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Modo: Corpus Pro

AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA DETERMINACIONES DE TRÁMITE DICTADAS DENTRO DE LA SECUELA PROCESAL DE UN INCIDENTE.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 314/2010. · Registro digital (IUS): 22561
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, , Pág. 2860.

AMPARO EN REVISIÓN 314/2010. **********.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Es innecesario abordar el estudio de las consideraciones en que se sustenta la sentencia recurrida, toda vez que este órgano jurisdiccional advierte que, en el caso, se actualiza una causa de improcedencia en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción III, de la Ley de Amparo, respecto de la interlocutoria reclamada, en la parte que adelante se precisará.

En efecto, dichos preceptos legales, por su orden, establecen lo que sigue:

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley."

"Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:

"...

"III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido.

"Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso.

"Lo anterior será aplicable en materia de extinción de dominio.

"Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben."

Por otra parte, cabe señalar que si bien es verdad que el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo establece que si al conocer de los asuntos en revisión, los Tribunales Colegiados estiman infundada la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito podrán confirmar el sobreseimiento si aparece otro motivo legal; sin embargo, también es cierto que dicho precepto no debe interpretarse en forma restrictiva para determinar que sólo es factible el sobreseimiento en segunda instancia, cuando en primera se ha sobreseído y se estima infundado el motivo, sino que el dispositivo debe interpretarse en concordancia con el principio de oficiosidad en el estudio de las causales de improcedencia por parte del órgano judicial que conoce del juicio de amparo en cualquiera de sus instancias.

Por tanto, es permitido y además obligatorio para el Tribunal Colegiado, analizar previamente en los asuntos en revisión, si existe alguna causal de improcedencia, con independencia de que el Juez de Distrito haya decretado el sobreseimiento por la misma causa o por una diversa, o hubiere concedido o negado la protección federal, o también de que la causal que se advierta haya sido o no alegada por las partes en la primera instancia o en los agravios.

Lo anterior fue sustentado por este Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, en las tesis de jurisprudencia 819 y 821, publicadas, respectivamente, en las páginas 557 y 558, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, mismas que, por su orden, dicen lo que sigue:

"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. DECLARACIÓN DE LA, AL CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN. En atención a que la improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público, conforme al artículo 73 in fine de la Ley de Amparo y la tesis de jurisprudencia de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación número 940, publicada en la página 1538 del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación editado en 1989, debe hacerse valer de oficio por el juzgador del amparo, aun cuando las partes no la hayan alegado y esta facultad compete no sólo a los Jueces de Distrito en la primera instancia del juicio constitucional, sino también a los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de un recurso de revisión, a pesar de que en los agravios no se haga alusión a la causal y de que en la sentencia que se revisa, se haya concedido o negado la protección federal, pues en tal caso, deberá revocarse el fallo recurrido y sobreseerse en el juicio de garantías."

"IMPROCEDENCIA, EXAMEN DE LA, EN LA SEGUNDA INSTANCIA DEL AMPARO INDIRECTO. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que debe examinarse previamente la improcedencia del juicio de garantías, sea que las partes la aleguen o no, por ser una cuestión de orden público (Tesis 111, Apéndice de 1965, Tomo Común al Pleno y a las Salas y 109 del mismo Tomo del Apéndice de 1975), es de obligatoria observancia, tratándose del juicio de amparo indirecto, no solamente para los Jueces de Distrito al dictar sentencia en la audiencia constitucional, sino también para los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando a través del recurso de revisión, conocen de tales juicios. De esta suerte, aun cuando el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, establece que si al conocer de los asuntos en revisión, los Tribunales Colegiados estiman infundada la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito podrán confirmar el sobreseimiento si aparece otro motivo legal, el precepto no debe interpretarse en forma restrictiva para determinar que sólo es factible el sobreseimiento en segunda instancia, cuando en primera se ha sobreseído y se estima infundado el motivo, sino que el dispositivo debe interpretarse en concordancia con el principio de oficiosidad en el estudio de las causales de improcedencia por parte del órgano judicial que conoce del juicio de amparo en cualquiera de sus instancias, derivado de la jurisprudencia aludida. De consiguiente, es dable y aun obligatorio para el Tribunal Colegiado analizar previamente en los asuntos de que conoce en revisión, si existe una causal de improcedencia, independientemente de que el Juez de Distrito haya decretado el sobreseimiento por la misma causa o por una diversa, o de que hubiere concedido o negado la protección federal con independencia también de que la causal que se advierta haya sido o no alegada por las partes en la primera instancia o en los agravios."

