SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PARA EL ANÁLISIS DE SU PROCEDENCIA RESPECTO A UN DECRETO EXPROPIATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES, NO PUEDE ATENDERSE A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 8o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN.
INCIDENTE DE SUSPENSIÓN (REVISIÓN) 221/2010. DELEGADO DEL JEFE Y SECRETARIO DE GOBIERNO, AMBOS DEL DISTRITO FEDERAL Y OTRA.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Los agravios expuestos por el delegado del jefe y secretario de gobierno, ambos del Distrito Federal, son infundados.
La autoridad inconforme argumenta en su primer motivo de impugnación, que el quejoso carece de interés suspensional para solicitar la medida cautelar, atento a que de la lectura del escrito inicial de demanda se desprende que el decreto que reclama no afecta su esfera de derechos, al señalar textualmente que el predio que defiende no se encuentra dentro de las coordenadas del polígono tres, al que alude el decreto de referencia, donde se llevará a cabo la expropiación cuestionada.
El razonamiento relatado es infundado, al tenor de las consideraciones que se desarrollan enseguida:
Del original del cuaderno incidental relativo al juicio de amparo 543/2010, enviado por la juzgadora, se desprende que el quejoso señaló como actos reclamados:
a) La discusión, aprobación, expedición, refrendo, promulgación y publicación del decreto por el que se expide la Ley de Expropiación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de noviembre de mil novecientos treinta y seis, con todas sus reformas, adiciones y derogaciones hasta la fecha (fojas 6 y 7 del cuaderno incidental).
b) La expedición del decreto de expropiación publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de abril de dos mil diez (fojas 7 a 14 del cuaderno incidental).
c) La ejecución de tales ordenamientos, consistente en la notificación del decreto de referencia (foja 14 del cuaderno incidental).
En la narrativa de antecedentes, el quejoso refirió que el seis de abril de dos mil seis adquirió la propiedad del inmueble ubicado en ***********, lo que demostraba con la escritura **********, pasada ante la fe del notario público 229 del Distrito Federal (fojas 14 y 15 del cuaderno incidental).
Que con fecha siete de abril de dos mil diez se presentó en su domicilio quien dijo ser actuario notificador del Gobierno del Distrito Federal, a fin de notificarle que su propiedad se encontraba dentro del polígono ********** que refiere el decreto expropiatorio reclamado (fojas 15 y 16 del cuaderno incidental).
En ese orden de ideas, si bien el impetrante señaló en un apartado del segundo concepto de violación que el predio que defiende no se encuentra dentro de las coordenadas del polígono **********, el que alude el decreto reclamado, donde se llevará a cabo la expropiación cuestionada (foja 28 del cuaderno incidental), también es verdad que tal afirmación no implica que el quejoso carezca de interés suspensional para impetrar la medida cautelar, sino que esa aseveración obedece a un argumento que es propio del fondo del asunto, esto es, en la contienda constitucional se decidirá esa cuestión; en tanto que el interés suspensional del titular de la acción de garantías quedó acreditado con la escritura que exhibió en el juicio para demostrar la titularidad del bien inmueble que defiende y la notificación que le fue realizada en donde se le informaba que su predio se encontraba enclavado en uno de los polígonos referidos en el decreto de expropiación, acto que incide en su esfera jurídica; de ahí lo infundado de sus pretensiones.
Sustenta lo anterior, por analogía, la tesis jurisprudencial P./J. 135/2001 de la Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, enero de 2002, página 5, cuyos rubro y texto son:
"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse."
