DICTÁMENES Y CERTIFICADOS PERICIALES. LOS PERITOS EMISORES TIENEN LA OBLIGACIÓN DE RATIFICAR LOS QUE RINDAN ANTE EL JUEZ O TRIBUNAL RESPECTIVO Y NO ASÍ LOS QUE EMITAN EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).
AMPARO DIRECTO 331/2010. **********.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Los conceptos de violación son infundados, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir en términos de lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo.
En principio cabe destacar que, por cuestión de técnica jurídica, los conceptos de violación se examinan en un orden distinto al propuesto por el quejoso.
Las violaciones procesales que se argumentan en el cuarto motivo de inconformidad son infundadas.
El quejoso argumenta, sustancialmente, que los dictámenes en psicología y en trabajo social no fueron ratificados como lo establece el artículo 143, fracción XIV, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social y, que por ello, carecen de valor probatorio.
Lo anterior es infundado, pues dichos peritajes fueron rendidos en la averiguación previa, y en esta etapa ningún perito está obligado a ratificar su dictamen, pues no existe dispositivo legal que así lo obligue, en todo caso, a solicitud del Ministerio Público o de las partes podrán ampliarlo, pero ello no significa ratificación, en la medida que ésta es una obligación, en tanto la ampliación puede o no acontecer, dependiendo de si lo solicita el fiscal o una de las partes, tal como está establecido en la fracción XV del artículo 143 del código adjetivo de la materia, que señala:
"Artículo 143. Son aplicables a la prueba pericial las siguientes disposiciones:
"...
"XV. Los peritos inclusive los médicos legistas, deberán ampliar sus dictámenes y certificados cuando el funcionario que conoce de la averiguación lo crea conveniente o cuando lo soliciten las partes."
La obligación de ratificar los peritajes, con la salvedad que precisa la ley, debe darse cuando los dictámenes se rinden ante el Juez o tribunal, pero no los presentados en la averiguación previa, ya que así lo señala la fracción XIV del citado numeral, que dice:
"Artículo 143.
"...
"XIV. Los peritos con excepción de los médicos legistas, deberán ratificar ante el Juez o tribunal sus dictámenes y certificados."
Luego, es inconcuso que los peritos no tenían la obligación de ratificar los dictámenes, en la medida que los rindieron en la averiguación previa y no ante el Juez o tribunal; en su caso, si el quejoso no estaba de acuerdo con ellos, durante la averiguación previa debió pedir que se ampliaran o, durante el proceso, ofrecer sus propios peritos.
Al respecto, es aplicable la tesis VI.2o.P.122 P de este Tribunal Colegiado, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, junio de 2009, página 1056, de rubro y texto siguientes:
" Aunque el artículo 143, fracción XIV, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla impone a los peritos, con excepción de los médicos legistas, la obligación de ratificar, ante autoridad judicial, sus dictámenes y certificados, tal deber se entiende únicamente respecto de los rendidos ante el Juez o tribunal respectivo, mas no de los emitidos dentro de la etapa de averiguación previa, pues no existe precepto legal que disponga que ante la autoridad judicial deben ratificarse los rendidos ante el Ministerio Público; en todo caso, en la averiguación previa el representante social o las partes, de conformidad con la diversa fracción XV, podrán solicitar la ampliación del dictamen o certificado correspondiente, lo cual no significa su ratificación, la que siempre será considerada una obligación, mientras que la ampliación puede o no acontecer, por depender de una solicitud."
En otro orden de ideas, son infundados los conceptos de violación en los que, esencialmente, el quejoso señala que no se acreditaron los elementos del delito y su plena responsabilidad en la comisión del ilícito que se le imputa.
A fin de establecer lo anterior, cabe precisar que, en forma correcta, el Juez de origen, cuyas consideraciones avaló la Sala responsable, determinó que con los medios de convicción existentes en la causa penal se encuentran comprobados los elementos del delito de violencia familiar y la plena responsabilidad del inculpado en su comisión; injusto previsto y sancionado en el artículo 284 Bis del Código de Defensa Social del Estado, que dispone:
"Artículo 284 Bis. Se considera como violencia familiar la agresión física o moral de manera individual o reiterada, que se ejercita en contra de un miembro de la familia por otro integrante de la misma, con afectación a la integridad física o psicológica o de ambas, independientemente de que pueda producir afectación orgánica.
