APODERADO EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SU RENUNCIA EN LA ETAPA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL MANDANTE. RENUNCIA DEL APODERADO DE ALGUNA DE LAS PARTES DURANTE LA AUDIENCIA DE LEY EN EL JUICIO LABORAL. SU FALTA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 287/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO DEL CUARTO CIRCUITO, ACTUAL TERCERO EN MATERIA DE TRABAJO DEL MISMO CIRCUITO; EL ENTONCES SEGUNDO DEL SEXTO CIRCUITO, ACTUAL SEGUNDO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO; PRIMERO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO; SEXTO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO; PRIMERO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO; SEGUNDO EN LA MISMA MATERIA DEL CUARTO CIRCUITO Y EL ENTONCES CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO, ACTUAL PRIMERO EN MATERIA CIVIL DEL MISMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia laboral, cuya especialidad corresponde a esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis de que se trata proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, pues en términos del artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, están facultados para denunciar la posible contradicción de criterios.
TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, actual Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del mismo circuito, en el amparo directo 911/94, en lo que a este expediente interesa, resolvió:
"CONSIDERANDO: ... CUARTO. Son infundados los argumentos vertidos a manera de conceptos de violación en los antecedentes de acto reclamado. En síntesis, los solicitantes de garantías adujeron que el laudo reclamado es violatorio de los artículo 14 y 16 de la Constitución Federal, en virtud de que fueron mal y falsamente representados en el juicio laboral seguido en su contra ante la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado por (nombre de apoderado), pues ante la renuncia del apoderado designado por los inconformes, la Junta debió suspender el procedimiento y notificar la reanudación del mismo de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 742, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo, de modo que al no hacerlo así, se configuró la violación procesal prevista en el artículo 159, fracción II, de la Ley de Amparo. Lo anterior se estima infundado, en razón de que la conducta irresponsable de (apoderado) de renunciar a la representación jurídica de los supuestos patrones codemandados, hoy quejosos, en el inicio de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, celebrada el veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, dentro del juicio laboral ya identificado, no la prevé la ley de la materia como una causal de suspensión o interrupción del juicio; por consecuencia, la Junta no tenía deber legal de detener el curso del juicio y prevenir a los demandados para que designaran nuevo apoderado, dado que la actualización del supuesto previsto en el artículo 159, fracción II, de la Ley de Amparo, requiere de la inobservancia de las formalidades del procedimiento prescritos en las normas de carácter adjetivo aplicables al caso; de ese modo, si el título decimocuarto de la Ley Federal del Trabajo, relativo al derecho procesal, no contempla la renuncia súbita del apoderado de alguna de las partes como un caso en que proceda suspender o interrumpir el proceso y prevenir al interesado para que designe otro, es de concluir que no se surte en la especie la violación alegada por los quejosos, y si bien esa circunstancia les produjo estado de indefensión al tenerse la demanda por contestada en sentido afirmativo y por perdido el derecho a ofrecer pruebas, ello obedeció a la claudicación del apoderado designado por los mismos inconformes, y no a violaciones procesales imputables a la autoridad responsable. Por lo demás, la Junta del conocimiento tampoco estaba obligada a notificar a los quejosos las resoluciones que difirieron por dos ocasiones la celebración de la audiencia trifasial, puesto que el numeral 749 de la legislación en comento, sirve de base para conceptuar válidas las notificaciones hechas a (apoderado) quien le asistía el carácter de apoderado en el tiempo en que se efectuaron las notificaciones, según se justificó con la carta poder visible en la foja doce del expediente natural. ..."
Derivado de lo anterior, el Tribunal Colegiado emitió la siguiente tesis:
"No. Registro IUS: 204752
"Tesis aislada
"Materia(s): Laboral
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: II, julio de 1995
"Tesis: IV.3o.9 L
"Página: 212
"APODERADO LEGAL, SU RENUNCIA HECHA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL, NO INTERRUMPE NI SUSPENDE EL JUICIO Y NO PUEDE RECLAMARSE COMO VIOLACIÓN PROCESAL. La conducta irresponsable del apoderado legal al renunciar a la representación jurídica de los demandados en el inicio de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, no la prevé la ley de la materia como una causal de suspensión o interrupción del juicio, por lo cual la Junta no tiene el deber de detener el curso del juicio y prevenir a los demandados para que designen nuevos apoderados, mucho menos se puede determinar como una violación al procedimiento, dado que, la actualización del supuesto previsto en el artículo 159, fracción II, de la Ley de Amparo, requiere de la inobservancia de las formalidades del procedimiento prescritas en las normas de carácter adjetivo aplicables al caso; de ese modo, si el título decimocuarto de la Ley Federal del Trabajo, relativo al derecho de alguna de las partes como un caso en que proceda suspender o interrumpir el proceso y prevenir al interesado para que designe otro, por lo cual no puede surtirse la violación procesal."
