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Modo: Corpus Pro

CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA. LA OMISIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN DE AQUÉL DE RESOLVER RESPECTO DE LA SUSPENSIÓN Y REVOCACIÓN DE MANDATO, QUE SOLICITÓ EL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN MEDIANTE ESCRITO PRESENTADO ANTE LA CITADA LEGISLATURA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008, VULNERA LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONGRESOS ESTATALES. SON LOS ÚNICOS FACULTADOS POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PARA SEPARAR O SUSPENDER DE SU ENCARGO A LOS MIEMBROS DE UN AYUNTAMIENTO. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA ENTREGA REALIZADA POR EL SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2009, RELATIVAS A LOS RAMOS 28 Y 33, FONDOS III Y IV, DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, A PERSONAS AJENAS AL AYUNTAMIENTO, TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 25/2009. · Registro digital (IUS): 21864
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, ESTADO DE OAXACA.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Noviembre de 2009, , Pág. 703.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 25/2009. MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, ESTADO DE OAXACA.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al nueve de septiembre de dos mil nueve.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el veinticinco de febrero de dos mil nueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Claudio Martínez Juárez, quien se ostentó como síndico del Municipio de San Pablo Coatlán, del Estado de Oaxaca, promovió controversia constitucional en representación del citado Municipio, en la que solicitó la invalidez de los actos que más adelante se señalan y emitidos por los órganos que a continuación se mencionan:

"‘Autoridades demandadas. I. Poder Legislativo del Estado de Oaxaca (H. Congreso del Estado de Oaxaca, LX Legislatura), por conducto de su representante legal, con domicilio en calle 14, Oriente 01, San Raymundo Jalpan, Centro, Oaxaca. II. El Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, con domicilio en boulevard Eduardo Vasconcelos número 617, Barrio Jalatlaco en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.’. ‘Actos cuya invalidez se demanda. De la primera demandada. a) Los actos encaminados a generar inestabilidad económica y social dentro del Municipio de San Pablo Coatlán, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, como consecuencia de la negativa y/u omisión de dar trámite a la solicitud de revocación del mandato que promovió el H. Cabildo en Pleno del Municipio de San Pablo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca, en contra del C. Abraham López Martínez, en su carácter de presidente municipal constitucional del Municipio citado, por las razones y fundamentos invocados en la solicitud presentada el 30 de diciembre de 2008; así como la falta de pronunciamiento respecto de la medida precautoria solicitada consistente en la suspensión provisional del mandato del funcionario municipal mencionado durante el procedimiento y hasta que se resuelva el fondo del asunto. De la segunda demandada: b) La indebida entrega de las participaciones correspondientes al Ramo 28 y las aportaciones que corresponden al Ramo 33, fondo III y IV, del presupuesto de egresos de la Federación, que corresponden al Municipio de San Pablo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca, al C. Presidente municipal C. Abraham López Martínez y a una persona ajena al Cabildo C. Araceli Contreras Cruz, sin que tengan facultades para recibirlas por no formar parte de la Comisión de Hacienda Municipal; actos imputados tanto al secretario de Finanzas del Gobierno del Estado como a su subordinado C. Recaudador de rentas del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, esto a partir del mes de febrero de 2009 y, como consecuencia, de la negativa y/u omisión de resolver la petición formulada por el H. Cabildo municipal en Pleno, mediante escrito de fecha 19 de enero de 2009, para que en lo subsecuente se entreguen los recursos municipales anteriormente citados por conducto de la Comisión de Hacienda Municipal en cumplimiento al acuerdo de Cabildo de fecha 17 de enero de 2009. c) La ilegal retención de las participaciones correspondientes al Ramo 28 y las aportaciones que corresponden al Ramo 33, fondo III y IV, del presupuesto de egresos de la Federación, que corresponden al Municipio de San Pablo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca, a la Comisión de Hacienda Municipal designada a partir del mes de febrero de 2009 a la fecha. A ambas demandadas: d) Todos los actos tendientes a continuar entregando las participaciones y aportaciones que corresponden al Municipio que represento de los Ramos 28 y 33, fondo III y IV, a funcionarios ajenos a quiénes integran la Comisión de Hacienda Municipal, contraviniendo el acuerdo de Cabildo de fecha 17 de enero de 2009 y generando con ello un perjuicio patrimonial en el Municipio que conlleva el impedimento material para que se cumplan las funciones y se presten los servicios públicos básicos como son: alumbrado público, agua potable, limpia, equipamiento y mantenimiento de calles, parques y jardines; seguridad pública, etcétera."

SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados en la demanda son, en resumen, los siguientes:

1. Que de acuerdo con el acta de elección de fecha nueve de septiembre de dos mil siete, los integrantes del Ayuntamiento del Municipio de San Pablo Coatlán, Distrito de Miahuatlán, Estado de Oaxaca, fueron legalmente electos bajo el sistema de usos y costumbres, para conformar el Ayuntamiento citado durante el trienio comprendido del primero de enero de dos mil ocho, al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, siendo electos en carácter de suplentes a los cargos de presidente, síndico, regidor de Hacienda, regidor de Seguridad y regidor de Obras Municipales, respectivamente: Ignacio Javier Jiménez, Daniel Orocio Martínez, Rubén Espinosa Bautista, René Martínez Osorio y Gil Martínez López.

2. Que con fecha veintiséis de septiembre de dos mil siete, el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca expidió la constancia de mayoría de la elección por el sistema de usos y costumbres, con el número IEE-SG-PEO2007-UYC-0123/2007.

3. Que en virtud de que el presidente municipal electo Abraham López Martínez, fue citado en tres ocasiones al acto de toma de protesta, entrega y recepción de la administración municipal, y no obstante ello, no acudió a ésta; se requirió y tomó protesta de ley, en sesión de Cabildo de nueve de enero de dos mil ocho, al presidente municipal suplente Ignacio Javier Jiménez, nombrándose en la misma sesión a la Comisión de Hacienda conformada por Ignacio Javier Jiménez, Claudio Martínez Juárez, Ángel Jiménez Granados y Rosa Elia Cortés Martínez, en el carácter de presidente municipal interino; síndico municipal; regidor de Hacienda y educación y tesorero municipal, respectivamente, circunstancia que se hizo del conocimiento de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado en su oportunidad.

4. Que con fecha veintiuno de enero de dos mil ocho, se presentó ante la Dirección de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, la documentación oficial consistente en: actas de sesión de Cabildo de primero y nueve de enero del año actual, acta de entrega y recepción de la administración pública municipal, nombramientos de los regidores por parte del presidente municipal interino de acuerdo a los usos y costumbres de la población, acta de nombramiento de la ciudadana secretaria municipal y tesorera, en la que se tomó la protesta de ley a ambas funcionarias, y las correspondientes actas de nacimiento del presidente municipal interino, síndico municipal y regidores, ello, para que se extendieran a cada uno sus correspondientes acreditaciones.

5. Que el mes de febrero de dos mil ocho, el presidente municipal interino, síndico municipal, regidor de Hacienda y tesorera municipal, integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal se presentaron en la oficina de Recaudación de Rentas con residencia en la ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, para cobrar los recursos correspondientes al Municipio, a lo que se negó el recaudador, ya que según instrucciones del secretario de Finanzas del Gobierno del Estado había un retraso en la entrega; acto por el que fue promovida la controversia constitucional radicada bajo el número 51/2008, en la que mediante proveído de veintinueve de mayo de dos mil ocho fue concedida la medida cautelar solicitada a efecto de que se entregasen los recursos destinados al Municipio por conducto de su Comisión de Hacienda.

6. Que durante la tramitación de la controversia señalada en el párrafo anterior y del contenido del informe rendido por el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, se advirtió la existencia de la presunta acta de Cabildo de fecha cinco de enero de dos mil ocho, presentada por Abraham López Martínez, la que presentaba irregularidades consistentes en: la falsificación de firmas y sellos oficiales de los regidores Ángel Jiménez Granados, Cristóbal Martínez Martínez, Hugo Osorio Hernández y del suplente del regidor de Seguridad, René Martínez Osorio; así como la manifestación del hecho falso consistente en la autorización del presidente municipal electo y la C. Araceli Contreras Cruz, para que recibieran los recursos correspondientes a las participaciones federales de los Ramos 28 y 33 del presupuesto de egresos de la Federación.

Que el acta en comento fue falsificada por Abraham López Martínez, y que con fundamento en ella, en conjunto con Araceli Contreras Cruz, quien se ostenta como tesorera municipal, fueron cobrados los recursos de los Ramos 28 y 33 correspondientes al Municipio de San Pablo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca, durante los meses de enero, febrero y marzo de dos mil ocho, cuyo monto asciende a $2'412,899.20 (dos millones cuatrocientos doce mil ochocientos noventa y nueve pesos 20/100 M.N.); derivado de lo anterior, se inició averiguación previa respecto de la falsificación del acta de cinco de enero de dos mil ocho.