Por otro lado, la recurrente señala en su segundo y tercer motivos de inconformidad, que la resolución interlocutoria es ilegal, en razón de que el decreto expropiatorio cuestionado tiene por objeto la realización de una obra de construcción en favor de los habitantes del Distrito Federal y zona conurbada, motivo por el que se considera de utilidad pública y beneficio general el establecimiento y uso adecuado de las áreas susceptibles de tránsito vehicular y peatonal, señalización vial y nomenclatura y, en general, la utilización de los servicios, la infraestructura y los demás elementos inherentes o incorporados a la vialidad en el Distrito Federal, así como la infraestructura y equipamiento auxiliar de los servicios públicos de transporte de pasajeros y de carga, como son: el establecimiento de vialidades, instalaciones, centros de transferencia modal, terminales, cierres de circuito, bases de servicio, lanzaderas, lugares de encierro, señalamientos viales y demás infraestructura necesaria que garantice la eficiencia en la prestación del servicio; por ende, estima que debió negarse la suspensión definitiva.
En ese sentido, afirma que ampliar y hacer más efectiva la operación vial con el fin de lograr una movilidad para los habitantes de esta ciudad, constituye una necesidad de interés general; de ahí la urgencia y necesidad inmediata de proceder a la ocupación de los terrenos, así como a la ejecución del decreto materia de la litis para satisfacer una necesidad pública que no admite dilación. Por tales motivos, la autoridad asegura que resulta improcedente conceder la medida suspensiva para el efecto de que no se tome posesión inmediata del inmueble que defiende el quejoso, o bien, no sea ejecutado el decreto de referencia para salvaguardar intereses personales, cuando existe un interés general que debe sobreponerse al del particular.
La ocursante funda su postura en la fracción III Bis del artículo 1o. de la Ley de Expropiación, que dispone que es causa de utilidad pública la construcción de obras y la prestación de servicios públicos que requieran de bienes inmuebles y sus mejoras; de donde deriva la improcedencia de otorgar la suspensión del acto reclamado, en tanto que de proceder a su concesión se contravendría el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que se trastocarían disposiciones de orden público, atento al interés imperioso de proceder a la ocupación inmediata de los bienes afectados para satisfacer una necesidad pública.
Por tanto, la inconforme sostiene que tratándose de decretos emitidos con la finalidad de expropiar bienes inmuebles para llevar a cabo la construcción de obras públicas y la prestación de servicios públicos, la ocupación de los bienes objeto de la expropiación por parte de las autoridades será inmediata, de acuerdo con el artículo 8o. de la Ley de Expropiación, por lo que la tramitación del juicio de amparo no suspenderá la ejecución del decreto respectivo, por disposición expresa de la ley.
Finalmente, la recurrente asevera que si bien la finalidad primordial de la suspensión de los actos reclamados es la de preservar la materia del amparo, evitando que la parte quejosa sufra la afectación que implique la ejecución del acto impugnado, cuando este tipo de actos sean susceptibles de ser suspendidos, también es verdad que la juzgadora, en el caso concreto, no valoró los artículos 1o., fracción III Bis y 8o. de la Ley de Expropiación, ya que atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados en la presente vía, éstos no son susceptibles de suspenderse en virtud de que la expropiación de los inmuebles que defiende el impetrante de amparo fue decretada para el efecto de llevar a cabo una construcción de obra de infraestructura pública y la prestación de servicios públicos, a fin de facilitar el tránsito eficiente y seguro de personas y vehículos en dicha zona del Distrito Federal.
Los razonamientos expuestos son infundados por las consideraciones que se desarrollan enseguida:
El artículo 124 de la Ley de Amparo, es del tenor siguiente:
"Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes:
"I. Que la solicite el agraviado.
"II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se "contravengan disposiciones de orden público.
"...
"III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.
"El Juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio."
Como podrá observarse, el legislador dispuso que la suspensión del acto reclamado deberá decretarse únicamente cuando concurran diversos requisitos, entre ellos, los enunciados en la mencionada fracción II, concernientes a que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; entendiéndose por el primero, la composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas o impedir un mal a la población, mientras que la segunda acepción contiene implícita la idea de aquellas disposiciones plasmadas en los ordenamientos legales, que tengan como fin inmediato tutelar derechos colectivos, para evitarle algún trastorno o desventaja o procurarle la satisfacción de necesidades.
