CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DECRETO 591 EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ EL 4 DE ENERO DE 2010, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 18 DE ENERO DE ESE AÑO, POR EL CUAL SE FIJAN LOS LÍMITES TERRITORIALES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CHINAMECA Y OTEAPAN, TRANSGREDE LAS GARANTÍAS DE AUDIENCIA PREVIA Y DEBIDO PROCESO CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 11/2010. MUNICIPIO DE CHINAMECA, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
MINISTRO PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA.
SECRETARIA: MAKAWI STAINES DÍAZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintinueve de septiembre de dos mil diez.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la demanda, autoridades demandadas y actos impugnados. Por oficio recibido el dieciocho de febrero de dos mil diez, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Alejandro Trujillo Jara y Benito Primo Hernández, quienes se ostentaron como presidente municipal y síndico del Municipio de Chinameca del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, promovieron controversia constitucional en la que se demandó la invalidez del acto que más adelante se precisa, emitido por las autoridades que a continuación se señalan:
1. Autoridades demandadas:
a) El Poder Legislativo del Estado de Veracruz.
b) El Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.
2. Acto cuya invalidez se demanda: El Decreto 591 de cuatro de enero de dos mil diez, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el dieciocho del mismo mes y año.
3. Con el carácter de tercero interesado compareció el Municipio de Oteapan, Estado de Veracruz.
SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron los siguientes:
a) El Decreto 537, de veinticinco de febrero de dos mil tres, puso fin al conflicto de límites existente entre los Municipios de Chinameca y Oteapan, ambos del Estado de Veracruz, al cumplir con todos los requisitos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Local y de las leyes secundarias.
Con la intención de dar por terminado el conflicto, mediante minuta de dieciséis de diciembre de dos mil ocho, firmada por los presidentes municipales y síndicos de ambos Municipios, así como por los comités prodefensa de los límites territoriales de los Municipios, por el presidente y secretario de la Comisión Permanente de Límites Intermunicipales del Congreso del Estado, en presencia del representante de la Subsecretaría de Gobierno de la Dirección de Política Regional del Estado de Veracruz, se acordó estar y pasar de manera definitiva respecto de todos y cada uno de los términos del Decreto 537.
En seguimiento a dicho acuerdo, al emitir la opinión solicitada por el Congreso del Estado en cumplimiento a lo previsto en el artículo 4o. de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, previo a la emisión del Decreto 591, ahora impugnado, en sesión de Cabildo de nueve de diciembre de dos mil nueve, se acordó aprobar por unanimidad la ratificación del contenido del Decreto 537 de treinta de enero de dos mil tres y se aceptó erogar el cincuenta por ciento del cobro que se generara con la intervención del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
b) El Congreso del Estado, previo a emitir el decreto impugnado, incumplió con lo previsto en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, al omitir la promulgación por parte del Ejecutivo de la entidad y ordenar su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.
Ante dicha omisión, la Secretaría de Gobierno por medio de su director general jurídico emitió un acuerdo, publicado en la propia gaceta el veintisiete de enero de dos mil diez, a través del cual dejó sin efectos la publicación del decreto impugnado.
c) No obstante las reiteradas peticiones a la Legislatura Estatal, tanto del Municipio de Chinameca, como del de Oteapan, hasta el mes de febrero de dos mil diez, no se había dado cumplimiento al Decreto 537 de veinticinco de febrero de dos mil tres.
TERCERO. Conceptos de invalidez. La parte actora esgrimió, en síntesis, que:
a) El artículo 14 constitucional establece la garantía de previa audiencia como principio rector del derecho a la defensa del gobernado, el cual garantiza un procedimiento en el que deben cumplirse las formalidades esenciales, seguido conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho o acto.
En el caso, la violación se produce, pues el Decreto 591, proviene y se fundamenta en documentales utilizadas y "conceptuadas ex profeso".
b) Además, se incumplió con la formalidad prevista por el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pues no se remitió el decreto al Ejecutivo Estatal para su promulgación y publicación en la gaceta de la entidad.
