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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI NO SE ACREDITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 36/2009. · Registro digital (IUS): 21860
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, TLACOLULA, ESTADO DE OAXACA.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Noviembre de 2009, , Pág. 808.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 36/2009. MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, TLACOLULA, ESTADO DE OAXACA.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: ARMIDA BUENROSTRO MARTÍNEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintitrés de septiembre de dos mil nueve.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veinte de abril de dos mil nueve, Manuel Hernández Martínez, en su carácter de síndico municipal, promovió, en representación del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya, Distrito de Tlacolula, Oaxaca, controversia constitucional en contra de las autoridades y por las disposiciones y los actos que a continuación se señalan:

"2. La entidad, poder u órgano demandado y su domicilio. Señalo como (sic) tal carácter a: a) La Sexagésima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con domicilio bien conocido en San Raymundo Jalpan, Oaxaca, por haber aprobado y emitido decreto respectivo. b) Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con domicilio bien conocido en el Municipio de Tlalixtac de Cabrera, Centro, Oaxaca: 1. Por ordenar la publicación del decreto que se combate y cumplirlo en sus términos. 2. Haber ordenado a la fuerza pública que desaloje del palacio municipal al C. Vicente Hernández Martínez, presidente municipal interino. 3. Haber ordenado al secretario de Finanzas la retención de las participaciones o entrega de dichas participaciones federales y estatales al presidente municipal Ricardo Juárez Martínez, a pesar de haber renunciado a su cargo, así como otros recursos económicos. c) Secretario general de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con domicilio bien conocido en el Municipio de Tlalixtac de Cabrera, Centro, Oaxaca, por tratar de refrendar el decreto que impugno. d) Director del Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con domicilio bien conocido en el Municipio de Tlalixtac de Cabrera, Centro, Oaxaca, por hacer la publicación del decreto emitido por el Congreso del Estado a que me refiero en los puntos anteriores. e) Secretario de Finanzas del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con domicilio bien conocido en Boulevard Eduardo Vasconcelos en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por haber retenido ilegalmente las participaciones federales y estatales a la Comisión de Hacienda que integra el señor Vicente Hernández Martínez, presidente municipal interino, Manuel Hernández Martínez, síndico municipal y C. Engracia Núñez Bautista tesorera municipal, y haberlas autorizado al señor Ricardo Juárez Martínez, sin que forme parte de la Comisión de Hacienda al haber renunciado a su cargo ... 4. La norma general o acto cuya invalidez se demanda, así como en su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado. Como actos cuya invalidez demando son los siguientes: I. La aprobación, expedición publicación, vigencia y aplicación del decreto en la parte relativa en donde tengo conocimiento que se ha dejado insubsistente el nombramiento de presidente municipal interino que recayó en el suplente C. Vicente Hernández Martínez, efectuado por mi representada honorable Ayuntamiento de San Jerónimo Tlacochahuaya, por renuncia del presidente municipal constitucional Ricardo Juárez Martínez. El reconocimiento que el Congreso del Estado sigue dando al presidente Ricardo Juárez Martínez, a pesar de haber renunciado a su cargo y aceptada su renuncia por el Ayuntamiento que represento. II. La retención y suspensión de todos y cada uno de los recursos económicos públicos federales y estatales de los diversos programas que legalmente le corresponden al Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya, por conducto de la Comisión de Hacienda que preside el C. Vicente Hernández Martínez. III. La entrega anticonstitucional que se le está haciendo al señor Ricardo Juárez Martínez, a pesar de haber renunciado a su cargo y que fue calificado por el Ayuntamiento, de los recursos económicos públicos federales y estatales de los diversos programas que legalmente le corresponden al Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya, que debieran ser ejercidos por la Comisión de Hacienda integrada por el suscrito accionante y el C. Vicente Hernández Martínez. IV. El desalojo que se pretende realizar con auxilio de la fuerza pública de las oficinas del palacio municipal donde despacha el C. Vicente Hernández Martínez, como presidente municipal interino por renuncia del presidente municipal constitucional Ricardo Juárez Martínez. V. El desconocimiento que se pretende hacer al C. Vicente Hernández Martínez, de la Comisión de Hacienda del Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya. VI. La devolución de todos los recursos económicos públicos federales y estatales de los diversos programas que legalmente le corresponden al Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya, Oaxaca, que están siendo pagados al señor Ricardo Juárez Martínez, a pesar de que éste renunció a su cargo, por autorización ilegal de la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca. Toda vez que a quien legalmente le corresponde ejercerlos es a la Comisión de Hacienda presidida por el C. Vicente Hernández Martínez, presidente municipal interino."

