CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. LOS EFECTOS TEMPORALES Y VINCULANTES CONTENIDOS EN ÉL NO DEBEN TOMARSE EN CUENTA EN LA INSTANCIA LABORAL, CUANDO SE DEMUESTRE QUE PRETENDE ESCONDERSE LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO.
AMPARO DIRECTO 580/2010. TITULAR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Los conceptos de violación que hace valer el quejoso son inoperantes e infundados.
Previo a dar respuesta a los motivos de inconformidad, se estima oportuno relatar algunos antecedentes que se extraen del juicio laboral 1113/2008 del índice de la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a saber:
a) Margarita Sofía Camarena Corona demandó del 1) Poder Ejecutivo de la Federación, 2) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 3) Secretaría de Relaciones Exteriores, 4) Dirección General del Servicio Exterior y Personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 5) Dirección de Empleados Locales de la Dirección General del Servicio Exterior Mexicano y Personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y, 6) Quien resulte titular, responsable, o jefe inmediato del puesto denominado Departamento de Fe Pública, Área de Notaría Pública del Consulado General de México de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la ciudad de Dallas, Texas, Estados Unidos de América. (Mediante acuerdo de 26 de marzo de 2008 [fojas 268 y 269], se tuvo como único demandado a la Secretaría de Relaciones Exteriores), y como prestación principal la indemnización constitucional, así como otras accesorias y autónomas (fojas 1 y 2).
En el capítulo de hechos, en la parte que interesa indicó, que: ingresó a laborar el 1o. de septiembre de 2005 en el Consulado General de México de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la ciudad de Dallas, Texas, Estados Unidos de América, en el departamento de fe pública, área de notaría pública, teniendo como funciones principales la elaboración de poderes notariales para personas físicas y morales, testamentos, convenios, patria potestad, renuncia de derechos hereditarios, certificados a petición de parte, de supervivencia, exhortos y cartas rogatorias (hecho 1); percibiendo en el último año un salario mensual de $2,000.00 (dos mil dólares 00/100 moneda de los Estados Unidos de América) (hecho 2); su horario de labores era de las 08:00 a las 17:00 horas de lunes a viernes, con una hora para tomar sus alimentos (de las 14:00 a las 15:00 horas), todo el tiempo subordinada a los demandados (hecho 3); el 5 de diciembre de 2007, aproximadamente a las 12:00 horas, el cónsul alterno me entregó un documento fechado el día 3 del mismo mes y año, firmado por el cónsul general, en el que se indicaba que toda vez que el contrato concluía el 31 de diciembre de ese año, debería tomar las vacaciones pendientes y cobrar el aguinaldo de ese año (hecho 6); el 14 de diciembre de 2007 alrededor de las 11:00 horas, la actora se presentó en la oficina personal del cónsul general para pedirle la entrega de sus pasaportes con la correspondiente visa a-2, y éste aprovecho la ocasión para decirle "... que no quería que se presentara más en el consulado a trabajar, puesto que ya había terminado su contrato y se lo había hecho saber por escrito en la carta recordatorio de que se le entregó días antes ...", indicándole que entregara el puesto a Karla Zapata que se quedaría en su lugar, por lo que a fin de evitar situaciones incómodas lo hizo, retirándose de la fuente de trabajo (hecho 7); que fue despedida sin recibir por escrito el aviso ni la causa de la terminación del nombramiento; que la materia de trabajo y funciones que realizaba eran permanentes y aún subsistían, por lo que alguien las sigue desempeñando y, por ende, su relación de trabajo era también permanente, por lo que no aplicaba la temporalidad y debía considerarse por tiempo indefinido, aunque supuestamente su relación estaba sujeta a un contrato temporal que vencía el 31 de diciembre de 2007 (hecho 8); que firmó diversos contratos de prestación de servicios profesionales, sin embargo, de éstos se advertía un elemento básico para determinar la naturaleza real del contrato que era laboral, es decir, la subordinación, observándose de dichos contratos diversas prestaciones, como lo eran: una gratificación anual (aguinaldo); vacaciones (dos periodos de 15 días naturales cada uno) y licencia de embarazo (hecho 10).