Esta anomalía fue detectada por la Secretaría de Gobierno del Estado y, con fundamento en los artículos 15 y 17, fracción VII, del reglamento interior de esa secretaría, el director general jurídico del Poder Ejecutivo ordenó, mediante acuerdo publicado en la Gaceta Oficial el veintisiete de enero de dos mil diez, dejar sin efectos la publicación del decreto impugnado.
c) De igual forma se vulnera el artículo 16 de la Constitución General de la República, pues el Decreto 591 que limita y restringe el territorio del Municipio de Chinameca, Veracruz, se encuentra fundado en el artículo 27 constitucional y en las leyes de reforma agraria que no tienen aplicabilidad ni nexo con el numeral 115 de la Norma Fundamental, que es la base del federalismo al ser el principio de la división territorial del país.
Por lo que hace a la motivación del acto, la Comisión Permanente de Límites Intermunicipales del Congreso del Estado utiliza en el capítulo de antecedentes de su proyecto de decreto los documentos que considera adecuados para su finalidad y les da el valor que cree indispensable para motivar el acto de autoridad que resulta inconstitucional, pues no se encuentra debidamente fundado y motivado, al valorar en su conjunto los medios de convicción.
d) Asimismo, con la emisión del acto impugnado se vulneró el artículo 115 constitucional, en vinculación con el numeral 68 de la Constitución del Estado, al contravenirse las instituciones fundamentales del federalismo, así como la garantía de audiencia y legalidad.
e) También se violan los principios de legalidad y definitividad de la cosa juzgada, ya que el Decreto 537 de treinta de enero de dos mil tres, generó una situación de hecho y de derecho a favor del Municipio de Chinameca, Veracruz, en lo que respecta a los límites intermunicipales, al haber sido emitido con todas las formalidades de ley y estar debidamente motivado.
En contra del citado decreto, el Municipio de Oteapan promovió el juicio de amparo 206/2003, tramitado ante el Juez Noveno de Distrito en ese Estado, el cual fue sobreseído y negado. La sentencia fue impugnada mediante recurso de revisión RAD. 328/2003, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, en el que revocó y sobreseyó, por lo que dicha ejecutoria es inamovible y constituye la verdad legal. En esas condiciones, el Decreto 537 debía ser acatado en sus términos, pues desde el dictado de la sentencia transcurrieron más de seis años, sin que la autoridad responsable hubiera cumplido con sus obligaciones constitucionales.
Además, el Decreto 537 fue impugnado por el Municipio de Oteapan, Veracruz, mediante la controversia constitucional 60/2004, la cual se sobreseyó, al actualizarse una causa de improcedencia.
CUARTO. Artículos constitucionales que se aducen violados. Los preceptos que se estiman infringidos son: 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Admisión y trámite. Por acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil diez, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 11/2010 y, por razón de turno, designó al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para que instruyera el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.
Mediante proveído de veintitrés de febrero de dos mil diez, el Ministro instructor admitió la demanda, ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que formularan su contestación y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera, así como al Municipio de Oteapan, Estado de Veracruz, a quien tuvo con el carácter de tercero interesado.
SEXTO. Contestación del Poder Legislativo. En su escrito, sustancialmente, señaló:
a) El Congreso Local cumplió con la garantía de audiencia que tutela el artículo 14 constitucional, pues del análisis del dictamen emitido se advierte que en el antecedente uno se estableció que por oficio DP-SO/1er/1er/109/2005, de catorce de abril de dos mil cinco, se turnó a la Comisión Permanente de Límites Territoriales, el oficio de siete de abril de dos mil cinco, firmado por la entonces diputada Gladys Merlín Castro, mediante el cual presentó minuta de trabajo con el acuerdo de los presidentes municipales de Chinameca y Oteapan, de establecer un diálogo a fin de buscar la solución al conflicto limítrofe.
b) También se turnó a dicha comisión el oficio 041/06, de nueve de marzo de dos seis, firmado por el presidente municipal, por el síndico único y por el secretario del Ayuntamiento de Chinameca, a través del cual solicitaron la intervención del Congreso para que el Ayuntamiento de Oteapan acatara el Decreto 537.
c) De los antecedentes del dictamen se advierte la existencia de una minuta de trabajo de seis de abril de dos mil cinco, en donde intervinieron representantes del Distrito Electoral XXVII, del Gobierno del Estado y de los Municipios involucrados en la que se resalta la disponibilidad de ambos Ayuntamientos para la solución del conflicto de límites entre ellos.