En ese orden de ideas, válidamente puede concluirse que ambos conceptos se encuentran íntimamente relacionados y, en general, debe interpretarse en el sentido de que no es factible otorgar la medida cautelar cuando de concederse se contravengan ordenamientos legales, cuyo fin inmediato se traduce en algún provecho o beneficio para la sociedad.
Ahora bien, el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de abril de dos mil diez, reclamado en el juicio de garantías, en lo conducente, dispone:
"Decreto por el que se declara de utilidad pública la realización de la obra de construcción y el funcionamiento de la vía de comunicación urbana de peaje, con inicio en entronque con avenida Centenario y terminación en entronque con avenidas Luis Cabrera, Las Torres, Las Águilas y Centenario, en las Delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón. ... Marcelo Luis Ebrard Casaubon, jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 14, 27, párrafos segundo, noveno y fracción VI y 122, apartado C, base segunda, fracción II, incisos a), b) y f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción III Bis, 2o., 3o., 10, 19, 20, 20 bis y 21 de la Ley de Expropiación; 1o., 3o. y 4o. de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal; 2o., 8o., fracción II, 67, fracciones XIX y XXVIII, 87, 90 y 144 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2o., 5o., 12, 14, 15, fracción IX, 23 fracciones XIX y XXII, 24, fracciones XI y XIII, y 31 fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1o., 3o., 67, 68 y 129, párrafo segundo, de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público; así como en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 8 de noviembre de 2007, y ... Considerando. ..."
De la reproducción preinserta, se desprende que se encuentra fundado, entre otros artículos, en la fracción III Bis del artículo 1o. de la Ley de Expropiación, que a la letra señala:
"Artículo 1o. La presente ley es de interés público y tiene por objeto establecer las causas de utilidad pública y regular los procedimientos, modalidades y ejecución de las expropiaciones.
"Se consideran causas de utilidad pública:
"...
"(Adicionada, D.O.F. 5 de junio de 2009)
"III Bis. La construcción de obras de infraestructura pública y la prestación de servicios públicos, que requieran de bienes inmuebles y sus mejoras, derivada de concesión, de contrato o de cualquier acto jurídico celebrado en términos de las disposiciones legales aplicables; ..."
En relación con el precepto legal de referencia, se reproduce el siguiente artículo de la legislación referida:
"(Reformado, D.O.F. 5 de junio de 2009)
"Artículo 8o. En los casos a que se refieren las fracciones III Bis, V, VI y X del artículo 1o. de esta ley, el Ejecutivo Federal hará la declaratoria de utilidad pública, decretará la expropiación, ocupación temporal o limitación de dominio y ordenará la ejecución inmediata de la medida de que se trate. Tratándose de la expropiación, no será aplicable lo dispuesto en las fracciones III a VII del artículo 2o de esta ley.
"Esta resolución no admitirá recurso administrativo alguno y solamente podrá ser impugnada a través del juicio de amparo.
"En los casos a que se refiere el primer párrafo de este artículo, durante la tramitación del juicio de amparo que en su caso se instaure, no podrá suspenderse la ejecución de la expropiación, la ocupación temporal o la limitación de dominio."
De la transcripción que precede se deduce que la fracción III Bis del artículo 1o. de la Ley de Expropiación considera, entre otras, como causa de utilidad pública, la construcción de obras de infraestructura pública y la prestación de servicios públicos que requieran de bienes inmuebles y sus mejoras, y de conformidad con el diverso precepto normativo 8o. en los casos a que se refieren, entre otras fracciones, la analizada, decretará la expropiación, ocupación temporal o limitación de dominio y ordenará la ejecución inmediata de la medida de que se trate, sin que la promoción del juicio de garantías que al efecto se instaure suspenda la ejecución de la expropiación.