Ofertó las pruebas que estimó conducentes a fin de acreditar los extremos de sus pretensiones (fojas 13 a 39).
b) Mediante escrito presentado el 14 de mayo de 2008, la Secretaría de Relaciones Exteriores, al producir su contestación (fojas 281 a 318), medularmente dijo, que: la actora carecía de acción y derecho con relación a las prestaciones reclamadas, puesto que atendiendo al contrato de honorarios exhibido por la operaria, ésta fue contratada por tiempo determinado en el área de formas valoradas, cortes de efectos y a participar en los consulados móviles programados en el Consulado General de México en Dallas, Texas, Estados Unidos de América, documento del cual se observa que la vigencia del mismo fue del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2007, resultando que en esta última data llegó a su término la vigencia del multicitado contrato, por lo que después de esa fecha no existió obligación alguna por parte de dicha secretaría con la actora.
En el capítulo de hechos, en la parte que interesa dijo, que: era cierta la fecha de ingreso del 1o. de septiembre de 2005, y así inició la vigencia del contrato, cuya temporalidad fue de 3 meses, prestando sus servicios en el área de asuntos notariales, y a participar en los consulados móviles; que el 1o. de enero de 2006 se celebró otro contrato de prestación de servicios por honorarios por tiempo determinado, con vigencia del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2006, y los servicios eran la citada área de asuntos notariales del Consulado General de México, en Dallas, Texas; suscribiéndose en el Consulado General de México en la ciudad en cita; otro contrato tuvo vigencia del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2007, prestando sus servicios en el área de formas valoradas, corte de efectos y a participar en los consulados móviles; resultando falso que se le haya despedido injustificadamente, ya que lo que aconteció fue que el último contrato llegó a su término (hecho 1); por concepto de honorarios mensuales se le retribuía la cantidad de $2,000.00 (dos mil dólares) (hecho 2); la actora se presentaba a laborar a las oficinas del Consulado General de México, en Dallas, Texas, Estados Unidos de América, en un lapso de las 08:00 a las 17:00 horas de lunes a viernes de cada semana, negando la subordinación, pues aquella decidía la manera de la prestación de sus servicios (hecho 3); y, que negaba que los contratos contuvieran elementos de naturaleza laboral, pues la actora jamás estuvo sujeta a subordinación, pues sus servicios los prestaba con total independencia, no estando sujeta a ninguna jerarquía o instrucción, resultando falso que tuviera derecho a vacaciones, pues en la cláusula novena del último contrato se estableció que la representación liberaría de sus obligaciones a la prestadora por lapsos de 30 días, y que se le podrían otorgar en 2 periodos de 15 días naturales cada uno; que también era falso que el contrato contemplara una licencia por embarazo, pues lo cierto era que, en caso de ser necesario, el consulado concedería a la prestadora de servicios 3 meses de separación al término del periodo de gravidez (hecho 10).
c) La Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje el 15 de enero de 2010 dictó el laudo que ahora se reclama, en el que una vez analizado el contenido de las pruebas, consideró que de los contratos de prestación de servicios profesionales (prueba común entre las partes) concluía que la relación entre éstas era laboral y no civil, dada la subordinación y la dependencia económica, ya que se le asignó un horario, lugar de adscripción, actividad a desempeñar y la forma de hacer el trabajo, debiendo acatar las órdenes superiores. La excepción de que era trabajadora temporal, al señalar que únicamente laboró del 1o. al 31 de diciembre (sic) de 2007, no fue acreditado, pues de los contratos ofertados, se advertía que la vigencia fue del 1o. de septiembre de 2005 al 31 de diciembre de 2007, no existiendo interrupción en el periodo en cita.
Por lo que al acreditarse que el nexo laboral no fue por tiempo determinado, se concluía que la actora fue despedida injustificadamente, procediendo la indemnización constitucional, salarios caídos del 14 de diciembre de 2007 al 31 de diciembre de 2010 fecha en que se considera se cumplimentará el laudo, más los que se sigan generando hasta su cumplimiento.
Que tomaba a fin de cuantificar las prestaciones el tipo de cambio del dólar en el mes de enero de 2010 de $12.74 (doce pesos 74/100 moneda nacional).
Con relación al aguinaldo del año 2007, absolvía del mismo atendiendo al control de pagos de honorarios correspondiente a diciembre de ese año. Por lo que respecta al pago de vacaciones y prima vacacional de los años 2006 y 2007, condenaba a los mismos, pues el demandado no cumplió con dichas prestaciones, y el periodo de condena abarcaba del 1o. de septiembre de 2005 al 14 de diciembre de 2007, que conforme al artículo 30 de la ley burocrática, por un año de servicios corresponden 20 días de vacaciones, por tanto, por el periodo de condena le correspondían 44.11 días, y en relación a la prima vacacional el 30% de las vacaciones.
