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Modo: Corpus Pro

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. PARA FIJARLO ES INNECESARIO QUE LA COTIZACIÓN DE PRECIOS DE CUANDO MENOS 1000 PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPECÍFICOS QUE REFIERE EL ARTÍCULO 20 BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SE LLEVE A CABO EN CADA UNA DE LAS 30 CIUDADES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 342/2010. · Registro digital (IUS): 22585
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, , Pág. 802.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 342/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, en la medida en que los criterios de los Tribunales Colegiados de Circuito dimanan de un amparo directo y de revisiones fiscales que lógicamente versan sobre la materia administrativa.

SEGUNDO. La contradicción de tesis se denunció por parte legítima, en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, pues la formuló un Tribunal Colegiado de Circuito, el cual resolvió uno de los asuntos que participan en este expediente.

TERCERO. Con el propósito de constatar la existencia de la contradicción de tesis, debe tenerse en consideración que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el ocho de septiembre de dos mil diez, el amparo directo **********, en la parte que interesa, estableció:

"Por otra parte, también en diverso alegato propuesto en el tercer y cuarto motivos de queja se alega en esencia que la Sala responsable interpretó incorrectamente el artículo 20 Bis del Código Fiscal de la Federación, al sostener que la relación de las fracciones I y II de ese numeral, en forma alguna permiten concluir que la cotización de los mil productos y servicios deba hacerse indefectiblemente por cada una de las al menos treinta ciudades contempladas en tal precepto, pues la primera fracción sólo dispone que se cotizarán cuando menos los precios en treinta ciudades, ubicadas por lo menos en veinte entidades federativas, que deberán tener una población de veinte mil o más habitantes, y a las que deberán incluirse las diez zonas conurbadas o ciudades más pobladas de la República; mientras que, de la segunda fracción, se desprende que la cotización es respecto de los precios correspondientes a cuando menos mil productos y servicios específicos agrupados en doscientos cincuenta conceptos de consumo, los cuales abarcarán al menos treinta y cinco ramas de los sectores agrícola, ganadero, industrial y de servicios; ya que no existe algún elemento que permita entender la vinculación o condición entre esas fracciones, debido a que la interpretación de la norma debe hacerse en el sentido literal que de la misma se desprende, en términos del artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación. En contra de esa determinación, indica la promovente que la Sala realizó una incorrecta interpretación tanto del contenido del artículo 20 Bis del Código Fiscal de la Federación como de las pruebas aportadas en el juicio de nulidad, con las que demostró la violación a dicho precepto. Así aduce que conforme a lo establecido en el numeral citado, el Banco de México tiene la obligación de calcular el Índice Nacional de Precios al Consumidor tomando en cuenta la cotización de cuando menos mil productos en cada una de las treinta ciudades que como mínimo prevé el artículo 20 Bis, fracción I, del código tributario federal. Alega la quejosa que es ilegal que la Sala sustente su decisión en el oficio **********, de veintitrés de octubre de dos mil siete, emitido por el subgerente jurídico de lo contencioso y el especialista en jefe de la Oficina de Consultas Judiciales e Instrumentación Hipotecaria del Banco de México, en el que señalaron que la interpretación del artículo 20 Bis del ordenamiento en cita es en el sentido de que la cotización de mil productos y servicios debe hacerse a nivel nacional y no por ciudad, pues esa función interpretativa, le corresponde únicamente a los órganos jurisdiccionales. Con lo cual dice la impetrante, se demuestra que la interpretación que realizó la Sala respecto a dicho precepto es inexacta, toda vez que ésta consideró que la cotización de los mil productos referidos se debía practicar a nivel nacional. De tal modo, se aduce, que de estimar que la cotización de mil productos se deba realizar a nivel nacional y no en cada una de las