CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA, AL PREVER QUE LA LEGISLATURA LOCAL DESDE QUE SE DÉ INICIO AL PROCEDIMIENTO DE DESAPARICIÓN DE UN AYUNTAMIENTO Y HASTA EN TANTO NO SE EMITA LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE, PODRÁ DECRETAR POR ACUERDO DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LA TOTALIDAD DE SUS INTEGRANTES ANTE UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA GRAVE, UN VACÍO DE AUTORIDAD O UN ESTADO DE INGOBERNABILIDAD, LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE AQUÉL, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA FEDERAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DECRETO 1389 EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2009, EN LA PARTE QUE DECLARA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, DISTRITO DE JAMILTEPEC, ES INCONSTITUCIONAL, AL APOYARSE EN EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY MUNICIPAL ESTATAL. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LOS EFECTOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES, DEPENDEN DE LA CATEGORÍA DE LAS PARTES ACTORA Y DEMANDADA.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 77/2009. MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN, JAMILTEPEC, ESTADO DE OAXACA.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIO: ALFREDO VILLEDA AYALA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de marzo de dos mil diez.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación. Por escrito recibido el ocho de septiembre de dos mil nueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Antonio López López, en su carácter de síndico municipal del Ayuntamiento de San Pedro Jicayán, Jamiltepec, Estado de Oaxaca, promovió controversia constitucional en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican:
Autoridades demandadas:
a) LX Legislatura del Estado de Oaxaca.
b) Presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado de la LX Legislatura del Estado de Oaxaca.
c) Secretario general de Gobierno del Estado de Oaxaca.
d) Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.
Actos reclamados:
"La inconstitucionalidad del artículo 87 de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, con fecha 10 de enero del año dos mil tres y aprobada mediante el decreto número 293 por la Quincuagésima Séptima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que a la letra dice: (se transcribe).
"El dictamen de la ‘Comisión Permanente de Gobernación del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca’, mediante el cual se propone ante la ‘Asamblea del Congreso del Estado de Oaxaca’, la aprobación del inicio del procedimiento de desaparición del Ayuntamiento de San Pedro Jicayán, Distrito de Jamiltepec, Oaxaca, por considerar que se actualizan ‘hipótesis previstas en la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca’. Así como la suspensión provisional del Ayuntamiento a que alude el artículo 87 de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, y la inminente aprobación de la ‘declaración de suspensión provisional del Ayuntamiento de San Pedro Jicayán, Distrito de Jamiltepec, Oaxaca’. Desde luego el inminente decreto correspondiente al dictamen antes precisado, mediante el cual la LX Legislatura del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, aprueba el inicio del procedimiento de desaparición del Ayuntamiento de San Pedro Jicayán, Distrito de Jamiltepec, Oaxaca, así como también la inminente declaración de suspensión provisional del Ayuntamiento de San Pedro Jicayán, Distrito de Jamiltepec, Oaxaca, por considerar que se actualizan las hipótesis previstas en la Ley Municipal del Estado de Oaxaca. Decreto cuya existencia se presume por así haberlo publicado diversos medios de comunicación escritos y electrónicos, sin que hasta la fecha dicho decreto haya sido legalmente notificado al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Jicayán, Distrito de Jamiltepec, Oaxaca, el cual sigue funcionando en el territorio municipal despachando todos los asuntos de su competencia entre ellos prestando los servicios públicos y ejecutando obras de beneficio común, pues no ha sido notificado del inconstitucional e ilegal decreto que pretende emitir el Congreso del Estado de Oaxaca, para seguir a nuestras espaldas el procedimiento de desaparición y suspender al Ayuntamiento sin que haya agotado el procedimiento previsto por el artículo 115 constitucional. Desde luego, también como consecuencia de lo anterior la ilegal orden o acuerdo girado por la Comisión Permanente de Gobernación y por la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior, ambas del Congreso del Estado de Oaxaca, y su ejecución por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, mediante el cual nos ha sido suspendida la entrega de los recursos económicos al Ayuntamiento que represento, por ahora lo correspondiente al ramo 28 y para los Municipios y como consecuencia la suspensión de la entrega de los demás recursos correspondientes a los demás ramos 33 fondos III y IV, sin que el Ayuntamiento haya sido notificado legalmente y mucho menos oído y vencido en juicio previo, en el que se hubieran cumplido las formalidades esenciales del procedimiento, como debe ser en un régimen jurídico democrático y en plena vigencia del Estado de derecho.
