REPRESENTACION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EL JUICIO DE AMPARO. NO ES NECESARIO QUE SE OTORGUE MEDIANTE UN ACUERDO SUSCRITO POR ESA AUTORIDAD. * * * REPRESENTACION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA NO ES UN ACTO REGULADO POR EL ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL. - - -
RECURSO DE RECLAMACION EN EL AMPARO EN REVISION 1486/91. SEGUROS DEL PAIS, S.A.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de reclamación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se ha interpuesto en contra un acuerdo del presidente de este Alto Tribunal, dictado durante la tramitación de un asunto de la competencia del Tribunal Pleno.
SEGUNDO.- El recurso de reclamación a estudio se encuentra interpuesto dentro del término de tres días que establece el artículo 103 de la Ley de Amparo, toda vez que el acuerdo combatido fue notificado al autorizado de la empresa quejosa por lista del quince de agosto de mil novecientos noventa y uno, corriendo dicho término, al tenor de lo que disponen los artículos 24, fracción I, y 34, fracción II, de la Ley de Amparo, el lunes diecinueve, martes veinte y miércoles veintiuno de agosto (día en que se hizo valer el recurso de reclamación que ahora se resuelve) de mil novecientos noventa y uno.
TERCERO.- El acuerdo combatido es del tenor literal siguiente: "México, Distrito Federal, a catorce de agosto de mil novecientos noventa y uno. Con los oficios de remisión de autos y el de expresión de agravios, fórmese y regístrese el toca relativo al juicio de amparo en revisión promovido por la empresa arriba mencionada, contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades. Acúsese recibo. Ahora bien, como en el caso el Jefe del Departamento del Distrito Federal, por sí y en representación del Presidente de la República, hace valer recurso de revisión contra una sentencia dictada por un juez de Distrito en un juicio de amparo en el que se planteó la inconstitucionalidad de una ley emanada del Congreso de la Unión y del análisis del fallo recurrido se advierte que éste no afecta al referido jefe del Departamento del Distrito Federal, puesto que el juez de Distrito ni siquiera concedió el amparo respecto de los actos de él reclamados, es de concluirse que la mencionada autoridad carece de legitimación para interponer el recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Amparo, razón por la cual debe desecharse el que se interpone por él. En cambio, como el recurso que se hace valer en representación del Presidente de la República fue interpuesto en tiempo y forma legales, procede admitirlo. Por lo tanto, con apoyo, además, en lo dispuesto en los artículos 29, 84, fracción I, inciso a), 86 y 90 de la Ley de Amparo; 11, fracción V, inciso A), y 13, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se acuerda:
I. Se admite el recurso de revisión que se hace valer en representación del presidente de la República.
II. Se desecha por improcedente, el recurso de revisión que se interpone por el jefe del Departamento del Distrito Federal.
III. Notifíquese: haciéndolo por medio de oficio a las autoridades responsables y al procurador general de la República, a quien deberá acompañársele copia del oficio de agravios, en la inteligencia de que a la autoridad a que se refiere el segundo punto de acuerdo deberá transcribírsele íntegramente este proveído: en su oportunidad, túrnese el asunto al ministro que corresponda".
CUARTO.- La empresa quejosa, por conducto de su autorizado, formuló el siguiente agravio:
"PRIMERO.- Violación del artículo 19 de la Ley de Amparo y de los artículos 13 y 16 constitucionales.
El citado artículo 19 de la Ley de Amparo precisa lo siguiente:
`No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el presidente de la República, podrá ser representado en todos los trámites establecidos por esta ley, en los términos que determine el propio Ejecutivo Federal por conducto del procurador general de la República, por los secretarios de Estado y jefes del Departamento Administrativo a quienes en cada caso corresponde el asunto, según la distribución de competencias establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal'.
"De lo anterior resulta, que de conformidad con el citado precepto para que el presidente de la República pueda ser representado en los juicios de amparo por los Secretarios de Estado o Jefes del Departamento Administrativo a los que corresponda según la distribución de competencias establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, requiere, en su caso, del acuerdo específico por el cual el titular del Ejecutivo Federal confiere dicha representación por conducto del procurador general de la República, según se ha precisado en precedentes dictados al respecto por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"En el presente asunto, el Jefe del Departamento del Distrito Federal pretende acreditar su legitimación como representante del Presidente de la República mediante el oficio número 8027 de fecha 21 de febrero de 1990, el cual es firmado, según se precisa en el mismo por el subprocurador de Procedimientos Penales por ausencia del procurador general de la República, sin embargo, del texto del mismo se podrá desprender que no cita ningún precepto por el cual esté facultado para llevar a cabo el referido acto, situación que indiscutiblemente vulnera las defensas de mi autorizante, toda vez que no se precisa el ordenamiento ni el artículo por el cual está facultado para proceder en la forma en que lo hizo.
"Es incuestionable que para que el subprocurador de Procedimientos Penales actúe con pleno apego a nuestro sistema jurídico deberá en todos sus actos acreditar que lo está haciendo conforme a derecho.
