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BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO. LAS NORMAS QUE SUJETEN A LA APROBACIÓN DE LA LEGISLATURA LOCAL SU DISPOSICIÓN, DEBEN DECLARARSE INCONSTITUCIONALES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ADICIONADO POR REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999). CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DECRETO 664 EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 14 DE ABRIL DE 2009, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ A VENDER VEINTE TERRENOS PROPIEDAD DE ÉSTE, CONFORME A UNA SERIE DE CONDICIONANTES, VULNERA EL INCISO B), FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 50/2009. · Registro digital (IUS): 22215
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, , Pág. 1676.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 50/2009. MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diez de marzo de dos mil diez.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el cuatro de junio de dos mil nueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente, secretario y síndico, todos del Municipio de San Luis Potosí, del Estado de San Luis Potosí, promovieron controversia constitucional en representación del citado Municipio, en la que solicitaron la invalidez de los actos que más adelante se señalan y emitidos por los órganos que a continuación se mencionan:

"a: Normas generales cuya invalidez se demanda:

"i. De la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí la fracción XXXI del artículo 57 y el primer párrafo del artículo 115, publicados en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí. (los transcribe).

"ii. De la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí el artículo 18, fracción V, 106, fracción V, 109, fracción X, publicados el 13 de junio de 2006 en el Periódico Oficial del Estado y en cuanto se refieran a inmuebles municipales. (Los transcribe).

"iii. De la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí el artículo 99 publicado en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, el 6 de noviembre de 2001. (Lo transcribe).

"iv. De la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí los artículos 31, inciso a), fracción V, 32, fracción I, 108, segundo párrafo, 111, 112 y 113, publicados en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, el 11 de julio de 2000 con excepción del artículo 108, segundo párrafo, que se publicó en el mismo órgano de difusión el 3 de abril de 2007. (Los transcribe).

"v. De la Ley de Bienes del Estado y Municipios de San Luis Potosí los artículos 28, 31 y 54 en cuanto se refieran a Municipios 36, 42 y 47 publicados en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, el 12 de enero de 2006. (Los transcribe).

"Todas las normas generales citadas anteriormente forman parte del orden jurídico estatal en San Luis Potosí y con excepción de las correspondientes a la Constitución Política del Estado, todas las demás fueron expedidas posteriormente al 23 de diciembre de 1999 en que se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 115 de la Constitución General de la República que estableció el entorno normativo que rige actualmente a los Municipios, por lo que se señala al Poder Legislativo del Estado como emisor de dichas normas y al Poder Ejecutivo del Estado como responsable de la promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado de tales normas generales vigentes actualmente en contravención al Texto Constitucional referido."

"b. Actos cuya invalidez se demanda.

"i. Del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí se demanda la invalidez del Decreto 664 dado en el salón de sesiones del honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí el 7 de abril de 2009 por la LVII Legislatura mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento que represento a enajenar veinte inmuebles y se establece destino de recursos y condiciones y requisitos de la enajenación, publicado el 14 de abril de 2009 en el Periódico Oficial del Estado.

"ii. Del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí depositado en la persona del Gobernador Constitucional se reclama la promulgación y publicación el 14 de abril de 2009 en el Periódico Oficial del Estado del Decreto 664 dado en el salón de sesiones del honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí el 7 de abril de 2009 por la LVIII Legislatura mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento que represento a enajenar veinte inmuebles y se establece destino de recursos y condiciones y requisitos de la enajenación.

"iii. Se reclama específicamente la obligación impuesta en el artículo 6 del multicitado decreto al H. Ayuntamiento que represento para sujetarse a una fecha específica de enajenación y el mandato de tener que solicitar nuevamente autorización al Poder Legislativo en el caso de que la venta no se concretara el 31 de mayo del 2009.

"iv. Como consecuencia de las declaraciones de invalidez de las normas y actos que se reclaman solicito se determine la inaplicabilidad de los preceptos normativos combatidos y de los efectos de los mismos así como de los actos que por vicios propios se reclaman."

SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados en la demanda son, en resumen, los siguientes:

1. Que el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma integral al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos.

2. Que forman parte del marco jurídico vigente los artículos 18, 106 y 109 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí y los diversos 28, 31 y 54 de la Ley de Bienes del Estado y Municipios de San Luis Potosí, los que deben ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la norma constitucional.

