CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES IMPROCEDENTE CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA TEMÁTICA, QUE RESUELVE EL MISMO TEMA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 65/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO NOVENO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001 del Tribunal Pleno, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente, porque proviene de criterios emitidos en relación con una cuestión que corresponde a la especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis de que se trata proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formula una de las partes en el juicio de amparo directo laboral **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, de donde derivó uno de los criterios en conflicto.
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, al resolver el amparo directo laboral **********, en sesión de veinticuatro de enero de dos mil ocho, en lo conducente, consideró:
"CUARTO. Son inoperantes en parte, infundados en otra y fundados y suficientes para otorgar la protección constitucional solicitada, en otra más, los conceptos de violación propuestos, por las razones que se expondrán a lo largo de esta ejecutoria. De la lectura del laudo reclamado, en el segmento que es objeto de impugnación (parte final de su considerando IV) se pone de manifiesto que el tribunal burocrático responsable dictó laudo en el que condenó al Ayuntamiento quejoso a reinstalar en su fuente de trabajo a los actores **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, así como a cubrirles el pago de salarios caídos y de aquellos salarios que se siguieran generando a partir de la fecha en la que aconteció el despido injustificado reclamado (cese) hasta la cumplimentación de dicho laudo. Lo anterior por considerar existente el evento controvertido (cese) alegado por los actores antes nombrados en su escrito inicial de demanda laboral. Determinación que descansa en los siguientes argumentos torales: Corresponde al Ayuntamiento demandado la carga de demostrar la inexistencia del despido injustificado que le atribuye su contraparte. El ente demandado no aportó pruebas aptas para desvirtuar dicho despido, ya que de la confesional a cargo de **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, no obstante se cuestiona a los absolventes que es ‘inexistente el despido del que usted se duele’ aquellos responden de manera negativa, por lo anterior con dicha probanza el demandado no desvirtúa el despido injustificado que le atribuyen los actores antes nombrados. La prueba testimonial ofrecida por el Municipio demandado, a cargo de ********** y ********** no se desahogó por virtud de la incomparecencia de esos testigos. En consecuencia de lo anterior el ente demandado no probó la excepción invocada al contestar la demanda (negativa lisa y llana del despido injustificado) por lo que procede condenarlo a reinstalar a los actores antes nombrados en los mismos términos y condiciones en los que se venían desempeñando, así como al pago de los salarios caídos generados y que se sigan generando a partir del cese injustificado (dieciséis de enero de dos mil seis) hasta que se cumplimente el laudo. Ahora bien, en contra de la anterior determinación el Ayuntamiento quejoso sostiene en sus conceptos de violación que la responsable trastocó en su perjuicio las normas del procedimiento laboral, y con ello sus garantías individuales, porque la parte actora ofreció la confesional a cargo del Municipio demandado por conducto de Gudelio Uribe Uribe, presidente municipal de Tecozautla, Hidalgo; la responsable admitió la prueba y ordenó girar oficio al mencionado funcionario para que por escrito diera contestación a las posiciones que le fueron formuladas y calificadas de legales. Es el caso que, dice el inconforme, el veintiuno de agosto de dos mil seis, la responsable dictó un acuerdo (visible a fojas 224 del expediente laboral) en el que proveyó que: ‘... No había lugar a acordar lo solicitado por ********** en el sentido de tenerle dando contestación, por su conducto, al Municipio de Tecozautla, Hidalgo, al pliego de posiciones que le fueron formuladas en virtud de que si bien el absolvente manifestó ser el presidente municipal de dicho Ayuntamiento, no menos verídico resulta que no exhibió documento alguno con el que demostrara el cargo con el que se ostentó. Motivo por el cual se le declara confeso de las posiciones que previamente calificadas de legales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 323 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, en aplicación supletoria (sic) ...’