Asimismo, de los antecedentes del decreto se acredita que los integrantes del Ayuntamiento de Chinameca tuvieron intervención en el procedimiento, por lo que sí se respetó la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional.
d) El Congreso dio cumplimiento al artículo 14 de la Constitución General, que garantiza un procedimiento en el que se cumplan las formalidades esenciales, seguido conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho, puesto que el trámite legislativo se llevó a cabo de conformidad con el artículo 35 de la Constitución Local.
El asunto fue turnado a la Comisión Permanente de Límites Intermunicipales, ésta realizó el dictamen, fue discutido en el Pleno del Congreso y aprobado por la mayoría que exigen la Constitución Local y la Ley Orgánica del Municipio Libre y, posteriormente, turnado al titular del Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.
El artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que el Municipio actor aduce contravenido, no resulta aplicable al caso, pues se refiere al supuesto en que el decreto o ley no sea devuelto dentro de los días hábiles siguientes a su recepción; por lo que, si el Ejecutivo promulgó y mandó publicar el decreto, significa que lo aprobó.
e) En relación con el acuerdo por el que el director general jurídico de la Secretaría de Gobierno del Ejecutivo Estatal dejó sin efecto la publicación del Decreto 591, estima que no puede tener ningún efecto, pues los artículos 15 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 17, fracción VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, no son un fundamento idóneo para dicho acto, pues de acuerdo con la Constitución del Estado, el facultado para promulgar y publicar el decreto impugnado es el Poder Ejecutivo.
En esos términos, si el gobernador no hizo uso de la atribución que le concede el artículo 36 constitucional local, se estima que aprobó y consintió el decreto, por lo que lo promulgó y mandó publicar, siendo, por tanto, un acto formalmente válido.
f) Es infundado el concepto de invalidez relativo a la vulneración al artículo 16 constitucional, por falta de fundamentación y motivación del Decreto 591, al sustentarlo en el artículo 27, que no tiene nexo alguno con el artículo 115, ambos de la Norma Fundamental y con el indebido valor de los documentos mencionados en el proyecto de decreto.
Lo anterior, puesto que la abrogación del Decreto 537 se hizo con fundamento en el artículo 33, fracciones I y XI, inciso a), de la Constitución Local, que faculta al Congreso para aprobar, reformar y abolir las leyes o decretos, así como para aprobar, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, previa opinión del o los Ayuntamientos interesados y del Gobierno del Estado, la fijación del territorio, límites y extensión que corresponda a cada Municipio, y resolver las cuestiones que surjan entre los Municipios.
En apoyo a lo anterior, cita la tesis jurisprudencial de la Séptima Época, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA."
g) Tampoco se vulneró el artículo 115 constitucional, pues dicho precepto da a las Legislaturas de los Estados facultades para intervenir en aspectos de la administración pública municipal, de acuerdo a las Constituciones Locales. En el caso, el artículo 33, fracción XI, inciso f), de la Constitución Local, prevé que el órgano legislativo intervenga en los conflictos de límites entre los Municipios.
h) Por lo que hace al concepto de invalidez consistente en que se vulneró el principio de legalidad y definitividad de la cosa juzgada, resulta también infundado, pues el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, al resolver el expediente RAD. 328/2003, no entró al fondo del asunto, sino que revocó la sentencia dictada por el Juez de Distrito y sobreseyó, en virtud de que el juicio de amparo no era procedente para impugnar el Decreto 537.
Además, tratándose de leyes, decretos y acuerdos, por su propia naturaleza no adquieren calidad de cosa juzgada, al ser susceptibles de modificación.
SÉPTIMO. Contestación del Poder Ejecutivo. En síntesis, manifestó:
a) Se respetó la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional, puesto que el Congreso le remitió al Ejecutivo el dictamen con proyecto de decreto para que emitiera su opinión, por lo que pudo analizar los antecedentes. De ellos advirtió que se turnó a la Comisión Permanente de Límites Territoriales Intermunicipales el oficio de la entonces diputada Gladys Merlín Castro, en el que presentaron minuta de trabajo que contiene los acuerdos de los presidentes municipales de Chinameca y Oteapan, con la finalidad de buscar la solución al problema limítrofe.