3. Que conforme a lo anterior, y estando obligado el actor a someterse al marco jurídico vigente en tanto no hubiera un acto directo de aplicación que vulnerara sus competencias y actualizara la posibilidad de acudir a la controversia constitucional; el Municipio actor presentó ante el Poder Legislativo del Estado, el veintidós de octubre de dos mil ocho, la solicitud de enajenación de veinte inmuebles de propiedad municipal, en apego al marco jurídico vigente.

4. Que en respuesta a la solicitud referida y previo al procedimiento de ley, el Poder Legislativo expidió el Decreto 664, dado en el salón de sesiones del Congreso del Estado de San Luis Potosí el siete de abril de dos mil nueve, mediante el cual la LVIII Legislatura autorizó al Ayuntamiento actor, a enajenar veinte inmuebles y se estableció el destino de recursos, así como las condiciones y requisitos de la enajenación, publicado el catorce de abril de dos mil nueve en el Periódico Oficial del Estado por orden del Poder Ejecutivo de San Luis Potosí.

5. Que en virtud de que el decreto impugnado, además de obedecer y circunscribirse a un marco jurídico violatorio de la Constitución Federal, establece obligaciones, omisiones, procedimientos, destinos de recursos, precios, reglas de subasta, tiempos y, en general, diversas modalidades tanto a la enajenación autorizada, como a los recursos económicos resultantes; el Cabildo municipal, en sesión extraordinaria de veintiocho de abril de dos mil nueve tomó la decisión de acudir a los mecanismos legales de la autonomía municipal para revertir lo que consideró una violación constitucional, llevada a cabo por la autoridad legislativa.

TERCERO. Los conceptos de invalidez que hace valer la parte actora son los siguientes:

1. Que el inciso b) de la fracción II del artículo 115 constitucional sólo autoriza que las Legislaturas Locales señalen cuáles serán los supuestos en que los actos relativos al patrimonio inmobiliario municipal requerirán de un acuerdo de mayoría calificada de los propios integrantes del Ayuntamiento, mas no las autoriza para erigirse en una instancia más, exigible e indispensable para la realización o validez jurídica de dichos actos de disposición o administración, lo cual atenta contra el espíritu de la reforma constitucional y los fines perseguidos por ésta, tal y como el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia lo ha declarado en la jurisprudencia P./J. 36/2003, de rubro: "BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO. CUALQUIER NORMA QUE SUJETE A LA APROBACIÓN DE LA LEGISLATURA LOCAL SU DISPOSICIÓN, DEBE DECLARARSE INCONSTITUCIONAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ADICIONADO POR REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999)."

Que por tanto, resultan inconstitucionales los preceptos señalados como tales, pues éstos establecen los mecanismos de participación, intervención e injerencia del Poder Legislativo del Estado, por lo que hace a la autorización para la enajenación de inmuebles propiedad de los Municipios de la entidad federativa; sujetándolos a procesos de calificación de existencia y validez por parte del Congreso Estatal para enajenar bienes inmobiliarios.

Que en efecto, las normas cuya invalidez se demanda contravienen el inciso b) de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que van más allá de los límites constitucionales establecidos al Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí en su facultad de legislar en materia de inmuebles de propiedad municipal, pues el artículo constitucional citado no confiere facultad alguna para las Legislaturas Estatales de establecer la necesaria autorización del Poder Legislativo para enajenar bienes inmuebles, pues éste sólo autoriza a las Legislaturas Locales a que señalen cuáles serán los supuestos en que los actos relativos al patrimonio inmobiliario municipal requerirán de un acuerdo de mayoría calificada de los propios integrantes del Ayuntamiento, mas no las autoriza para erigirse en una instancia más exigible e indispensable para la realización o validez jurídica de dichos actos de disposición o administración.