CUARTO. El entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actual Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito, al resolver el juicio de amparo directo 543/90, en lo que interesa, estimó:
"CONSIDERANDO: ... QUINTO. Son infundados en parte y en lo demás inoperantes los conceptos de violación hechos valer, sin que se esté en el caso de suplir la deficiencia de la queja en términos de la fracción IV del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, según se desprende del estudio integral del asunto. En efecto, carecen de razón los peticionarios de garantías en relación a lo que aducen en el primero de sus conceptos de violación formulados en la demanda de garantías, pues en la Ley Federal del Trabajo no existe precepto legal alguno que imponga a la Junta respectiva, la obligación de suspender, por una parte, el procedimiento laboral cuando alguno de los apoderados de las partes contendientes renuncien al cargo conferido, y por la otra, de notificar a aquélla tal circunstancia, concediéndole un ‘término perentorio’ para que comparezca a imponerse de dicha renuncia; y aun en el supuesto de considerar que efectivamente atendiendo al principio de equidad, como alegan los amparistas, el tribunal de trabajo tuviese la obligación de suspender el procedimiento laboral para notificar a cualquiera de las partes que su apoderado renunció al cargo conferido, de todos modos, en la especie, dicha omisión ningún perjuicio le causaría a los peticionarios de garantías, y menos aún podría decirse que quedaran en estado de indefensión, pues según se advierte en el juicio generador del acto reclamado, el apoderado de (la parte demandada) renunció a su cargo, el diez de agosto de mil novecientos noventa, fecha señalada para el desahogo de la prueba confesional (persona física demandada) diligencia en la cual, entre otras cosas, consta que la Junta responsable acordó lo siguiente: ‘El suscrito secretario certifica que dentro del presente expediente no queda prueba alguna pendiente por desahogar y por lo que respecta a la formulación de alegatos se tiene a la parte actora renunciado a su derecho para hacerlos y asimismo a la parte demandada se le tiene renunciando a su derecho a formular alegatos y estando presente el auxiliar de oficio declara cerrada la instrucción y solicita le sean turnados los autos para emitir su proyecto de resolución en forma de laudo a que hace referencia el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo.’; condiciones por las cuales no sería válido ni jurídico concluir que se dejó en estado de indefensión a los quejosos, pues como ya se vio, sí estuvieron representados durante todo el trámite del juicio natural, en virtud de que su apoderado renunció cuando ya no existía prueba pendiente por desahogar, y con ello ningún perjuicio le causó a sus poderdantes, sin que sea óbice para tal conclusión, el hecho de que aquélla haya sido formulada en la diligencia a través de la cual se procedió al desahogo de la prueba confesional a cargo del ahora quejoso (persona física demandada), pues tal probanza fue admitida, según se advierte a foja quince del juicio natural, para verificarse en forma personal y no por conducto de su apoderado; razones más que suficientes para declarar infundado el apartado de queja en estudio."
Derivado de lo anterior, el Tribunal Colegiado aprobó la siguiente tesis:
"No. Registro IUS: 220997
"Tesis aislada
"Materia(s): Laboral
"Octava Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: VIII, diciembre de 1991
"Página: 154
"APODERADOS. SU RENUNCIA NO OBLIGA A SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO LABORAL. El tribunal del trabajo no tiene la obligación de suspender el procedimiento laboral cuando alguno de los apoderados de las partes contendientes renuncie al cargo conferido, ni de notificar a aquélla tal circunstancia para concederle un término perentorio para que comparezca a imponerse de dicha renuncia."