treinta ciudades llevaría a desconocer la naturaleza del Índice Nacional de Precios al Consumidor, como medidor de la inflación en el país. Para demostrar tal aserto, afirma la promovente que ante la Sala exhibió un disco compacto en el que se contienen las tablas que representan el anexo ‘A’ inherente a cada una de las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación relativas a los ejercicios de dos mil dos y dos mil tres, donde se demuestra la ilegalidad de los índices correspondientes a esos años, al igual que expresa una serie de argumentos dirigidos a demostrar la indebida valoración por parte de la responsable de esas pruebas, con las que pretende acreditar que el Banco de México no cumplió con lo dispuesto en el artículo 20 Bis, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación, es decir, cotizar cuando menos mil productos en cada una de las treinta ciudades que establece el numeral precitado. Los argumentos de la promovente serán analizados de forma conjunta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, ya que se encuentran vinculados entre sí. Así es que de acuerdo con lo expresado por la quejosa se desprende que la litis en el presente asunto se centra en resolver primeramente lo concerniente a cuál es la interpretación correcta del artículo 20 Bis, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación, pues mientras la responsable sostiene que el Banco de México únicamente deberá cotizar cuando menos mil precios de productos y servicios específicos a nivel nacional (siempre que se consideren cuando menos treinta ciudades), la quejosa aduce que la debida intelección del numeral en mención obliga a esa institución a cotizar mínimo mil productos en cada una de las treinta ciudades. Posteriormente, sólo en el supuesto de que la quejosa tuviera razón, se procedería a analizar si con las pruebas que ofreció el actor en el juicio de nulidad acredita que el Banco de México cotizó en cada una de las treinta ciudades menos de mil productos. Con el fin de resolver la cuestión planteada se estima conveniente informar lo siguiente: El Índice Nacional de Precios al Consumidor es un indicador de naturaleza económica diseñado específicamente para medir el cambio promedio de los precios en el tiempo, mediante una canasta de bienes y servicios representativa del consumo en el mercado nacional, útil para calcular la inflación, entendida ésta como la variación de precios de bienes y servicios que repercute en la pérdida del valor adquisitivo de la moneda. Su realización se encuentra encomendada al Banco de México, de conformidad con el artículo 20, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, que dispone: ‘Artículo 20. ... En los casos en que las leyes fiscales así lo establezcan a fin de determinar las contribuciones y sus accesorios, se aplicará el índice nacional de precios al consumidor, el cual será calculado por el Banco de México y se publicará en el Diario Oficial de la Federación dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que corresponda.’. Debido a la importancia del referido índice, el legislador estableció un procedimiento de muestreo basado en diversos conceptos cuyo objetivo fundamental es cuantificar la elevación que periódicamente sufren en el territorio nacional los precios de bienes y servicios para conocer en qué proporción la moneda nacional pierde su valor adquisitivo en el transcurso del tiempo. El mecanismo que debe seguir el Banco de México para obtener el Índice Nacional de Precios al Consumidor se encuentra establecido en el artículo 20 Bis del Código Fiscal de la Federación, el cual fue adicionado al mencionado ordenamiento mediante decreto publicado el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho en el Diario Oficial de la Federación, el cual entró en vigor el primero de enero de mil novecientos ochenta y nueve y establece: ‘Artículo 20 Bis. El Índice Nacional de Precios al Consumidor a que se refiere el segundo párrafo del artículo 20, que calcula el Banco de México, se sujeta a lo siguiente: I. Se cotizarán cuando menos los precios en 30 ciudades, las cuales estarán ubicadas en por lo menos 20 entidades federativas. Las ciudades seleccionadas deberán en todo caso tener una población de 20,000 o más habitantes, y siempre habrán de incluirse las 10 zonas conurbadas o ciudades más pobladas de la República. II. Deberán cotizarse los precios correspondientes a cuando menos 1000 productos y servicios específicos agrupados en 250 conceptos de consumo, los cuales abarcarán al menos 35 ramas de los sectores agrícola, ganadero, industrial y de servicios, conforme al catálogo de actividades económicas elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.’