Que la inconstitucionalidad referida es evidente en las normas impugnadas, salvo en los artículos 18, 106 y 109 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí y en los diversos 28, 31 y 54 de la Ley de Bienes del Estado y Municipios de San Luis Potosí; pues si bien estos últimos preceptos no hacen una mención específica referida al patrimonio inmobiliario municipal, la generalidad de su texto permite al Poder Legislativo aplicarlos al tema de inmuebles municipales, por lo que en todo caso se requiere una interpretación conforme de los mismos ante la generalidad de su texto, que deja al arbitrio del órgano legislativo aplicarlos aun en la materia de competencia exclusivamente municipal. Exclusividad que se pone de manifiesto en la exposición de motivos que dio origen a la reforma del artículo 115 constitucional, publicada el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

Que de la lectura del proceso legislativo que dio origen a la reforma citada, se advierte la intención del Constituyente en el año de mil novecientos noventa y nueve, para liberar a los Municipios del control del Poder Legislativo Estatal por lo que hace a la disposición inmobiliaria y a la libre administración hacendaria de las entidades reguladas por el artículo 115 constitucional; que además el mismo fue invocado en la tesis jurisprudencial de este Alto Tribunal, como evidencia de la inconstitucionalidad de las leyes que establezcan el requisito de previa autorización del Poder Legislativo Estatal en la libre disposición inmobiliaria municipal.

Que así pues, las normas reclamadas, al permitir que el Congreso Estatal intervenga como instancia obligatoria para la enajenación de bienes inmuebles de propiedad municipal, son violatorias del artículo 115 constitucional, ya sea por su texto directo o por la amplitud interpretativa que permiten, dejando al arbitrio del Poder Legislativo su aplicación, en una materia que el Constituyente permanente ha conferido exclusivamente a los Municipios.

2. Que el decreto impugnado establece el precio y orden de venta de los inmuebles propiedad del Municipio actor, al igual que el destino de los recursos obtenidos como resultado de la operación, conjuntamente con la obligación contenida en el artículo 6o. del decreto, consistente en que, de no concretarse la venta al día treinta y uno de mayo de dos mil nueve, se deberá solicitar autorización de nueva cuenta al Congreso Estatal, para llevar a cabo la enajenación de los veinte predios a los que se hace mención en el multicitado decreto; condiciones que resultan inconstitucionales, aunado al hecho de que las normas no confieren la facultad a la Legislatura para determinar formas, plazos ni destinos de los recursos obtenidos de la venta en cuestión, deviene en violatorio de la fracción IV del artículo 115 constitucional, pues no permite la libre administración de la hacienda municipal, ni ejercer en forma directa los recursos que la conforman.

Que de la lectura de la fracción IV del artículo 115 constitucional, se percibe la intención del Constituyente de permitir a los Municipios el libre ejercicio de su hacienda y patrimonio inmobiliario, aunque sujeto a fiscalización y eventual sanción; sin que esta labor de vigilancia se pueda entender como una facultad de injerencia del Legislativo en los actos municipales de disposición tanto inmobiliaria como de los recursos obtenidos de dichas operaciones.

Que en virtud de que la reforma constitucional de mil novecientos noventa y nueve evidencia la voluntad del Constituyente de consolidar la autonomía municipal, al liberarlo de algunas de las injerencias de los gobiernos estatales, es que la interpretación del texto actual del artículo 115 debe hacer palpable y posible el fortalecimiento municipal, para así dar eficacia material y formal al Municipio Libre; sin que esto signifique ignorar aquellas injerencias que legítimamente le sean conferidas al Ejecutivo o Legislativo Local.

Que si bien la fracción IV del multicitado artículo 115 constitucional, le confiere la facultad a las entidades legislativas para revisar y fiscalizar las cuentas públicas de los Municipios, esta labor es posterior a la conclusión del ejercicio presupuestal; es decir, el Legislativo Local puede revisar y fiscalizar la aplicación de los recursos obtenidos con la venta de los inmuebles municipales, pero no condicionar ni establecer los mecanismos, modalidades y destinos tanto de la misma como de las ganancias obtenidas, pues esto va más allá de las atribuciones constitucionales conferidas.

Que los excesos tanto normativos como de acción quedan patentes en el artículo 6o. del decreto combatido, aun cuando pareciera que los efectos del mismo se extinguieron el treinta de mayo de dos mil nueve, no lo hicieron, ya que se impone la obligación de acudir nuevamente a solicitar la autorización del Congreso Local para la enajenación de los veinte predios, lo que en sí mismo viola el inciso b), fracción II, del artículo 115 constitucional.

3. Que el decreto impugnado viola lo dispuesto por los artículos 128 y 133 de la Constitución Federal, por incumplir lo establecido en la misma, respecto a la protesta de observar sus disposiciones en todos los actos que realicen, pues las demandadas debieron acatar lo dispuesto en la norma constitucional, siendo inconstitucional el decreto impugnado al vulnerar lo dispuesto en el inciso b) de la fracción II y la fracción IV del artículo 115 de la Carta Magna.

