FINES FISCALES Y EXTRAFISCALES. AMPARO CONTRA LEYES. LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ÉSTAS PUEDE DERIVAR DE LA CONTRADICCIÓN CON OTRAS DE IGUAL JERARQUÍA, CUANDO SE DEMUESTRE VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.
AMPARO EN REVISIÓN 814/2010. **********.
CONSIDERANDO QUE:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 47, en relación con los artículos 14 a 17, todos ellos del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicado en el Diario Oficial de la Federación el día primero de abril de dos mil ocho; y conforme a lo previsto en el punto cuarto, en relación con el tercero, fracción II, del Acuerdo General Plenario 5/2001, emitido el veintiuno de junio del año dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en un juicio de amparo en el que se cuestionó la constitucionalidad de un ordenamiento federal, como lo es la Ley del Impuesto al Valor Agregado, subsistiendo el problema planteado.
Cabe señalar que en el caso no se justifica la competencia del Tribunal Pleno para conocer del presente asunto, en términos del punto tercero, fracción III, del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que la resolución del mismo no implica la fijación de un criterio de importancia o trascendencia para el orden jurídico nacional ni reviste un interés excepcional, además de que existen precedentes aplicables de esta Sala para la solución del caso.
SEGUNDO. Oportunidad del recurso. No es necesario analizar la oportunidad con la que fue interpuesto el recurso de revisión de la parte quejosa, habida cuenta que el Tribunal Colegiado que conoció del asunto examinó dicha cuestión, concluyendo que fue presentado en los términos legalmente establecidos.
TERCERO. Problemática jurídica a resolver. Debe tomarse en cuenta que, en el presente caso, el a quo resolvió sobreseer en el juicio, y que el Tribunal Colegiado consideró procedente modificar la sentencia recurrida, sobreseyendo por lo que hace a la sociedad mercantil **********, y reservar jurisdicción a este Alto Tribunal en relación a los actos reclamados por las otras dos quejosas, mismos que fueron atribuidos al proceso legislativo del cual derivó el decreto reclamado y, en específico, por lo que se refiere a los artículos 1o., 2o. y 5o. D de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, así como a los artículos 1o., inciso A), fracción I, numeral 3, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2010.
Por tanto, corresponde a esta Sala estudiar los conceptos de violación esgrimidos en las demandas de amparo, a fin de dilucidar si es procedente otorgar o negar la protección constitucional a las empresas quejosas, en relación con los vicios atribuidos al proceso legislativo del cual derivó el decreto reclamado, en particular, por lo que hace a la tasa del dieciséis por ciento del régimen general de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2010, respectivamente.
CUARTO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. A continuación se sintetizan los argumentos que serán estudiados en esta instancia:
1. Deben tomarse en cuenta los planteamientos formulados por la parte quejosa a través de los conceptos de violación que hicieron valer.
1.1. En el primer concepto de violación, las quejosas plantearon la supuesta violación a los principios de legalidad y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, así como a lo establecido por los artículos 71, 72 y 74, fracción IV, de la misma Constitución.
Sostienen que la normatividad que se combate proviene de actos viciados de origen que afectan la reforma que culminó con el aumento de la tasa del impuesto al valor agregado, toda vez que los preceptos legales fueron reformados, sin haberse presentado formal y materialmente una iniciativa a cargo de un ente facultado para ello.
En este sentido, señalan que la elaboración de leyes fiscales constituye un cuidadoso proceso anual, desarrollado al interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que culmina con la presentación de las iniciativas a la soberanía nacional por el Ejecutivo Federal a más tardar el ocho de septiembre de cada año, acompañado por la comparecencia del secretario del ramo. Asimismo, hace referencia al paquete económico para el ejercicio fiscal de dos mil diez, presentado por el titular del Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, en el cual se establecía la creación de la contribución para el combate a la pobreza, misma que tenía un fin eminentemente social y los recursos obtenidos en ella serían destinados a programas de combate a la pobreza y a la desigualdad; mientras que en la iniciativa que dio origen al decreto que se reclama -en lo que se refiere al impuesto al valor agregado- únicamente se habrían observado propuestas relativas al tema de intereses y comprobantes fiscales.
Relatan que, en virtud de que en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados no existió consenso respecto de la creación de la Ley para el Combate a la Pobreza, el diecinueve de octubre de dos mil nueve, el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público habría enviado a dicha comisión el oficio 102 K-098/09, en el que propuso, precisamente, el incremento porcentual en las tasas del impuesto al valor agregado.