QUINTO. Los denunciantes integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, al resolver el amparo directo número 853/2008, resolvieron lo siguiente:
"CONSIDERANDO: ... QUINTO. ... Ahora bien, los quejosos alegan, por otra parte -incisos i) y j)-, que la autoridad responsable omitió notificarles personalmente el contenido del citado acuerdo, pese a que se trataba de un caso urgente en el que concurrieron circunstancias especiales y que, por tanto, en términos del artículo 742 de la Ley Federal del Trabajo debió ordenar su notificación personal; al no hacerlo -agregan- se propicio (sic) que fueran malamente representados en el juicio, dejándolos sin defensa y actualizándose con ello la violación procesal prevista en el artículo 159, fracción II, de la Ley de Amparo. Son fundados estos argumentos, como enseguida se muestra. El artículo 742 de la Ley Federal del Trabajo establece un catálogo de los supuestos en los cuales debe notificarse personalmente a las partes, estableciendo en la fracción XII, la posibilidad de que la Junta responsable ordene que se notifique de esa forma, cuando a su juicio se trate de un caso urgente o concurran circunstancias especiales que así lo ameriten. La facultad concedida a las Juntas por el citado numeral tiende a procurar que las partes tengan conocimiento de resoluciones de relevancia o trascendencia jurídica en el proceso en tanto puedan ocasionar una afectación a sus derechos; de modo que tal disposición legal se relaciona estrechamente con el respeto a las garantías de audiencia y debido proceso consagradas en el artículo 14 de la Ley Suprema; por tanto, no obstante de ser discrecional, la determinación de la urgencia o particularidad del caso debe calificarse conforme a los principios de verdad sabida y buena fe guardada, apreciando los hechos en conciencia, considerando las características específicas de la resolución a notificar, así como su trascendencia dentro del procedimiento. Ahora bien, las constancias que integran el expediente de origen informan lo siguiente. Los hoy quejosos (empresa y persona física demandados), mediante sendas cartas otorgaron poder a (cuatro personas) para que los representaran ante la Junta responsable en el juicio de origen, con motivo de la demanda interpuesta (por la actora), con todas las facultades legales que ahí se precisan (fojas 17 y 18). La citada representación fue reconocida en la audiencia de diecisiete de mayo de dos mil siete, a la que compareció el segundo de los mandatarios mencionados (foja 44). El veinticuatro de agosto y veintidós de octubre del mismo año se llevó a cabo la continuación de la audiencia en sus etapas de conciliación, demanda y excepciones, haciéndose constar que estuvo presente el mismo apoderado legal de los demandados, quien a nombre de éstos dio contestación a la demanda e interpuso incidente de acumulación, por lo que se suspendió el procedimiento, reanudándose hasta el veintiséis de noviembre de dos mil siete al dictarse la interlocutoria respectiva donde se señaló las once horas con treinta minutos del dieciocho de febrero de dos mil ocho para continuar con las etapas de demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas (foja 63). Dicha resolución fue notificada a los demandados el diez de enero de dos mil ocho en el domicilio que para tal efecto tenían señalado en autos. Llegado el día de la audiencia, comparecieron en su carácter de apoderados de la parte demandada (dos de los apoderados), quienes manifestaron a la Junta: ‘... renunciamos del cargo conferido por los codemandados físicos ... así como por la persona moral denominada ... es importante señalar que, asimismo, solicito se revoque el domicilio que se señaló para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida ... número ... y a partir de hoy se le notifique a los hoy demandados así como de la renuncia del cargo conferido en el domicilio donde fueron emplazados el ubicado en privada ... número ... colonia ... asimismo, en este acto exhibo las renuncias al patrocinio ... de fecha 15 de febrero del presente, así como la renuncia al patrocinio del doctor ... ambos que fueron proporcionados por el ingeniero ... así como por la codemandada moral ... con fecha 15 (sic) de febrero del corriente, no omito manifestar que se solicita a esta H. autoridad le sea notificado a la parte demandada en el domicilio en el cual fue emplazada de la renuncia al cargo conferido de los profesionistas antes mencionados, esto con el fin de no dejarle a la parte demandada en estado de indefensión’. A tales manifestaciones recayó el acuerdo siguiente: ‘... Visto lo manifestado por los apoderados de la parte demandada se tiene a los mismos renunciando al poder que les fuera conferido para los efectos legales a que haya lugar. En este sentido, no es ya responsabilidad de este tribunal hacer del conocimiento de nueva cuenta de los demandados la celebración de la presente audiencia considerando como se desprende de los autos, esta autoridad ya ha protegido su garantía de audiencia al haberlos emplazado tal y como lo estipula el artículo 743 de la ley laboral, motivo por el cual la representación de los demandados decidan realizar en el presente juicio es un acto jurídico privado ajeno a la esfera jurídica de esta Junta, máxime si se recuerda que cuando los apoderados hoy renunciantes gozaban aún de esa calidad los demandados quedaron notificados en términos de ley por su conducto sobre el desahogo de la presente audiencia. Lo anterior con fundamento en los artículos 17, 692 y 741 de la Ley Federal del Trabajo.’