"El inminente nombramiento por parte de la Secretaría General de Gobierno del Estado de un administrador que pretenden instalar previamente para que haga las funciones del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Jicayán, Distrito de Jamiltepec, Oaxaca, cuando este Ayuntamiento aún se encuentra funcionando cuyo periodo constitucional de tres años culmina el 31 de diciembre de 2010, además de que en ningún momento ha sido notificado de la ilegal decisión del Congreso del Estado o de la Secretaría General de Gobierno, quienes violan flagrantemente la autonomía del Gobierno Municipal y su hacienda pública municipal."
SEGUNDO. Preceptos constitucionales violados. La parte actora señaló como preceptos constitucionales violados los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO. Antecedentes. La parte actora narró los siguientes antecedentes del caso (fojas 3 a 5 del expediente principal):
"I. Mediante el sistema de partidos políticos, los miembros del Ayuntamiento 1. Leonardo Eliezer Silva Palacios, presidente municipal; 2. Antonio López López, síndico municipal; 3. Clemencia López López, regidora de Hacienda; 4. Basilio Castro Jiménez, regidor de Educación; y 5. Nicolás Merino López, regidor de Salud, fuimos electos autoridades en el Municipio de San Pedro Jicayán, Distrito de Jamiltepec, Oaxaca, por lo que hasta ahora conformamos el Ayuntamiento Constitucional que represento quienes estamos ejerciendo nuestras funciones en forma normal. Pero resulta que en los últimos días del mes de agosto del presente año, un reducido grupo de personas encabezadas por el expresidente municipal Julio Antonio Mejía, quien (sic) dicen ser impulsados por diputados locales del Partido de la Revolución Democrática y financiados por éstos y con intereses contrarios a los del pueblo de San Pedro Jicayán, Distrito de Jamiltepec, Oaxaca, se manifestaron en contra de los integrantes del Ayuntamiento de San Pedro Jicayán, Distrito de Jamiltepec, Oaxaca, para exigir nuestra remoción sin fundamento alguno, pues no existe causa para que se suspenda y desaparezca el Ayuntamiento, toda vez que estamos otorgando los servicios públicos tales como: de salud a la población a través de un consultorio médico, atendido por el Dr. Pedro Rodríguez Corcuera y la enfermera Orquídea Marcelo Vásquez, de registro civil en apoyo del Registro Civil del Estado, el abastecimiento de agua potable, alumbrado público, recolección de basura, barrido de las calles, limpieza del mercado, atención a los diversos centros educativos de nivel preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, así como la atención a las Agencias de Policía de Agua Dulce, El Limón Real, La Hierbasanta, Los Marcelos, San Marcos, El Coyul, San José Yutatuyaa, Yutandayo, La Chupa Rosa, y Municipales San Juan Jicayán y Santiago Jicayán, residentes en el territorio municipal y la ejecución de las diversas obras de beneficio social que fueron priorizadas para este ejercicio 2009, en las que se encuentran las siguientes: población de Yutandayo con la construcción de un auditorio municipal, San José Yutatuyaa con la construcción de dos aulas de la Secundaria General Fidel M. Canseco, la introducción del agua potable en San Pedro Jicayán y en Santiago Jicayán con pozos semiprofundos, la pavimentación de un kilómetro de la carretera que conduce de la Y-San Pedro Atoyac a San Juan Jicayán, la pavimentación de la calle principal de la Agencia de Agua Dulce aproximadamente un kilómetro de pavimentación hidráulica de concreto, la construcción de una clínica en la localidad de la Chupa Rosa acondicionada para el sector salud, así como también la construcción de un auditorio municipal en la cabecera de San Pedro Jicayán, denominado Álvaro Carrillo con capacidad para 2,000 personas, la gestión ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para instalar la radio base de Telcel que comunica a todos los Municipios de manera local, nacional e internacional, así también la adquisición de 9 camionetas que fueron donadas por el Municipio a las agencias marca Ford F150 del año 2009 