. En el numeral transcrito el legislador estableció los requisitos mínimos que debe cumplir el Índice Nacional de Precios al Consumidor para reflejar la inflación, como son: el número de ciudades donde se cotizarán los precios, las entidades federativas en que deben encontrarse tales ciudades, los habitantes con los que deben contar, las ciudades más pobladas en las cuales debe cotizar, el número mínimo de productos y servicios que deben cotizarse, los conceptos de consumo y las ramas de actividad económica de las cuales deberán seleccionarse. La fracción I del numeral examinado, en lo conducente, ordena que se coticen cuando menos los precios en treinta ciudades. La fracción II, por su parte, dispone que se coticen los precios correspondientes a cuando menos mil productos. Así es que la lectura integral de esas dos fracciones evidencia que el numeral en análisis dispone que se deberán cotizar los precios correspondientes a cuando menos mil productos en treinta ciudades. Esto es, se establece como parámetro mínimo el número de treinta ciudades en donde se coticen mil productos, sin que exista disposición expresa en el sentido de que la cotización de los precios relativos a cuando menos mil productos se deba realizar en cada una de las treinta ciudades. De esta forma, el legislador acotó la actuación del Banco de México y le dejó un margen de discrecionalidad que le permite únicamente superar esos mínimos, lo que de acontecer, dadas esas restricciones, provocaría que el índice refleje el verdadero incremento del nivel general de precios. Por las razones antes comentadas es que este tribunal está de acuerdo con la interpretación que del artículo 20 Bis, fracciones I y II, realizó la Sala del conocimiento. Consecuentemente se concluye que la actuación del Banco de México, para efectos de cumplir con lo previsto en el artículo 20 Bis, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación, debió limitarse a cotizar como mínimo los precios inherentes a mil productos en cuando menos treinta ciudades. Por lo tanto deviene infundado el concepto de violación propuesto por la quejosa, pues como se ha visto, la responsable interpretó correctamente el precepto 20 Bis, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación. Así las cosas, como se anticipó, es innecesario analizar los argumentos que formula la quejosa, en el primer concepto de violación, en relación a que no se valoraron las pruebas que aportó en el juicio de nulidad, pues mediante dichas probanzas trató de acreditar que el Banco de México no cumplió con lo establecido en el artículo 20 Bis, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación, porque no cotizó los precios relativos a mínimo mil productos en cada una de las treinta ciudades que dispone ese ordenamiento; y lo relativo a que la Sala no se allegó de las publicaciones del Diario Oficial de la Federación, en que se contienen los índices impugnados, que tenía obligación de recabar por el hecho de que la impetrante indicó la fecha de las publicaciones respectivas. Así como lo aducido en el cuarto concepto, referente a que la Sala del conocimiento no debió sustentar su decisión en cuanto a la interpretación del artículo 20 Bis del Código Fiscal de la Federación, en el oficio número **********, de veintitrés de octubre de dos mil siete, emitido por el subgerente jurídico de lo contencioso y el especialista en jefe de la Oficina de Consultas Judiciales e Instrumentación Hipotecaria del Banco de México. Esto, pues a nada práctico conduciría pronunciarse en cuanto a esos argumentos, si de todos modos se estima que es correcta la determinación de la Sala con relación a la interpretación del artículo 20 Bis, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, es que aun cuando asistiera razón a la impetrante respecto a las cuestiones formales que refiere, por economía procesal no es procedente que se concediera el amparo para que en su caso se subsanaran esas irregularidades, toda vez que el fallo que se emitiera en cumplimiento sería contrario a los intereses de la quejosa."