. Se continuó con la audiencia, teniéndose a los demandados por perdido el derecho a formular su contrarréplica y a ofrecer pruebas; se admitieron los medios probatorios de la actora y se señaló fecha para el desahogo de la confesional con cargo a los demandados, de la testimonial y de la inspección, ordenándose finalmente notificar dichos acuerdos por medio de boletín laboral a la parte demandada. Sobra decir que en las actas levantadas con motivo de la práctica de la confesional y la inspección de mérito, se hizo constar la incomparecencia de los demandados aquí quejosos. En ese contexto, la trascendencia de la omisión de notificar personalmente a los hoy quejosos, el acuerdo en el que se tuvo a sus apoderados legales renunciando al cargo conferido, radica en que dicho poder corresponde a un mandato otorgado en escrito privado ante dos testigos, mediante el cual una persona confiere a otra la facultad de realizar en su nombre determinados actos jurídicos, que por lógica recae generalmente en un perito en la materia para la que se confiere, a efecto de que realice su encomienda de la mejor manera posible. Además, el mandato involucra como elemento fundamental la confianza que el mandante deposita en el mandatario para la realización de actos jurídicos en su representación con la posibilidad de que éstos surtan totales efectos; en otras palabras, se trata de un contrato de los llamados intuitu personae, que se celebra en atención a las cualidades del mandatario. En tales circunstancias, el hacer del conocimiento de los hoy quejosos la renuncia de sus apoderados a la función encomendada, resulta de gran importancia atendiendo la naturaleza del mandato así como que la finalidad del mismo era que éstos actuaran en su representación dentro del procedimiento laboral, por ende, la ignorancia de la renuncia en comento los dejó en estado de indefensión, ya que devino en el desconocimiento de su nula representación dentro del juicio y en virtud de no comparecer personalmente a la audiencia de ley, perdieron su derecho a contrarreplicar y a ofrecer pruebas, lo que trascendió al resultado del fallo, puesto que al no acreditar sus excepciones y defensas el procedimiento culminó con la condena al pago de las prestaciones que se le reclamaron y que resultaron de suyo procedentes. En tal sentido, puede concluirse que un correcto ejercicio de la facultad concedida a las Juntas por el artículo 742, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo, implica que cuando el apoderado manifieste ante dicha autoridad que renuncia al cargo conferido, ese acto debe hacerse del conocimiento de forma personal al poderdante, por concurrir circunstancias especiales que así lo ameritan, en virtud de que dicha notificación es de gran importancia considerando la naturaleza y la finalidad que persigue el mandato otorgado dentro del procedimiento laboral; por ende, el desconocimiento de la renuncia relativa, deja en estado de indefensión al poderdante al implicar su nula representación dentro del juicio, configurando una violación procesal análoga a la prevista por el artículo 159, fracción II, de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido que los propios apoderados legales, al renunciar al cargo que les confirieron los hoy quejosos solicitaron también se revocara el domicilio que se había señalado para oír y recibir notificaciones; sin embargo, no por ello se justifica que la autoridad responsable ordenara notificar a los demandados por medio de boletín laboral, pues dadas las circunstancias del caso era factible que, como lo solicitaron los mismos renunciantes, con el fin de no dejarlos en estado de indefensión, se les notificara personalmente en el domicilio donde fueron emplazados ... cuanto más si dicho domicilio se ubica en la ciudad donde tiene su residencia la Junta. Cabe decir que el domicilio procesal de la parte demandada lo había señalado, precisamente, uno de los entonces apoderados legales, de manera que al revocarlo en el mismo momento en que renunciaron al cargo, ya no era factible que ahí se les notificara de la renuncia, como lo establece el numeral 741 de la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, la notificación personal que dispone la fracción XII del diverso artículo 742, en tanto prevé los casos urgentes y aquellos en que concurran circunstancias especiales a juicio de la Junta, bien puede llevarse a cabo en el domicilio donde se les emplazó a juicio, todo esto con el propósito de respetar las garantías de defensa y de audiencia a los demandados, tuteladas por el artículo 14 constitucional, que tienen especial relevancia en el sistema de justicia mexicano. En mérito de lo expuesto ... . Lo que procede es conceder el amparo que solicitan los quejoso (sic), para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, reponga el procedimiento a partir de la notificación que por boletín laboral se le hizo a los demandados del acuerdo en que se tiene a sus apoderados legales renunciando al cargo conferido, y una vez que se los notifique personalmente continúe con el procedimiento laboral."