SEGUNDO. Los antecedentes del caso son los siguientes:

"6. La manifestación de los hechos o abstenciones que le consten al actor y que constituyan los antecedentes de la norma general o acto cuya invalidez se demande. a) Con fecha primero de enero del año dos mil ocho, se instaló el H. Ayuntamiento de San Jerónimo Tlacochahuaya, Oaxaca, para concluir el periodo de gestión el día treinta y uno de diciembre de dos mil diez. Este punto se acredita con el acta de instalación que se anexa. b) El 1o. de marzo de 2009, el entonces presidente municipal constitucional Ricardo Juárez Martínez, renunció al cargo, renuncia que se le aceptó por parte del honorable Ayuntamiento de San Jerónimo Tlacochahuaya, mediante acta de sesión de Cabildo de misma fecha 1o. de marzo de 2009. Acredito este punto con la copia certificada de la renuncia y el acta de sesión de Cabildo que calificó procedente la renuncia al cargo presentada mediante escrito de fecha 1o. de marzo por el presidente municipal constitucional Ricardo Juárez Martínez. c) Es el caso de que violando el artículo 115 de la Carta Magna y con notorio desacato a la autonomía del H. Ayuntamiento que represento, al acudir a la Legislatura del Estado, se nos dijo verbalmente por el diputado presidente de la Comisión Permanente de Gobernación, a la mayoría de los concejales, que estaba mal elaborada el acta y que era mejor que el propietario Ricardo Juárez Martínez, reasumiera el cargo, por lo cual deberíamos de elaborar otra acta de Cabildo, para que no hubiese problemas, porque de lo contrario el Congreso del Estado, dejaría sin efectos el acta que aceptó la renuncia del presidente municipal constitucional, porque el Cabildo no tenía facultades para declarar procedente la renuncia de un presidente municipal, recalcando una y otra vez que el Ayuntamiento carecía de competencia para aceptar tal renuncia. d) Resulta que por los medios de publicación nos enteramos que la Sexagésima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con notoria violación al artículo 115 de la Ley Fundamental, determinará por decreto que se emitirá en sesión subsecuente que la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que declara insubsistente el nombramiento de presidente municipal interino que recayó en el suplente del presidente municipal constitucional Vicente Hernández Martínez, a que se refiere el acta de sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 1o. de marzo de 2009 y que por ningún motivo se permitiría que el Ayuntamiento acepte tal renuncia que según el Congreso del Estado, éste no tiene competencia para declarar su procedencia y que no era deseo del Poder Legislativo permitir tales actuaciones y que por ello el acuerdo contenido en el decreto es en el sentido de que se declararía insubsistente el acuerdo del Ayuntamiento que aceptó tal renuncia. e) Debo decir que indebidamente ya que no forma parte de la Comisión de Hacienda por motivo de su renuncia, aunado a que no cuenta con la mayoría de los concejales, el señor Ricardo Juárez Martínez, ha estado disponiendo ilegalmente de los recursos tanto del Ramo 28 como del Ramo 33 Fondo III y IV, y otros que le corresponde ejercer al Municipio, con el aval y complicidad del Gobierno del Estado de Oaxaca, ya que le han autorizado que se le entreguen dichos recursos a la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, aun cuando ya renunció a su cargo de presidente municipal constitucional y que el Ayuntamiento mayoritariamente mediante acta de sesión de Cabildo de fecha 1o. de marzo de 2009 ha calificado procedente en uso de la facultad que le otorga el artículo 26 de la Ley Municipal constitucional, y como consecuencia el presidente municipal que renunció a su cargo, no integra la Comisión de Hacienda por motivo de la renuncia al cargo. Recursos del pueblo que esta disponiendo indebidamente, sin tener el respaldo de los concejales que conformamos la mayoría del H. Ayuntamiento. Debemos señalar que no es cierto que en Oaxaca se esté respetando el Estado de derecho como lo viene publicitando el gobernador, ya que un ejemplo de cómo se trastoca el mismo, es el desconocimiento que se hace al margen de la ley del concejal que fue designado por el Ayuntamiento para fungir como presidente municipal interino. Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que el Ayuntamiento está integrado de la siguiente manera: Presidente municipal: Vicente Hernández Martínez. Síndico municipal: Manuel Hernández Martínez. Regidor de hacienda: Manuel Ángeles Sernas. Regidor de obras: Javier Hernández Hernández. Regidora de educación: Margarita Pérez Morales. Cabe recalcar que el ciudadano Ricardo Juárez Martínez renunció a su cargo de presidente municipal constitucional mediante escrito de fecha 1o. de marzo de 2009 y calificado por el honorable Ayuntamiento mediante sesión de Cabildo en la misma fecha 1o. de marzo de 2009, determinación del cuerpo colegiado municipal que represento que se niega inconstitucionalmente de reconocer el Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo de la entidad, mismos que por decreto que aprobará en sesión subsecuente el Congreso del Estado declarará insubsistente el acuerdo del Ayuntamiento de aceptar la renuncia del presidente municipal constitucional, lo que no le corresponde decidir a dicho Congreso, porque es de la competencia del Ayuntamiento la aceptación de las licencias o renuncias de conformidad con el artículo 26 de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:

"7. Los conceptos de invalidez. Dispone el artículo 115 de la Carta Magna que: (se transcribe). Debemos señalar que los conceptos de invalidez son los siguientes: Primero. La Sexagésima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, violando impunemente el artículo 115 constitucional, pretende en sesión inmediata dejar insubsistente el nombramiento de presidente municipal interino que determinó el H. Ayuntamiento y que recayó en el suplente Vicente Hernández Martínez, sin que éste haya tenido la oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan. Segundo. La Sexagésima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, violando el artículo 115 constitucional, sigue reconociendo anticonstitucionalmente como presidente municipal constitucional al C. Ricardo Juárez Martínez, no obstante que esta persona renunció a su cargo de presidente municipal constitucional mediante escrito de fecha 1o de marzo de 2009 y que fue calificada procedente mediante acta de sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 1o. de marzo de 2009, por lo que el Congreso del Estado invade el ámbito de competencia y hace nugatorias las facultades del Ayuntamiento que le otorga la Ley Municipal en el artículo 26, que dispone que éste, es decir, el Ayuntamiento, es el facultado para hacerlo, y de ninguna manera la Legislatura Local. En efecto, debemos señalar que la propia Carta Magna en términos de la fracción I, párrafo tercero, dispone que si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley. En el caso tenemos que el artículo 26 de la Ley Municipal en vigor en el Estado de Oaxaca, dispone: (se transcribe). Por ello, al pretender declarar insubsistente el acta de sesión de Cabildo de fecha 1o. de marzo que calificó procedente la renuncia del presidente municipal constitucional del Ayuntamiento de San Jerónimo Tlacochahuaya, es obvio que infringió el artículo 115, ya que además atentó contra la autonomía de este Ayuntamiento que represento, e invadió sus facultades de poder designar el Ayuntamiento al presidente municipal interino, con lo cual obviamente no sólo invade las facultades de mi representado, sino que desconoce al que se ha designado constitucionalmente en sesión de Cabildo de fecha 1o. de marzo de 2009. El artículo 115, en su párrafo tercero, exige que al C. Vicente Hernández Martínez, presidente municipal interino por designación del Ayuntamiento, se le debió haber seguido procedimiento de revocación en el que debió haber tenido la oportunidad de ofrecer pruebas y alegar conforme a derecho, además que debió de incurrir en causal grave de su falta para revocarle el mandato de presidente municipal interino de las que menciona el artículo 91 de la Ley Municipal en vigor, con lo que además se violaron los artículos 14 y 16 de la Carta Magna. Que insistimos que el Ayuntamiento ya había calificado procedente la renuncia del presidente municipal constitucional Ricardo Juárez Martínez y requerido al suplente para que asumiera el cargo como hasta ahora se encuentra en funciones (sic), lo que debe respetarse por la Legislatura del Estado y titular del Poder Ejecutivo del Estado y pretender revocar la determinación tomada por el gobierno municipal sin agotar procedimiento alguno, pues el artículo 26 de la Ley Municipal otorga competencia al gobierno municipal (sic) aprobar o negar la aceptación de las renuncias de los cargos que presenten los concejales, en este caso la que fue presentada por el presidente municipal constitucional Ricardo Juárez Martínez, pero dicho Congreso lejos de respetar el contenido del artículo 115 de la Constitución Política Federal y artículo 26 y 29 de la Ley Municipal, se empeña de (sic) revocar el contenido del acta de 1o. de marzo que calificó procedente la renuncia presentada por el presidente municipal constitucional."