Ahora bien, del expediente de amparo de que se trata, se desprende que el hoy quejoso reclamó de la Juez Segundo del ramo Civil de esta ciudad, la resolución interlocutoria dictada el veinticuatro de marzo de dos mil diez, dentro del juicio ordinario civil, expediente **********, promovido por ********** en contra de ********** y otros, por rescisión de contrato de compraventa y otras prestaciones; en la que se resolvió el recurso de revocación que interpuso en contra del acuerdo de diecinueve de febrero del año en curso, mismo que fue revocado y, en su lugar, se determinó lo que sigue: a) Se ordenó requerir al arquitecto **********, perito designado por el Juez responsable en rebeldía de la parte demandada, para que dentro del término de tres días rinda el dictamen que le fue encomendado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 342 y 345 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, apercibido que de no hacerlo se nombraría otro diverso perito, cuyos honorarios serían pagados por la parte oferente de la prueba, es decir, por el hoy recurrente, en términos del artículo 348 del mismo ordenamiento legal adjetivo, sin perjuicio de lo que derive de hacer efectiva la condena de costas; b) Se tuvo por revocando los domicilios señalados con anterioridad para oír notificaciones, y por señalando, para tal efecto, el ubicado en la calle ********** número **********, colonia ********** de esta ciudad, y por autorizando para recibirlas al licenciado **********, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 y 118 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y se negó al pasante de derecho ********** la autorización para consultar el expediente de origen, en virtud de no reunir las exigencias del segundo de dichos preceptos legales, y c) Se negó requerir al arquitecto **********, perito designado por el Juez responsable en rebeldía de la parte demandada, para que informara a cuánto ascendía el costo de su dictamen, señalando que el hoy recurrente se encuentra facultado para solicitar personalmente esa información.

Por otra parte, del contexto de la sentencia impugnada se advierte que la a quo negó al hoy recurrente la protección constitucional, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Primera. Que es inoperante lo alegado en el primero y segundo de los conceptos de violación, en el sentido de que indebidamente se aplicó lo dispuesto por el artículo 348 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dado que si el Juez responsable fue quien nombró como perito al arquitecto **********, en rebeldía de la parte demandada, es ésta quien debe pagar los honorarios de dicho profesionista; y que carece de fundamentación y es contraria a los artículos 270, 271, 275 y 343, fracción IV, del mismo ordenamiento legal adjetivo, la negativa de solicitar al referido perito que informe el costo causado por su dictamen; ello, en virtud de que ambas cuestiones no encuadran en la hipótesis del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que no se trata de la última resolución que decida el incidente de liquidación de pago de pensiones mutuas, habiendo agregado que, aun cuando el juicio de garantías es improcedente respecto de tales cuestiones, jurídicamente no puede decretarse el sobreseimiento en el juicio de garantías, porque sería dividir la continencia de la causa, ya que en la resolución reclamada también se negó la autorización del pasante de derecho ********** para que consultara el expediente de origen.

Segunda. Que es inoperante lo alegado en el segundo de los conceptos de violación, dado que el hoy recurrente no combatió la consideración del Juez responsable para negar la autorización del pasante de derecho ********** para imponerse de los autos del juicio de origen, pues era necesario que demostrara mediante argumentos lógicos y jurídicos, por qué era innecesario que ********** reuniera los requisitos del artículo 118 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, para que pudiera consultar el expediente de origen.

Precisado lo anterior, debe decirse que resulta improcedente el juicio de garantías de que se trata y procede sobreseer en el mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, en relación con el 73, fracción XVIII y 114, fracción III, de la ley de la materia, en contra de la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil diez, dictada por el Juez Segundo del ramo Civil de esta ciudad en el incidente de liquidación de pago de pensiones mutuas, planteado por el hoy recurrente dentro de la etapa de ejecución de la sentencia pronunciada dentro del juicio ordinario civil, expediente **********, promovido por ********** en contra de ********** y otros, por rescisión de contrato de compraventa y otras prestaciones; aunque tal improcedencia opera única y exclusivamente por lo que hace a lo determinado por el Juez responsable en la interlocutoria reclamada, en el sentido de: a) Requerir al perito designado en rebeldía **********, para que rinda su dictamen, apercibido que, de no hacerlo, se nombraría otro diverso perito, cuyos honorarios serían pagados por la parte oferente, y b) Tener por revocando los domicilios para oír notificaciones señalados con anterioridad, y por señalando uno nuevo, así como por autorizando al licenciado ********** para recibirlas; ello, en virtud de que en la interlocutoria reclamada se resolvió el recurso de revocación interpuesto por el hoy recurrente en contra del acuerdo de diecinueve de febrero del año en curso.