"Comete el delito de violencia familiar el cónyuge; la cónyuge; concubino; concubina; pariente consanguíneo en línea recta sin limitación de grado; pariente colateral consanguíneo o por afinidad, hasta el cuarto grado; adoptado; adoptante; madrastra; padrastro; hijastra; hijastro; pupilo; pupila o tutor que intencionalmente incurra en la conducta descrita en el párrafo anterior, contra cualquier integrante de la familia que se encuentre habitando en la misma casa de la víctima.
"A quien cometa el delito de violencia familiar, se le impondrán de uno a seis años de prisión y multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario; y estará sujeto a tratamiento integral para su rehabilitación por un tiempo que no rebase la sanción privativa de la libertad que se haya impuesto, así como la pérdida de la patria potestad, de los derechos hereditarios y de alimentos.
"La autoridad judicial y el Ministerio Público, en su caso, dictará las medidas necesarias para el tratamiento psicoterapéutico del agresor y la víctima, ordenando cuando sea procedente las medidas apropiadas para salvaguardar la integridad de sus familiares."
Esto es, resulta legal el fallo reclamado, pues se encuentran acreditados los elementos del referido delito y la plena responsabilidad del inconforme en su comisión con: la denuncia de la ofendida; las declaraciones de los policías aprehensores; la diligencia ministerial de fe de estado psicofisiológico del inculpado; la diligencia ministerial de fe de lesiones de la ofendida; los testimonios de **********; la fe ministerial de las actas de nacimiento de los dos hijos menores, de la denunciante e inculpado; la primera y segunda declaraciones ministeriales del procesado; los dictámenes médicos de lesiones; la diligencia de inspección ministerial en el domicilio en el que ocurrieron los hechos ilícitos; el dictamen en psicología; el estudio de la trabajadora social y la declaración preparatoria del inconforme.
Con base en los medios de convicción contenidos en el proceso relativo, el Juez de primera instancia consideró demostrado que la agraviada ha sido objeto de una agresión física por parte del inculpado, creándole afectación en su integridad psicológica, pues el diecinueve de julio de dos mil nueve, aproximadamente a las diecinueve horas, en el domicilio ubicado en la calle ********** sin número, de la colonia **********, el procesado discutió con la ofendida y le pegó con sus manos destacando, en forma preponderante, que los hechos ilícitos los reconoció el inculpado en sus declaraciones ministeriales y preparatoria; además de que los policías captores acudieron al domicilio momentos antes de ocurrir la agresión física a la agraviada; sin que tampoco pase desapercibido, que al declarar ministerialmente el procesado narró una forma más agresiva de haberle pegado a la víctima el día de los hechos delictivos, pero al declarar, en preparatoria, manifestó que sólo le dio unas cachetadas, pues expresó:
"... lo de la cisterna nunca la aventé y sí acepto que le di unas cachetadas en la cara y se espantó, y se metió para adentro (sic) del cuarto y yo también me metí, y le pedí disculpas y me dijo que tenía su amante desde que estaba en la fábrica de mechudos, y me lo dijo de palabra, por eso le pegué, porque ella lo provocó ..."
Ahora bien, la Sala responsable avaló correctamente las consideraciones del Juez del proceso para tener por acreditados los elementos del citado delito y la plena responsabilidad del quejoso en su comisión, y sólo modificó el fallo de primer grado para condenar al inconforme a la pérdida de los derechos hereditarios y de alimentos respecto de la agraviada, ante la omisión que, de esos aspectos, se incurrió en el fallo de primera instancia, lo que hizo valer en apelación el Ministerio Público.
No resulta óbice para lo anterior, lo que aduce el inconforme respecto a que existen contradicciones entre lo manifestado por las testigos de cargo y la denunciante; lo que manifiesta que se refleja también en lo señalado en los careos que sostuvieron las testigos y la ofendida con el quejoso; por lo que aduce el promovente que a las testigos no les constan los hechos sobre los que declararon y sus manifestaciones carecen de valor; aunado a que la confesión que hizo al declarar en preparatoria es inverosímil, al no encontrarse concatenada con otros medios de prueba, siendo que el Juez del proceso le dio el valor de confesión lisa y llana.
Lo anterior es infundado, pues es correcto que el Juez de primer grado haya considerado la confesión ministerial como lisa y llana (sin perder de vista que la ratificó en preparatoria), ya que reunió los requisitos previstos por el artículo 195 del código procesal de la entidad, de los que destaca que versó sobre hechos propios de su autor, sin que mediara coacción o violencia alguna pues, incluso el quejoso, estuvo asistido por un defensor social, circunstancias que, aunadas a la minuciosidad y congruencia que se aprecia en la versión del acusado, conllevaron al otorgamiento de validez plena a su confesión, acorde con lo previsto por los numerales 124, 125, 126, 194 y 195 del citado código procesal, que disponen:
"Artículo 124. La confesión es el reconocimiento de la propia responsabilidad y de la participación personal, en la comisión de un delito, en cualquiera de las formas señaladas en el artículo 21 del Código de Defensa Social."