En relación con lo anterior, se reseñan los pormenores del proceso legislativo correspondiente, específicamente del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados -en lo que se refiere al reconocimiento efectuado sobre la necesidad de contar con recursos públicos y, por ende, de incrementar en un punto porcentual las tasas general y fronteriza del impuesto al valor agregado-, así como a la discusión efectuada en la sesión ordinaria del veinte octubre de dos mil nueve de la propia Cámara, principalmente a la participación del diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba, en la que señaló que el aumento en la tasa de dicho tributo se dio en virtud de que la comisión referida habría hecho suya la propuesta del subsecretario de Ingresos.
En ese contexto, las quejosas reclaman que el proceso legislativo que dio origen al establecimiento de las nuevas tasas del impuesto al valor agregado, resulta contrario a lo dispuesto por los artículos 71, 72 y 74, fracción IV, de la Constitución Federal, dado que si el día ocho de septiembre de dos mil nueve el Ejecutivo Federal no propuso formalmente la modificación de diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado con el fin de incrementar las tasas impositivas, es inconcuso que no existió iniciativa por parte del presidente de la República para modificar o reformar las tasas del impuesto.
1.2. En el segundo concepto de violación, las quejosas señalan que la moción enviada a la Comisión de Hacienda, como alternativa a la creación de la contribución para el combate a la pobreza, no constituye iniciativa de reforma propiamente dicha, toda vez que en el momento en que habría sido planteada había fenecido el plazo legal para su presentación; en otras palabras, sostienen que la propuesta suscrita por el subsecretario de Ingresos fue presentada fuera del término establecido en el artículo 74, fracción IV, segundo párrafo, de la Constitución Federal, lo que implica que la Cámara de Diputados no estaba en posibilidad de analizar, discutir y aprobar el incremento a las tasas del impuesto al valor agregado.
Aunado a lo anterior, las quejosas estiman que, además de que la propuesta de referencia habría sido presentada de forma extemporánea y suscrita por un funcionario distinto al presidente de la República, el secretario de Hacienda y Crédito Público no habría comparecido a dar cuenta de ésta.
Asimismo, las empresas quejosas sostienen que, de conformidad con la Constitución Federal, el titular del Poder Ejecutivo es quien tiene que hacer llegar a la Cámara de Diputados la relativa a la Ley de Ingresos, el presupuesto de egresos y contribuciones para cubrirlo, razón por la que la propuesta para incrementar en un punto porcentual las tasas del impuesto al valor agregado no debió haber sido suscrita por el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (por carecer dicho funcionario de facultades para ello), sino por el presidente de la República.
En este apartado, las quejosas señalan que también se controvierten los artículos 1o., penúltimo párrafo y 5o. D de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, toda vez que es posible combatir disposiciones normativas que se ven directamente afectadas -como acontecería con los numerales citados-, mismos que establecen el acreditamiento y pago del impuesto, así como la época del pago del mismo.
1.3. El tercer concepto de violación es hecho valer en el supuesto de que se estimara que sí existió propuesta, en la medida en la que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados hizo suya la propuesta enviada por el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En dicho concepto, la parte quejosa manifiesta que la normatividad reclamada contraviene lo dispuesto por la fracción IV del artículo 74 constitucional, toda vez que la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados carece de facultades para incrementar las tasas de un impuesto, sin que sea propuesto por el titular del Ejecutivo Federal.
Al respecto, sostienen que la facultad del legislador se constriñe a examinar, discutir y, en su caso, aprobar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Federal. No obstante -según las quejosas-, debido a que el Ejecutivo Federal jamás expresó su intención de incremento o disminución a las tasas del gravamen en comento, es evidente que la propuesta de la comisión no puede entenderse como una modificación al proyecto del Ejecutivo, sino como algo novedoso, lo cual constituye una propuesta de creación de algo que no existía hasta ese momento, alterando, con ello, el presupuesto estimado por el presidente de la República, pues éste no habría contemplado en ningún momento el impacto que genera el aumento porcentual en la recaudación del gravamen.
En esa línea, señalan que también se violenta lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Federal, toda vez que la Comisión de Hacienda y Crédito Público per se carece del derecho para presentar iniciativas de ley o decretos.
De igual forma, manifiestan que se contraviene el artículo 71 constitucional en la medida en que la referida propuesta no se sujetó a los trámites que al efecto establece el Reglamento de Debates, en específico, a lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Posteriormente, la parte quejosa estima que en el proceso legislativo no se fundó ni se motivó el incremento de las tasas del impuesto al valor agregado, pues no se justificó el incremento porcentual de la tasa general y la tasa aplicable a la región fronteriza, ni tampoco se hizo alusión a que justamente con ese porcentaje se cubriría el presupuesto de egresos de la Federación. En relación con dicho argumento, precisa que el hecho de que la Comisión de Hacienda haya hecho suya la propuesta del subsecretario de Ingresos, no subsana la falta de una propuesta formal presentada por el Ejecutivo Federal para incrementar las tasas del impuesto al valor agregado.