7. Que mediante sesión de treinta de septiembre de dos mil ocho, el Cabildo municipal resolvió revocar para todos sus efectos legales, la supuesta acta de cinco de enero de dos mil ocho, invalidándose al efecto, los supuestos nombramientos de secretaria y tesorera municipal, de las ciudadanas Evelia López Martínez y Araceli Contreras Cruz; así como la supuesta autorización para el cobro de las participaciones municipales correspondientes a los Ramos 28 y 33, fondos III y IV del presupuesto de egresos de la Federación, revocación que fue notificada a todas las autoridades interesadas.

8. Que en cumplimiento a la suspensión provisional concedida a partir del mes de abril de dos mil ocho fueron entregados los recursos correspondientes a la Comisión de Hacienda designada, circunstancia que generó diversos actos de violencia contra sus integrantes, vecinos de la población, bienes propiedad del Municipio y de terceros, por lo que se iniciaron las averiguaciones previas correspondientes.

Que el siete de abril de dos mil ocho, Abraham López Martínez, junto a un grupo armado tomó las instalaciones del palacio municipal, posesionándose de la propiedad del Ayuntamiento que ahí se encontraba y restringiéndose el acceso al inmueble a los integrantes del Cabildo.

9. Que el presidente municipal electo Abraham López Martínez, promovió juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el que fue radicado bajo el número SUP-JDC-504/2008, y resuelto en sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil ocho, en el sentido de declarar procedente la acción ejercitada, ordenando al Cabildo municipal la reincorporación del promovente en su carácter de presidente municipal; por lo que el Cabildo municipal, en sesión de veintiocho de octubre del mismo año, restituyó al C. Abraham López Martínez en el cargo de presidente municipal.

10. Que una vez restituido en el cargo, el Cabildo requirió al presidente municipal Abraham López Martínez, para que entregara la supuesta acta de Cabildo de cinco de enero de dos mil ocho, admitiendo éste su falsedad y uso, acordando su posterior entrega; igualmente se le requirió a efecto de que comprobase la aplicación de los recursos cobrados durante los meses de enero, febrero y marzo de dos mil ocho.

De igual manera, en la misma acta se determinó lo conducente respecto a la integración de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento en comento, así como lo relativo a los supuestos nombramientos de secretaria y tesorera municipales.

11. Que con fecha veintinueve de octubre de dos mil ocho, celebró sesión el Cabildo de mérito, en la que se tomaron los acuerdos siguientes:

a) El presidente municipal manifestó que se encargaría de comprobar la aplicación de los recursos cobrados durante los meses de enero, febrero y marzo de dos mil ocho, y acordó que con intervención de algunos diputados del "PRI" firmaría un convenio de responsabilidad por su comprobación.

b) Que en vista de su negativa, se le otorgase al presidente municipal como plazo para la exhibición de la supuesta acta de Cabildo de cinco de enero de dos mil ocho, hasta el siete de noviembre del mismo año.

c) Que se ratificasen los nombramientos de las ciudadanas Lorena Yolanda Olivera Martínez y Rosa Elia Cortés Martínez, en los cargos de secretaria y tesorera municipal, respectivamente.

d) Que la Comisión de Hacienda estaría integrada por Claudio Martínez Juárez, síndico municipal; Ángel Jiménez Granados, regidor de Hacienda y Rosa Elia Cortés Martínez, tesorera municipal, ello ante la falta de comprobación de los recursos solicitada al presidente municipal.

12. Que a pesar de los diversos requerimientos hechos por el Cabildo municipal, el presidente municipal ha sido omiso respecto a su cumplimiento, aun cuando la falta de informe a la población del estado financiero municipal y la falta de comprobación del destino y aplicación de los recursos multicitados, constituyen una afectación al patrimonio del Municipio de San Pablo Coatlán y, por tanto, a sus habitantes.

13. Que por medio de escrito presentado el treinta de diciembre de dos mil ocho, ante el Congreso del Estado de Oaxaca, el Cabildo municipal, solicitó la revocación del mandato del C. Abraham López Martínez, como presidente municipal, así como la suspensión provisional del mandato de dicho funcionario durante la tramitación del procedimiento, lo anterior, sin que a la fecha se hubiese dado trámite legal a la solicitud planteada.