"Artículo 125. La confesión podrá recibirse por el Ministerio Público en la averiguación previa, o por el Juez o tribunal que conozca del proceso y, en este segundo caso, se admitirá la confesión en cualquier estado del procedimiento hasta pronunciarse sentencia irrevocable."
"Artículo 126. Son aplicables a la confesión, las siguientes disposiciones:
"I. Ningún inculpado puede ser obligado a declarar;
"II. El inculpado deberá estar asistido de defensor en todas las diligencias en que sea interrogado, desde el momento de su detención."
"Artículo 194. La confesión produce su efecto tanto en lo que favorece como en lo que perjudica al acusado."
"Artículo 195. La confesión ante el Ministerio Público o ante el Juez hará prueba plena, cuando concurran las circunstancias siguientes:
"I. Que en su caso se haga por persona mayor de dieciocho años, en su contra, con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia alguna;
"II. Que sea hecha con la asistencia de su defensor, y de que el inculpado esté debidamente informado del procedimiento y del proceso;
"III. Que sea de hechos propios;
"IV. Que no existan en autos otras pruebas o presunciones que, a juicio de la autoridad judicial, la hagan inverosímil.
"Las investigaciones y demás diligencias que practiquen los agentes de la Policía Judicial, tendrán valor de testimonios que deberán complementarse con otras diligencias de prueba que practique el Ministerio Público, para atenderse en el acto de la consignación. En ningún caso se podrá tomar como confesión lo asentado por agentes de la Policía Judicial."
Además, también son infundados los argumentos del quejoso, ya que si bien es cierto lo que aduce, en cuanto a algunas discrepancias existentes en las declaraciones de las testigos de cargo, se trata de cuestiones accidentales y no de lo esencial de los hechos; esto es, las testigos son uniformes en manifestar que estuvieron presentes en el lugar que acontecieron los hechos delictivos, por ser vecinas de la ofendida, pues viven en casas cercanas al lugar en donde ocurrieron tales hechos, además, observaron cuando estuvieron los elementos de la policía en el domicilio del que se llevaron detenido al quejoso; por ende, si bien las referidas testigos incurren en algunas discrepancias de cómo es que se dieron cuenta de los hechos, sin embargo, estuvieron presentes cuando llegó la policía y se llevó detenido al inculpado, por lo que observaron que existía un conflicto entre la víctima y el inconforme.
No se pasa por alto que sólo una de las testigos, **********, fue la que presenció, desde afuera del domicilio en que ocurrieron los ilícitos, cuando el inculpado jaló a la pasivo de los cabellos, ya que los vio por una ventana de ese domicilio dado que, al respecto, manifestó:
"Decidí acercarme a la casa de mi vecina **********, y a un metro de llegar a su casa me percato que mi vecina se encontraba asomándose por la ventana de su casa que da a la calle, y desde ahí gritaba ‘ayúdenme, me quiere matar, me quiere aventar a la cisterna’; a pesar de que me acerqué hasta la ventana mi vecina no me veía, ya que se veía muy desesperada y nerviosa; cuando de pronto me doy cuenta que el señor **********, quien es esposo de mi vecina y tiene dos hijos, jaló a mi vecina de los cabellos y cerró la ventana; ante esto me fui a ver al presidente de la colonia, de quien sólo sé que se llama ********** ..."
Esto es, la testigo ********** no presenció cuando el inculpado le pegó a la víctima, empero, ese aspecto de ninguna manera desvirtúa la plena responsabilidad del quejoso en el delito que se le imputa, como tampoco es óbice que en la inspección ocular del lugar en que ocurrieron los hechos ilícitos, se haya omitido especificar si existía o no la cisterna a que se refirió la pasivo; lo anterior es así, ya que se encuentra reconocido por el procesado que discutió con la ofendida y le pegó con sus manos, es decir, los hechos ilícitos los reconoció el inculpado en sus declaraciones ministeriales y preparatoria, al manifestar que le dio cachetadas a la pasivo; existiendo la fe de lesiones y dictámenes médico y psicológico, así como el estudio de la trabajadora social que concluyen la afectación de la ofendida; siendo que los policías captores acudieron al domicilio momentos antes de que ocurrió la agresión física a la agraviada; de ahí que esa confesión que hizo el inculpado en su declaración preparatoria no es inverosímil, al encontrarse apoyada con el indicado material probatorio, resultando inaplicable la tesis que invoca de rubro: "CONFESIÓN. CARECE DE VALOR PROBATORIO CUANDO EXISTEN OTRAS PRUEBAS QUE LA HACEN INVEROSÍMIL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE)."