Señalan que el impuesto al valor agregado no puede considerarse como un instrumento de política financiera, económica o social que el Estado tenga interés de impulsar, sino que su fundamental propósito es recaudatorio, es decir, sufragar el gasto público, razón por la que no podría afirmarse que el incremento a las tasas porcentuales persigue el mismo fin extrafiscal que perseguía la contribución contra la pobreza propuesta por el Ejecutivo Federal.
1.4. En el cuarto concepto de violación, las quejosas estiman que los artículos 1o., segundo y penúltimo párrafos; 2o., primer, segundo y tercer párrafos y 5o. D, tercer párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, contravienen la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional, toda vez que la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diez, que autoriza su aplicación, es resultado de un procedimiento viciado de inconstitucionalidad, pues la iniciativa de ley que le da origen incumple con las formalidades esenciales del procedimiento, en particular, las que al efecto establecía el numeral 30 de la diversa Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2009, mismo que disponía que las iniciativas que se presenten en materia fiscal deben incluir el impacto recaudatorio de la medida propuesta, especificando la memoria de cálculo de cada uno de los rubros de ingreso previstos en la misma, así como las proyecciones de los ingresos respectivos para los cinco años siguientes.
Señalan que resultaba una obligación ineludible a cargo del Estado, establecer en la iniciativa de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2010, los cálculos aplicados para la determinación de los ingresos pretendidos por cada uno de los rubros establecidos en el artículo 1o. de la iniciativa, así como las proyecciones de los ingresos que se pretenden recaudar por los próximos cinco años, pues sólo a través de dichos medios, los gobernados pueden verificar si las políticas fiscales empleadas se adecuan a los fines argumentados por el Estado para su adopción.
Manifiestan que el Ejecutivo Federal presentó las proyecciones de los ingresos presupuestarios de los próximos cinco años, sin embargo, aun cuando realiza la estimación de los ingresos tributarios, en ningún momento habría contemplado el incremento a las tasas del impuesto al valor agregado aprobadas por el Congreso de la Unión.
Señalan que, en el contexto descrito, los contribuyentes carecerían de elementos suficientes para determinar si su obligación de contribuir al gasto público se adecua a las razones argumentadas por el Estado al implementar las políticas fiscales, independientemente de las implicaciones sociales y políticas que conlleva, ya que es innegable el incumplimiento absoluto a lo dispuesto por el citado artículo 30 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2009.
Aunado a lo anterior, la parte quejosa estima que la iniciativa del Ejecutivo Federal en torno a la Ley de Ingresos de la Federación, sufre de un vicio considerado una inconstitucionalidad formal, en la medida en que ésta no puede ser presentada por alguna otra de las autoridades facultadas para iniciar leyes o decretos, además de que tendría que comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos.
2. En relación con dichos planteamientos, el Juez de Distrito formuló la respuesta que a continuación se sintetiza:
2.1. Inicialmente, en cuanto a la certeza de los actos reclamados, el Juez de Distrito señaló que resultaban ciertos los atribuidos a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, como integrantes del Congreso de la Unión, al presidente de la República, al secretario de Gobernación y al director del Diario Oficial de la Federación, pues así se desprendía de sus informes justificados.
2.2. Posteriormente, el juzgador de amparo advirtió que en el presente asunto se actualizaría la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que las quejosas no habrían probado tener interés jurídico en cuanto a los preceptos tachados de inconstitucionales, pues los medios probatorios que presentaron al efecto, resultaban ineficaces para demostrar que se encontraban en los supuestos de los numerales reclamados, y con ellos no demostraban que tenían obligación del pago del impuesto al valor agregado, por lo que sobreseyó en el presente juicio de garantías.
3. Los razonamientos de la recurrente, encaminados a combatir la concesión del amparo, son los que se mencionan a continuación:
3.1. Por conducto de su primer agravio, las sociedades recurrentes señalaron que la sentencia de mérito vulnera lo dispuesto en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, pues el a quo habría omitido analizar uno de los actos reclamados al presidente de la República, a saber, la falta de iniciativa de ley.
Sostienen que el Juez de Distrito limitó los actos reclamados al presidente de la República al atribuirle únicamente la promulgación de los numerales impugnados, con lo que habría dejado de analizar que a dicha autoridad también se le reclamó la falta de iniciativa para reformar el decreto de mérito.