4. Que por lo que hace a lo reclamado del Poder Ejecutivo del Estado, se deriva de lo manifestado hasta el momento, pues la promulgación del "Decreto 664" en el Periódico Oficial del Estado el catorce de abril de dos mil nueve, es un acto derivado de la conducta reclamada al Congreso Local, pues su invalidez es sólo en vía de consecuencia.

CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora considera violados son el artículo 115, en sus fracciones II, inciso b) y IV; así como los diversos 128 y 133.

QUINTO. Por acuerdo de cinco de junio de dos mil nueve, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 50/2009 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.

Por auto de ocho de junio, el Ministro instructor tuvo por presentada únicamente a la síndico del Municipio de San Luis Potosí, Estado de San Luis Potosí; admitió a trámite la demanda; reconoció el carácter de demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, del Estado de San Luis Potosí, a los que ordenó emplazar para que formularan su contestación. Asimismo, dio vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

En el mismo proveído, el Ministro instructor requirió a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, a efecto de que, al contestar la demanda, señalasen domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del Distrito Federal; y los requirió para que en el mismo ocurso de contestación a la demanda, remitieran a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, copia certificada de los antecedentes de los actos impugnados.

SEXTO. El Congreso del Estado de San Luis Potosí, al contestar la demanda, señaló en resumen, lo siguiente:

1. Que es improcedente la demanda promovida, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 19, fracción VII, relacionada con el artículo 21 de la ley de la materia, ya que la demanda fue presentada posteriormente a los treinta días contados a partir del día siguiente de la fecha de su publicación o del día al que se produzca el primer acto de aplicación de las normas que dan lugar a la controversia. En efecto, si la demanda fue interpuesta con motivo del primer acto de aplicación de las normas impugnadas, también resulta extemporánea ya que el Municipio de San Luis Potosí, y en particular la administración que recurre, a partir del treinta y uno de octubre de dos mil seis, se sometió a los procedimientos y legislación aplicable de los que ahora reclama su invalidez, además de que desde la fecha mencionada, ha realizado veintiún solicitudes de autorización de diversos actos, diferentes a la enajenación que en este asunto nos ocupa.

Que del análisis de la lista de solicitudes de autorización del Municipio actor, contenida en el escrito de contestación de demanda, se advierte que el primer acto de aplicación de los ordenamientos impugnados fue mediante el dictamen aprobado el treinta y uno de octubre de dos mil seis, publicado en el Periódico Oficial del Estado el cuatro de noviembre de dos mil seis, bajo el Decreto Legislativo Número Nueve, por lo que se evidencia que ha transcurrido en exceso el plazo para la interposición de la demanda de controversia constitucional intentada.

2. Que además, son inaplicables los conceptos de invalidez que hace valer el Municipio actor, ya que contrario a lo que éste aduce, los preceptos impugnados no son inconstitucionales; pues según la Constitución y las leyes que de ella emanan, el Congreso del Estado tiene la facultad para autorizar a los Municipios a enajenar, gravar, transmitir, permutar y desincorporar los bienes inmuebles del dominio público o de uso común, sin que esta facultad sea violatoria del artículo 115 constitucional, ya que no constituye una limitante a la libre administración de la hacienda municipal, sino que persigue el objetivo de preservar el patrimonio y la hacienda del Municipio.

3. Que con el acto impugnado no se violenta la facultad del Municipio actor a determinar el destino de los recursos obtenidos de los rendimientos de sus bienes y contribuciones percibidas, ya que en el dictamen emitido por el Congreso Local, se respeta el fin que se pretende alcanzar con la venta de los inmuebles, pues en el acta de Cabildo que se encuentra agregada en la petición de enajenación, se establece que la finalidad de la venta de los terrenos es para la realización de las obras públicas que ahí mismo se especifican. Así, el Poder Legislativo Estatal observó en todo momento la voluntad del Cabildo, pero previendo que existiera la viabilidad económica para el cumplimiento del proyecto que se planteó.