En ese sentido, la voluntad del legislador, tratándose de los casos a que se refiere la fracción III Bis del artículo 1o. de la Ley de Expropiación, en el sentido de que la ejecución inmediata de la expropiación tiene el carácter de urgente e inaplazable, no debe originar la negativa para otorgar la medida cautelar en el juicio de garantías.
Lo anterior se considera de esa manera, en principio, porque el quejoso, en el juicio de garantías cuestionó la constitucionalidad de la Ley de Expropiación, básicamente, atento a que el supuesto de excepción que previó el legislador de ocupar el bien expropiado como una medida urgente y de inaplazable ejecución, transgrede el artículo 14 constitucional, en tanto que no prevé la garantía de audiencia previa a la emisión del decreto expropiatorio, con lo que se infringen las formalidades esenciales del procedimiento; en ese tenor, la negativa del otorgamiento de la medida suspensiva no puede sustentarse en lo dispuesto por el artículo 8o. de la Ley de Expropiación.
En segundo lugar, atento a que el criterio que rige al juzgador de amparo para conceder o negar la suspensión del acto reclamado en el juicio de garantías, es el que deriva de la Constitución Federal y de la propia Ley de Amparo, sin que ello pueda supeditarse a lo que indique sobre el particular la legislación que norma el acto reclamado, pues esta medida constituye un medio extraordinario para paralizar jurídicamente actos de autoridad que se estimen transgresores de la Carta Magna; de ahí que sólo deba orientarse por lo dispuesto en la ley de la materia. Adoptar una postura distinta a la señalada implicaría que de la Ley de Expropiación debe derivarse la procedencia de la suspensión del acto reclamado, otorgándole de manera indebida un ámbito de aplicación mayor al que le corresponde en derecho, bien pudiendo suceder, bajo esa propia lógica, que el legislador ordinario pudiera, en cualquier ley, proscribir incluso la procedencia del juicio constitucional, lo cual provocaría, de obligar ello al Juez de control a no admitir una demanda de garantías.
Funda lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 2/2001 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 452, de rubro y texto siguientes:
"SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR LA LEY DE AMPARO, SIN QUE SEA FACTIBLE APLICAR OTRO ORDENAMIENTO LEGAL. Si en un juicio de amparo se reclama la resolución dictada en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria que resolvió la excepción de incompetencia, debe considerarse que no procede otorgar la suspensión del acto reclamado, por no reunirse los requisitos que al efecto establece el artículo 124 de la Ley de Amparo, en virtud de que el otorgamiento de dicha providencia cautelar ocasionaría la paralización del procedimiento en lo principal, contraviniéndose con ello disposiciones de orden público, así como el criterio que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no debe otorgarse la suspensión del acto reclamado en el amparo cuando ella tienda a detener el procedimiento judicial, sin que sea por ello factible la aplicación de otras disposiciones legales diferentes a la Ley de Amparo. No obsta a la anterior conclusión el hecho de que en la legislación procesal civil de diversas entidades federativas se prevea la excepción de incompetencia como una excepción de previo y especial pronunciamiento que suspende el procedimiento en el principal hasta su resolución, pues independientemente de lo que de dicha legislación pudiera derivar, la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, que no es una instancia procesal más, ni una prolongación del juicio ordinario, sino que es un medio extraordinario para impugnar jurídicamente los actos de las autoridades de un Estado cuando se estime que contravienen a la Constitución Federal en los casos previstos en el artículo 103 de la misma, se rige por lo que dispone la Ley de Amparo. Además, considerar lo contrario, es decir, que de la mencionada legislación procesal debe derivarse la procedencia de la suspensión del acto reclamado y, por ende, del procedimiento en el juicio, sería otorgarle indebidamente a aquélla un ámbito de aplicación mayor al que realmente tiene."
En esa medida, de atenderse lo dispuesto por el artículo 8o. de la Ley de Expropiación, en lo concerniente a la proscripción de otorgar la medida suspensiva, se haría nugatorio el sistema de control constitucional si desde cualquier ordenamiento jurídico que no sea la Ley de Amparo se determina la improcedencia de la suspensión pudiendo negarse, incluso, a impedir de esa manera el propio juicio de amparo, estableciendo una limitación para acudir al mismo.
