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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES RELATIVAS A LOS RAMOS 28 Y 33, FONDOS III Y IV, DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, QUE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO, DISTRITO DE JUCHITÁN, DE ESA ENTIDAD, POR EL MES DE FEBRERO DE 2010, VULNERA EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA DE DAR TRÁMITE A LA SOLICITUD DE REVOCACIÓN DEL MANDATO PROMOVIDO POR EL CABILDO EN PLENO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO, DISTRITO DE JUCHITÁN, DE ESA ENTIDAD, EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2009 EN CONTRA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE DICHO ENTE, ASÍ COMO LA FALTA DE PRONUNCIAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA MEDIDA PRECAUTORIA SOLICITADA CONSISTENTE EN LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL MANDATO DEL MENCIONADO FUNCIONARIO MUNICIPAL, VULNERA LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. RECURSOS FEDERALES A LOS MUNICIPIOS. CONFORME AL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE SUS RECURSOS ECONÓMICOS, LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA GENERA INTERESES.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 8/2010. · Registro digital (IUS): 22411
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO, DISTRITO DE JUCHITÁN, ESTADO DE OAXACA.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, , Pág. 965.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 8/2010. MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO, DISTRITO DE JUCHITÁN, ESTADO DE OAXACA.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.

SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintitrés de junio de dos mil diez.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la demanda, autoridades demandadas y actos impugnados. Por escrito presentado el dieciséis de febrero de dos mil diez, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Vélez Salinas, en su carácter de síndico del Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Estado de Oaxaca, promovió controversia constitucional en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se señalan:

1. Autoridades demandadas:

a) Poder Legislativo del Estado de Oaxaca.

b) Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

2. Actos reclamados:

a) Negativa u omisión de dar trámite a la solicitud de revocación del mandato promovido por el Cabildo en Pleno del Municipio actor, ante el Congreso del Estado, en contra del C. Nexin Cruz Jiménez, en su carácter de presidente municipal constitucional; así como la falta de pronunciamiento y resolución de la medida precautoria solicitada, consistente en la suspensión provisional del mandato del funcionario municipal mencionado, durante el procedimiento y hasta que se resuelva el fondo del asunto.

b) La indebida entrega de las participaciones correspondientes al ramo 28 y las aportaciones que corresponden al ramo 33, fondos III y IV, del presupuesto de egresos de la Federación, que corresponden al Municipio actor, a personas que carecen de facultades para recibirlas, por no formar parte de la Comisión de Hacienda Municipal, designada por acuerdo de Cabildo de diecisiete de septiembre de dos mil nueve.

c) La ilegal retención a partir del mes de febrero del año dos mil diez, de las participaciones correspondientes al ramo 28 y las aportaciones que corresponden al ramo 33, fondos III y IV, del presupuesto de egresos de la Federación que corresponden al Municipio actor, por conducto de la Comisión de Hacienda Municipal, designada en sesión de Cabildo de fecha diecisiete de septiembre de dos mil nueve.

d) La entrega de las participaciones y recursos financieros que corresponden al Municipio actor, correspondientes a los ramos 28 y 33, fondos III y IV, del presupuesto de egresos de la Federación, con sus intereses que se generen durante el periodo que implique la retención ilegal reclamada en los términos señalados por la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Oaxaca.

e) Todos los actos tendentes a retener, dilatar e impedir la entrega de las participaciones y aportaciones que corresponden al Municipio actor, de los ramos 28 y 33, fondos III y IV, a quienes integran la Comisión de Hacienda Municipal, lo que contraviene el acuerdo de Cabildo de fecha diecisiete de septiembre de dos mil nueve.

SEGUNDO. Antecedentes. Como antecedentes de los actos cuya invalidez se demanda se manifestaron los siguientes:

1. Que los integrantes del Ayuntamiento del Municipio actor, fueron legalmente electos bajo el régimen de partidos políticos en los respectivos cargos para formar parte del Ayuntamiento durante el bienio de dos mil ocho a dos mil diez, según obra en la constancia de mayoría y validez expedida por el Instituto Estatal Electoral, a través del Consejo Municipal Electoral de Santo Domingo Ingenio, de fecha once de octubre de dos mil siete.