Que lo anterior es así, ya que no se está estableciendo un precio único de venta, sino que se está estableciendo el precio mínimo que se deberá obtener para el debido cumplimiento de todas y cada una de las obras que se proyectan realizar, porque de establecerse en las ventas un precio menor al contenido en el dictamen emitido, sería imposible la ejecución de las obras consideradas dentro del proyecto del Pleno del Cabildo del Municipio actor.

Que la fijación de fechas y términos planteados en el dictamen de aprobación de ventas tampoco violenta el principio de autonomía municipal, en virtud de que dicha fijación fue hecha con el único objeto de que las obras no devinieran de imposible ejecución o de conclusión en posteriores administraciones. Cita en apoyo a lo argumentado en párrafos anteriores la jurisprudencia del Pleno de esta Suprema Corte de número P./J. 36/2002 y rubro siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FACULTAD OTORGADA AL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE PARA AUTORIZAR A LOS MUNICIPIOS A ENAJENAR, GRAVAR Y TRANSMITIR LA POSESIÓN O DOMINIO DE BIENES INMUEBLES, PARTICIPACIONES, IMPUESTOS, DERECHOS, APROVECHAMIENTOS, CONTRIBUCIONES O CUALQUIER TIPO DE INGRESOS FISCALES QUE INTEGREN LA HACIENDA MUNICIPAL, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 33, FRACCIÓN XVI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE AQUELLA ENTIDAD FEDERATIVA NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LIBRE ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL."

Que en el presente caso, se solicitó la autorización de venta de veintitrés predios, sin embargo del estudio de la misma y de los documentos anexos a ésta, se advirtió que dos de los predios se encontraban en estado de litigio; por lo que, al acreditarse únicamente la liberación de uno de los predios, no se autorizó la venta del terreno del que no se acreditó la legítima propiedad.

Que en atención a lo anterior, es que queda demostrado que es necesaria la autorización de que el Poder Legislativo otorgue a la enajenación de bienes que los Municipios del Estado pretendan celebrar, con la finalidad de salvaguardar la solemnidad y funcionalidad que motivó la petición de la venta solicitada, sin que en ningún momento se violente el artículo 115 de la Carta Magna en lo que refiere a la autonomía y hacienda municipal.

SÉPTIMO. El Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí en síntesis, manifestó:

1. Que de conformidad con las disposiciones de los artículos 80, fracción II, de la Constitución Política del Estado y 3o. y 4o. fracción I, de la Ley del Periódico Oficial del Estado, "son materia de publicación obligatoria en el Periódico Oficial del Estado, los decretos expedidos por el Congreso del Estado", de tal manera que el acto demandado al Poder Ejecutivo del Estado, se encuentra apegado al orden jurídico mexicano.

2. Que en el caso, la intervención del Ejecutivo Estatal se reduce a publicar y dar a conocer el decreto para su observancia obligatoria. En este sentido, para la vigencia y eficacia del decreto que se tilda de inconstitucional, es necesaria su publicación en el Periódico Oficial del Estado, acto que corresponde al Ejecutivo del Estado y, en consecuencia, es jurídicamente admisible el ejercicio de las facultades propias y exclusivas del encargo del Poder Ejecutivo del Estado y en esta proposición, es dable confirmar la validez y legalidad del acto demandado al Ejecutivo Estatal.

Que los actos tildados de inconstitucionales efectuados por el Poder Ejecutivo Local, derivan del propio procedimiento legislativo para la formación de disposiciones generales, en el que el Ejecutivo Local sólo participó con sustento en las estipulaciones constitucionales y legales indicadas.

OCTAVO. El procurador general de la República, al formular su opinión, manifestó sustancialmente:

1. Que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional, la cual fue presentada por persona legitimada para ello.

2. Que el Congreso Local, al dar contestación a la demanda, señaló la actualización de la causal de improcedencia por extemporaneidad, toda vez que el acto impugnado no es el primero de aplicación de las normas combatidas; que lo anterior es así ya que desde dos mil seis, el Municipio actor ha solicitado al Congreso Local la aprobación de la disposición de bienes inmuebles del Ayuntamiento, siéndole concedida tal autorización, por lo que no es dable pretender que el decreto impugnado constituya el primer acto de aplicación de las normas combatidas, pues con antelación las normas ya se le han aplicado al promovente, mediante los decretos 009 y 025 publicados en el Periódico Oficial de la entidad el cuatro y veintiuno de noviembre de dos mil seis; debiéndose haber realizado su impugnación dentro de los posteriores treinta días.