CUARTO. En la demanda la parte actora señaló como violados los artículos 1o., 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO. Por acuerdo de veintiuno de abril de dos mil nueve, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, la cual por razón de turno correspondió conocer al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, como instructor del procedimiento.

Por auto de veintidós de abril de dos mil nueve, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, reconoció el carácter de demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca, así como al secretario general de Gobierno de la misma entidad; por otra parte, no reconoció el carácter de demandados, al secretario de Finanzas y al director del Periódico Oficial, ambos del Estado de Oaxaca; ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que formularan su contestación, así como dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

En el mismo proveído, el Ministro instructor requirió a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Oaxaca, para que, al dar contestación a la demanda, remitieran a la Suprema Corte de Justicia de la Nación copia certificada de los antecedentes del decreto impugnado.

SEXTO. Al contestar la demanda el consejero jurídico del gobierno, en representación del Ejecutivo del Estado de Oaxaca, manifestó, en síntesis, que debe sobreseerse la presente controversia constitucional con fundamento en la fracción III del artículo 20 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo siguiente:

• Negó que se hubiere autorizado a la Secretaría de Finanzas del Ejecutivo del Estado de Oaxaca, la entrega de los recursos del Ramo 28 y 33, Fondo III y IV, a Ricardo Juárez Martínez, pues los recursos que le corresponden al Municipio actor le fueron entregados por conducto de la tesorera municipal legalmente acreditada.

• Asimismo, estableció que en acta de sesión extraordinaria de Cabildo de primero de abril de dos mil nueve, se revocó el nombramiento de tesorera a Natalia Trinidad Ramírez Martínez, designando como nueva tesorera municipal a Engracia Núñez Bautista, ratificando dicha designación en sesión ordinaria de siete de abril de dos mil nueve, en la que se acordó por unanimidad, reestructurar la Comisión de Hacienda y autorizarla para cobrar las participaciones de los Ramos 28 y 33, Fondos III y IV y los demás recursos económicos que se hicieran llegar al Municipio, respetando su autonomía.

• Por lo anterior, señala que no existió entrega inconstitucional alguna de los recursos a que se refiere el promovente y, por el contrario, hubo una entrega puntual de dichos recursos al Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya, Tlacolula, Oaxaca.

Por su parte, el presidente de la Gran Comisión de la Sexagésima Legislatura del Estado de Oaxaca, en su carácter de representante legal de la misma señaló, en su contestación de demanda, en síntesis, que debe declararse improcedente la controversia constitucional planteada por el síndico municipal del Ayuntamiento de San Jerónimo Tlacochahuaya, toda vez que no existen los actos que reclama, por lo siguiente:

• Que el Congreso del Estado no aprobó, expidió, publicó, ni declaró vigente ningún decreto que deje insubsistente el nombramiento del presidente municipal interino, sino por el contrario por Decreto Número 1240 de veintinueve de abril de dos mil nueve, declaró procedente la acreditación del contenido del acta de sesión extraordinaria de Cabildo de primero de marzo de la misma anualidad.