para los servicios de seguridad, salud, la adquisición del camión de la basura que sirve para recolectar en todo el Municipio y las agencia (sic) municipales y de policía, limpia y apertura de caminos por más de 4 kilómetros en caminos cosecheros, entre otras, por lo que no existe razón para que los diputados locales pregonando tener el apoyo de todos los integrantes de la LX Legislatura del Estado de Oaxaca y de la Secretaría General de Gobierno, para que en forma ilegal se suspenda y desaparezca el Ayuntamiento, pues el Municipio no puede ser suspendido a diestra y siniestra o porque así lo quieran tales diputados, quienes además públicamente han dicho que cuentan con todo el apoyo del Gobierno del Estado, para desaparecer el Ayuntamiento, así como suspenderlo, que sólo basta su decisión para que esto se cumpla, que el Congreso del Estado hace lo que ellos le pidan, porque dicen ser una de las fuerzas políticas más importantes del Estado, además de que sostienen que ya está pendiente que la Dirección de Gobierno del Estado de la Secretaría General extienda el nombramiento al administrador, y así quedemos los miembros del Ayuntamiento, en forma definitiva destituidos de nuestros cargos, que por ello los recursos económicos que recibe el Ayuntamiento (sic) y que le ha sido ordenada su suspensión y entrega por parte de la Secretaría de Finanzas.
"2. No obstante de que el Municipio se encuentra funcionando con toda normalidad, tuvimos conocimiento de que el Congreso del Estado a nuestras espaldas ha iniciado el procedimiento de suspensión y desaparición del Ayuntamiento, sin embargo, a esta advertencia no le dimos mucha importancia, pero resulta que el día 7 de septiembre de 2009, nos presentamos ante la Recaudación de Rentas de Pinotepa Nacional, Oaxaca, a retirar los recursos que le corresponden al Municipio que represento, sin embargo, el recaudador de rentas nos informó que era la última entrega de las participaciones tanto del ramo 28 como del ramo 33 fondo (sic) III y IV la que nos entregaría, porque dice tener órdenes por parte del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y de la Secretaría de Finanzas, de suspender en forma definitiva la entrega de dichos recursos y que éstas se harán en la forma acostumbrada en los momentos (sic) que se nombre al administrador, comunicado verbal que nos repitió una y otra vez, en el sentido que el recaudador de rentas tenía órdenes verbales para que se suspendiera la entrega de los recursos, porque según sabían eran órdenes del presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado y de la Comisión Permanente de Gobernación, ambas del Congreso del Estado de Oaxaca, ya que se estaba pendiente la emisión del decreto de suspensión provisional del Ayuntamiento de San Pedro Jicayán, Distrito de Jamiltepec, Oaxaca, pero esta resolución no se nos ha notificado conforme lo ordena el artículo 115 de la Constitución Política Federal, ni se nos ha dado el derecho de audiencia que prevén los artículos 14 y 16 de la Constitución Política Federal, por lo que no tenemos duda de que al existir órdenes de suspendernos la entrega de los recursos del Municipio, es porque es inminente el decreto que suspenda provisionalmente al Ayuntamiento de manera inconstitucional, ya que están los actos claros de suspensión de la entrega de los recursos, es un acto encaminado a la suspensión provisional del Ayuntamiento y su desaparición, al aplicar inconstitucionalmente el artículo 87 de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, artículo a todas luces inconstitucional como lo precisaré más adelante, ya que al pretenderse desaparecer un Ayuntamiento, que de efectuarse con tal ligereza constituye un grave atentado en contra del Estado de derecho de la autonomía con que constitucionalmente se encuentra investido el Municipio, además de que sabemos que la Secretaría General de Gobierno está preparando el nombramiento de un administrador según dicen que esperan la aprobación de lo que ordene el Congreso del Estado en su inconstitucional decreto que es inminente su expedición.