Asimismo, se turnó a dicha comisión el oficio 041/06 de nueve de marzo de dos mil seis, firmado por integrantes del Ayuntamiento de Chinameca, en el cual solicitan la intervención del Congreso para que el Ayuntamiento de Oteapan acatara el Decreto 537.
De igual forma se observa la existencia de la minuta de trabajo de seis de abril de dos mil cinco, en donde intervinieron representantes del Gobierno del Estado y de los Municipios actor y tercero interesado, en la que destaca el interés de los Ayuntamientos involucrados para solucionar el problema limítrofe. Por tanto, se respetó la garantía de audiencia del Municipio actor.
No se vulneró la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, pues el procedimiento para la expedición del Decreto 591 fue llevado a cabo por el Poder Legislativo, cumpliendo con todas sus fases, por lo que la publicación en la Gaceta Oficial del Estado fue el último trámite, que fue debidamente observado.
b) Por lo que hace a la aducida falta de observancia de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, es igualmente infundado, pues el Ejecutivo ordenó la publicación del Decreto 591, el cual fue debidamente promulgado y publicado en la Gaceta Oficial de la entidad en cumplimiento a lo establecido en el artículo 49, fracción II, de la Constitución Local, siendo irrelevante que se hubiere publicado después de los diez días a que refiere el citado precepto de la ley orgánica, pues en ningún momento el gobernador se negó a publicarlo, único supuesto en el que procedería la publicación directa por parte del Congreso.
c) El acuerdo publicado el veintisiete de enero de dos mil diez, por el director general jurídico, para dejar sin efecto la publicación del Decreto 591, no lo invalida, pues se trata de un trámite administrativo que faltaba de subsanarse, pero no de una parte esencial del procedimiento, por lo que subsiste la validez del decreto aludido.
d) El decreto impugnado fue emitido con fundamento en el artículo 33, fracciones I y XI, inciso a), de la Constitución del Estado, en concordancia con el 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme con los cuales tiene la atribución para aprobar por mayoría calificada la fijación del territorio, límites y extensión de cada Municipio, por lo que el acto impugnado se encuentra debidamente fundado y motivado.
e) Tampoco existió violación de las garantías de audiencia y de legalidad, en relación con los artículos 115 de la Constitución Federal y 68 de la Constitución Estatal, puesto que el Congreso Local actuó dentro de las atribuciones conferidas en el artículo 33, fracción IX, inciso f), de la Constitucional Local.
f) Finalmente, no se actualiza la violación de los principios de legalidad y definitividad de la cosa juzgada, relativa al juicio de amparo y a la controversia constitucional promovidas por el Municipio de Oteapan, en los que se impugnó el Decreto Número 537 de fecha treinta de enero de dos mil tres, pues no hubo pronunciamiento de fondo, al haberse sobreseído en ambos procesos.
OCTAVO. Opinión del Municipio de Oteapan, Estado de Veracruz. En el escrito respectivo, señaló:
a) La creación y publicación del decreto impugnado cumplió con los principios de legalidad y seguridad jurídica que establece el artículo 14 constitucional, actuando el Congreso Estatal de manera imparcial, sin omitir ningún requerimiento legal, no afectando así el patrimonio territorial del Municipio de Chinameca.
La publicación por parte del Ejecutivo Estatal del decreto impugnado, se encuentra debidamente realizada, aun cuando el director estatal jurídico perteneciente a aquel poder, lo haya dejado sin efectos posteriormente.
No obstante lo anterior, el Decreto 591 no perdió imperio legal ya que fue votado por la Legislatura Local de conformidad con sus facultades, establecidas en la Constitución Local, en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en el Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo.
b) En ese orden de ideas el Congreso y el Poder Ejecutivo estatales valoraron correctamente las pruebas aportadas por los actores y por el Municipio de Oteapan, en el procedimiento de creación del Decreto 591, por consiguiente, deben ser inatendibles los conceptos de invalidez de la parte actora vertidos en su contra, los cuales no pueden ser considerados como tales, al no hacer una relación lógica jurídica de los hechos.