Condenando, además, a la entrega de la constancia de aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Sistema de Ahorro para el Retiro por el periodo del 1o. de septiembre de 2005 al 14 de diciembre de 2007, debiendo indicar el monto de las aportaciones. Entregando asimismo, la hoja única de servicios, debiendo contener la fecha de ingreso, última categoría, último salario percibido, número de semanas cotizadas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y monto de las cotizaciones.
Absolviendo del pago de la prima de antigüedad, al no contemplarse en la ley burocrática; así como de la entrega de constancia de separación, toda vez que en el asunto se demostró que la separación fue injustificada, y, finalmente, absolvió de la nulidad de documentos, al ser un reclamo vago, impreciso y oscuro.
Refiere la quejosa en parte del primer motivo de inconformidad que la Sala fue omisa en estudiar la excepción de incompetencia, y que la actora fue contratada por tiempo determinado, finalizando el contrato de prestación de servicios por honorarios el 31 de diciembre de 2007, suscrito por la accionante y el Consulado General de México en Dallas, Texas, Estados Unidos de América, obligándose las partes a la aplicación de las leyes y autoridades locales del Estado de Texas, por lo que de acuerdo al principio de territorialidad, la Sala debió declararse incompetente para conocer del juicio, soslayando la cláusula undécima del contrato en cita.
Lo anterior es fundado pero inoperante.
No asiste razón a la Secretaría peticionaria de amparo, en cuanto a lo que alega, ya que el juicio de amparo directo no es la vía idónea para pretender reclamar que la Sala ahora responsable se abstenga de conocer del asunto sometido a su consideración, al estimar que era incompetente para conocer del juicio, en atención a que las partes al suscribir el último contrato de prestación de servicios por honorarios con vigencia del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2007, señalaron que las disposiciones aplicables serían las convenidas en la ciudad de Dallas en el Estado de Texas, Estados Unidos de América, ya que ello debió ser impugnado mediante el juicio de amparo indirecto correspondiente.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, en el apartado II del capítulo de excepciones y defensas, promovió la de incompetencia, señalando, en la parte que interesa, que (foja 285):
"... al haber convenido las partes en la cláusula undécima, que para los efectos y cumplimiento de dicho contrato se sujetaría a lo dispuesto por las disposiciones legales del Estado de Texas en los Estados Unidos de América y, en caso de conflicto o controversias suscitadas con motivo de la interpretación o aplicación del presente contrato, serán las autoridades de la localidad las competentes para resolver el mismo, con base en el principio de territorialidad que rige en nuestra legislación, por lo que ese tribunal debe abstenerse de conocer del presente asunto en virtud de que la legislación que se convino que sería la aplicable, no lo faculta para conocer respecto del presente asunto, por lo que ese Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje deberá declararse incompetente ..."
La cláusula undécima del contrato de prestación de servicios por honorarios suscrito el 2 de enero de 2007, determina (foja 17):
"... Undécima. Tanto ‘La representación’ como ‘El Prestador’ convienen en que para todo lo no previsto en este contrato, serán aplicables las disposiciones legales del Estado de Texas en los Estados Unidos de América y en caso de conflicto o controversia suscitado con motivo de la interpretación o aplicación del presente contrato, serán las autoridades de la localidad las competentes para resolver el mismo, sin que ello constituya renuncia a las inmunidades diplomáticas de las cuales goce el Estado y ‘La Representación’."
Por acuerdo de 1o. de julio de 2008 (fojas 326 y 327), el Pleno de la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, analizó la excepción de incompetencia al revestir el carácter de previo y especial pronunciamiento, estimando que la materia de controversia era una cuestión de fondo, que se resolvería al dictarse resolución definitiva, sustentando su decisión en las tesis jurisprudenciales de rubros: "COMPETENCIA. CONFLICTO EN MATERIA LABORAL. PARA RESOLVER NO DEBE TOMARSE EN CUENTA LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN." y "COMPETENCIA LABORAL PARA RESOLVERLA NO DEBE ADELANTARSE CRITERIO ACERCA DE LA NATURALEZA DE LA RELACIÓN DE TRABAJO QUE SE CONSTITUYÓ CON ALGUNO DE LOS CODEMANDADOS.", por lo que sostenía su competencia para seguir conociendo del asunto, declarando improcedente la excepción de mérito.