Máxime, al tomar en cuenta que este tipo de delitos se cometen en el interior del domicilio familiar, por lo que su realización, por lo regular, se lleva a cabo en forma oculta; siendo que la declaración de la víctima merece especial relevancia probatoria cuando; como en el caso, se encuentra corroborada con otros elementos de convicción.
Por tanto, ante la existencia de las referidas pruebas, no se desvirtúa la responsabilidad del inconforme, como lo afirma, por el hecho de que en los careos que sostuvo con la pasivo no le hizo una imputación directa al quejoso, ya que la ofendida no se retractó y sí le hizo imputaciones al declarar ministerialmente.
Al respecto, es aplicable la jurisprudencia número 226 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 129 del Tomo II del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece:
"OFENDIDO, VALOR DE LA DECLARACIÓN DEL. Es inatendible el argumento que niega valor probatorio a la declaración del paciente del delito, pues tanto equivaldría a sostener que era innecesario en la investigación judicial, el examen de la víctima de la infracción. En estas condiciones, la prueba de responsabilidad de determinados delitos que, por su naturaleza, se verifican casi siempre en ausencia de testigos, se dificultaría sobremanera, pues de nada serviría que la víctima mencionara el atropello, si no se le concediera crédito alguno a sus palabras. La declaración de un ofendido tiene determinado valor, en proporción al apoyo que le presten otras pruebas recabadas durante el sumario; por sí sola podrá tener valor secundario, quedando reducido al simple indicio, pero cuando se encuentra robustecida con otros datos de convicción, adquiere validez preponderante."
Finalmente, en cuanto a la individualización de la pena, se obtiene que el Juez de primera instancia, cuyas consideraciones fueron avaladas por la Sala responsable, se ajustó a lo dispuesto por los artículos 72 a 75 del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, pues determinó lo siguiente:
"... a) Circunstancias peculiares del acusado: ********** manifestó a esta autoridad de primer grado llamarse **********, ser de nacionalidad **********; originario de ********** con domicilio en calle **********, número ********** colonia ********** en **********; de ********** años de edad; fecha de nacimiento **********; estado civil **********; que sabe leer y escribir por haber cursado la secundaria; de ocupación **********, percibiendo un salario de **********; que es la primera vez que se encuentra detenido; que no tiene ningún apodo que **********; que no es afecto a las drogas ni enervantes, de religión católica; que dependen de él económicamente sus dos hijos, que sus padres se llaman **********y **********. Ante esas circunstancias debe decirse, que se trata de persona adulta, ambientada a las actividades de la zona urbana, porque esas características reviste su lugar de origen; que percibe un ingreso de **********; la naturaleza de la acción fue de daño a un miembro de la familia, específicamente a su **********, sin correr riesgo similar o peligro relativo, pues por su naturaleza masculina era superior en fuerza por su edad, debido a que se trata de persona adulta; que cursó el **********; que por su ilustración, cultura y experiencia en la vida diaria le permite adecuadamente discernir entre lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo, aceptando lo segundo; que no se encontraba bajo el influjo de bebidas embriagantes o de cualquier otra sustancia, entendiendo que la pasivo fue su concubina; que debida (sic) respetar, a pesar de sus diferencias, y el hecho de encausarlo significa que se le ha obligado a la reflexión y se facilita la solución a sus diferencias procurando su resocialización. b) Circunstancias exteriores del delito. Que sobre las circunstancias exteriores de ejecución del delito imputados aparece que acontecieron el día **********, aproximadamente a las diecinueve horas, en el domicilio ubicado en calle ********** de la colonia **********. c) La naturaleza de la acción y los medios empleados para su ejecución. Debe decirse que ésta fue de manera dolosa, pues aun conociendo el resultado típico, que efectivamente se dio y que la ley describe como un delito, el acusado quiso y aceptó el hecho descrito por la ley, llevándolo a cabo, y para realizar esta acción ocasionó un daño en la integridad física de la pasivo y un daño en la unión y normal desarrollo familiar. d) La extensión del daño causado. Siendo éste de gravedad ya que, además de que recayó en la integridad física y moral de la víctima, como miembro de la familia disolvió tal núcleo, que es base de la sociedad. e) El peligro corrido. Debiendo destacar que el acusado no se encontraba en posición de sufrir igual peligro o riesgo al momento de perpetrar el delito, pues dada su naturaleza masculina, era superior en fuerza a la pasivo. En esas condiciones, apreciando las peculiaridades del infractor, las circunstancias exteriores de ejecución, la naturaleza de la acción, los medios empleados para ejecutarla, la extensión del daño causado y el peligro corrido, se llega a la conclusión en el sentido de que la peligrosidad del activo es inferior del punto equidistante entre la mínima y la media, por lo que el suscrito, dentro de los límites de penalidad establecidos en el artículo 284 Bis del Código de Defensa Social para el Estado, estima justo y legal condenar a ********** a sufrir una pena privativa de libertad por el término de 1 un año, 3 tres meses, 21 veintiún días de prisión y una multa que resulte del equivalente a 56 cincuenta y seis días de salario mínimo vigente en la época y región en que sucedieron los hechos delictivos ..."