En efecto, tomando en consideración que la razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, consistente en que, tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo, sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar, en la demanda, las violaciones cometidas durante éste que hubieren dejado sin defensa al quejoso; fue precisamente evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público; de ahí que resulte improcedente el juicio de amparo para reclamar la resolución recaída a un recurso de revocación dentro de la secuela procesal de un incidente promovido en la etapa de ejecución de sentencia, porque la misma no constituye una resolución definitiva, en tanto que no decide todos los puntos jurídicos debatidos, dado que aún falta por pronunciar la interlocutoria del propio incidente, cuyo trámite es equiparable a un juicio común, con sus características procesales como demanda, contestación, término de ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y sentencia, con la aclaración de que en los incidentes, la demanda y contestación vendrían siendo el escrito en que se plantea éste y el desahogo de la vista a la contraparte, respectivamente; de ahí que, como ya se dijo, el juicio de amparo de que se ocupa es improcedente y debe sobreseerse en el mismo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, en relación con el 73, fracción XVIII y el 114, fracción III, de la ley de la materia, única y exclusivamente respecto de la parte de la interlocutoria reclamada que ha quedado precisada.

En relación con lo anterior, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 36/2004 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 75, Tomo XX, julio de 2004, Novena Época; así como la tesis aislada IX.1o.11 K emitida por este Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página 370, Tomo IV, julio de 1996, Novena Época; además, se comparte el criterio sustentado en la tesis aislada XI.2o.97 C emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicada en la página 1729, Tomo XIII, enero de 2001, Novena Época; todas del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mismas que por su orden dicen lo que sigue:

"EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada."

"AMPARO, JUICIO DE. ES IMPROCEDENTE CONTRA RESOLUCIONES DE TRÁMITE DICTADAS DENTRO DE UN INCIDENTE. No es procedente el juicio de amparo en ninguna de sus dos vías (directa o indirecta), para reclamar la resolución recaída a un recurso de revocación, dentro de la secuela procesal de un incidente, porque tal no constituye una resolución definitiva, en tanto que no decide todos los puntos jurídicos debatidos, dado que aún falta por pronunciar la interlocutoria del propio incidente. Para efectos del juicio de garantías, el trámite de un incidente es equiparable a un juicio común, con sus características procesales como demanda, contestación, término de ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y sentencia, con la aclaración de que en los incidentes, la demanda y contestación vendrían siendo el escrito en que se plantea éste y el desahogo de la vista a la contraparte, respectivamente. El juicio de amparo no puede promoverse contra cualquier auto, acuerdo, determinación o sentencia que se pronuncie en un juicio, sino únicamente contra aquellas que reúnan una cualidad básica; que sean definidas por una propia resolución final y que contra ellas no proceda o no esté pendiente de resolución, un medio de defensa o recurso ordinario que pueda tener por efecto nulificar, revocar o modificar esa resolución; salvo cuando se trata de algún acto que cause un gravamen irreparable, en los términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo."

"INCIDENTE DE COSTAS, LAS RESOLUCIONES INTERMEDIAS TOMADAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL, DEBEN RECLAMARSE CONJUNTAMENTE CON LA QUE LO DECIDA EN DEFINITIVA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO. Como el segundo párrafo del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la ‘última resolución’ dictada en dicho procedimiento, y ese requisito persigue, conforme con la exposición de motivos del citado ordenamiento, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si su procedencia contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia se limita a la impugnación de la última resolución que se dicte en esa fase ejecutiva; el uso de una adecuada hermenéutica jurídica del referido precepto, permite considerar que por idénticas razones, es que también en tratándose de actos ejecutados después de concluido el juicio, como la incidencia de costas, debe observarse la misma regla, puesto que de considerar que el juicio de amparo biinstancial procede contra todas y cada una de las resoluciones intermedias dictadas entre la resolución que se pretende ejecutar y aquella que decide en definitiva el incidente de liquidación de costas, así sean aquellas que se tomaron en la sustanciación de éste, se obstaculizaría el cumplimiento de la correspondiente sentencia ejecutoria, al facilitarse el abuso del juicio constitucional."

En otro orden de ideas, debe decirse que los agravios hechos valer devienen inoperantes, en la medida que se precisará.

En efecto, como ya se destacó, en la sentencia impugnada el a quo negó al hoy recurrente la protección constitucional, entre otras razones, porque estimó inoperantes los conceptos de violación que hizo valer en contra de la interlocutoria reclamada, en la parte en que el Juez responsable negó la autorización del pasante de derecho ********** para que consultara los autos del juicio de origen, dado que no combatió las consideraciones y fundamentos en que se sustentó esta determinación, ya que no demostró por qué era innecesario que dicha persona reuniera los requisitos que exige para ello el artículo 118 del Código de Procedimientos Civiles del Estado o, en su caso, por qué era inaplicable este precepto legal, habiendo agregado el a quo que es insuficiente que el recurrente haya alegado que tal persona es un pasante de derecho que necesita de prácticas, pues tales manifestaciones no constituyen propiamente la expresión de conceptos de violación requerida por el artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo.