Ahora bien, es fundado el argumento que nos ocupa, ya que de la lectura del laudo no se observa pronunciamiento alguno en relación a la excepción de incompetencia. Sin embargo, la inoperancia del mismo estriba en que el ahora inconforme debió impugnar el acuerdo anteriormente referido, es decir, el de 1o. de julio de 2008, mediante la vía del amparo indirecto, al revestir un acto de imposible reparación, pues lo que se pretende es que el conocimiento del asunto sea injerencia de autoridades diversas, las que deben resolver con base en la legislación aplicable de otro país.
Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía y en su parte conducente, la tesis jurisprudencial 2a./J. 19/99, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, marzo de 1999, página 93, cuyos rubro y texto son:
"COMPETENCIA. LA RESOLUCIÓN DE UNA JUNTA FEDERAL O LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, QUE DECLARA IMPROCEDENTE ESA EXCEPCIÓN, SÓLO SE PUEDE IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO Y NO EN EL INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número P./J. 24/92, visible en la página 11 del Tomo 56 correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con el rubro: ‘EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.’, sostuvo que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, se debe entender que son de ejecución irreparable los actos dentro del juicio cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, mas no cuando afectan derechos adjetivos. Por tanto, en aplicación de esa jurisprudencia debe considerarse que la resolución de una Junta de Conciliación y Arbitraje en la que sostiene su competencia para seguir conociendo del juicio laboral, debe estimarse que no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Federal y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues no se traduce en infracción de derechos sustantivos sino en violación de derechos adjetivos, que sólo produce efectos formales o intraprocesales, toda vez que la cuestión competencial se limita a determinar si una Junta Federal o una Local de Conciliación y Arbitraje resulta competente para conocer del juicio respectivo, para cuya resolución ha de aplicarse el mismo ordenamiento, esto es, la Ley Federal del Trabajo por cualquiera de las dos Juntas. En cambio, cuando la aceptación de la competencia involucre a órganos jurisdiccionales de distinto régimen como la que se da entre una Junta de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Fiscal de la Federación o el Contencioso Administrativo de alguna entidad federativa, en donde lógicamente, la aplicación primordial sería de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación o de la Ley Orgánica del Contencioso Administrativo de la entidad federativa que corresponda, el amparo debe ser indirecto.
"Contradicción de tesis 89/97. Entre las sustentadas por el Primero, Tercero y Octavo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 27 de noviembre de 1998. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Hugo Guzmán López.
"Tesis de jurisprudencia 19/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve."
En el primero, segundo y tercer conceptos de violación, la quejosa hace valer diversos argumentos, tales como:
1) Se aseguró en el laudo que existía una relación laboral, al advertirse subordinación y dependencia económica; que se interpretaron erróneamente los contratos de prestación de servicios por honorarios (prueba común entre las partes);
2) La actora fue contratada por tiempo determinado, feneciendo el 31 de diciembre de 2007, y que la relación existente entre la actora y el Consulado General de México en Dallas, Texas, Estados Unidos de América, era de naturaleza civil;
3) Que la accionante, después del 31 de diciembre de 2007, nunca prestó servicio alguno por honorarios, pasando por alto el contenido del contrato en cita;
4) Que se efectuó una serie de interpretaciones equivocadas respecto de las cláusulas de los referidos contratos, cambiando la naturaleza civil y bajo el régimen de honorarios, por una interpretación laboral;
5) La actora jamás laboró para la representación consular ni para la Secretaría de Relaciones Exteriores, ni aun en el contrato fueron pactadas condiciones o elementos de una relación laboral;
6) Que si bien debía rendir informes, ello obedecía a la prestación de sus servicios por honorarios; respecto a la gratificación anual, la autoridad se excedió en sus facultades al considerarla equivalente al aguinaldo; en relación a la separación, como una prestación, o vacaciones, constituyen condiciones pactadas en el contrato por honorarios; respecto de las restantes cláusulas, no se advierte relación de trabajo alguna, efectuándose una interpretación errónea, tendenciosa y parcial de las cláusulas establecidas en el multicitado pacto;
7) La actora no demandó la prórroga del contrato sino sólo la indemnización constitucional, resultando incorrecto que se le condenara dada la carencia de vínculo obrero patronal, pues el pacto que dio origen a la contratación temporal dejó de surtir efectos al vencer el término del mismo, y fue el 31 de diciembre de 2007;
8) Las prestaciones a las que se le condenó jamás fueron pactadas en el contrato de prestación de servicios por honorarios de 2 de enero de 2007;
9) La autoridad consideró infundadamente que la excepción de temporalidad (1o. de enero al 31 de diciembre de 2007) no se acreditó, pues de los contratos se desprendía supuestamente una vigencia del 1o. de septiembre de 2005 al 31 de diciembre de 2007, sin existir interrupción en el periodo citado, por lo que la actora no fue contratada con carácter temporal del 1o. de enero al 31 de diciembre de ese año, por lo que condenó. Resultando que las pruebas eran contundentes en el sentido de que la relación era civil, sujeta a honorarios y con una temporalidad determinada. Por ende, no existió despido injustificado sino terminación del contrato y, dada la característica del contrato, jamás se adquirió el derecho a la inamovilidad;
10) Que la actora nunca fue trabajadora de la referida Secretaría y mucho menos de base, sino que la relación existente entre la operario y el Consulado General de México en Dallas, Texas, Estados Unidos de América era civil; y
11) Sin fundar ni motivar, se determinó que la actora era trabajadora de la demandada, ya que se celebró de manera libre, voluntaria y espontánea con el citado consulado un contrato de prestación de servicios por honorarios y, en su cláusula tercera, se estableció que la vigencia era del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2007, concediendo valor a los citados contratos, únicamente para acreditar elementos de una relación laboral, pero no se concedió valor a la cláusula en cita, de la que se observaba que la prestación de servicios fue por tiempo determinado, eventual y temporal, por lo que no estaba obligado a prorrogarlo.