"De conformidad con el artículo 16 de la Constitución Federal, se establece que nadie puede ser molestando en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandato escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
"Si nosotros interpretamos el artículo 19 de la Ley de Amparo en forma conjunta con el artículo 16 constitucional, para poder acreditarse debidamente la personalidad de una autoridad en un procedimiento judicial, y sobre todo en el juicio de las garantías individuales, resulta ser de suma importancia que se respete el requisito exigido por nuestra Constitución Federal en cuanto que todo acto deberá estar debidamente fundado y motivado toda vez que es incuestionable que las consecuencias del presente juicio tendrán como finalidad, de una u otra manera, una afectación en la esfera jurídica de SEGUROS DEL PAIS, S.A.
"No resulta ser suficiente el hecho de que el artículo 19 de la Ley de Amparo no precise el hecho de que en caso de que exista una sustitución supuestamente legal, se exima a la autoridad de citar el fundamento que la autoriza para llevar a cabo dicho acto, dejando con ello en indefensión a mi autorizante.
"De conformidad con nuestro sistema jurídico, la Constitución es el ordenamiento de mayor jerarquía, por lo que las leyes que de la misma deriven no podrán contravenir u omitir lo dispuesto por la misma. En el presente caso, si bien es cierto que la Ley de Amparo en su artículo 19 no está precisando la obligación de la autoridad para citar la fundamentación y motivación del acto, por el cual se otorga la presentación, es incuestionable que no por ello quien emite el acto deja de tener dicha obligación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, ya que como se dijo, es un acto que afecta la esfera jurídica de Seguros del País, S.A., y está obligada por la Constitución, a fundamentarlo.
"Por lo antes expuesto, es que por este conducto se solicita se declare ilegal para los efectos legales que se pretende al oficio número 8027 mediante el cual se pretende acreditar la personalidad del jefe del Departamento del Distrito Federal como representante del presidente de la República, toda vez que de la lectura que se efectúe del mismo, se podrán percatar la absoluta falta de fundamentación para efectos de acreditar la personalidad de quien lo suscribe, motivo por el cual no se cumple debidamente con los requisitos establecidos por los artículos 19 de la Ley de Amparo y 16 de nuestra Constitución Política Federal".
QUINTO.- Es infundado el agravio aducido por la quejosa, hoy recurrente, por las razones que a continuación se expresan:
Sostiene esencialmente que el acuerdo que recurre viola los artículos 13 y 16 constitucionales, en virtud de que el oficio 8027 de fecha veintiuno de febrero de mil novecientos noventa, con el cual el jefe del Departamento del Distrito Federal pretende acreditar su legitimación como representante del Presidente de la República, carece de la debida fundamentación, pues se encuentra firmado por el subprocurador de Procedimientos Penales, por ausencia del procurador general de la República, sin que en su texto se cite el precepto legal por el que esté facultado para llevar a cabo el referido acto, e interpretando el artículo 19 de la Ley de Amparo en forma conjunta con el artículo 16 constitucional, para que se acredite la personalidad de una autoridad en un procedimiento judicial, resulta de suma importancia que se respete el requisito de fundamentación y motivación exigido por la Constitución Federal por cuyo motivo solicita se declare ilegal, para los efectos que se pretende, el oficio en mención.
Dicho oficio es del tenor literal siguiente:
"C. Lic. MANUEL CAMACHO SOLIS Jefe del Departamento del Distrito Federal, Ciudad.
"Con fundamento en el artículo 19 de la Ley de Amparo, hago de su conocimiento que el C. presidente de la República, lo ha designado para que lo represente en la interposición y tramitación del recurso de revisión en contra de la sentencia que se dicte o se hubiese dictado en el juicio citado al rubro, así como para que haga valer e intervenga en la tramitación de los medios de defensa que resulten procedentes en contra de la notificación que de dicha sentencia se hubiese efectuado y de las actuaciones y acuerdos posteriores a la misma.
Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Distrito Federal, 21 de febrero de 1990.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. POR AUSENCIA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, EL SUBPROCURADOR DE PROCEDIMIENTOS PENALES. LIC. HECTOR F. CASTAÑEDA JIMENEZ.- Rúbrica".
Ahora bien, como se advierte de la lectura de los agravios, se pretende que a través del presente recurso se declare la ilegalidad de la información contenida en el oficio antes transcrito, por considerarla violatoria de lo dispuesto por el artículo 16 constitucional: sin embargo, es menester señalar que el recurso de reclamación no es el medio idóneo para reclamar violaciones directas a la Constitución General de la República, ya que el único medio que existe para ello, es el juicio de amparo que tiene por objeto, entre otros, resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales, precisado en los artículos 103, fracción I, de la Carta Magna y 1o., fracción I, de la Ley de Amparo.
Por otra parte, las garantías de fundamentación y motivación contenidas en el artículo 16 constitucional, se refieren a los actos de autoridad, pues así se deriva del citado precepto que, en lo conducente dice: "nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento".