Asimismo, cabe precisar que el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, al resolver el ocho de septiembre de dos mil nueve, la revisión fiscal **********, en la parte que interesa, precisó:

"SEXTO. ... De las gráficas que anteceden, se colige con claridad que, tal y como así lo sostuvo la Sala Fiscal, el Banco de México omitió cotizar al menos mil productos en cada una de las ciudades en que realizó el sondeo relativo; pues en lo tocante a las cotizaciones para obtener el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de enero, el Banco de México, sólo cotizó más de mil productos, en las ciudades de México, Distrito Federal; Mérida, Yucatán; Morelia, Michoacán; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León; Mexicali, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua; Acapulco, Guerrero; Culiacán, Sinaloa; León, Guanajuato; Puebla, Puebla; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Tapachula, Chiapas; Toluca, Estado de México; Torreón, Coahuila; Veracruz, Veracruz; Villahermosa, Tabasco; Tampico, Tamaulipas; Chihuahua, Chihuahua; Hermosillo, Sonora; Córdoba, Veracruz; Aguascalientes, Aguascalientes; Tijuana, Baja California; Durango, Durango; Oaxaca, Oaxaca; y, Querétaro, Querétaro (es decir, en sólo veintiséis ciudades); empero cotizó menos de mil productos en Monclova, Coahuila; Matamoros, Tamaulipas; Colima, Colima; La Paz, Baja California Sur; Chetumal, Quintana Roo; Jacona, Michoacán; Fresnillo, Zacatecas; Iguala, Guerrero; Huatambo, Sonora; Tulancingo, Hidalgo; Cortázar, Guanajuato; Jiménez, Chihuahua; Tepic, Nayarit; Cuernavaca, Morelos; Tlaxcala, Tlaxcala; San Andrés Tuxtla, Veracruz; Campeche, Campeche; Tepatitlán, Jalisco; Tehuantepec, Oaxaca; y Ciudad Acuña, Coahuila (esto es, únicamente veinte ciudades); ocurriendo exactamente igual en los meses de febrero a diciembre de dos mil uno, como se aprecia en la gráfica anterior; motivo por el cual, se reitera, que a pesar de que asista razón a la autoridad promovente del recurso, en lo inherente a que la Primera Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, omitió pronunciarse respecto del argumento defensivo de la autoridad demandada del juicio de nulidad del caso, consistente en que con el oficio **********, se demostraba que el Banco de México, al calcular los Índices Nacionales de Precios al Consumidor inherentes al año dos mil uno, había acatado los lineamientos señalados en el artículo 20-Bis del Código Fiscal de la Federación, ello resulta inoperante para los fines perseguidos por dicha autoridad, dado que, de cualquier modo, prevalece la consideración de la referida Sala, en lo concerniente a que en el caso justiciable no se cotizaron por lo menos mil productos en al menos treinta ciudades de veinte entidades federativas ... Lo que argumenta la autoridad promovente del recurso en el inciso C) que antecede es ineficaz, porque el artículo 20 Bis del Código Fiscal de la Federación, prevé: Artículo 20-Bis. El Índice Nacional de Precios al Consumidor a que se refiere el segundo párrafo del artículo 20, que calcula el Banco de México, se sujeta a lo siguiente: I. Se cotizarán cuando menos los precios en 30 ciudades, las cuales estarán ubicadas en por lo menos 20 entidades federativas. Las ciudades seleccionadas deberán en todo caso tener una población de 20,000 o más habitantes, y siempre habrán de incluirse las 10 zonas conurbadas o ciudades más pobladas de la República. II. Deberán cotizarse los precios correspondientes a cuando menos 1000 productos y servicios específicos agrupados en 250 conceptos de consumo, los cuales abarcarán al menos 35 ramas de los sectores agrícola, ganadero, industrial y de servicios, conforme al catálogo de actividades económicas elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. III. Tratándose de alimentos las cotizaciones de precios se harán como mínimo tres veces durante cada mes. El resto de las cotizaciones se obtendrán una o más veces mensuales. IV. Las cotizaciones de precios con las que se calcule el Índice Nacional de Precios al Consumidor de cada mes, deberán corresponder al periodo de que se trate. V. El Índice Nacional de Precios al Consumidor de cada mes se calculará utilizando la fórmula de Laspeyres. Se aplicarán ponderadores para cada rubro del consumo familiar considerando los conceptos siguientes: Alimentos, bebidas y tabaco; ropa, calzado y accesorios; vivienda; muebles, aparatos y enseres domésticos; salud y cuidado personal; transporte; educación y esparcimiento; otros servicios. El Banco de México publicará en el Diario Oficial de la