• Asimismo, manifestó que no es cierto que el Congreso hubiere ordenado la retención y suspensión de la entrega de recursos económicos públicos, federales o estatales, al Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya, los cuales son cobrados por conducto de la Comisión de Hacienda, pues el Congreso no tiene facultades para entregar recursos a los Ayuntamientos.

• Que el Congreso del Estado no ha desconocido a Vicente Hernández Martínez, ni a la Comisión de Hacienda Municipal.

• Que se dio trámite a la renuncia que presentó el presidente municipal, y que no se declaró insubsistente el acta de sesión de Cabildo en la que se calificó como procedente dicha renuncia y se otorgó el nombramiento como presidente interino a Vicente Hernández Martínez, sino por el contrario, para efectos de acreditación se emitió el Decreto Número 1240, de veintinueve de abril de dos mil nueve.

• Por último, manifestó que el Congreso no vulnera el artículo 115 de la Constitución Política Federal, debido a que no dejó insubsistente el nombramiento del presidente municipal interino y no se le privó a Vicente Hernández Martínez del derecho de ejercer el cargo de presidente municipal interino.

No se hace referencia a la contestación del secretario general del Gobierno del Estado Oaxaca, toda vez que el Ministro instructor, en proveído de primero de julio de dos mil nueve, la tuvo por presentada fuera del plazo de treinta días que le fue concedido.

SÉPTIMO.-El procurador general de la República, al exponer su opinión, solicitó a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación decretar el sobreseimiento de la presente controversia constitucional por actualizarse las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en la fracción VIII del numeral 19 y en la fracción III del diverso artículo 20, ambos de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional, toda vez que no se acreditó la existencia de los actos reclamados.

OCTAVO.-Agotado en sus términos el trámite respectivo, el tres de septiembre de dos mil nueve tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

Previo dictamen del Ministro ponente y la emisión de los acuerdos presidenciales correspondientes, el asunto quedó radicado en esta Segunda Sala.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo General 5/2001 del Pleno del Máximo Tribunal del país, toda vez que no se considera necesaria la intervención del Tribunal Pleno debido al sentido del fallo.

SEGUNDO.-Es de análisis previo, por ser de orden público, el estudio de la personalidad de quien comparece ejercitando la acción de controversia constitucional en nombre del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya, Distrito de Tlacolula, Oaxaca.

Del análisis de las constancias de autos, se advierte que la demanda la plantea el síndico municipal del Ayuntamiento actor, habiendo acreditado el carácter que ostenta con la copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la elección de miembros de Ayuntamientos del Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya expedida por el presidente del Consejo Municipal Electoral, el veintiséis de diciembre de dos mil siete.

Los artículos 10 y 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos disponen:

"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:

"I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia;

"II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia;

"III. Como tercero o terceros interesados, las entidades, poderes u órganos a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sin tener el carácter de actores o demandados, pudieran resultar afectados por la sentencia que llegare a dictarse, y

"IV. El procurador general de la República."

"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

"En las controversias constitucionales no se admitirá ninguna forma diversa de representación a la prevista en el párrafo anterior; sin embargo, por medio de oficio podrán acreditarse delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley.

"El presidente de los Estados Unidos Mexicanos será representado por el secretario de Estado, por el jefe del departamento administrativo o por el consejero jurídico del Gobierno, conforme lo determine el propio presidente, y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley. El acreditamiento de la personalidad de estos servidores públicos y su suplencia se harán en los términos previstos en las leyes o reglamentos interiores que correspondan."