14. Que conforme a lo acordado en sesión extraordinaria del Cabildo municipal de diecisiete de febrero de dos mil nueve, se giraron oficios de fecha diecinueve de febrero de dos mil nueve, al secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca y al recaudador de rentas del Distrito de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, solicitando que: ordenasen la entrega de los recursos multicitados y correspondientes al Municipio por conducto de la Comisión de Hacienda, y que se informasen las fechas y montos de los recursos entregados al Municipio por conducto del C. Abraham López Martínez.

15. Que el Gobierno del Estado, a través del secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca y el recaudador de rentas del Distrito de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, ha sido omiso al resolver la petición señalada en el párrafo anterior.

TERCERO. Los conceptos de invalidez que hace valer la parte actora son los siguientes:

Que las autoridades demandadas vulneran en perjuicio del Municipio los artículos 93, 94, 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Oaxaca, debido a:

a) Que la solicitud de revocación de mandato de cualquiera de los integrantes de un Ayuntamiento municipal podrá ser presentada ante la Legislatura del Estado por los integrantes del propio Ayuntamiento, misma que la propia legislatura deberá turnar a la Comisión de Gobernación para que provea respecto a su admisión; sin embargo, en vista de no advertirse un plazo perentorio para lo anterior, debió aplicarse lo dispuesto por el artículo 127 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, aplicado supletoriamente por disposición expresa del artículo 101 de la Ley Municipal de Oaxaca. Generándose con su negativa, inestabilidad económica y social en el Municipio, ya que los actos atribuidos al presidente municipal son de tal índole graves, que afectan directamente las finanzas públicas municipales, así como también resulta ilegal la asignación de recursos ya hecha, en virtud de que el órgano legalmente facultado para recibirlos es la Comisión de Hacienda, violándose así el principio de autonomía municipal contenido en el artículo 115 de la Constitución Federal.

b) Por otro lado, la omisión de resolver la petición formulada a la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca respecto a la entrega subsecuente de las aportaciones correspondientes a los Ramos 33, fondos III, IV y 28 a la Comisión de Hacienda Municipal, aunado al hecho de que se retengan indebidamente dichos recursos, resulta ilegal y obliga a la secretaría demandada a pagar los intereses a la tasa prevista por el Congreso de la Unión, además de ser violatorio del principio de autonomía municipal.

c) Que si el presidente municipal no funge como presidente en la Comisión de Hacienda, atiende a la incursión de sus actos en faltas graves contra la hacienda pública, razón por la que se promovió la revocación de su mandato, con la consecuente suspensión provisional de su encargo durante el trámite del procedimiento.

Lo anterior es así, toda vez que se encontraba obligado a informar en el transcurso de los primeros quince días del mes de diciembre a los habitantes del Municipio, sobre el estado de las finanzas de dicha entidad, violando mediante su omisión, la fracción VI del artículo 48 de la Ley Municipal del Estado de Oaxaca, además del derecho a la información de sus habitantes.

Asimismo, dado que no se advierte la existencia de obra pública alguna en uso de los recursos tantas veces referidos, es que se presume el desvío de fondos municipales por parte de su presidente, por un monto que asciende a los $2'412,899.20 (dos millones cuatrocientos doce mil ochocientos noventa y nueve pesos 20/100 M.N.).

Que de igual manera, la conducta del presidente municipal Abraham López Martínez, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 56, fracciones I, II, III, VI, IX, XXX y XXXV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, puesto que dicho funcionario, al realizar la toma del palacio municipal, apropiándose de los bienes muebles propiedad del Ayuntamiento, conjuntamente con la falsificación del acta de cinco de enero de dos mil ocho, incurrió en la violación de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debieran ser observados en el desempeño del servicio público; actos que, junto con la falta de comprobación en el destino de los recursos municipales ya citados (circunstancia que además violenta lo dispuesto en fracciones I y II del Acuerdo Número 49 del Ejecutivo del Estado de Oaxaca), constituyen causa suficiente para la revocación de su mandato, al actualizarse las hipótesis previstas en las fracciones IV, V y VI del artículo 91 en relación con el 86, fracciones IV y IX, de la Ley Municipal del Estado.

d) Por último, se considera que la falta de entrega de recursos al Municipio, limita el cumplimiento de sus obligaciones en detrimento de sus ciudadanos, razón por la que debería declararse la ilegalidad de los actos reclamados.

CUARTO. El precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora considera violado es el artículo 115 en sus fracciones I, II, III, IV y V.

QUINTO. Por acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil nueve, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 25/2009 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.