Ahora bien, el hoy recurrente alega que la sentencia impugnada le causa agravio, entre otras razones, porque el a quo omitió transcribir los conceptos de violación; que indebidamente declaró inoperantes el primero y último de dichos motivos de inconformidad; que el referido a quo realizó una serie de apreciaciones de carácter teórico jurídico respecto de la teoría procesal de un incidente, así como del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, porque tales cuestiones son ajenas a la litis constitucional; que no se actualiza la hipótesis prevista en dicho precepto legal, porque en todo caso debió desecharse la demanda de garantías en términos del artículo 145 de la ley de la materia; que los conceptos de violación que hizo valer son agravios no reparables en la definitiva, porque las violaciones procesales se extinguen y causan sus efectos en el mismo momento; que es absurdo que se puedan cometer indiscriminadamente violaciones al procedimiento y que las mismas sean combatidas hasta la "última resolución" que se dicte en la fase ejecutiva, lo que implica desconocer las garantías de igualdad, legalidad, seguridad jurídica y acceso a debido proceso; que los conceptos de violación hechos valer en la demanda de garantías no pueden ser reparables en la definitiva, pues ello implicaría el desconocimiento al orden jurídico positivo, así como a los artículos 53, 71, 277 y 348 del Código de Procedimientos Civiles del Estado; y que el acto reclamado no es una resolución de trámite, sino una interlocutoria que resolvió un recurso de revocación, respecto de una cuestión de fondo.

Como se ve, el hoy recurrente, únicamente alega cuestiones relacionadas con la naturaleza de la interlocutoria reclamada, en relación con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, mismo que el a quo invocó para establecer que el juicio de garantías es improcedente en contra de dicha interlocutoria, respecto de las determinaciones del Juez responsable, referentes al requerimiento del perito designado en rebeldía *********** para que rinda su dictamen, y a tener por revocando los domicilios para oír notificaciones señalados con anterioridad, y por señalando uno nuevo, así como por autorizando al licenciado ********** para recibirlas; y además alega cuestiones relacionadas con el fondo de la resolución reclamada, consistentes en la violación de los artículos 53, 71, 277 y 348 del Código de Procedimientos Civiles del Estado; empero, el referido recurrente no ataca con razonamientos lógico- jurídicos los motivos que el a quo tomó en cuenta para declarar la inoperancia de los conceptos de violación, por lo que hace a la diversa determinación del Juez responsable de negar la autorización del pasante de derecho ********** para que consultara los autos del juicio de origen; y en estas condiciones los agravios que hace valer en la presente revisión devienen inoperantes, porque no ponen de relieve la supuesta ilegalidad de la sentencia recurrida en la parte analizada.

En relación con lo anterior, este órgano jurisdiccional comparte el criterio sustentado en la jurisprudencia XIV.1o. J/6 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, publicada en la página 1009, Tomo XIV, agosto de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CONTRA DECLARACIÓN DE INOPERANCIA DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SON TAMBIÉN INOPERANTES SI NO SE RAZONA EN ÉSTOS EL ATAQUE QUE EN AQUÉLLOS SE HICIERA CONTRA LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA.-Si en la sentencia sujeta a revisión el Juez de Distrito declaró inoperantes los conceptos de violación enderezados contra la resolución reclamada, por no controvertirse los razonamientos torales de ésta, y en los agravios el recurrente omite demostrar cuáles fueron los argumentos que esgrimió para combatir las consideraciones del acto reclamado, y no ataca de ninguna otra manera los razonamientos que el Juez de amparo tomó en cuenta para concluir la inoperancia de los referidos conceptos de violación, es de concluirse que los agravios resultan también inoperantes."

En este orden de ideas, se impone modificar la sentencia recurrida y, en su lugar, por una parte procede sobreseer en el juicio de garantías de que se trata y, por otra, dejar firme la negativa de la protección constitucional solicitada por el hoy recurrente, en los términos y condiciones que han quedado precisados.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 83, fracción IV, de la Ley de Amparo y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, se resuelve:

PRIMERO.-Se modifica la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de amparo, expediente **********, promovido por ***********, en contra de la autoridad responsable y por el acto reclamado que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, y que aquí se tienen por reproducidos en los términos indicados en el considerando tercero de esta ejecutoria.

TERCERO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********** en contra de la autoridad responsable y por el acto reclamado que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, y que aquí se tienen por reproducidos en los términos indicados en el considerando tercero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al Juzgado de Distrito de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados José Ángel Hernández Huízar, F. Guillermo Baltazar Alvear y Carlos L. Chowell Zepeda, lo resolvió este Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, siendo ponente el último de los nombrados, firmando el presidente del mismo y el citado ponente.

En términos de lo previsto en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 85, tercer párrafo, del Acuerdo General 84/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22561-67973c91/amparo-es-improcedente-el-juicio-promovido-contra-determinaciones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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