. Determinación que el peticionario considera violatoria de las normas que regulan el procedimiento de origen así como de sus garantías individuales, pues considera que el dispositivo legal citado como fundamento del referido acuerdo, no contempla que el absolvente debiera acompañar documento alguno que acreditara su cargo, además de que nunca se le requirió para que anexara dicha constancia ni se le apercibió que de no exhibirla se le tendría por confeso de las posiciones que se le formularon y que fueron calificadas de legales. Los relatados motivos de desacuerdo resultan a criterio de este Tribunal Colegiado, inoperantes, porque a través de ellos el reclamante del amparo destaca una infracción procesal que aun cuando resultara fundada sería ineficaz para otorgar el amparo que se solicita, habida cuenta que no trascendió al resultado del laudo reclamado, en su perjuicio; requisitos indispensables para que una violación procedimental pueda ser declarada fundada y operante para ordenar la reposición del procedimiento en el juicio natural. En efecto, basta con imponerse del contenido del laudo reclamado para evidenciar que el resultado de la confesional ofrecida por los actores, a cargo de Gudelio Uribe Uribe, presidente municipal del Municipio de Tecozautla, Hidalgo, no constituye un elemento de convicción que haya incidido en el sentido del laudo reclamado de forma adversa a los intereses del peticionario. Ya que dicha probanza no fue tomada en cuenta, no fue examinada ni valorada por el tribunal responsable al dictar el fallo reclamado, como puede corroborarse de su lectura íntegra. De tal guisa que el sentido condenatorio de dicho laudo no encuentra sustento en el resultado de esa confesional, y en esas condiciones se está ante una violación procesal que aun cuando fuera cierta, no trascendió al resultado del laudo en su perjuicio. Y en ese contexto, es que resultan inoperantes los conceptos de violación de que se trata por estar encaminados a cuestionar una actuación que no incidió en ninguna forma sobre el sentido del laudo reclamado. En apoyo de lo anterior se invoca, por similitud al caso que nos ocupa, el siguiente criterio que este órgano colegiado comparte y estima aplicable al presente asunto. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVI, agosto de 2002, tesis I.11o.C.5 K, página 1411. ‘VIOLACIONES PROCESALES. NO PROCEDE SU ANÁLISIS EN EL AMPARO DIRECTO CUANDO NO AFECTAN LAS DEFENSAS DEL QUEJOSO NI TRASCIENDEN AL RESULTADO DEL FALLO.’ (se transcribe). Luego, es desafortunada la pretensión del Municipio inconforme cuando señala que la alegada infracción adjetiva debería dar lugar a que se reponga el procedimiento de origen y se le tenga dando contestación al pliego de posiciones que le fueron formuladas y calificadas de legales; pues como se ha visto no se cumplen los requisitos indispensables para que lo solicitado pudiera proceder. A mayor abundamiento, debe decirse que la omisión en la que incurrió la responsable al no ocuparse de examinar la prueba confesional de que se trata, lejos de perjudicar al demandado quejoso, le favorece, si se toma en consideración que dicha autoridad soslayó estudiar una prueba (confesión a cargo del demandado) de la que dada su naturaleza sólo debe tomarse lo que perjudica al absolvente quejoso y no lo que pudiera beneficiarle. En otros conceptos de violación se dice que la responsable indebidamente arrojó al Municipio demandado la carga de la prueba para demostrar la inexistencia del despido injustificado (cese), pues en su opinión incumbía a los actores probar la existencia de dicho evento, puesto que no puede exigírsele a dicho demandado acreditar un hecho negativo, cuando quienes afirman un hecho positivo son los actores. Argumentos infundados, pues la negativa lisa y llana del despido injustificado (cese) producida por el organismo quejoso al dar contestación a la demanda no revierte la carga de la prueba al trabajador. En efecto, cuando como en el caso acontece la parte trabajadora afirma haber sido despedida injustificadamente, tiene en su favor la presunción de la certeza del despido, presunción que se basa en la consideración de que no es lógico pensar que una persona que ha abandonado el trabajo reclame del patrón en un plazo relativamente breve que se establece para deducir la acción respectiva, que sea reinstalado. Como así se desprende del siguiente criterio de jurisprudencia de la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya parte conducente se estima aplicable e ilustrativa al caso concreto. Jurisprudencia. Materia(s): Laboral. Séptima Época. Instancia: Cuarta Sala. Apéndice 1917-1985, Quinta Parte, Cuarta Sala, tesis 78, página 72. Apéndice 1917-1995, Tomo V, Primera Parte, tesis 148, página 100. ‘DESPIDO DEL TRABAJADOR, PRESUNCIÓN DE LA EXISTENCIA DEL.’ (se transcribe). Y si bien es cierto esa presunción de certeza del cese reclamado admite prueba en contrario, también lo es que corresponde a la parte patronal desvirtuar tal presunción, o dicho de otro modo, incumbe a la patronal la carga de la prueba sobre la inexistencia del despido que se le atribuye. A mayor abundamiento, y aun cuando la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los organismos descentralizados del Estado de Hidalgo, que rige el acto reclamado no dispone nada en relación a la carga probatoria que se cuestiona, es importante señalar que de diversas jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tales como las de los rubros: ‘OFRECIMIENTO DE TRABAJO. LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE ACORDARLO O DE REQUERIR AL TRABAJADOR PARA QUE MANIFIESTE SI LO ACEPTA O LO RECHAZA, ES UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE DA LUGAR A CONCEDER EL AMPARO PARA QUE SE REPONGA EL PROCEDIMIENTO.’. ‘OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. SI ES ACEPTADO POR EL TRABAJADOR QUE EJERCIÓ LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL Y SE EFECTÚA LA REINSTALACIÓN POR LA JUNTA, DEBE ABSOLVERSE DEL PAGO DE DICHA INDEMNIZACIÓN Y DEL PAGO DE LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD, QUEDANDO LIMITADA LA LITIS A DECIDIR SOBRE LA EXISTENCIA DEL DESPIDO.’. Se desprende que por regla general corresponde a la patronal la carga de acreditar la inexistencia del despido injustificado; salvo cuando el patrón se encuentre ofreciendo el trabajo al actor que se dice despedido y dicha oferta sea de buena fe, en cuyo caso la carga de la prueba se revierte a la parte trabajadora. Supuesto que en el específico asunto no se surte, pues no obra en autos del expediente de origen constancia de que el Municipio demandado hubiera realizado dicha oferta de trabajo a los actores. Todo lo cual conlleva a estimar fundada la determinación de la responsable en el sentido de arrojar al Municipio demandado la carga de la prueba en relación a la inexistencia del cese alegado; y por ello el laudo reclamado no causa perjuicio al accionante en el apartado que se ha analizado. Por otra parte, se alega que la responsable sostuvo que el Ayuntamiento demandado tenía la obligación de ofrecer el trabajo a los actores, lo cual dice es incorrecto, porque no se está en materia laboral común, sino en la de materia burocrática en la que está en cuestión (sic) que un organismo público ofrezca el empleo; ello no es obligatorio puesto que existe consideración de los Tribunales Federales sobre ese particular. Argumento infundado, ya que del laudo reclamado no se advierte que la responsable hubiera efectuado tal pronunciamiento, esto es, en ningún segmento del laudo la responsable sostuvo que el Ayuntamiento disconforme tuviera la obligación de ofrecer el trabajo a los actores, como desacertadamente lo aduce el Municipio quejoso en el concepto de violación que se contesta, el que por tal motivo resulta como se ha dicho, infundado. Son inoperantes, por inatendibles los conceptos de violación a través de los cuales el quejoso alega que la prueba testimonial ofrecida por los actores era inadecuada para demostrar el despido injustificado (cese), expresando al efecto una serie de argumentos por los cuales sostiene la ineficacia de dicha probanza para acreditar el evento controvertido. Se afirma que son inatendibles todos esos alegatos porque se enderezan para controvertir aspectos que no fueron materia de pronunciamiento por parte de la responsable en el laudo reclamado y, por ende, resultan ajenos a lo que es materia de litis en esta instancia constitucional. Es de ese modo, ya que de dicha resolución se pone de manifiesto que la responsable fue igualmente omisa en ocuparse de examinar las declaraciones de los testigos ********** y ********** ofrecidos por la parte actora. Luego, no puede este Tribunal Colegiado decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un aspecto o de argumentos que por no haber sido materia de pronunciamiento en el laudo reclamado, son, como ya se puntualizó, ajenos a la litis en el presente juicio de amparo. En apoyo de lo anterior se invoca el siguiente criterio de jurisprudencia, aplicable al caso específico, si bien por similitud jurídica. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXI, junio de 2005, tesis IV.3o.C. J/1, página 655. ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SON AQUELLOS QUE ATACAN CONSIDERACIONES AJENAS A LA LITIS CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). En otro apartado de los conceptos de violación afirma el Ayuntamiento disconforme que la Junta dictó un laudo violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales, incongruente, con falta de precisión, pues no se puede considerar que no haya probado sus excepciones y defensas en forma total, cuando de autos del expediente natural se desprende la existencia de pruebas ofrecidas para la comprobación de esos extremos defensistas, ya que la responsable aprecia deficientemente la prueba confesional que ofreció, toda vez que el tribunal responsable sostiene que con dicha prueba no demostró la inexistencia del despido injustificado porque los trabajadores **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, al absolver la posición en la que se les señaló que es inexistente el despido del que usted se duele respondieron de manera negativa, por lo que el Ayuntamiento demandado no desvirtúa el despido injustificado que alegan los actores. Sin embargo, sostiene el disconforme, el tribunal responsable decide lo anterior, pasando por alto que los trabajadores **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y ********** al absolver posiciones (específicamente la marcada con el número 3) manifestaron expresamente que Gudelio Uribe Uribe, presidente municipal de Tecozautla, Hidalgo, se abstuvo de despedirlos, por lo que si esas once personas así lo manifestaron y se supone que estaban junto con los demás actores es claro que el supuesto despido que dicen haber sufrido, no se dio en ningún momento porque ellos mismos tienen contradicción en particular. Sumado a lo anterior, refiere el Municipio quejoso, se tiene que la responsable omite considerar que los diversos actores ********** y ********** fueron declarados confesos de las posiciones que se les formularon y que fueron calificadas de legales, por lo que resulta que trece personas señalaron que Gudelio Uribe Uribe presidente municipal de Tecozautla, Hidalgo se abstuvo de despedirlos, luego el tribunal responsable al estimar existente el despido injustificado viola las garantías individuales del quejoso, al apreciar y valorar deficientemente la prueba confesional a cargo de los trabajadores, lo que se traduce en la inconstitucionalidad del laudo reclamado. Argumentos fundados, en razón de que como lo alega el Ayuntamiento quejoso, la responsable apreció y valoró deficientemente la prueba confesional que ofreció a cargo de los trabajadores, en franca violación a las disposiciones consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales en relación directa con el numeral 128 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los organismos descentralizados del Estado de Hidalgo, que impone al tribunal responsable la obligación de apreciar en conciencia las pruebas que se le presenten, sin sujetarse a reglas fijas para su estimación, y de resolver los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada, debiendo expresar en su laudo las consideraciones en las que funde su decisión. En efecto, como lo alega el Ayuntamiento quejoso, consta en autos del expediente laboral que en la etapa correspondiente ofreció la prueba confesional a cargo de los actores previamente señalados. Elemento de convicción que fue admitido y desahogado en audiencia de seis de julio de dos mil seis, al tenor del pliego de posiciones que formuló el oferente calificadas de legales, de las cuales destacan, por su especial importancia al caso que nos ocupa, las formuladas a todos los trabajadores, ubicadas en los números 1 y 3 del escrito correspondiente, las que literalmente dicen: ‘... Que diga el absolvente si es cierto como lo es: 1.Que es inexistente el despido del que usted se duele. ... 3. Que el actual presidente municipal del Municipio de Tecozautla, Hidalgo se abstuvo de despedirlo de su fuente de trabajo ...’. Ahora bien, al analizar la confesión de dichos actores la responsable consideró que la misma era ineficaz para desvirtuar el despido injustificado, pues dijo, los absolventes al contestar la posición en la que se les cuestionó que es inexistente el despido del que usted se duele (posición número 1), lo hicieron de manera negativa. Sin embargo, como lo afirma el organismo quejoso, el tribunal responsable, al ocuparse de la prueba confesional de que se trata, por una parte, omitió tomar en consideración que en la audiencia de seis de julio de dos mil seis había declarado confesos a los trabajadores ********** y ********** de las posiciones que les fueron formuladas y calificadas de legales, lo anterior ante la incomparecencia de dichos actores al desahogo de la prueba en cuestión. Omisión que se corrobora de la lectura íntegra del laudo, y que se traduce en su inconstitucionalidad por violatorio de los artículos 14 y 16 de la ley suprema en relación directa con el 128 de la ley secundaria, que rige el acto reclamado. Por otra parte, como lo refiere el Ayuntamiento quejoso, la responsable incurrió en una deficiente apreciación de la confesional en comento, puesto que como se ha visto, al analizar dicha probanza, la responsable se limita a examinar una sola posición del pliego correspondiente, específicamente la marcada con el número 1, en la que se cuestionó a los trabajadores: ‘... 