Que por tanto, la impugnación de las normas que facultan al Congreso Local para que el actor enajene bienes inmuebles de su propiedad, es en exceso extemporánea, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del numeral 19 de la ley reglamentaria, y por ende es procedente que esta Suprema Corte decrete el sobreseimiento del juicio intentado, en términos del artículo 20, fracción II, del ordenamiento legal en cita.

Que por lo que hace al acto tildado de inconstitucional, manifiesta que el escrito de demanda de controversia constitucional fue interpuesto oportunamente.

3. Con relación a los conceptos de invalidez, señala:

Que el actor señala que las normas impugnadas resultan inconstitucionales, en atención a que establecen la participación, intervención e injerencia del Poder Legislativo en la autorización de la enajenación de bienes inmuebles propiedad del Municipio promovente, sujetándolos a procesos de calificación y autorización previa como requisito de existencia y validez para llevar a cabo dicho acto, lo cual va más allá de lo establecido en el precepto 115, fracción II, inciso b), de la Carta Magna toda vez que facultan al Congreso Local a ser una instancia más exigible e indispensable para la realización o validez jurídica para la enajenación de bienes inmuebles de su propiedad.

Que a su juicio, lo sostenido por el actor constituye una omisión legislativa por parte del Congreso Local, por lo que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberá de suplir la deficiencia de la demanda, en atención a lo que a continuación señala:

Que el inciso b) de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Federal fue producto de la reforma constitucional de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, que en lo que interesa establece que los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley, teniendo éstos la facultad para aprobar, acorde con las leyes expedidas para tal efecto por las Legislaturas de los Estados, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, entre otros; teniendo como objeto estas leyes, el de establecer los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento.

Que en atención a lo anterior, se estima que lo dispuesto en los incisos contenidos en la fracción II del artículo 115 constitucional debe interpretarse desde una óptica restrictiva, conforme a la cual sean sólo admisibles esas restricciones a la actividad municipal, pues así se permite materializar el principio de autonomía municipal, y no tornar nugatorio el ejercicio legislativo realizado por el Constituyente Permanente, sino más bien consolidarlo.

Que lo anterior significa que el inciso b) de la fracción II del artículo 115 constitucional sólo autoriza a las Legislaturas Locales a que señalen cuáles son los supuestos en que los actos relativos a la afectación del patrimonio inmobiliario municipal sea requerido el acuerdo de la mayoría calificada de los miembros del Ayuntamiento; sin que esto le autorice a erigirse en una instancia más, exigible e indispensable para la realización o validez jurídica de dichos actos de disposición o administración, ya que esto atenta contra el espíritu de la reforma constitucional y los fines perseguidos por ésta.

Que cabe agregar que, cuando el precepto a estudio se refiere a las resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal, se debe entender por "afectar" lo que expresa conforme al contexto en el que está inserto, que en el caso conforme a los razonamientos vertidos durante el proceso legislativo, debe entenderse por "afectar" todo aquel acto jurídico por el cual se dispone del patrimonio inmueble, como lo sería desincorporar, enajenar o gravar, entre otras.

Que por tanto, resulta pertinente señalar lo dispuesto por los artículos primero y segundo transitorios de la reforma constitucional antes referida, que en síntesis establecen, que el decreto entrará en vigor noventa días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, así como que los Estados deberán adecuar sus Constituciones y leyes conforme a lo dispuesto en dicho ordenamiento, a más tardar en un año a partir de su entrada en vigor. De lo que se colige que entonces, las entidades federativas estaban obligadas a adecuar sus Constituciones y leyes locales a partir del veintidós de marzo del dos mil y hasta el veintiuno de marzo de dos mil uno.

Que en ese sentido, de la lectura de las normas impugnadas por el Municipio actor y que se refieren a la autorización del Congreso Local para que los Ayuntamientos puedan disponer o enajenar los bienes inmuebles municipales, se desprende que el Congreso Local no ha adecuado el marco legal de la entidad al imperativo contenido en el artículo segundo transitorio de la reforma antes referida, de lo que se concluye que se está en presencia de una omisión legislativa absoluta por parte de la legislatura demandada.

Que sobre las o

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22215-a97f2913/bienes-inmuebles-del-municipio-las-normas-que-sujeten · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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