Además, si bien todas las leyes se consideran en mayor o menor medida de orden público, tal circunstancia resulta insuficiente para negar la suspensión bajo el argumento de que responden a esa naturaleza, en tanto que corresponde al Juez de amparo determinar su afectación en cada caso particular, esto es, la decisión de paralizar o no los actos requiere del estudio de la satisfacción de los supuestos establecidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, de una manera casuista, en tanto que son variables los elementos que intervienen en la apreciación correspondiente. Lo anterior, de conformidad, en lo conducente, con la jurisprudencia 2a./J. 14/91 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, diciembre de 1991, Octava Época, página 45, que señala:
"ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL. SUSPENSIÓN CONTRA ORDENAMIENTOS QUE ESTABLECEN REQUISITOS PARA EL DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD DE PARTICULARES (EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTOS PÉTREOS). Si en un juicio de amparo se combate la constitucionalidad de un ordenamiento, debido a que sujeta al quejoso al cumplimiento de diversos requisitos para el desarrollo de una actividad, y se reclama también la aplicación de ese ordenamiento con sus consecuencias, para decidir sobre la suspensión debe el juzgador examinar el cumplimiento de los requisitos previstos por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Ello es así, debido a que no basta la circunstancia de que se pida la paralización de los efectos de una ley, para negar la suspensión bajo el argumento de que ella responde al interés general y es de orden público, ya que todas las leyes (en sentido amplio) participan en mayor o menor medida de esas características. Pero tampoco es suficiente para conceder la medida el simple hecho de que en el mismo juicio de amparo se combata la constitucionalidad del ordenamiento, pues resulta imprescindible incluso para la conservación de la materia del juicio, analizar los diversos grados de afectación al interés social y al orden público, la distinta naturaleza del objeto específico de los ordenamientos y la causación al quejoso de daños y perjuicios de difícil reparación. Por ello, no es conveniente dar una regla general para establecer si debe o no concederse la suspensión respecto de las consecuencias derivadas de la aplicación de un ordenamiento cuya constitucionalidad se discute en el propio juicio de garantías y que impone a la quejosa requisitos para el ejercicio de una actividad, puesto que la decisión de paralizar o no los actos requiere del estudio de la satisfacción de los supuestos establecidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, de una manera casuista, en tanto que son variables los elementos que intervienen en la apreciación correspondiente. De acuerdo con lo anterior, si se cuestiona la constitucionalidad de determinados ordenamientos, porque sujetan la actividad de la quejosa a la obtención previa de licencias de explotación de yacimientos pétreos y de uso de suelo, no es factible conceder la suspensión porque no se satisface el requisito previsto por la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, en tanto que los ordenamientos que rigen a esa actividad son de orden público, pues atienden a lograr la seguridad urbana y una adecuada calidad ambiental. Además de ello, con la suspensión se haría posible la explotación de una mina sin el análisis de los elementos técnicos necesarios para establecer si esa actividad afecta o no al interés social, pues de lo contrario el juzgador asumiría facultades que son propias de las autoridades administrativas."
Aunado a que es de explorado derecho que para el otorgamiento de la suspensión, además de verificar que se colman los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con el otorgamiento de la medida de que se trata, análisis que debe ser concomitante, al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización. Lo anterior de conformidad con la tesis jurisprudencial 2a./J. 204/2009, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 315, que dispone:
"SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: ‘SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.’, sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida."