1.Que es inexistente el despido del que usted se duele ...’. No obstante, nada dijo en torno a la posición número 3 que se formuló a los actores en los siguientes términos: ‘... 3. Que el actual presidente municipal del Municipio de Tecozautla, Hidalgo se abstuvo de despedirlo de su fuente de trabajo ...’. Posición que efectivamente fue contestada en sentido afirmativo por los **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, según puede corroborarse de las constancias procesales que corren agregadas a fojas 154 a 162 del expediente laboral, la cual debió ser analizada por la responsable al ocuparse del estudio de la confesional, en apego a las disposiciones contenidas en el artículo 128 de la ley secundaria; sin que ello aconteciera. Lo anterior en perjuicio de los intereses del Ayuntamiento disconforme a quien el tribunal responsable dejó en estado de indefensión al no valorarse debidamente y en su integridad una probanza con la que dicho ente demandado pretendió desvirtuar el cese injustificado que le atribuyeron los actores en el juicio de origen. Situación que deviene en la inconstitucionalidad del acto reclamado y que impone otorgar la protección de la justicia federal para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y en su lugar emita otro en el que reitere todos aquellos aspectos controvertidos por el quejoso en sus conceptos de violación que no fueron materia de la presente concesión y hecho que sea, estudie nuevamente la acción de cese injustificado planteada por los actores, debiendo valorar correctamente y en su integridad las pruebas aportadas en el juicio, en especial la prueba confesional ofrecida por el Ayuntamiento quejoso a cargo de los diversos trabajadores a los que se hizo mención en párrafos precedentes de esta ejecutoria. Para lo cual deberá: a) Examinar y valorar la posición número 3, que el Ayuntamiento disconforme formuló a los actores absolventes cuyo análisis omitió en el laudo reclamado. b) Estudiar y valorar la confesión ficta de los trabajadores ********** y **********, cuyo análisis soslayó realizar al emitir el laudo combatido en el presente juicio de garantías. Para de ese modo restituir al quejoso en el pleno goce de sus garantías violadas, como lo establece el numeral 80 de la Ley de Amparo."
CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver el amparo directo laboral **********, en sesión de cuatro de mayo de dos mil cinco, adujo lo siguiente:
"QUINTO. Los conceptos de violación aducidos devienen por una parte infundados y por otra inoperantes. La quejosa señala que el laudo reclamado es violatorio del artículo 32, fracción I, de la Ley del Servicio Civil, pues a la trabajadora actora se le levantaron actas administrativas, ya que faltaba frecuentemente a laborar, por lo que presentaba diversas recetas médicas, donde se desprendía su imposibilidad para laborar, y esa continua incomparecencia obedecía a que podría ser despedida justificadamente, y el inconforme agregó que la responsable le condenó a reinstalar a la empleada en los mismos términos y condiciones, así como al pago de salarios caídos, todo lo cual sin realizar un estudio profundo de las pruebas, a pesar de exhibirse en la audiencia de ley, inobservando lo dispuesto por los artículos 89 y 90, de la Ley del Servicio Civil del Estado, además que no resultan suficientes las probanzas de la actora una vez revertida la carga de la prueba, virtud al ofrecimiento del trabajo, siendo entonces que la empleada debió acreditar sus ‘extremos’ para entonces condenar a la patronal al cumplimiento de las prestaciones reclamadas. Los capítulos de queja revisten la calidad de infundados, toda vez que a fin de que opere el cese a un trabajador, deben cumplirse los requisitos a que se contrae el artículo 32 en relación al 31 de la Ley del Servicio Civil, lo cual no aconteció así, pues si de lo que se duele la parte quejosa es que la autoridad emisora del acto reclamado no ponderó debidamente las distintas probanzas obrantes en autos, lo cierto es que no existe el acta a que se contrae el segundo numeral en cita, la cual sería indispensable, ya que la base de la defensa del demandado hoy quejoso, es que la operaria con frecuencia no se presentaba a laborar, lo cual no justificó de modo alguno, causal de terminación de la relación de trabajo prevista en el artículo 31, fracción IV, inciso g), de la Ley del Servicio Civil del Estado, lo que conllevaría en su caso a que la patronal levante un acta, en los términos contemplados en el precepto 32, del propio ordenamiento, cuyo tenor es el siguiente: ‘Artículo 32. Cuando el trabajador