2. El Consejo Municipal Electoral expidió en la misma fecha, la constancia de asignación a favor de los concejales electos por representación proporcional a Carlos Domínguez Cruz y Héctor Cruz Guzmán y sus suplentes Martha Antonio Santiago y Ernesto Ramírez Carrasco.

3. Una vez integrado legalmente el Ayuntamiento, a propuesta del presidente municipal, se designó a Daniel Robles Flores y Cliserio Santiago Carrasco, como tesorero y secretario municipal, respectivamente, por lo que una vez conformado en su integridad se tramitaron las acreditaciones correspondientes, mismas que expidió la Secretaría General de Gobierno a favor de cada uno de los integrantes de la siguiente manera:

a) Nexin Cruz Jiménez, presidente municipal.

b) Javier Vélez Salinas, síndico municipal.

c) Román Jiménez Ríos, regidor de Hacienda.

d) Osmar Escobar Santiago, regidor de Obras Públicas.

e) Yazmín Altamirano Trujillo, regidor de Educación.

f) Héctor Cruz Guzmán, regidor de Salud.

g) Alberto Morales Fuentes, regidor de Desarrollo Rural.

h) Daniel Robles Flores, tesorero municipal.

i) Cliserio Santiago Carrasco, secretario municipal.

4. Por acuerdo de fecha diecisiete de septiembre de dos mil nueve, el Cabildo en Pleno designó una nueva Comisión de Hacienda Municipal, con el objeto de que los recursos y participaciones municipales sean entregados al ahora Municipio actor por conducto de ésta, a fin de transparentar el destino y aplicación de los mismos, y se facultó al síndico municipal Javier Vélez Salinas para promover las acciones legales correspondientes en contra del primer concejal del Ayuntamiento a fin de que éste rindiera la cuenta pública respectiva.

5. En cumplimiento al acuerdo de Cabildo de fecha diecisiete de septiembre de dos mil nueve, por escrito de diecisiete de noviembre del mismo año, el Cabildo en Pleno solicitó la revocación del mandato del presidente municipal, Nexin Cruz Jiménez, por las razones invocadas en la solicitud presentada ante el Congreso Local, en la que se pidió la suspensión provisional en el cargo de éste, como medida precautoria; sin embargo, a la fecha el Poder Legislativo Estatal ha omitido pronunciarse y resolver lo conducente respecto de lo solicitado.

6. El Cabildo municipal, por conducto de la Comisión de Hacienda Municipal, cobró los recursos y participaciones municipales hasta el mes de enero de dos mil diez; sin embargo, al pretender cobrar los correspondientes al mes de febrero de dos mil diez, el recaudador de rentas dependiente de la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, informó a dicha comisión que por instrucciones del Gobierno del Estado y del secretario de Finanzas se le había ordenado retener la entrega de las participaciones y aportaciones de los ramos 28 y 33, fondos III y IV, que corresponden al Municipio actor, con el fin de entregarlos al presidente municipal para que apoye económicamente en la contienda electoral que se avecina en el Estado de Oaxaca.

TERCERO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte actora estimó violado el artículo 115, fracciones I, II, III, IV y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO. Conceptos de invalidez. La parte actora esgrimió en síntesis, lo siguiente:

1. La omisión de la legislatura de dar trámite a la solicitud de revocación del mandato, promovida por el Cabildo en Pleno del Municipio actor en contra del presidente municipal, es violatoria de los artículos 93, 94, 95 y 96 de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, que establecen el procedimiento que debe llevar a cabo la Legislatura Estatal, cuando sea presentada una solicitud de revocación del mandato de cualquiera de los integrantes de un Ayuntamiento municipal; sin embargo, de los citados preceptos no se advierte plazo dentro del cual la legislatura deba admitir a trámite la solicitud, razón por la que debió hacerlo dentro del plazo de tres días siguientes a la fecha de su presentación, conforme al artículo 127 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente por disposición expresa del artículo 10 de la Ley Municipal para el Estado.

De lo anterior, es evidente que ha transcurrido en exceso el plazo legal que tiene el Congreso Local para admitir a trámite la solicitud de revocación, lo que genera inestabilidad económica y social en el Municipio, ya que los actos atribuidos al funcionario público cuya revocación del mandato se solicita son de naturaleza grave, al afectar las finanzas públicas municipales ante la falta de comprobación legal y aplicación de los recursos que indebidamente dispuso el funcionario municipal, violando con ello la autonomía municipal prevista en el artículo 115 constitucional.