Tienen aplicación, por analogía, las jurisprudencias III.1o.P. J/11, cuyo rubro señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CASO EN QUE TÉCNICAMENTE NO EXISTEN." y I.6o.C. J/29, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO EN ELLOS NO PRECISAN CUÁLES FUERON LOS AGRAVIOS CUYO ESTUDIO SE OMITIÓ Y LOS RAZONAMIENTOS LÓGICO-JURÍDICOS TENDENTES A COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA.".
c) En el caso, se respetó la autonomía municipal y los principios del federalismo contenidos en el artículo 115 de la Constitución Federal, ya que el Congreso y el Poder Ejecutivo Locales hicieron uso debido y adecuadamente de las leyes que los facultan para decidir sobre el conflicto de límites territoriales invocado, al hacer un estudio analítico e integral de las pruebas, con lo que estuvo de acuerdo el Municipio actor, así como los principios de fundamentación y motivación de la causa del procedimiento.
d) Son inciertas las violaciones a las garantías de audiencia y legalidad, al constar en la Gaceta Legislativa de diecisiete de diciembre de dos mil nueve, la manifestación, decisión y conformidad de las determinaciones de las autoridades legislativas, así como de la forma en que se llevaron a cabo las resoluciones de los decretos en cuestión.
e) Resulta inatendible lo manifestado por la parte actora en relación al principio de definitividad de la cosa juzgada, toda vez que tanto el amparo como la controversia constitucional promovidas por este Municipio fueron sobreseídas, por tanto, no entraron al fondo del asunto, pudiendo el Congreso Estatal legislar sobre la materia de conformidad con la Constitución Local, en consecuencia, no existe ninguna violación constitucional en perjuicio del Municipio actor.
NOVENO. Opinión del procurador general de la República. El procurador al formular su opinión manifestó, en síntesis:
a) La Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional.
b) El Municipio de Chinameca, Estado de Veracruz, goza de legitimación procesal activa, y su representación recae en el síndico municipal, quien compareció en la demanda, acreditando su personalidad.
c) La controversia fue promovida oportunamente, toda vez que el Municipio actor se ostentó sabedor del decreto combatido por su publicación en la Gaceta Oficial del Estado, el dieciocho de enero de dos mil diez; por lo que el plazo para presentar la demanda empezó a correr el diecinueve de enero de dos mil diez, feneciendo el tres de marzo del mismo año, habiéndose presentado el dieciocho del mismo mes y año.
d) Se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105, en relación con la fracción I, inciso c), del numeral 105 de la Constitución General, ya que el Municipio actor no especifica la forma en la cual se ve afectado su ámbito competencial con el decreto impugnado, por lo que no hay un principio de agravio en su perjuicio que actualice el interés legítimo para promover la controversia constitucional.
Resultando innecesario el estudio de fondo del juicio para llegar a la citada conclusión, de conformidad con la tesis de jurisprudencia P./J. 50/2004, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DEL FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN."
e) El concepto de invalidez aducido en relación con las violaciones al procedimiento legislativo resulta infundado, en virtud de que del análisis integral de las constancias y en específico del oficio P-65/2006 de veintiocho de julio de dos mil seis, así como del escrito de veintitrés de agosto de dos mil seis y del oficio sin número de diecinueve de noviembre de dos mil nueve, se desprende que tanto los Municipios de Chinameca y Oteapan, como el gobernador del Estado, emitieron la opinión solicitada por la Comisión Permanente de Límites Territoriales Intermunicipales del Congreso del Estado, respecto del conflicto de límites territoriales entre los Municipios citados.
En consecuencia, no se transgredió la garantía de audiencia del Municipio actor, ya que fue la propia comisión quien solicitó a los Municipios involucrados y al gobernador del Estado fijar su opinión respecto del conflicto territorial en cuestión, de conformidad con el artículo 33 de la Constitución Local.
f) En cuanto a la supuesta vulneración al artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, resulta infundada, puesto que el gobernador del Estado no hizo observaciones al Decreto 591 y, en términos de los artículo 49, fracción II, de la Constitución Local y 49, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, aquél fue promulgado y publicado el dieciocho de enero de dos mil diez en la Gaceta Oficial del Estado.