"La autonomía del Ayuntamiento está siendo vulnerada por actos inconstitucionales e ilegales cometidos por el Congreso del Estado de Oaxaca, infringiendo la autonomía del Municipio y la continuidad en el ejercicio de los cargos de elección popular a que fuimos nombrados por el periodo de tres años que culmina el 31 de diciembre de 2010, como lo acreditamos con nuestra constancia de mayoría y validez que fue otorgada por el Consejo Municipal Electoral de San Pedro Jicayán, cargo que hemos venido desarrollando con nuestras funciones en el Ayuntamiento en el territorio municipal en beneficio de la mayoría de los ciudadanos del Municipio."
CUARTO. Conceptos de invalidez. La parte actora formuló los conceptos de invalidez (fojas 5 a 14 del expediente principal) que estimó pertinentes, en los que esencialmente adujo:
1. En la exposición de motivos de la reforma al artículo 115 de la Constitución Federal promulgada el dos de febrero de mil novecientos ochenta y tres y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día siguiente, se destacaron como prerrogativas de los Municipios su integración y la continuidad en el ejercicio de sus funciones.
Del precepto constitucional en cuestión se desprende que el poder reformador de la Constitución Federal estableció como prerrogativa principal preservar a los Ayuntamientos como instituciones municipales, salvaguardándolos tanto en su integración como en la continuidad del ejercicio de sus funciones de gobierno. Lo anterior debido a que nacen a partir de un proceso de elección popular directa, a través del cual la comunidad municipal otorga un mandato político a determinado plazo, el cual por disposición fundamental debe ser respetado, excepto en los casos extraordinarios previstos en la legislación local. Por tanto, la mutilación de ese plazo en cualquiera de los supuestos señalados, contraría la voluntad popular, causando una afectación al ente municipal.
El respeto al Ayuntamiento en cuanto a la continuidad en el ejercicio de sus funciones y su integración, tiene como fin preservar las instituciones municipales de injerencias ajenas; esto en aras de un principio de seguridad jurídica que permita hacer efectiva su autonomía política.
Siendo lo anterior el marco teórico bajo el cual debe formar su actuación el Congreso Local, lo cual no hizo así en el momento de la aprobación del artículo 87 de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, pues causó un atentado contra las garantías de audiencia y legalidad jurídica, que sólo pueden ser reparadas con la declaratoria de invalidez de dicha ley por parte de este máximo órgano de justicia y control constitucional.
Lo anterior es así, si tomamos en cuenta que tratándose de los procedimientos de suspensión y desaparición de Ayuntamientos, así como de suspensión o revocación del mandato de alguno de sus integrantes, del artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, se desprende que el Congreso de Oaxaca tiene la facultad de suspender a Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves establecidas en la ley, siempre y cuando sus integrantes hayan tenido oportunidad de defenderse.
Por su parte, la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca, en los artículos 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 y 101, establece que para sustanciar alguno de estos procedimientos, se deben llevar a cabo las siguientes etapas:
a) Solicitud: puede ser formulada por el Ejecutivo del Estado, por los legisladores locales, por los integrantes del Ayuntamiento respectivo o por los ciudadanos vecinos. Deberán acompañarse los medios probatorios en que se funde la petición.
b) Procedencia: la Comisión de Gobernación determinará la procedencia o improcedencia de la solicitud, señalando si la misma cumple con los requisitos legales y si las conductas corresponden a alguna de las causas graves establecidas en la ley para la desaparición del Ayuntamiento o para la suspensión o revocación del mandato de alguno de sus miembros. De cumplirse con lo anterior la solicitud deberá ser ratificada por los denunciantes.