2. Los actos consistentes en retener, dilatar e impedir la entrega de las participaciones y aportaciones que corresponden al Municipio actor, de los ramos 28 y 33, fondos III y IV, a quienes integran la Comisión de Hacienda Municipal, en cumplimiento al acuerdo de Cabildo de diecisiete de septiembre de dos mil nueve, son actos que violan la autonomía municipal y que conlleva a que la pretensión de entregarlos a diverso funcionario sin que tenga facultades para recibirlas por no formar parte de dicha comisión, expresamente facultada por el Cabildo en Pleno para ello, resultan ilegales.

3. El artículo 115 de la Carta Magna dota a los Municipios de plena autonomía para administrar su hacienda municipal, que está conformada por las contribuciones, participaciones, aportaciones y todo ingreso que conforme a la ley tenga derecho a ejercer, por tanto, éstos son autónomos para determinar el modo de ejercer su hacienda municipal en forma directa o bien por quienes autoricen en términos de ley.

Conforme a los artículos 7 y 8 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Oaxaca, la Secretaría de Finanzas del Estado tiene la obligación de entregar las sumas que corresponden al Municipio de manera ágil, sin limitaciones, ni restricciones, en la forma y términos señalados en ley, por lo que la falta y demora en la entrega de los recursos es un acto que además de ser ilegal, genera que la secretaría demandada tenga la obligación de pagar intereses, acorde a la tasa prevista por el Congreso de la Unión para los recargos en el pago de contribuciones federales.

4. La falta de entrega de los recursos al Municipio actor es un acto ilegal que además de causar un detrimento patrimonial, causa severos perjuicios y limita el cumplimiento de las obligaciones municipales en perjuicio de los habitantes, ya que se dejan de prestar servicios públicos como son: alumbrado público, agua potable, equipamiento y mantenimiento de calles, parques y jardines, seguridad pública, entre otros.

QUINTO. Admisión y trámite. Por acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil diez, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 8/2010 y, por razón de turno, designó al Ministro José Fernando Franco González Salas para que instruyera el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.

Mediante proveído de diecisiete de febrero de dos mil diez, el Ministro instructor admitió la demanda, ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que formularan su contestación y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO. Contestación del Poder Legislativo. El presidente de la Gran Comisión de la Sexagésima Legislatura del Estado de Oaxaca, al contestar la demanda, señaló, en síntesis, lo siguiente:

1. Que no es cierto que exista negativa u omisión de dar trámite a la solicitud de revocación de mandato del presidente municipal, promovida por el Municipio actor, toda vez que con fecha veintiséis de noviembre de dos mil nueve, se dio cuenta al Pleno del Congreso del Estado con dicha solicitud y se remitió a la Comisión Permanente de Gobernación para su sustanciación.

2. Que el Congreso no ha emitido actos tendentes a retener, dilatar e impedir la entrega de participaciones y aportaciones que corresponden al Municipio actor.

3. Que en cuanto al párrafo marcado con el número diez, es cierto en parte, por lo que hace a la presentación ante el Congreso de la solicitud de suspensión y revocación del mandato del presidente municipal; sin embargo, no es cierto que se solapa la conducta delictuosa del funcionario público.

4. En cuanto a los conceptos de invalidez, señala que el Congreso del Estado no ha omitido dar trámite a la solicitud de revocación del mandato, toda vez que la solicitud formulada por el Ayuntamiento, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil nueve, fue remitida a la Comisión Permanente de Gobernación, misma que no ha sido ratificada por la parte actora.

5. Que en lo que se refiere a la retención y entrega de las participaciones y aportaciones que corresponden al Municipio actor, la Legislatura Local no ha ordenado dichos actos, por lo que son inaplicables el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, así como los diversos 7, 8, 13 y 20 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado.