De lo anterior se advierte que se valoraron tanto las circunstancias peculiares del delincuente y las exteriores de ejecución del delito como su edad, escaso ingreso, que no ha sido procesado por delito alguno, de tal suerte que si en el caso la autoridad judicial sopesó datos que perjudican al quejoso, como aquéllos que lo favorecen, es claro que justificó el grado de peligrosidad cercana a la mínima en que lo ubicó, imponiéndole una pena de un año, siete meses, quince días de prisión.
Luego, es evidente que, al haberse estimado que la peligrosidad del promovente del amparo se ubicó en el grado señalado, que se advierte cercana a la mínima, esa determinación es congruente con las circunstancias externas del delito y con las peculiares del infractor, dándose las razones para ello; y tal grado de culpabilidad fue precisado debidamente; al respecto se invoca la jurisprudencia 1a./J. 157/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 347 del Tomo XXIII, enero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:
"INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. DEBE SER CONGRUENTE CON EL GRADO DE CULPABILIDAD ATRIBUIDO AL INCULPADO, PUDIENDO EL JUZGADOR ACREDITAR DICHO EXTREMO A TRAVÉS DE CUALQUIER MÉTODO QUE RESULTE IDÓNEO PARA ELLO.-De conformidad con los artículos 70 y 72 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, el Juez deberá individualizar la pena, dentro de los límites previamente fijados por el legislador, con base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente. De ahí que la discrecionalidad de la que goza aquél para cuantificar las penas esté sujeta a que motive adecuadamente el lugar o escalafón en el que se ubica el grado de reproche imputado al inculpado, dentro del parámetro que va de una culpabilidad mínima a una máxima, para así poder demostrar, en cumplimiento a las normas que rigen la individualización de la pena y con el principio de exacta aplicación de la ley, que el quántum de la pena resulta congruente con el grado de reproche del inculpado, por encontrarse ambos en igual lugar dentro de sus respectivos parámetros. Para lograr tal fin, el juzgador puede valerse de cualquier método que resulte idóneo para ello, pues no existe norma alguna que lo constriña a adoptar algún procedimiento matemático en específico, entre los diversos que resulten adecuados para desempeñar dicha labor."
Asimismo, la condena a la reparación del daño moral por setenta y cinco días de salario mínimo vigente en la región, se ajusta a lo dispuesto por los numerales 50 Bis y 51, fracción II, del Código de Defensa Social del Estado, en relación con lo previsto por el numeral 1995 del Código Civil de Puebla; también es procedente la condena a la reparación de daño material, que podrá cuantificarse en ejecución de sentencia.
También la amonestación y la suspensión de derechos civiles y políticos son ajustadas a la legalidad, pues se encuentran previstas en el artículo 37, fracciones I y VII, del código sustantivo de la materia, y son consecuencia de una sentencia de condena, al igual que la condena al inconforme a la pérdida de los derechos hereditarios y de alimentos respecto de la agraviada, que se encuentra prevista en el citado artículo 284 Bis del Código de Defensa Social del Estado, como consecuencia también de dicha sentencia condenatoria.
Bajo ese contexto, no habiendo materia para suplir la deficiencia de la queja, conforme a lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, procede negar la protección constitucional solicitada; negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución, ya que no fueron reclamados por vicios propios, sino como consecuencia del atribuido a la autoridad ordenadora.
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 91, emitida por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 72 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice:
"AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.-Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía."
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********** contra las autoridades y los actos que reclama, los cuales quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados José Mario Machorro Castillo, presidente, Diógenes Cruz Figueroa y Margarito Medina Villafaña. Fue ponente el primero de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 18, 19, 20, fracción VI y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22523-9a541acf/dictamenes-y-certificados-periciales-los-peritos-emisores-tienen · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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