c) Instrucción: una vez acreditados los elementos enunciados en el inciso anterior y ratificada la solicitud, se notificará personalmente a los integrantes del Ayuntamiento, dándoles un término para que contesten. Transcurrido el mismo, se citará a una audiencia de pruebas; posteriormente se pone el expediente a la vista de las partes para que rindan sus alegatos; finalmente, la Comisión de Gobernación deberá emitir su dictamen determinando la procedencia de lo solicitado u ordenando el archivo del expediente.
d) Resolución: una vez rendido el dictamen en el que se proponga la desaparición del Ayuntamiento, suspensión o renovación del mandato de alguno de sus miembros, el mismo deberá ser aprobado por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso. Dicha determinación deberá notificarse personalmente a las partes y publicarse en el Periódico Oficial del Estado, y en los dos periódicos estatales de mayor circulación.
Por lo que hace al inminente dictamen; a la orden de suspensión de pagos de las participaciones de los ramos 28 y 33, fondos III y IV; y al inminente inicio del procedimiento de desaparición del Ayuntamiento de San Pedro Jicayán, Distrito de Jamiltepec, Oaxaca; si bien es cierto que no son actos definitivos, en el caso de la suspensión de pagos de participaciones municipales, se trata de un acto encaminado a la aplicación inconstitucional del artículo 87 de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, y del cual se solicita su declaración de invalidez, por falta de notificación del inminente inicio del procedimiento de suspensión provisional del Ayuntamiento, toda vez que la falta de notificación nos deja en completo estado de indefensión ante la aplicación del citado artículo. Al respecto, es pertinente citar la opinión del Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo vertida en la resolución de la controversia constitucional número 49/2003 y el voto concurrente de la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.
En consecuencia, el inminente decreto que aprobará el inicio del procedimiento de desaparición del honorable Ayuntamiento de San Pedro Jicayán, Distrito de Jamiltepec, Oaxaca, y la declaración de suspensión provisional del mismo, así como el nombramiento del administrador para que maneje el Municipio haciendo las funciones del Ayuntamiento y particularmente la inminente suspensión de pago de los recursos de los ramos 28 y 33, fondos III y IV, a que será objeto, evidentemente no satisfacen bajo circunstancia alguna las garantías de audiencia y legalidad tuteladas en los artículos 14, 16 y fundamentalmente en el 115, fracción I, tercer párrafo, de la Constitución Federal; sobre todo tomando en consideración que tal determinación en el caso concreto, se dictó sin notificación siquiera del inicio del procedimiento y sin otorgarnos la posibilidad de conocer las bases que sirvieron para su instauración, para estar en aptitud de comparecer a él en legítima defensa de nuestros intereses, que no son otros que los del pueblo que representamos. Es decir, que el acto aquí combatido nos deja en total estado de indefensión, al emitirse un acto privativo consistente en la suspensión de la entrega del pago de las participaciones municipales de los ramos 28 y 33, fondos III y IV, como una medida notoriamente contraria a lo dispuesto por el precisado artículo 115 constitucional.
La Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, mediante la emisión de la orden de suspensión de pago de participaciones al Ayuntamiento de San Pedro Jicayán, Distrito de Jamiltepec, Oaxaca, enviada a la Secretaría de Finanzas, cuya ejecución y cumplimiento corresponde a la Recaudación de Rentas con residencia en Pinotepa Nacional; así como la inminente suspensión provisional del Ayuntamiento que represento, constituyen los actos que se combaten por esta vía de controversia constitucional, para que seamos restituidos en el pleno goce de nuestros derechos y de nuestros representados, quienes nos confirieron un mandato que sólo puede ser revocado siempre y cuando se cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el caso particular se nos suspende el pago de las participaciones de los ramos 28 y 33, fondos III y IV, y como consecuencia, de los demás ramos a que tiene derecho el Municipio de San Pedro Jicayán, Distrito de Jamiltepec, Oaxaca, sin otorgarnos previamente la intervención que legalmente nos correspondería dentro del mismo, y aún más sin siquiera habernos notificado legalmente de la existencia de tal procedimiento y mucho menos habernos dado la oportunidad de probar y alegar como lo establece la disposición constitucional antes aludida, violando flagrantemente la garantía de audiencia previa y la garantía de legalidad que en forma congruente y complementariamente establecen los tres artículos constitucionales a que me he referido. Pero además, el inminente decreto conlleva en su expedición una clara violación al artículo 115 constitucional, toda vez que la Legislatura del Estado mediante la emisión del inminente acto reclamado pretende suspender provisionalmente el Ayuntamiento de San Pedro Jicayán, Distrito de Jamiltepec, Oaxaca, así como suspender el pago de las participaciones económicas que le corresponden.