SÉPTIMO. Contestación del Poder Ejecutivo. El consejero jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, al contestar la demanda, señaló, en síntesis, lo siguiente:

1. Que conforme a la fracción II del artículo 20 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe ser decretado el sobreseimiento de la controversia constitucional, tomando en consideración la inexistencia del acto cuya invalidez se demanda, ya que el secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, en ningún momento ha realizado la retención de recursos financieros que le corresponden al Municipio actor.

2. Que lo manifestado por el Municipio actor en los antecedentes en que funda su demanda, resultan imprecisos y vagos, puesto que no acredita tales extremos con las pruebas idóneas.

3. Que los actos de invalidez que la actora reclama no corresponden a la esfera de competencia del Poder Ejecutivo Local, en virtud de que los hechos expuestos por el Municipio, no se desprende acto u omisión que le sea atribuible y que le cause agravio alguno al actor, ya que los recursos señalados como "retenidos ilegalmente" a la fecha le han sido ministrados al Municipio actor.

4. Que en cuanto a la negativa u omisión de dar trámite a la solicitud de revocación de mandato, que promovió el Cabildo en contra del presidente municipal, la competencia para ello no es propia del Poder Ejecutivo, tal y como lo establece el artículo 93 de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca.

5. Que la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, le ha suministrado en tiempo y forma los recursos públicos financieros que reclama el Municipio actor por conducto de las personas facultadas para tal fin, de acuerdo al acta de sesión, por lo que es evidente que no existe acto reclamado.

OCTAVO. Opinión del procurador general de la República. El procurador al formular su opinión, manifestó sustancialmente que debe sobreseerse en el presente juicio con fundamento en el artículo 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional, por inexistencia de los actos reclamados.

NOVENO. Celebración de la audiencia y cierre de la instrucción. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el dieciocho de mayo de dos mil diez, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

DÉCIMO. Previo dictamen del Ministro instructor se ordenó la radicación del asunto en esta Segunda Sala.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105, fracción I, inciso i),(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I,(2) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 7o., fracción I(3) y 37, párrafo primero,(4) del Reglamento Interior de este Alto Tribunal y con el Acuerdo 5/2001 del Tribunal Pleno reformado mediante Acuerdo 3/2008 emitido por el Tribunal Pleno el diez de marzo de dos mil ocho; en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio actor y los Poderes Legislativo y Ejecutivo, todos del Estado de Oaxaca, en el que se impugnan diversos actos; asunto del cual puede conocer este órgano jurisdiccional en términos del siguiente criterio:

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE TIENEN COMPETENCIA PARA RESOLVERLAS AUN RESPECTO DEL FONDO, CUANDO EN ELLAS INTERVENGA UN MUNICIPIO Y NO SUBSISTA PROBLEMA ALGUNO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL (INTERPRETACIÓN DEL ACUERDO GENERAL PLENARIO 5/2001). El séptimo párrafo del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la facultad del Pleno de la Corte para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que le compete conocer, para una mayor prontitud en su despacho y una mejor impartición de justicia. En esta tesitura, los considerandos del Acuerdo General Número 5/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, revelan como uno de sus objetivos esenciales que el Pleno destine sus esfuerzos a los asuntos de mayor importancia para el orden jurídico nacional, y en ese orden de ideas, la fracción I de su punto tercero le reserva el conocimiento de las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y los recursos interpuestos en ellas, cuando sea necesaria su intervención, siendo esto último un concepto jurídico indeterminado cuya valoración y aplicación queda al prudente arbitrio de las Salas, quienes ejercerán su facultad de tal forma que se adapte a las exigencias sociales. Por otra parte, en atención a que los Municipios son quienes promueven más controversias constitucionales, a fin de propiciar una resolución más pronta de los asuntos en los que sean parte y cumplir con lo dispuesto en los artículos 17 y 94 de la Constitución Federal, el indicado acuerdo debe interpretarse en el sentido de que las Salas tienen competencia para resolver controversias constitucionales, aun respecto del fondo, siempre que se den las siguientes condiciones: a) Que no subsista un problema relativo a la inconstitucionalidad de alguna norma general, ya que la declaración de invalidez relativa requiere de un quórum calificado de cuando menos 8 votos, de conformidad con el artículo 42 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y b) Que se trate de alguna de las controversias constitucionales previstas en los incisos b), f), g) e i) de la fracción I del referido artículo 105, es decir, de conflictos en los que intervenga un Municipio." (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de 2006, tesis 2a. V/2006, página 1541).