Los argumentos así referidos son de estimarse inoperantes, atendiendo a las siguientes consideraciones.
Este cuerpo colegiado considera conveniente señalar que, el problema jurídico a dilucidar, es determinar cual fue el tipo de relación existente entre las partes, es decir, laboral o civil.
En primer término, es necesario tener presente que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir del estudio de la relación jurídica laboral que se presenta entre el Estado y sus trabajadores, concluyó que el nombramiento o la inclusión de una persona en las listas de raya constituían los medios idóneos para demostrar la existencia de ese vínculo jurídico.
Lo anterior se observa en la tesis 2a./J. 76/98, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, octubre de 1998, página 568, de rubro: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SI DEMUESTRAN QUE HAN VENIDO PRESTANDO SERVICIOS A LA DEPENDENCIA ESTATAL POR DESIGNACIÓN VERBAL DEL TITULAR, TIENEN ACCIÓN PARA DEMANDAR LA EXPEDICIÓN DEL NOMBRAMIENTO O SU INCLUSIÓN EN LAS LISTAS DE RAYA Y, EN SU CASO, TODAS LAS DEMÁS ACCIONES CONSECUENTES."
No obstante lo anterior, la misma Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, en un análisis de la realidad burocrática nacional, vinculado con la manera en que se construyen actualmente las relaciones laborales dentro de la administración pública federal, consideró que tal relación jurídica no sólo se podía acreditar con el nombramiento del trabajador o su inclusión en las listas de raya, sino cuando se contara con los elementos siguientes: 1) una relación continua; 2) que el operario haya prestado sus servicios en el lugar y conforme al horario que se le asignó, a cambio de una remuneración económica; y, 3) que todo ello con independencia que se haya suscrito un contrato de prestación de servicios profesionales.
Lo anterior, se observa de la tesis jurisprudencial 2a./J. 20/2005, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, marzo de 2005, página 315, cuyos rubro y texto son:
"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL VÍNCULO LABORAL SE DEMUESTRA CUANDO LOS SERVICIOS PRESTADOS REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO, AUNQUE SE HAYA FIRMADO UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. De la tesis de jurisprudencia 2a./J. 76/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, octubre de 1998, página 568, con el rubro: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SI DEMUESTRAN QUE HAN VENIDO PRESTANDO SERVICIOS A LA DEPENDENCIA ESTATAL POR DESIGNACIÓN VERBAL DEL TITULAR, TIENEN ACCIÓN PARA DEMANDAR LA EXPEDICIÓN DEL NOMBRAMIENTO O SU INCLUSIÓN EN LAS LISTAS DE RAYA Y, EN SU CASO, TODAS LAS DEMÁS ACCIONES CONSECUENTES.’, así como de la ejecutoria dictada en la contradicción de tesis 96/95 de la que derivó, se advierte que aun cuando no se exhiba el nombramiento relativo o se demuestre la inclusión en las listas de raya, la existencia del vínculo laboral entre una dependencia estatal y la persona que le prestó servicios se da cuando se acredita que los servicios prestados reúnen las características propias de una relación laboral. En ese sentido, si se acredita lo anterior, así como que en la prestación del servicio existió continuidad y que el trabajador prestó sus servicios en el lugar y conforme al horario que se le asignó, a cambio de una remuneración económica, se concluye que existe el vínculo de trabajo, sin que sea obstáculo que la prestación de servicios se haya originado con motivo de la firma de un contrato de prestación de servicios profesionales, pues no es la denominación de ese contrato lo que determina la naturaleza de los servicios prestados al Estado, de tal suerte que si éstos reúnen las características propias del vínculo laboral entre el Estado y sus trabajadores, éste debe tenerse por acreditado.