QUINTO. Trámite. Mediante proveído de presidencia de ocho de septiembre de dos mil nueve (foja 19 del expediente principal) se ordenó formar y registrar el asunto bajo el número 77/2009 y se designó a la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos para que fungiera como Instructora en el procedimiento, quien por auto del nueve de septiembre del mismo año, le reconoció personalidad al síndico del Municipio de San Pedro Jicayán, Distrito de Jamiltepec, Oaxaca, para representar a la parte actora y admitió a trámite la controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del mismo Estado, así como de su Secretario General de Gobierno, a quienes ordenó emplazarlos para que contestaran la demanda (fojas 20 a 23 del expediente principal).
SEXTO. Contestación de la demanda. El secretario general de Gobierno del Estado de Oaxaca al contestar la demanda (fojas 119 a 121 del expediente principal) manifestó en esencia lo siguiente:
Es cierto el acto que se atribuye a esta autoridad, por lo que se refiere al refrendo del Decreto Número 1389, mediante el cual la Sexagésima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Oaxaca aprueba el inicio del procedimiento de desaparición del honorable Ayuntamiento de San Pedro Jicayán, Distrito de Jamiltepec, Oaxaca, en los términos previstos por los artículos 93, 94, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca y declara la suspensión provisional de dicho Ayuntamiento, al existir en el Municipio actor un vacío de autoridad y estado de ingobernabilidad, que actualizan las causales previstas en el artículo 87 de la citada ley, a consecuencia de los conflictos reiterados que existen entre los integrantes del Ayuntamiento y los vecinos del Municipio; y se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que en uso de sus facultades constitucionales y legales designe a un administrador que se encargue provisionalmente de la administración municipal y ejerza las funciones, hasta que se resuelva en definitiva el procedimiento de desaparición del Ayuntamiento de San Pedro Jicayán, Distrito de Jamiltepec, Oaxaca, mismo que fue publicado de conformidad con la obligación que impone al Poder Ejecutivo el artículo 58 de la Constitución Política de la entidad, en el que se establecen las formalidades para la promulgación de los decretos que emite el honorable Congreso del Estado, en relación con el numeral 13 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
SÉPTIMO. Contestación de la demanda. El presidente de la Gran Comisión de la Sexagésima Legislatura del Estado, al contestar la demanda (fojas 132 a 140 del expediente principal), en resumen adujo:
1. En lo referente al primer párrafo del artículo 87 de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, resulta extemporáneo su reclamo, toda vez que fue emitido mediante el Decreto 293, publicado en el Extra del Periódico Oficial de diez de enero de dos mil tres.
2. La Comisión Permanente de Gobernación del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, efectivamente emitió el dictamen con el que propuso el proyecto de decreto que inició el procedimiento de desaparición del Ayuntamiento de San Pedro Jicayán y suspendió al mismo por vacío de autoridad y estado de ingobernabilidad, previstos en el artículo 87 de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, a consecuencia de los conflictos reiterados que existen entre los integrantes del Ayuntamiento y los vecinos del Municipio. No es cierto que se siga a espaldas del Ayuntamiento procedimiento de desaparición, puesto que el decreto no fue consumado, en virtud de la suspensión emitida por ese Alto Tribunal, aun cuando el citado decreto se publicó en el mismo día de su aprobación, y en éste instruye la iniciación del procedimiento de desaparición, con el propósito de proteger la paz social que se encuentra en riesgo por los constantes problemas que existen entre el Ayuntamiento y sus pobladores.