Federación los Estados, zonas conurbadas, ciudades, artículos, servicios, conceptos de consumo y ramas a que se refieren las fracciones I y II así como las cotizaciones utilizadas para calcular el Índice; derivándose de las distintas fracciones antes transcritas del artículo 20 Bis del Código Fiscal de la Federación, el procedimiento de muestreo que corresponde seguir al Banco de México para la captación de la información estadística relevante y así poder cuantificar el fenómeno de la inflación; en la fracción I, se establece que los precios se cotizarán cuando menos en treinta ciudades, ubicadas en veinte entidades federativas, con una población de veinte mil o más habitantes y dentro de las cuales deberán incluirse las zonas conurbadas o ciudades más pobladas de la república; en la fracción II, se establece que ‘los precios’ que deben cotizarse son los relativos, cuando menos, a mil productos y servicios, en los términos ahí precisados. La interpretación sistemática de esas fracciones conduce a concluir que dicho artículo (de manera contraria a lo sostenido por la autoridad que promovió el recurso) al señalar que se habrán de cotizar los precios de mil productos y servicios de cuando menos, treinta ciudades, implica que en cada una de esas treinta ciudades, deberán de registrarse los mil productos y servicios, según el caso, para obtener el Índice Nacional de Precios al Consumidor que regirá precisamente a nivel nacional, pues de no ser así, el legislador habría especificado que los mil productos podrían cotizarse tomando como referente total las treinta ciudades; ello aunado a que si el objeto de la cotización es obtener mediante ese sistema estadístico datos suficientes y certeros para medir el impacto inflacionario en el poder adquisitivo de la moneda nacional y las variaciones económicas que ocurren en el país, la cotización de los mil productos en forma global entre las treinta ciudades, como pretende la autoridad inconforme, sería insuficiente, debido a que matemáticamente hablando, bastaría que en cada ciudad se cotizaran cuando menos treinta y tres punto tres productos para reunir el total de mil, lo cual es ilógico; o bien, igualmente bastaría que en una ciudad se cotizarán novecientos setenta y un productos y en el resto de las veintinueve ciudades se cotizará un solo producto para cumplir con el requisito de cotización de los mil productos, lo que también es ilógico e insuficiente para obtener los datos estadísticos con el propósito ya señalado de medir la inflación; por lo tanto, este órgano jurisdiccional considera que la cotización de los mil productos debe realizarse en cada una de las treinta ciudades y no en forma global como lo aduce la recurrente; motivo por el cual, lo sostenido en sentido contrario por aquélla, es claramente ineficaz, según se ha dicho ya. No es óbice para arribar a la conclusión anterior, lo aseverado por la autoridad inconforme en lo concerniente a que se probó que el Banco de México atendió a lo dispuesto por el artículo 20 Bis del Código Fiscal de la Federación para determinar los indicadores económicos de que se trata; pues, efectivamente, en el oficio **********, de veintitrés de octubre de dos mil siete, exhibido como prueba de la autoridad demandada al momento de dar contestación a la demanda, se advierte que dicho banco, sostuvo: ‘5. A mayor abundamiento, le informamos que en todas y cada una de las citadas publicaciones en el Diario Oficial se puede corroborar que la información utilizada para elaborar el INPC corresponde a 46 ciudades de las 32 Entidades Federativas del País. En tal virtud, Banco de México dio y ha dado debido cumplimiento a lo establecido en el artículo 20 Bis del Código Fiscal de la Federación al cotizar cuando menos los precios en 30 ciudades, las cuales estarán ubicadas en cuando menos 20 entidades federativas ...’; sin embargo, ese aserto quedó desvirtuado porque como se dejó puntualizado con antelación, no es verdad que el Banco de México al determinar los indicadores económicos de marras en lo inherente a todos los meses de dos mil uno, haya observado el procedimiento estatuido por el aludido artículo 20 Bis del Código Fiscal de la Federación, pues ya se dejó asentado al responder el primero de los argumentos de inconformidad expresados por la autoridad promovente del recurso, que en muchas ciudades (de aquéllas en que se llevó a cabo la cotización de precios correspondiente) se verificó el precio de menos de mil productos y, ello provocó la ilegalidad de la obtención de los Índices Nacionales de Precios al Consumidor de mérito."