"Contradicción de tesis 168/2004-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Sexto, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 14 de febrero de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: María Estela Ferrer Mac-Gregor Poisot.
"Tesis de jurisprudencia 20/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dieciocho de febrero de dos mil cinco."
En el caso que nos ocupa, la accionante señaló, entre otras cosas, que la relación de trabajo con la secretaría demandada inició el 1o. de septiembre de 2005; que percibía una determinada cantidad como salario, prestando sus servicios en el Consulado General de México de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la ciudad de Dallas, Texas, Estados Unidos de América, que además acataba las órdenes que se le encomendaban, cumpliendo con el horario de trabajo asignado; que le concedían vacaciones y se le pagaba aguinaldo.
Ahora bien, ofreció diversos medios de convicción a fin de demostrar el vínculo laboral que la unió con la demandada, entre los cuales destacaban los siguientes:
1) En el apartado 5) exhibió copias certificadas de Contrato de Prestación de Servicios de 11 de julio de 2005, 1o. de enero de 2006 y 1o. (sic) de enero de 2007 (prueba común entre las partes); de los cuales con referencia al último de ellos, en la cláusula primera se indicó que prestaría sus servicios en el área de formas valoradas, corte de efectos y a participar en los consulados móviles programados; en la cláusula segunda, se dijo que cuando por necesidades del servicio se requiera los servicios de la actora durante los fines de semana, le sería cubierta una compensación; en la cláusula séptima se indicó que la accionante debía entregar un informe detallado de los servicios; en la cláusula octava inciso B) se señaló que se le incorporaría al seguro de vida y gastos médicos; en el inciso D), se pactó que en el mes de diciembre se entregaría una gratificación anual equivalente a un mes de percepciones; en el inciso E) se indicó que a la actora se le concederían 3 meses de separación en sus actividades al término de periodo de gravidez, previa presentación del certificado médico respectivo; en la cláusula novena se estipuló que se liberaría a la actora de sus obligaciones por un lapso total de 30 días naturales, disfrutándose en 2 periodos de 15 días naturales cada uno; en la cláusula décima inciso B) se dijo que entre las obligaciones de la actora se encontraba el asistir a las oficinas que ocupaba el Consulado General de México en Dallas, Texas, de las 08:00 hasta las 17:00 horas de lunes a viernes de cada semana.
2) En el apartado 18) ofertó el oficio DAL-005175 de 3 de diciembre de 2007, dirigido a favor de la operaria y suscrito por el cónsul general en el Consulado General de México de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la ciudad de Dallas, Texas, Estados Unidos de América, documental que fue objetada en términos generales (foja 312), de la que se observa que se le recordaba que el contrato de prestación de servicios expiraba el 31 de diciembre de 2007 y, en consecuencia, ... deberá disfrutar de los días de vacaciones pendientes antes de dicha fecha; recibir la gratificación anual (aguinaldo) ..."
Ahora bien, de la adminiculación del material probatorio ofertado, este Tribunal Colegiado de Circuito concluye, tal y como señaló la Sala, con independencia de los argumentos que ésta refirió, que entre Margarita Sofía Camarena Corona y la Secretaría de Relaciones Exteriores, siempre los unió una relación de naturaleza laboral.
En efecto, de los contratos de prestación de servicios por honorarios exhibidos por la actora y que la demandada hizo suyos, se observan elementos que evidencian que la relación entre las partes es de génesis laboral y no civil.
En efecto, a manera de recapitulación, en la cláusula séptima se observa que la accionante debía rendir un informe detallado de los servicios prestados; en la cláusula décima inciso B), debía asistir a las oficinas que ocupa el Consulado General de México en Dallas, Texas, a las 08:00 debiendo permanecer hasta las 17:00 horas de lunes a viernes. Por tanto, se concluye que la demandada tenía el derecho de constatar en todo momento, y cuando así lo juzgara conveniente, el desarrollo y cumplimiento de los servicios
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22520-b03d88f2/contrato-de-prestacion-de-servicios-profesionales-los-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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