Por tanto, no se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, toda vez que el Poder Ejecutivo decidió no hacer observaciones al decreto impugnado, debiendo tenerse como aprobado.
Por su parte, el acuerdo suscrito por el director general jurídico de la Secretaría de Gobierno del Estado en el que deja sin efectos la publicación del decreto impugnado, carece de validez al ser emitido por un funcionario sin facultades para hacerlo, pues la atribución de promulgar las leyes y los decretos que expida el Congreso de la entidad, es exclusiva del Poder Ejecutivo Local.
g) Resulta infundada la violación al artículo 16 de la Constitución Nacional, toda vez que el decreto impugnado fue emitido por el órgano legislativo local, de conformidad con las facultades previstas en el artículo 33, fracción XI, incisos a) y f), de la Constitución Local, para legislar en materia de límites territoriales, con lo que se cumple el requisito de fundamentación.
En cuanto a la debida motivación, se advierte que el decreto obedeció a la inconformidad de los Municipios de Oteapan y Chinameca respecto de la solución al problema de límites territoriales entre ambos Municipios, de donde se advierte que en el acto impugnado se regularon circunstancias sociales que ameritaban ser jurídicamente reguladas.
h) Tampoco se viola el principio de la cosa juzgada, pues tanto el juicio de amparo indirecto 206/2003-IV, como la controversia constitucional 60/2004, mediante los cuales se impugnó el Decreto 537, fueron sobreseídos, lo que implica que no se entró al estudio de fondo de esos asuntos y, en consecuencia, no se hizo algún pronunciamiento respecto de los temas tratados en los mismos.
i) En relación con la vulneración al artículo 115 de la Constitución Federal, el Municipio actor no vierte argumento alguno al respecto y, en suplencia de la queja, no advierte contraposición alguna.
DÉCIMO. Cierre de la instrucción. Agotado el trámite respectivo, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 7o., fracción I, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el punto tercero, fracción I, del Acuerdo 5/2001, reformado por el Tribunal Pleno mediante Acuerdo 3/2008 de diez de marzo de dos mil ocho, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Estado de Veracruz por conducto de sus Poderes Legislativo y Ejecutivo y el Municipio de Chinameca, de la misma entidad, sin que se haya impugnado una norma general.
SEGUNDO. Oportunidad. Enseguida se analizará si la demanda se presentó en forma oportuna, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente.
El Municipio actor impugna el Decreto 591, de cuatro de enero de dos mil diez, publicado el dieciocho del mismo mes y año, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, el cual tiene naturaleza de acto, en tanto crea una situación jurídica particular y concreta, consistente en determinar los límites territoriales entre los Municipios de Oteapan y Chinameca, ambos de esa misma entidad.
De conformidad con el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia,(1) tratándose de actos, el plazo para la promoción de controversias constitucionales será de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.
En el caso, el Municipio actor se ostentó sabedor del decreto impugnado, con motivo de su publicación en el medio de difusión oficial del Estado, el dieciocho de enero de dos mil diez, por lo que el plazo transcurrió del martes diecinueve de enero al miércoles tres de marzo de dos mil diez, debiendo descontarse del cómputo los días veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de enero, seis, siete, trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de febrero, por corresponder a sábados y domingos, así como los días primero y cinco de febrero del mismo año por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 2o. de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el diverso 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el 74, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo y el Acuerdo 2/2006 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de treinta de enero de dos mil seis.
En consecuencia, toda vez que la demanda de controversia constitucional se presentó el dieciocho de febrero de dos mil diez en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, según se advierte del sello de recepción, es evidente que su presentación fue oportuna.
TERCERO. Legitimación de la parte actora. A continuación se procederá a analizar la legitimación activa, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
Los artículos 10, fracción I y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional(2) establecen que el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.
En el presente asunto, promovieron la controversia constitucional Javier Alejandro Trujillo Jara como presidente municipal y Benito Primo Hernández, como síndico único del Municipio de Chinameca, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Por lo que hace al presidente municipal, mediante prov
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22550-b665e034/controversia-constitucional-el-decreto-591-emitido-por-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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