Por auto de veintisiete de febrero siguiente, el Ministro instructor tuvo por presentado al síndico del Municipio de San Pablo Coatlán, Estado de Oaxaca; admitió a trámite la demanda; reconoció el carácter de demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, del Estado de Oaxaca, a los que ordenó emplazar para que formularan su contestación; no así al secretario de Finanzas de la citada entidad, al tratarse de un órgano subordinado al Poder Ejecutivo estatal. Asimismo, dio vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

En el mismo proveído, el Ministro instructor requirió a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a efecto de que al contestar la demanda, señalasen domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del Distrito Federal; y las requirió para que en el mismo ocurso de contestación a la demanda, remitieran a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, copia certificada de los antecedentes de los actos impugnados.

SEXTO. Mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil nueve, el Ministro instructor acordó lo conducente al escrito presentado por quien se ostentó como presidente municipal constitucional del Municipio de San Pablo Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca, a través del cual realizó diversas manifestaciones; a lo que resolvió no acordar de conformidad la petición de ser reconocido en este juicio como parte, considerando que no está facultado para actuar en representación legal del Municipio en los litigios en el que éste fuere parte, ello en términos de la legislación local.

SÉPTIMO. El Congreso del Estado de Oaxaca, al contestar la demanda, señaló, en resumen, lo siguiente:

1. Que impugna la demanda, toda vez que el Municipio de San Pablo Coatlán, Estado de Oaxaca, no tiene ninguna controversia con el Poder Legislativo de dicho Estado, ya que ha dado el trámite respectivo a la solicitud de revocación del mandato del presidente municipal, pues mediante sesión ordinaria del Congreso el Estado de fecha quince de enero de dos mil nueve, se remitió la solicitud a la Comisión Permanente de Gobernación como consta en el oficio LX/A.L./COM.PERM./1239/08, de la fecha indicada que dirige la vicepresidenta del Congreso del Estado a la presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación, por lo que resulta improcedente la controversia constitucional, en virtud de que no se vulnera ningún precepto de la Constitución Política Federal ni de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. En relación al capítulo que el actor denomina: "Actos cuya invalidez se demanda", "De la primera demandada", en particular el inciso a), manifestó que el Congreso del Estado en ningún momento ha realizado actos encaminados a generar inestabilidad económica y social dentro del Municipio de San Pablo Coatlán, Miahuatlán, ni se ha negado a dar trámite a la solicitud de revocación del mandato del presidente municipal Abraham López Martínez, toda vez que la misma fue turnada para su atención a la Comisión Permanente de Gobernación, como se desprende de lo relatado en el punto anterior y del expediente que en copia certificada se anexa.

Por lo que se refiere a los puntos denominados: "De la segunda demandada", en sus incisos b) y c); "A ambas demandadas", inciso d); "Fecha de notificación de los actos impugnados" y "Antecedentes", puntos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, trece y catorce; no adujo manifestación alguna, por tratarse de actos que no son propios del Congreso del Estado.

En caso de lo señalado por el capítulo denominado "Antecedentes" en su punto doce, manifestó que es parcialmente cierto, ya que, si bien el veintinueve de diciembre de dos mil ocho fue recibido en la Oficialía Mayor del Congreso Estatal, el escrito de solicitud de revocación del mandato del C. Abraham López Martínez como presidente municipal del citado Municipio, no es cierto lo manifestado por el actor, en el sentido de que no se ha dado el trámite legal a su petición, en términos de lo ya señalado en el punto uno de este resultando y del expediente que en copia certificada anexó al efecto la autoridad signante.

3. En cuanto a los conceptos de invalidez, señala que no se vulneran las disposiciones constitucionales y legales que invoca el actor, en lo que se refiere a la negativa por parte del Congreso Estatal a dar trámite a la solicitud de revocación del nombramiento como presidente municipal del C. Abraham López Martínez, ya que reitera que ésta fue turnada en sesión ordinaria del Pleno legislativo, celebrada con fecha quince de enero de dos mil nueve, a la Comisión Permanente de Gobernación, la que previo estudio de la misma acordará lo procedente, por lo que considera que no existe violación alguna a las garantías de los actores; por otro lado considera que suponiendo sin conceder, que los actos realizados por el Congreso del Estado no se ciñeran a la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, estas acciones no son actos susceptibles de ser combatidos por la vía de controversia constitucional.

Por último, considera que el juicio de mérito debe ser sobreseído, en atención a que no se surte supuesto alguno de procedencia para la controversia constitucional que nos ocupa; y de igual manera, las disposiciones constitucionales y legales que se invocan en la demanda resultan inaplicables, porque el Congreso del Estado no ha emitido norma o acto alguno que contravenga tales disposiciones.