SEGUNDO. Certeza de los actos cuya invalidez se reclama. Por razón de orden, a continuación se analizará la certeza de los actos impugnados, ya que de resultar inexistentes, no habría materia sobre la cual pronunciarse en este juicio.

El Municipio actor en su escrito de demanda señala como actos reclamados, los siguientes:

a) La omisión por parte del Congreso de Oaxaca de dar trámite a la solicitud de revocación de mandato que promovió el Cabildo del Municipio de Santo Domingo Ingenio, Juchitán, Oaxaca, en contra de Nexin Cruz Hernández, presidente municipal.

b) Los actos encaminados a generar inestabilidad económica y social en el Municipio actor.

c) La indebida entrega de las participaciones correspondientes al ramo 28 y las aportaciones del ramo 33, fondos III y IV, del presupuesto de egresos de la Federación, que corresponden al Municipio de Santo Domingo Ingenio, en tanto que su entero se efectuó a personas que carecen de facultades para recibirlas, por no formar parte de la Comisión de Hacienda Municipal, a partir del mes de febrero de 2010.

d) Como consecuencia de lo anterior, el pago de intereses que se generen durante el periodo que implique la retención reclamada.

e) Todos los actos tendentes a continuar entregando los recursos antes mencionados a funcionarios ajenos a quienes integran la Comisión de Hacienda Municipal.

Ahora bien, el primero de los actos impugnados constituye una omisión y, por tanto, si en autos no obra constancia alguna que permita concluir que se llevó a cabo el trámite respectivo debe tenerse como cierto, de conformidad con la tesis jurisprudencial que se cita a continuación:(5)

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE PUEDA PROMOVERSE CON MOTIVO DE UNA ‘OMISIÓN’ IMPUTADA A LA PARTE DEMANDADA, ES NECESARIO COMPROBAR SU INACTIVIDAD. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 43/2003, de rubro: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN.’, sostuvo que cuando en una controversia constitucional se reclamen omisiones, el plazo para promover la demanda es indefinido en tanto prevalezca la inactividad cuestionada. Sin embargo, para que dicha norma de excepción creada por la jurisprudencia cobre aplicación, es menester que precisamente esa inactividad sea el motivo de la impugnación, de tal forma que la pretensión del actor sea que se llene un vacío legal o se materialice una obligación derivada de la ley, de manera que la sentencia que en su momento se dicte declare que la omisión de la demandada es contraria a las normas jurídicas aplicables, ante la evidencia de que no actuó como debía hacerlo; en la inteligencia de que no basta el incumplimiento de una norma general para que se actualice una omisión impugnable en esos términos, pues para ello es necesario que con ese proceder se produzca un vacío legal o bien la falta absoluta de actuación de la autoridad, ya que de otra forma cualquier infracción a la ley implicaría la omisión y, por tanto, dejar de hacer debidamente lo ordenado bastaría para que el actor pudiera reclamarla sin sujetarse a un plazo, lo cual no puede ser aceptable, por lo que en este supuesto deben regir las reglas previstas en el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional."

Lo anterior aunado al hecho de que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación(6) ha sostenido que el juicio de controversia constitucional es procedente contra omisiones en el cumplimiento de un deber, según deriva del criterio contenido en las tesis que en lo conducente y a manera ilustrativa se cita a continuación:

"JUICIO POLÍTICO SEGUIDO A MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE YUCATÁN. ES PROCEDENTE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL Y NO EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA ABSTENCIÓN DEL CONGRESO DE DECLARAR LA CADUCIDAD Y CONTINUAR CON AQUÉL(7). Los actos consistentes en un acuerdo por el que la Comisión Instructora del Congreso del Estado de Yucatán determine la acumulación de una solicitud para que se declare la caducidad de un juicio político seguido a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la entidad y, consecuentemente, la omisión del Congreso de declarar la caducidad de dicho juicio y, por ende, su continuación, no son impugnables en juicio de amparo al no encuadrar en el caso de excepción a que se refiere el artículo 9o. de la Ley de Amparo, consistente en que las personas morales oficiales podrán ocurrir a esa instancia, únicamente cuando la ley o acto que reclamen afecte sus intereses patrimoniales y, por el contrario, sí son impugnables a través de la controversia constitucional, por tratarse de un conflicto entre dos poderes de un mismo Estado sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, conforme al artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Asimismo, se tiene por cierta la entrega extemporánea de participaciones, en los términos que quedarán puntualizados en un considerando subsecuente.

