuales están conformadas sólo por cámaras) representan, promueven y defienden nacional e internacionalmente las actividades de la industria, el comercio, los servicios y el turismo y colaboran con el gobierno para lograr el crecimiento socioeconómico, así como la generación y distribución de la riqueza.
Asimismo, el propio precepto, en su párrafo cuarto, dispone que las cámaras y sus confederaciones son órganos de consulta y colaboración del Estado y que el gobierno deberá consultarlas en todos aquellos asuntos vinculados con las actividades que representan.
Por otra parte, en términos del artículo 7 de la ley en cita, las cámaras tienen por objeto, entre otros, ser órgano de consulta y de colaboración de los tres niveles de gobierno, para el diseño, divulgación y ejecución de las políticas, programas e instrumentos para el fomento de la actividad económica nacional (fracción II) y colaborar con la Secretaría de Economía en las negociaciones comerciales internacionales, cuando así lo solicite ésta (fracción IX).
Ahora, si bien en el caso deben determinarse las cualidades de una persona para poder ser considerado tercero perjudicado en el juicio de amparo, debe atenderse primordialmente al interés jurídico que debe tener para tales efectos, en tanto la Ley de Amparo, en su artículo 5o. requiere que tengan interés directo en la subsistencia del acto reclamado, como se pone de manifiesto a continuación:
Como punto de partida conviene notar, como sostuvo esta Segunda Sala al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 3/2009, en sesión de seis de mayo de dos mil nueve, que el contenido del artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, que quedó reproducido en líneas anteriores, revela que la intención del legislador fue establecer el concepto de "tercero perjudicado" en diversos incisos que se distinguieron dependiendo del origen del acto reclamado y su materia, como a continuación se explica:
• En el inciso a) el legislador se constriñó a determinar quién tiene el carácter de tercero perjudicado cuando el acto reclamado emana de un juicio civil, laboral o administrativo.
• En el inciso b), se limitó a establecer de manera destacada quién tiene tal carácter exclusivamente en la materia penal; y,
• En el inciso c) se circunscribió a la materia administrativa. Lo expuesto en este apartado -lo relativo a quién debe ser considerado tercero perjudicado en los juicios de amparo que derivan de actos administrativos-, no puede válidamente aplicarse a lo previsto en los otros dos apartados, en virtud de que el propio texto del inciso c) así lo determina, al disponer de manera destacada que es tercero perjudicado la persona o personas que hayan gestionado en su favor el acto contra el cual se pide amparo, cuando se trate de "providencias dictadas por autoridades distintas de la judicial o del trabajo", es decir, el legislador excluyó de este inciso lo previsto en el a), pues éste se refiere a juicios civiles, administrativos o del trabajo que lógicamente se tramitan ante autoridades judiciales o del trabajo, las cuales están expresamente excluidas en el apartado que se comenta.
Asimismo, en la ejecutoria en comento se hizo notar que los distintos incisos de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo se excluyen expresamente entre sí, lo que explica que se hayan establecido precisamente en apartados separados y, que por ello, cada uno tiene sus propias reglas.
Sin embargo, cabe decir, por otra parte, que también se observa que en todos los apartados en comento subyace un elemento común, que desde luego cobra especial relevancia en el presente caso a estudio, y que se traduce en la intención del legislador en cuanto a que el carácter de tercero perjudicado surja de la vinculación de tal parte con el acto reclamado de que se trate, en cuanto a la incidencia en su esfera de derechos se refiere. No se trata pues de cualquier vinculación, sino de la que deriva justamente el interés jurídico, de ahí que no baste tener una mera facultad o un interés simple.
Al respecto, cabe citar el siguiente criterio:
"INTERÉS JURÍDICO. INTERÉS SIMPLE Y MERA FACULTAD. CUANDO EXISTEN. El interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, no es sino lo que la doctrina jurídica conoce con el nombre de derecho subjetivo, es decir, como facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. En otras palabras, el derecho subjetivo supone la conjunción en su esencia de dos elementos inseparables, a saber: una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia, y cuyo sujeto, desde el punto de vista de su índole, sirve de criterio de clasificación de los derechos subjetivos en privados (cuando el obligado sea un particular) y en públicos (en caso de que la mencionada obligación se impute a cualquier órgano del Estado). Por tanto, no existe derecho subjetivo ni por lo mismo interés jurídico, cuando la persona tiene sólo una mera facultad o potestad que se da cuando el orden jurídico objetivo solamente concede o regula una mera actuación particular, sin que ésta tenga la capacidad, otorgada por dicha orden, para imponerse coercitivamente a otro sujeto, es decir, cuando no haya un ‘poder de exigencia imperativa’; tampoco existe un derecho subjetivo ni por consiguiente interés jurídico, cuando el gobernado cuenta con un interés simple, lo que sucede cuando la norma jurídica objetiva no establezca en favor de persona alguna ninguna facultad de exigir, sino que consigne solamente una situación cualquiera que pueda aprovechar algún sujeto, o ser benéfica para éste, pero cuya observancia no puede ser reclamada por el favorecido o beneficiado, en vista de que el ordenamiento jurídico que establezca dicha situación no le otorgue facultad para obtener coactivamente su respeto. Tal sucede, por ejemplo, con las leyes o reglamentos administrativos que prohíben o regulan una actividad genérica, o que consagran una determinada situación abstracta en beneficio de la colectividad. Si el estatuto legal o reglamentario es contravenido por algún sujeto, porque su situación particular discrepa o no se ajusta a sus disposiciones, ninguno de los particulares que obtenga de aquél un beneficio o derive una protección que pueda hacer valer tal discrepancia o dicho desajuste por modo coactivo, a no ser que el poder de exigencia a la situación legal o reglamentaria se le conceda por el ordenamiento de que se trate. Por tanto, si cualquiera autoridad del Estado determina el nacimiento de una situación concreta, que sea contraria a la primera, desempeñando un acto opuesto o no acorde con la ley o el reglamento respectivo, es a esa misma autoridad o a su sup
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22460-8ec2ef63/tercero-perjudicado-las-camaras-de-industria-no-tienen · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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