Las facultades del síndico municipal para acudir en representación del Municipio actor, están previstas en el artículo 51, fracción I, de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, que al efecto dispone:

"Artículo 51. Los síndicos serán representantes jurídicos del Municipio y responsables de vigilar la debida administración del erario público y patrimonio municipal, con las siguientes atribuciones:

"I. Procurar, defender y promover los intereses municipales, representar jurídicamente al Municipio en los litigios en que éstos fueren parte, y en la gestión de los negocios de la hacienda municipal; ..."

De la lectura del precepto legal transcrito se advierte que la representación del Ayuntamiento en las controversias o litigios en que éste sea parte, recae en el síndico por lo que es evidente que cuenta con la legitimación necesaria para promover la presente controversia.

TERCERO.-Por el Congreso del Estado de Oaxaca compareció el presidente de la Gran Comisión de la Sexagésima Legislatura, diputado Herminio Manuel Cuevas Chávez, carácter que acreditó con la copia certificada del acta de la sesión ordinaria de ese órgano legislativo celebrada los días veintidós y veintisiete de noviembre de dos mil siete (fojas 93 a 102), y con la copia certificada del Periódico Oficial local de fecha quince de diciembre de dos mil siete (fojas 106), en el que aparece publicado el Decreto 5 de veintinueve de noviembre del mismo año, en el cual se confieren facultades al referido presidente, en los siguientes términos:

"Decreto Núm. 5.-La Sexagésima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, decreta: Artículo primero. La Sexagésima Legislatura Constitucional del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, establece que la representación legal del Congreso del Estado, la tendrá el presidente en turno de la legislatura, con facultades para delegarla en la persona o personas que resulten necesarias.-Artículo segundo. La Sexagésima Legislatura Constitucional del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, otorga la representación legal del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, al presidente de la Gran Comisión de la Legislatura Estatal, para promover, defender y contestar a nombre del Congreso del Estado en los juicios de carácter penal, civil, amparo, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y en todos aquellos litigios y asuntos en que éste sea parte, así como para reconvenir o contrademandar en dichos juicios o litigios del orden federal y estatal que así se requiera, y dar seguimiento a las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y a todos los juicios que se encuentren en trámite. Contará con las facultades para delegarla en la persona o personas que resulten necesarias.-Transitorio: Único. El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su aprobación. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado."

En representación del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca compareció Arturo David Vásquez Urdiales, en su carácter de consejero jurídico de Gobierno de dicha entidad, personalidad que acreditó con la copia certificada de su nombramiento (foja 76) y con las facultades que le otorga el artículo 33 bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 33 bis. A la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado corresponde el despacho de los siguientes asuntos: ... IV. Representar al Ejecutivo del Estado y promover en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad en las que éste o la gubernatura sean parte, en términos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como representar al titular del Ejecutivo del Estado en las investigaciones que ordene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en uso de la facultad que le confiere el artículo 97 de la Constitución Política Federal. ..."

CUARTO.-La presente controversia constitucional debe sobreseerse parcialmente, toda vez que en el caso se actualiza el supuesto previsto en el artículo 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional.

La norma arriba invocada es del tenor siguiente:

"Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:

"...

"III. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe la norma o acto materia de la controversia, o cuando no se probare la existencia de ese último. ..."

Por otra parte, en el resultando primero de esta ejecutoria se reprodujeron los actos cuya invalidez demandó la parte actora, y que se resumen en:

a) La aprobación, expedición, publicación, vigencia y aplicación del decreto emitido por la Sexagésima Legislatura del Estado de Oaxaca, que deja insubsistente el nombramiento de presidente municipal interino que recayó en el suplente Vicente Hernández Martínez, y el reconocimiento que el Congreso sigue dando al presidente municipal constitucional Ricardo Juárez Martínez, a pesar de haber renunciado a su cargo y de haber sido aceptada su renuncia por el Ayuntamiento.

b) La retención y suspensión de los recursos económicos públicos, federales y estatales, de los programas que le corresponden al Municipio actor y que debieran ser ejercidos por la Comisión de Hacienda integrada por el presidente municipa

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21860-e953b690/controversia-constitucional-si-no-se-acredita-la-existencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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