3. El decreto en ningún momento autoriza al secretario general para que nombre a un administrador.
4. El Decreto 1389 no viola los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución General de la República, si bien se declaró la suspensión del Ayuntamiento, fue resultado de los problemas existentes entre los miembros del Ayuntamiento y la ciudadanía, que pusieron en peligro la paz social del Municipio, así como lo hace valer el promovente de la suspensión y desaparición del Ayuntamiento en su escrito de fecha 15 de abril de 2009.
Por ello, existieron elementos para ordenar la suspensión del Ayuntamiento y el inicio del procedimiento de desaparición, en aplicación del artículo 87 de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca.
5. El Congreso del Estado no está siguiendo un procedimiento a espaldas del Ayuntamiento, puesto que, con fecha 9 de septiembre de 2009, se emitió el Decreto 1389, en el que se ordenó iniciar el procedimiento de desaparición y no propiamente la desaparición, asimismo, se declaró la suspensión provisional del Ayuntamiento a consecuencia de los conflictos reiterados que existen entre los integrantes del citado Ayuntamiento y los vecinos del Municipio.
En cuanto a la retención de recursos de los ramos 28 y 33, fondos III y IV, el Congreso del Estado no tiene facultades para emitir órdenes de suspensión de entrega de esos recursos, en tal caso, los hechos que señalan son imputables al recaudador de rentas, pues no se ha hecho efectivo el decreto que declara la suspensión del Ayuntamiento.
6. No tiene aplicación la exposición de motivos del artículo 115 de la Constitución Federal, ya que el decreto de suspensión del Ayuntamiento e iniciación del procedimiento de desaparición se hizo por el estado de ingobernabilidad y vacío de autoridad en que se encuentra el Municipio.
7. En relación con los diversos artículos que cita el actor en su demanda, como son el 59, fracción IX, de la Constitución Política del Estado, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca (sic), en ninguna de sus partes se conculcan, puesto que el Decreto Número 1389 de fecha 9 de septiembre de 2009, fue emitido con apego a la legalidad, ante el estado de ingobernabilidad y vacío de autoridad que vive el Municipio de San Pedro Jicayán.
8. En cuanto a la opinión del Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, relativa a la resolución de la controversia constitucional 49/2003, en nada beneficia al actor, puesto que la aplicación del artículo 87 de la ley municipal está encaminada a un Municipio en el que se haga presente el estado de ingobernabilidad y vacío de autoridad, como lo fue el Municipio de San Pedro Jicayán.
En cuanto al voto concurrente de la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, que se cita en la demanda, tampoco le beneficia al actor, ya que el decreto impugnado no se ejecutó en virtud de que se recibió la suspensión decretada en la controversia constitucional de la cual se informa, sin embargo, se sostiene su constitucionalidad, tomando en cuenta que el artículo 115 de la Constitución Política Federal prevé que es facultad de este Congreso suspender a los Ayuntamientos bajo las disposiciones que la ley prevé, y en este caso, la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca en el artículo 87 claramente establece que se faculta a la Legislatura del Estado a suspender a los Ayuntamientos ante una situación de violencia grave, un vacío de autoridad o un estado de ingobernabilidad, actos que se están presentando en dicho Municipio y por ello la determinación que tomó el Congreso del Estado y que obviamente, no viola la garantía de audiencia.
9. Tomando en cuenta los hechos que señala el actor en el sentido de que no se satisfacen las garantías de audiencia y legalidad que tutelan los artículos 14, 16 y 115, fracción I, de la Constitución Política Federal, manifiesto que se declaró la suspensión del Ayuntamiento de San Pedro Jicayán en términos del Decreto 1389, por existir vacío de autoridad y estado de ingobernabilidad, y se aprobó el inicio del procedimiento de desaparición del Ayuntamiento, es decir, no se desapareció el Ayuntamiento, sino que bajo los elementos d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22250-c66e302c/controversia-constitucional-el-articulo-87-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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