Esto es, para que pueda existir violación a la garantía individual citada, es preciso que el acto de molestia se encuentre dirigido al gobernado, ya que éste es el titular de dichas garantías y que, además, se trate de un acto autoritario propiamente dicho, cuyos atributos esenciales son la unilateralidad, la imperatividad y la coercibilidad.
En el caso específico, la información contenida en el oficio número 8027 suscrito por el subprocurador de Procedimientos Penales por ausencia del procurador general de la República, no se encuentra dirigido al gobernado, sino a otra autoridad, como lo es el jefe del Departamento del Distrito Federal, en sus relaciones de supraordinación, que son las que se establecen entre dos o más autoridades del Estado y a propósito del ejercicio de sus respectivas funciones imperativas.
Por tanto, no se trata de un acto autoritario de molestia, sino de una comunicación dirigida por una autoridad a otra, en la que le informa de la voluntad del titular del Poder Ejecutivo Federal para que lo represente en los términos del artículo 19 de la Ley de Amparo.
Por otra parte, cabe señalar que si bien el subprocurador de Procedimientos Penales de la Procuraduría General de la República, no señaló el fundamento legal que lo faculta para actuar en ausencia del titular, emitiendo el comunicado o información de que se trata, tal omisión no trasciende a la validez de la designación de representante, del presidente de la República, ya que por una parte, la exigencia a que alude la recurrente no está prevista en el párrafo segundo del artículo 19 de la Ley de Amparo; y, por la otra, en el artículo 5o. del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, se establece lo siguiente: "Sin perjuicio de lo previsto por otras normas aplicables, en los casos de ausencia temporal o excusa, el Procurador será suplido por alguno de los subprocuradores".
Es decir, dado que la determinación informativa contenida en el oficio de que se trata, se emitió en ausencia del procurador general de la República y la suplencia llevada a cabo por el subprocurador de Procedimientos Penales, se encuentra prevista en el Reglamento mencionado, sin señalar orden específico de los subprocuradores para ejercerla, dicha actuación e información resulta apegado a derecho.
Finalmente, cabe agregar que basta con que el subprocurador de Procedimientos Penales esté facultado expresamente para suplir al procurador general de la República, en caso de ausencia, y que dicha suplencia se contenga en un ordenamiento legal publicado en el Diario Oficial de la Federación, como ocurre en el caso, para que la misma surta sus efectos legales.
Son aplicables al caso, las tesis números L/91 y LI/91 aprobadas por este Tribunal Pleno en sesión privada de quince de octubre del año en curso, que a continuación se transcriben:
L/91
"REPRESENTACION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EL JUICIO DE GARANTIAS. NO ES NECESARIO QUE SE HAGA A TRAVES DE UN ACUERDO SUSCRITO POR ESA AUTORIDAD. El artículo 19 de la Ley de Amparo permite que el presidente de la República pueda ser representado en el juicio de amparo y faculta al Ejecutivo para designar a su representante por conducto del procurador general de la República. De la lectura del mencionado precepto se sigue que la comunicación del procurador general de la República es suficiente para acreditar la representación respectiva, sin que sea necesario que se acompañe un acuerdo suscrito por el Presidente de la República.".
LI/91.
"REPRESENTACION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ACUERDO POR EL CUAL LA DELEGA NO ES UN ACTO REGULADO POR EL ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL. El acuerdo que toma el Ejecutivo Federal para designar a su representante en un juicio de amparo no es un acto de molestia o de privación dictado por la autoridad, de aquellos a los que se refiere el artículo 16 de la Constitución. Dicho acuerdo está relacionado con la legitimación de las partes en el juicio, el cual sólo está sujeto a las formalidades previstas en las normas secundarias, en el caso, por el artículo 19 de la Ley de Amparo. El precepto legal citado consagra una excepción a la regla general de que las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de amparo, permitiendo que los actos del presidente de la República sean defendidos en dicho juicio, de manera adecuada, sin necesidad de que, para cada asunto, medie un acuerdo suscrito por el titular del Ejecutivo Federal.".
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
UNICO.- Es infundado el recurso de reclamación a que este toca se refiere.
Notifíquese y cúmplase.
Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de veinte de febrero de mil novecientos noventa y dos, por unanimidad de dieciocho votos de los señores Ministros De Silva Nava, Magaña Cárdenas, Lanz Cárdenas, Alba Leyva, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Rodríguez Roldán, Cal y Mayor Gutiérrez, Gil de Lester, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Azuela Güitrón, Díaz Romero, Chapital Gutiérrez y Presidente Schmill Ordóñez. Ausente la señora Ministra Victoria Adato Green. No asistió el señor Ministro Noé Castañón León, previo aviso a la presidencia. Fue ponente el señor Ministro Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Firman los señores Ministros Presidente y Ministro Ponente, con el secretario general de Acuerdos que da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/226-c74da202/representacion-del-presidente-de-la-republica-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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