Bajo ese contexto, debe señalarse que si bien el legislador secundario estimó que tratándose de la fracción III Bis del artículo 1o. de la Ley de Expropiación, la ocupación del inmueble expropiado debe ejecutarse de modo inmediato al tener el carácter de urgente e inaplazable, también debe tenerse presente que esa excepción hecha por el legislador tratándose de construcción de vialidades, difiere diametralmente de las hipótesis de excepción previstas en el precepto legislativo en cuestión, por citar algunas, las previstas en sus fracciones V y X, que contemplan como causas de utilidad pública satisfacer necesidades colectivas en caso de guerra o trastornos interiores, abastecer a las ciudades o centros de población de víveres u otros artículos de consumo necesario; combatir o impedir la propagación de epidemias, epizootias, incendios, plagas, etcétera, así como evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la colectividad.
Como podrá observarse, los supuestos señalados para que la ocupación del bien expropiado pueda realizarse inmediatamente después de la declaratoria correspondiente, difieren sustancialmente de la hipótesis de la fracción III Bis del artículo 1o., esto es, el tema de vialidades, supuesto que nos ocupa en el presente estudio; de ahí que sea posible ponderar que sería mayor el perjuicio que sufriría el quejoso con la ejecución del acto reclamado que la sociedad con su paralización.
Esta conclusión no es meramente dogmática o un parecer caprichoso, sino jurídicamente demostrable si se considera que la única autoridad facultada para aplicar el contenido del tercer párrafo del artículo 8o. de la Ley de Expropiación, en el apartado que aquí interesa, es aquella que conoce del juicio de amparo al decidir acerca de la suspensión del acto reclamado, circunstancia específica que de suyo impide al particular afectado cuestionarla constitucionalmente, en tanto que es la propia Ley de Amparo la que, en términos de su artículo 73, proscribe la procedencia de este remedio jurisdiccional contra actos dictados precisamente durante la sustanciación de un juicio de garantías, particularidad típica y representativa de las disposiciones contenidas en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.
Apoya esta consideración lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. XCVI/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, diciembre de 1998, página 260, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE CUANDO MEDIANTE ELLA SE PRETENDE IMPUGNAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE AMPARO APLICADA EN LA SENTENCIA RECURRIDA. No es jurídicamente posible que a través del recurso de revisión previsto en los artículos 83 y siguientes de la Ley de Amparo, se pueda impugnar ésta. En el sistema constitucional mexicano la impugnación de leyes por parte de los gobernados puede hacerse a través del juicio de amparo, por violación a las garantías individuales, de acuerdo con los lineamientos trazados por el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reglamenta la Ley de Amparo; esto es, por medio de la promoción de un juicio de amparo indirecto, en el que impugnen en forma destacada la propia ley por su sola vigencia o por virtud del primer acto de aplicación; o mediante la promoción de un amparo directo contra una sentencia o laudo definitivo o resolución que ponga fin al juicio, en el cual dicha impugnación sólo será materia del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la ley, el tratado o reglamento, en la inteligencia de que la calificación por el tribunal de amparo se hará en la parte considerativa de la sentencia. El recurso de revisión, no se halla previsto en el sistema constitucional como una de las formas de control de la Ley Suprema sino, exclusivamente, como un medio técnico de optimizar la función jurisdiccional realizada por el juzgador primario en el juicio de amparo, por lo que es improcedente el recurso de revisión que pretenda impugnar la inconstitucionalidad de la Ley de Amparo aplicada en la sentencia recurrida. Lo anterior no significa que la Ley de Amparo quede fuera de control constitucional puesto que existen los medios a que se refiere el artículo 105, fracción II, de la Ley Suprema, además del control difuso que excepcionalmente pueda ejercer esta Suprema Corte."
En una parte de una de las resoluciones que dieron lugar a la tesis transcrita, se estableció la imposibilidad de promover el juicio de amparo contra las disposiciones que lo regulan, en los siguientes términos:
"Además, cabe señalar que no obstante que existen leyes pertenecientes al orden constitucional en la medida en que forman parte integrante del orden superior constitucional, y que son susceptibles de impugnarse en amparo; la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, constituye la excep
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22625-9082cd96/suspension-del-acto-reclamado-para-el-analisis-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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