3.2. En el segundo agravio, las recurrentes argumentan que la sentencia resulta violatoria de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, al sobreseer en el juicio por considerar que se actualizaba la mencionada causal de improcedencia.
Argumentan que las impetrantes de garantías sí demostraron que se encuentran en los supuestos previstos por las disposiciones jurídicas impugnadas, aunado al hecho de que las quejosas, por el simple hecho de ser sujetos del impuesto al valor agregado, por estar dadas de alta como contribuyentes y por obtener ingresos provenientes de la realización de las actividades gravadas por la ley, se encuentran obligadas a cumplir con sus disposiciones.
De tal forma, las recurrentes sostuvieron haber demostrado claramente que tienen interés jurídico para reclamar las disposiciones tachadas de inconstitucionales, al ubicarse en los supuestos previstos por dichas normas.
3.3. En el agravio tercero, las recurrentes manifiestan que la sentencia resulta violatoria de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, en la medida en que con las probanzas exhibidas se acreditaría plenamente el interés jurídico de las quejosas, razón por la que no se actualizaba la causal de improcedencia invocada por el Juez de Distrito.
Señalan que, contrario a lo resuelto por el a quo, las documentales exhibidas como pruebas reflejan que las quejosas se ubican exactamente en la hipótesis de causación del impuesto al valor agregado correspondiente y, por ende, que necesariamente se colocan en los supuestos de los numerales reclamados.
3.4. Por conducto del cuarto agravio, las recurrentes insistieron en que la sentencia recurrida resulta ilegal puesto que el Juez de Distrito contravino lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en relación con los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, al estudiar de manera dogmática, las pruebas ofrecidas.
Al efecto, sostienen que en ningún momento el Juez de Distrito expuso las razones por las que consideró que las pruebas aportadas por las quejosas no eran suficientes ni idóneas para demostrar que las normas cuya inconstitucionalidad se reclamaba irrumpieron en la esfera jurídica de las hoy recurrentes.
4. Finalmente, el Tribunal Colegiado sostuvo lo que a continuación se sintetiza:
4.1. En primer término, consideró que debía corregir una incongruencia advertida en la sentencia del Juez de Distrito, en torno a que éste habría sido omiso en pronunciarse respecto del acto reclamado que señalaron las impetrantes en su escrito aclaratorio de demanda consistente en el artículo 1o. inciso A), fracción I, numeral 3, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diez (reservando tal cuestión a la parte final del pronunciamiento, atendiendo a su sentido).
4.2. Posteriormente, el Tribunal Colegiado confirmó el sobreseimiento decretado en el juicio por lo que se refiere a **********, toda vez que las documentales que ofreció como pruebas -tal como lo señaló el a quo- no serían aptas para acudir al juicio de garantías y reclamar la inconstitucionalidad del decreto reclamado.
Por esa razón -sostuvo el Tribunal Colegiado- no sería materia de análisis el artículo 1o., inciso A), fracción I, numeral 3, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diez, toda vez que, al decretarse el sobreseimiento por lo que respecta a la aludida quejosa e impugnarse dicha legislación de manera derivada de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, tendría que hacerse extensivo el sobreseimiento que fue confirmado por dicho órgano jurisdiccional.
4.3. Por lo que atañe a las otras quejosas, el Tribunal Colegiado consideró procedente abordar el estudio de los agravios formulados en el recurso de revisión.
En ese sentido, el Tribunal Colegiado declaró fundado el segundo agravio hecho valer en el escrito de revisión, en virtud de que sí resultan suficientes para acreditar el interés jurídico con el que acuden al juicio de garantías las documentales que anexaron como pruebas -la factura número ********** de catorce de enero de dos mil diez que expide la quejosa **********, y la factura ********** de trece de enero de dos mil diez, que expide **********-, puesto que de dichas probanzas se desprende que éstas fueron emitidas por la prestación de sus servicios, así como que se encuentran sujetas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
4.4. Posteriormente, el Tribunal Colegiado analizó causales de improcedencia que no habría examinado el Juez de Distrito dado el sentido de su fallo -las previstas en las fracciones V y VI del artículo 73 de la Ley de Amparo, hechas valer por la Cámara de Senadores y por el presidente de la República, así como la prevista en la fracción XVIII del mismo numeral, en relación con el artículo 80 del mismo ordenamiento, a contrario sensu, hecha valer por la última autoridad referida- considerando que éstas no se actualizaban en el presente caso.