OCTAVO. El Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, en síntesis, manifestó:

1. Que debería ser decretado el sobreseimiento del presente juicio, como consecuencia de la inexistencia de los actos reclamados, acorde con lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior en virtud de que, el acto reclamado lo constituye la ilegal retención de las participaciones correspondientes al Ramo 28 y las aportaciones que corresponden al Ramo 33, fondos III y IV, del presupuesto de egresos de la Federación, así como los actos tendentes a continuar entregando las participaciones y aportaciones correspondientes, circunstancia inexistente, ya que, tal como se desprende de las documentales públicas exhibidas por el signante, al Municipio actor le han sido entregados en debido tiempo y forma, los recursos públicos financieros que reclama; concluyendo así, que si la Secretaría de Finanzas ha suministrado en tiempo y forma los recursos reclamados por el Municipio actor, es evidente que no existe el acto reclamado y, por tanto, procede el sobreseimiento de esta controversia constitucional.

En cuanto a lo esgrimido en el capítulo denominado: "Conceptos de invalidez", estima que la argumentación sostenida por la actora, en el sentido de que la Secretaría de Finanzas ha omitido resolver la petición efectuada por el Pleno del Cabildo municipal, consistente en la solicitud de entrega de aportaciones y participaciones al Municipio actor sólo a través de su Comisión de Hacienda municipal, es de suyo ociosa, lo que encuentra sustento en la sentencia de fecha cinco de noviembre de dos mil ocho, dictada en la diversa controversia constitucional 51/2008, promovida por el mismo Municipio actor, que fue sobreseída, ya que se determinó la inexistencia de entrega de participaciones indebida, esto a su vez acorde con la sentencia de fecha veinticinco de septiembre de dos mil ocho, dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SUP-JDC-504/2008.

A su vez, manifiesta que en cumplimiento a la sentencia anteriormente señalada, y mediante escrito de treinta y uno de octubre de dos mil ocho, el Congreso del Estado de Oaxaca ordenó al secretario de Finanzas la entrega de las participaciones reclamadas al Municipio de San Pablo Coatlán, Mihuatlán, Oaxaca, a la tesorera municipal Araceli Contreras Cruz.

De lo que concluye que lo procedente es decretar el sobreseimiento de la presente controversia, en atención a que al Municipio actor le han sido entregadas oportunamente las prestaciones que le corresponden en forma ininterrumpida, como se demuestra con las copias certificadas de los recibos anexos.

NOVENO. El procurador general de la República, al formular su opinión, manifestó sustancialmente:

1. Que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional, la cual fue presentada en tiempo y por persona legitimada para ello.

2. Con relación a las causas de improcedencia y sobreseimiento hechas valer por la legislatura y el gobernador de Oaxaca, señala:

Sobre la falta de legitimación del promovente en el proceso, señala el Congreso Local, que carece el primero de la legitimidad del derecho que pretende hacer valer mediante el presente juicio constitucional, ya que no ha realizado acto alguno que afecte la esfera de competencia del Municipio actor.

Al respecto, señala que se debe desestimar la causal en comento, pues lo sostenido por la demandada atañe eminentemente a cuestiones vinculadas con el estudio de fondo de la controversia constitucional, ya que para determinar la existencia de un perjuicio al ámbito de atribuciones del Municipio de San Pablo Coatlán, Oaxaca, tendría que analizarse lo argumentado por las partes, así como todas las probanzas ofrecidas, lo que sólo habrá de ser estudiado al resolverse el fondo de la litis planteada en el juicio. Cita en apoyo la jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."

Por otra parte, el gobernador sobre la inexistencia de conceptos de invalidez, señala que la controversia constitucional deviene improcedente, toda vez que el Municipio actor no acreditó los hechos y actos motivo del planteamiento de su demanda, esto es, no aportó las constancias tendentes a demostrar los agravios cometidos en su contra, por lo que afirma que el promovente carece de acción y derecho.

Sobre el particular, considera que la causal de improcedencia en comento, resulta infundada, ya que independientemente de que a consideración del demandado, el Municipio actor no hubiese formulado conceptos de invalidez en forma de un silogismo; del estudio integral del escrito inicial de demanda se advierte la mención de los actos reclamados que estima invaden su competencia en materia de libre administración y autonomía municipal, contenidos en el artículo 115 constitucional; de ahí que no existe duda alguna en la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21864-3fe8b420/congreso-del-estado-de-oaxaca-la-omision-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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