Similares consideraciones sostuvo el mencionado tribunal al resolver el amparo directo 354/2010, razón por la que no se transcriben.
El mismo órgano jurisdiccional federal, en el amparo en revisión número 461/2009, en la parte que interesa, estimó lo siguiente:
"CONSIDERANDO: ... CUARTO. Son infundados los agravios expresados ... . No le asiste razón a la parte inconforme al referir lo anterior, ya que resulta correcta la consideración del Juez de Distrito, en el sentido de que no constituye un acto en el juicio de imposible reparación, el desahogo de la audiencia de conciliación, de demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas de diecisiete de agosto del presente año, en la que según lo referido por la parte quejosa, comparecieron sus apoderados legales mandantes (sic) pero renunciaron al mandato. En términos de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, los actos de imposible reparación deben entenderse tanto aquellos que lesionan directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución, por medio de las garantías individuales, como son la propiedad, la libertad, la vida, la integridad personal, la posesión de bienes, cuya afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable, así como aquellos actos procesales que afectan en grado predominante o superior. ... En el caso, el acto reclamado no se ubica en alguno de estos supuestos, pues sólo produce efectos intraprocesales, como es que el juicio siga en sus etapas procesales, en todo caso, sin que se tenga por contestada la demanda a los ahora inconformes, efecto que es susceptible de repararse si se obtiene laudo favorable en el juicio respectivo; y si no es así, la violación ahora alegada puede repararse en el juicio de amparo directo que en su momento se promueva en contra de éste, pues dicha violación procesal resulta trascendente al fallo, en virtud de que versa sobre la oportunidad que no tuvo el quejoso de ser correctamente representado en el juicio laboral y de ofrecer pruebas. ... Por otra parte, respecto de los argumentos relativos a que debió notificarse personalmente a la parte quejosa, la renuncia al mandato de sus apoderados legales así como que debió suspenderse la audiencia de ley, para no dejarla en estado de indefensión; los mismos se califican como inoperantes, ya que están relacionados con el fondo del asunto, siendo que para que el Tribunal Constitucional esté en aptitud legal de analizar la constitucionalidad del acto reclamado, previamente deben colmarse los supuestos de procedencia del juicio de garantías, lo que no acontece en la especie."
SEXTO. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 19/2009, en la parte que interesa, estimó lo siguiente:
"CONSIDERANDO: ... CUARTO. ... el concepto de violación identificado como tercero, se hace referencia a una violación de carácter procesal pues la Junta responsable de manera incorrecta omitió notificar en forma personal a la actora de la renuncia al mandato que realizaron sus apoderados y al no haberlo hecho así, se le dejó en estado de indefensión, toda vez que no tuvo oportunidad de ofrecer pruebas en el juicio, lo anterior derivado de la incomparecencia de ésta a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. El anterior argumento resulta fundado ateniendo (sic) a las siguientes consideraciones: En principio se torna necesario establecer los antecedentes del caso (se relatan los antecedentes que serán referidos más adelante). ... Ahora bien, en la resolución reclamada la responsable determinó que la actora no acreditó sus acciones en términos del laudo transcrito en el resultando quinto, el cual resulta innecesario transcribir en obvio de repeticiones y del que se advierte que en el procedimiento origen de este asunto, la Junta fue omisa en notificar de manera personal a la actora de la renuncia al mandato hecha por sus apoderados, así como la data de la continuación de la audiencia trifásica, lo que se tradujo en su no comparecencia a la continuación de la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas de siete de marzo de dos mil siete, lo que conllevó a que la Junta determinara lo siguiente: ‘... y vista la certificación que antecede de la que se desprende que no comparece la actora ... ni persona alguna que legalmente la represente, en consecuencia, se le tiene por perdido su derecho para ofrecer pruebas con fundamento en los artículos 873, 879 y 880 de la Ley Federal del Trabajo ...’ (foja 66). De las transcripciones que anteceden, se pone de manifiesto la existencia de una violación de carácter procesal que es trascendente toda vez que versa sobre la oportunidad que no tuvo la actora de ser correctamente representada en el juicio laboral y más aún, la privación a su derecho constitucional de ofrecer pruebas, aspecto por el que la Junta estimó que no acreditaba su acción la actora; razón por la que se considera que dicha omisión de la responsable resulta violatoria de garantías, atendiendo a que la Junta debió ordenar notificar de manera personal a la actora la renuncia de sus apoderados, con independencia de que ésta no hubiera sido por la totalidad de los apoderados señalados en la carta poder que obra a foja 14 del expediente laboral, lo anterior porque del sumario laboral no se advierte que los diversos apoderados contemplados en la carta poder a que se haya hecho referencia hubieren comparecido a aceptar el poder otorgado y menos aún que hayan representado en diligencia alguna a la actora. En este contexto, es claro que la omisión respecto a la notificación personal a la actora de la renuncia del mandato otorgado, así como la fijación de una nueva fecha para la continuación de la audiencia trifásica, constituyen una violación procesal reclamable en amparo directo por ubicarse en el supuesto del artículo 159, fracción II, de la Ley de Amparo, y que, por ende, el efecto de la concesión del amparo es para que se ordene la reposición del procedimiento. A mayor abundamiento, si en el contrato de mandato concurren como elementos básicos de éste, los siguientes: A) El mandatario asume una obligación que pudiera derivar en autónoma en la materia litigiosa, pues debe practicar, bajo su responsabilidad, cuanto sea necesario para la defensa de su poderdante. B) La relación entre ambos es reveladora de la naturaleza de este contrato que involucra como elemento fundamental la confianza que el mandante deposita en el mandatario, es decir, se celebra en atención a las calidades o cualidades del mandatario, por lo que es explicable que: C) El mandante no puede revocar el mandato, ni el mandatario renunciar a él, sin que previamente se haga la notificación correspondiente, pues la parte que revoque o renuncie el mandato en tiempo inoportuno, debe indemnizar a la otra de los daños y perjuicios que le cause. D) En el mandato judicial existe una razón toral para notificar personalmente al mandante la renuncia del encargo, que se refleja en la observancia de la garantía del debido proceso legal consagrada en el artículo 14 de la Constitución Federal, según se advierte del artículo 2603 del Código Civil Federal. E) Es en los tribunales laborales, y no en las partes, en quienes recae la obligación de velar porque esa garantía sea puntualmente observada, pues solamente conociendo los argumentos de los contendientes y las pruebas allegadas al sumario estarán las Juntas en aptitud de resolver a verdad sabida y buena fe guardada, de manera clara, precisa y congruente, según lo disponen los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo y, adicionalmente, hacer efectivos los principios procesales de economía, concentración y sencillez del proceso consagrados en el diverso 685; entonces. En mérito a lo anterior, se concluye que las Juntas están obligadas a notificar personalmente al mandante en el domicilio que aparezca en autos, cuando aún no se ha celebrado la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas o su continuación, la renuncia del mandatario al cargo conferido, atento a lo dispuesto en el artículo 742, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo, con independencia de que el poderdante hubiese o no señalado el domicilio a que se refiere el diverso numeral 739 de la propia ley, en la primera comparecencia, lo que encuentra sustento legal, además, en el diverso numeral 741, ya que, en casos urgentes o en que concurran circunstancias especiales, se autoriza a que se haga la notificación en el domicilio señalado en autos y en virtud de que no se ha designado nuevo sitio para ello."
Derivado de lo anterior, el Tribunal Colegiado adoptó la siguiente tesis:
"No. Registro IUS: 166534
"Tesis aislada
"Materia(s): Laboral
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXX, agosto de 2009
"Tesis: I.6o.T.416 L
"Página: 1739
"VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO LABORAL. LA CONSTITUYE LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBI
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22564-5c5e5102/apoderado-en-el-procedimiento-laboral-su-renuncia-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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