Similares consideraciones sostuvo dicho órgano colegiado al resolver la revisión fiscal ********** de su índice.

CUARTO. En ese tenor, es menester tener en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, ha sostenido que para que exista contradicción de tesis basta que se hayan examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales y los Tribunales Colegiados de Circuito hubiesen llegado a conclusiones opuestas, sin necesidad de que sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que las rodean, según se desprende de la siguiente jurisprudencia número 72/2010 del Tribunal Pleno, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(1)

Con base en lo expuesto, se arriba a la convicción de que sí existe contradicción de tesis, ya que de las ejecutorias transcritas se evidencia que se examinaron cuestiones esencialmente iguales y se adoptaron criterios discrepantes, en la medida en que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al interpretar el artículo 20 Bis del Código Fiscal de la Federación, arribó a la conclusión de que el Banco de México(2) debe cotizar como mínimo los precios de cuando menos mil productos, en al menos treinta ciudades con el fin de obtener el índice nacional de precios al consumidor; mientras que el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región consideró que la cotización de cuando menos mil productos y servicios debía realizarse en cada una de las treinta ciudades consideradas para el cálculo de dicho índice.

De esa manera, la contradicción de tesis se centra en decidir si el Banco de México para obtener el índice nacional de precios al consumidor tiene que cotizar cuando menos los mil productos y servicios en treinta ciudades, o bien, esos mil productos y servicios en cada una de ellas.

QUINTO. En primer lugar, cabe destacar que un índice local o nacional de precios es un promedio -ponderado- de los precios de un conjunto de bienes representativos de los consumidores, es decir, es un indicador derivado de un análisis estadístico elaborado por un Instituto Nacional de Estadística(3) (en México todavía por el Banco Central), que expresa las variaciones en los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo y que sirve como referencia válida para medir los cambios en el poder adquisitivo de la moneda.

La utilidad de este índice nacional de precios al consumidor, en los distintos ámbitos económicos, se describe ampliamente en el amparo directo en revisión 635/99,(4) en los siguientes términos:

"Al efecto destaca que su inclusión en el Código Fiscal de la Federación tuvo lugar mediante la reforma al artículo 20 de este ordenamiento, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, precisándose en su párrafo segundo que:

"‘En los casos en que las leyes fiscales así lo establezcan a fin de determinar las contribuciones y sus accesorios, se aplicará el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el cual será calculado por el Banco de México y se publicará en el Diario Oficial de la Federación dentro de los diez días del mes siguiente al que corresponda.’

"Posteriormente, mediante reforma publicada en el propio Diario el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, se adicionó al propio Código Fiscal, el artículo 20-Bis, precisándose en éste los lineamientos conforme a los cuales se sujetaría el Banco de México para elaborar el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

"Desde aquella época múltiples disposiciones de ordenamientos federales y locales, que establecen diversas contribuciones, remiten al mencionado Índice Nacional de Precios al Consumidor. A nivel federal destacan los artículos 17-A del Código Fiscal de la Federación y los artículos 7 y 7-C, los cuales disponen, en la parte conducente:

"Código Fiscal de la Federación

"‘Artículo 17-A. El monto de las contribuciones, aprovechamientos, así como de las de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22585-1f088235/indice-nacional-de-precios-al-consumidor-para-fijarlo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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