incurra en alguna de las causales a que se refiere el artículo anterior, el jefe inmediato de la oficina procederá a levantar acta administrativa, con audiencia del trabajador si se encuentra presente y un representante del sindicato respectivo, el que será citado para tal efecto; en caso de no concurrir se procederá sin su presencia y se hará constar en el acta, la forma en que fue citado y su ausencia, asentando con toda precisión los hechos. La declaración del trabajador afectado y la de los testigos de cargo y descargo que se propongan, la que se firmará por los que en ella intervengan y por dos testigos de asistencia y si lo llegara a estimar pertinente el titular podrá en el mismo acto cesar al trabajador. Del acta de despido levantada se entregará copia al trabajador y otra a su representante sindical; y en caso que el trabajador se negare a recibirla, el titular lo hará constar en la misma asistido por dos testigos, dentro de los cinco días siguientes de la rescisión, deberá hacerlo del conocimiento del tribunal, para que haga la publicación en estrados.’. En ese entorno se advierte que si no se reúnen esas taxativas, como acto preliminar al cese no será considerado operante y, por tanto, el despido será considerado injustificado, de ahí que si en el caso particular no se está en presencia de un acto de esta naturaleza, el tribunal responsable no incurrió en violación de garantías al concluir que el despido tuvo la calidad de ser injustificado, pues si bien obran diversas constancias de donde podría demostrarse que la actora faltó a su trabajo en distintas fechas, ese particular no se impuso en un acta con las características apuntadas. La propia opinión ha sostenido este tribunal en la tesis XX.21 L, visible a foja 491, Tomo II, noviembre de 1995 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: ‘ACTAS ADMINISTRATIVAS. PARA QUE OPERE EL CESE DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DEBEN SATISFACER LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).’ (se transcribe). En otro orden de ideas, los conceptos de violación resultan inoperantes, pues la quejosa no señala con precisión qué pruebas no fueron valoradas debidamente y el alcance probatorio que tendrían, y en su caso si la ponderación de referencia trascendería al resultado del fallo y de qué manera. Además que el inconforme no controvirtió mediante argumentos lógicos-jurídicos los razonamientos de la autoridad responsable que le llevaron a desestimar la excepción, consistente en que la actora había dejado de presentarse a laborar y la de obscuridad en la demanda, lo cual conlleva a calificar inoperantes los conceptos de violación, sin que en el caso proceda suplir la deficiente queja acorde al artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, al tratarse de un juicio constitucional planteado por la patronal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 42/97, visible a foja 305, Tomo VI, septiembre de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que refiere lo siguiente: ‘SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA.’ (se transcribe). Por otro lado, carece de fundamento el señalamiento de la parte quejosa, consistente en que la carga de la prueba en lo que ve al despido injustificado se debe revertir, dado que la patronal ofreció el trabajo; lo anterior se dice es así, pues la operaria actora demandó la reinstalación por cese injustificado, lo cual no produce la reversión en comento, dado que en materia burocrática local no está prevista la oferta de trabajo. En mérito a lo anterior, al considerar la responsable injustificado el despido materia de la acción, no agravia a la patronal la condena a las demás prestaciones que le fueron impuestas en divergencia a los motivos de inconformidad, al ser consecuencia de la calidad del despido. En las relatadas consideraciones, y al resultar por una parte infundados y por otra inoperantes los conceptos de violación en estudio, se impone negar la protección de la Justicia Federal solicitada."
El criterio anotado dio lugar a la tesis aislada, cuyos datos de identificación y contenido son los siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXIII, enero de 2006
"Tesis: XX.1o.111 L
"Página: 2423
"OFRECIMIENTO DE TRABAJO. ES IMPROCEDENTE EL REALIZADO POR EL TITULAR DE UNA DEPENDENCIA ESTATAL, POR SER UNA HIPÓTESIS NO CONTEMPLADA EN LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS. Es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cuando la acción de despido injustificado eje
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22519-9b02dd38/contradiccion-de-tesis-es-improcedente-cuando-existe-jurisprudencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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