4.5. Una vez desvirtuadas las causales de improcedencia, el Tribunal Colegiado concluyó que procedía levantar el sobreseimiento decretado por el a quo en torno a las quejosas ********** y **********, determinando que el fondo del asunto debería ser estudiado por este Alto Tribunal, razón por la que ordenó su envío a fin de resolver dicha cuestión, es decir, la inconstitucionalidad de los artículos 1o., segundo y penúltimo párrafos, 2o., primer, segundo y tercer párrafos y 5o. D, tercer párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y de manera accesoria o derivada, los artículos 1o., inciso A), fracción I, numeral 3, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diez, en función de vicios en el correspondiente proceso legislativo, entre los cuales destaca la falta de iniciativa expresa en relación con el incremento en las tasas general y fronteriza del impuesto al valor agregado.
En la parte final de su resolución, el Tribunal Colegiado determinó que, tomando en cuenta que los artículos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado quedaban sujetos al análisis de constitucionalidad que llegara a efectuar este Alto Tribunal, aquél se encontraba imposibilitado para resolver en lo relativo a la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diez, al haber sido reclamada de manera accesoria.
QUINTO. Estudio de fondo. A continuación, tal como se señaló en el tercer considerando de la presente ejecutoria, esta Sala se avoca al estudio de los argumentos hechos valer por la sociedad quejosa en su escrito de demanda.
1. En primer lugar, se atiende a los argumentos vertidos en los conceptos de violación primero, segundo y tercero, a través de los cuales las quejosas formulan diversos planteamientos que, en términos generales, pueden reconducirse a temas específicos sobre los cuales esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse.
Dichos argumentos de la parte quejosa son, medularmente, los siguientes:
- Que el decreto reclamado, el cual dio origen al aumento del punto porcentual en la tasa del impuesto al valor agregado, violenta los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, así como lo dispuesto por los artículos 71, 72 y 74, fracción IV, de la Constitución Federal, en virtud de que deriva de un proceso legislativo en el que no habría sido presentada formal y materialmente una iniciativa a cargo del presidente de la República.
- Que la propuesta enviada como alternativa a la creación de la contribución para el combate a la pobreza, no es una iniciativa de reforma, toda vez que se presentó fuera del término establecido en el artículo 74, fracción IV, segundo párrafo, constitucional, lo que implicaría que la Cámara de Diputados no estaba en posibilidad de analizar, discutir y aprobar el incremento respectivo.
- Que la propuesta no debió haber sido suscrita por el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues este último carece de facultades para ello.
- Que el secretario de Hacienda y Crédito Público no habría comparecido a dar cuenta de la propuesta de mérito.
- Que la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados carece de facultades para incrementar las tasas de un impuesto, sin que ello sea propuesto por el titular del Ejecutivo.
- Que la propuesta de la comisión no puede entenderse como una modificación al proyecto del Ejecutivo, sino como algo novedoso, lo cual constituye una propuesta de creación de algo que no existía hasta ese momento, alterando, con ello, el presupuesto estimado por el presidente de la República.
- Que la Comisión de Hacienda y Crédito Público per se carece de la atribución para presentar iniciativas de ley o decretos.
Pues bien, en relación con todo lo anterior, esta Primera Sala estima que los argumentos planteados resultan infundados, de conformidad con las consideraciones que se exponen a continuación, con base en precedentes del Tribunal Pleno, los cuales dieron lugar, al analizar la constitucionalidad de un diverso proceso legislativo, a la jurisprudencia número P./J. 43/2006, de rubro: "RENTA. EL PROCESO LEGISLATIVO QUE CULMINÓ CON EL DECRETO DE REFORMAS A LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004, CUMPLE CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 72 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."(8)
Para estar en aptitud de resolver el problema planteado, es conveniente tomar en cuenta lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal, mismos que respectivamente, establecen lo siguiente:
"Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:
"I. Al presidente de la República;
"II. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión; y
"III. A las Legislaturas de los Estados.
"Las iniciativas presentadas por el presidente de la República, por las Legislaturas de los Estados o por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a los trámites que designe el Reglamento de Debates."
"Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el Reglamento de Debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones.
"A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente.
"B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo, todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen, dentro de diez días útiles; a no ser que, corriendo este término hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso esté reunido.
"C. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara Revisora. Si por esta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación.
"Las votaciones de ley o decreto, serán nominales.
"D. Si algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la Cámara de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones.
"E. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara Revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara Revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara Revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverán a aquella para que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si la Cámara Revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los adicionado
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23094-9912fd80/fines-fiscales-y-extrafiscales-amparo-contra-leyes-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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