En cambio, al no obrar material probatorio del que se advierta lo contrario, se tienen por inexistentes los diversos actos consistentes en la indebida entrega de las participaciones correspondientes al ramo 28 y las aportaciones del ramo 33, fondos III y IV, del presupuesto de egresos de la Federación, que corresponden al Municipio de Santo Domingo Ingenio; así como todos los actos tendentes a continuar entregando los recursos antes mencionados a funcionarios ajenos a quienes integran la Comisión de Hacienda Municipal.

En efecto, en relación con la retención que se reclama de los recursos correspondientes al ramo 28 participaciones federales, así como de los concernientes a las fracciones III y IV correspondientes al ramo 33 de aportaciones federales, debe precisarse lo siguiente:

En términos del artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal de la siguiente forma, los relativos al ramo 33, fracciones III y IV, son destinados de la siguiente manera:

"Capítulo V

"De los fondos de aportaciones federales

"Artículo 25. Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta ley, respecto de la participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta ley, para los fondos siguientes:

"...

"III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social;

"IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal."

De las constancias que corren agregadas al expediente en que se actúa, se advierte que contrario a lo aducido por el Municipio actor, le fueron entregados los recursos correspondientes al ramo 28, relativos a participaciones federales de la primera y segunda quincenas de febrero, así como los del ramo 33 aportaciones federales fondos III y IV, ya que las participaciones para el mes de febrero fueron entregadas, respecto de la primer quincena, el nueve de marzo de dos mil diez y de la segunda el veintiséis de febrero de la propia anualidad; y, por lo que hace a las aportaciones, le fueron entregadas las correspondientes a los Fondos de Infraestructura Social Municipal y Fortalecimiento Municipal, el nueve de marzo de dos mil diez.

Lo anterior se acredita con las siguientes constancias:

Ver constancias

Como consecuencia de lo expuesto y del contenido de las documentales pormenorizadas, se acredita el pago de los ingresos federales que le corresponden al Municipio actor.

Por otra parte, no se advierte que los pagos especificados hayan sido realizados en forma indebida a personas sin competencia legal para recibirlas, en tanto que de los recibos de pago correspondientes se advierte que éstas fueron enteradas a los integrantes de la nueva Comisión de Hacienda, conforme al acta de Cabildo extraordinaria, celebrada el diecisiete de mayo de dos mil nueve, esto es, a Javier Vélez Salinas, en su carácter de síndico municipal; Román Jiménez Ríos, en su carácter de regidor de Hacienda y a Daniel Robles Flores, en su calidad de tesorero municipal.

En atención a lo expuesto, cabe concluir que en el presente caso, se surte respecto de tales actos, la causa de sobreseimiento consistente en la inexistencia de los actos impugnados, prevista en el artículo 20, fracción III, de la ley reglamentaria de la materia.(8)

TERCERO. Oportunidad. Respecto de los actos que se tienen por ciertos, la demanda resulta oportuna como se demuestra a continuación:

Respecto de la omisión del Poder Legislativo de la entidad, de dar trámite y resolver respecto de la solicitud de revocación del mandato que promovió el Cabildo del Municipio de Santo Domingo Ingenio, Estado de Oaxaca, en contra de Nexin Cruz Jiménez, en su carácter de presidente del Municipio citado, presentada el diecisiete de septiembre de dos mil nueve; así como la falta de pronunciamiento respecto de la medida precautoria solicitada consistente en la suspensión provisional del mandato del funcionario municipal mencionado durante el procedimiento y hasta que se resuelva el fondo del asunto, en tanto que respecto de tal tipo de actos, el Tribunal Pleno ha sostenido que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia que a continuación se transcribe:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista."(9)

Por tanto, respecto del acto mencionado la demanda se promovió oportunamente, toda vez que el Cong

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22411-ee2c5402/controversia-constitucional-la-entrega-extemporanea-por-parte-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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