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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN PENAL. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 103/2010. · Registro digital (IUS): 22731
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, SÉPTIMO Y NOVENO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, , Pág. 18.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 103/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, SÉPTIMO Y NOVENO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos que son de naturaleza penal de la exclusiva competencia de esta Sala.

SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en virtud de que fue formulada por **********, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en atención a que fue autorizado del tercero perjudicado **********, recurrente en la revisión 26/2009, y recurrente adhesivo en las revisiones penales 88/2009 y 9/2010.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que a la letra dice:

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXVIII, noviembre de 2008

"Tesis: 2a./J. 152/2008

"Página: 227

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA. El autorizado está legitimado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no precisa tal facultad, también lo es que la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa pues, entre otras, prevé la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Además, aunque la denuncia referida no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la ley citada se advierte que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas fueron sustentadas, es indudable que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado precepto, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros."

TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:

A) El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el diecisiete de abril de dos mil nueve, el recurso de revisión 26/2009, sostuvo, en la parte conducente, lo siguiente:

"NOVENO. Previo al estudio del fondo del asunto, este órgano de control de constitucionalidad se avoca al análisis de las causales de improcedencia invocadas por las partes, en virtud de que son cuestiones de orden público y de estudio preferente, pues incluso pueden ser invocadas de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia IX.1o. J/7 del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que se comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, febrero de 1991, Octava Época, visible en la página ciento once, bajo el rubro y texto: ‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. DECLARACIÓN DE LA, AL CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN.’ (transcribe). La jurisprudencia 940, visible en la página mil quinientos treinta y ocho del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: ‘IMPROCEDENCIA.’ (transcribe). También la tesis III.3o.C.55 K del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que se comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, febrero de 2000, Novena Época, visible en la página mil sesenta y tres, que a la letra dice: ‘IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. DEBEN EXAMINARSE OFICIOSAMENTE POR EL TRIBUNAL REVISOR.’ (transcribe). En principio, es conveniente analizar si la quejosa Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), en su carácter de liquidador de ********** tiene o no legitimación para promover el juicio de amparo en contra del acto reclamado al subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales de la Procuraduría General de la República, consistente en la autorización en definitiva de la consulta de no ejercicio de la acción penal de dieciocho de julio de dos mil ocho, dictada en la averiguación previa **********, pues en caso de que no exista interés jurídico resultaría innecesario analizar los argumentos esgrimidos por la quejosa, al actualizarse una causal de improcedencia, cuyo estudio, como se dijo, es de oficio por tratarse de cuestiones de orden público y de estudio preferente. Resulta conveniente precisar que los artículos 20, apartado C, fracción VII, y 107, fracción I, de la Constitución Federal prevén: ‘Artículo 20.’ (transcribe). ‘Artículo 107.’ (transcribe). Por su parte, los artículos 4o., 10, fracción III, 73, fracción V y 114, fracción VII, de la Ley de Amparo establecen: (transcribe). De lo transcrito con antelación se advierte que en la fracción VII del apartado C del ordinal 20 de la Carta Magna, está reconocido constitucionalmente a favor del ofendido o la víctima del delito el derecho de impugnar las determinaciones del Ministerio Público que decidan sobre el no ejercicio de la acción penal, entre otras, y tiene como propósito que aquéllos obtengan la reparación del daño o la responsabilidad civil, así como abatir la impunidad e impedir a la representación social dejar de cumplir sus obligaciones de investigación y persecución de los delitos que la propia Constitución le impone. Ahora bien, cuando se considera que la determinación del Ministerio Público que decide sobre el no ejercicio de la acción penal vulnera garantías individuales, debe impugnarse a través del juicio de amparo indirecto promovido ante un Juez de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, fracción III y 114, fracción VII, de la Ley de Amparo. Por tanto, la mera trasgresión a un derecho constitucionalmente protegido faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente a solicitar la restitución del goce de la garantía violada, es decir, lo legitima para acudir al amparo, siendo ese derecho protegido lo que constituye el interés jurídico para efectos de la procedencia del juicio de garantías. Derecho que actualmente está previsto en el ordinal 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, pero que fue reconocido a partir de la reforma que sufrió el artículo 21 constitucional, que entró en vigor el uno de enero de mil novecientos noventa y cinco, donde se hace extensiva la legitimación a aquellas personas que consideren violadas sus garantías individuales por una determinación del Ministerio Público que niegue el ejercicio de la acción penal, según se observa de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Amparo. De este último precepto se advierte la intención de ampliar el concepto de víctima u ofendido a todos aquellos gobernados que con motivo de la actualización de un delito tengan derecho a la reparación del daño o a la responsabilidad civil, esto es, que ninguno quede fuera de la protección constitucional para poder promover el juicio de amparo. Por otra parte, en cuanto a la procedencia del juicio de garantías, la Ley de Amparo se sujeta a lo previsto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política, en el sentido de que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que constituye un principio fundamental que tutela a la materia de amparo, lo que significa que el juicio constitucional debe instarse a petición de quien resulte lesionado en sus garantías individuales. Así lo confirma el contenido del ordinal 4o. de la legislación de amparo, que establece como condición para la procedencia del juicio de garantías la existencia de un agravio personal y directo en la esfera de derechos del quejoso; es decir, es necesaria la afectación a sus intereses como un elemento fundamental del principio de instancia de parte agraviada (interés jurídico). En ese contexto, es necesario indicar que el agravio que afecte el interés jurídico del gobernado necesario para acudir válidamente al juicio constitucional, como se indicó, se encuentra consagrado en el artículo 4o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, dicho interés jurídico ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquel derecho subjetivo que se encuentra protegido por alguna norma legal y se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular; en ese sentido, el acto de autoridad que sea reclamado mediante la vía de amparo tendrá que incidir en la esfera jurídica de algún individuo en lo particular o de la persona moral, pues no es suficiente para acreditar dicho interés, la existencia del acto autoritario, sino que resulta necesario que acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley, causándole un agravio, pues de no ser así, el juicio constitucional resultaría improcedente. Resulta aplicable la tesis del Pleno del Máximo Tribunal del País publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 97-102, Primera Parte, página ciento veintitrés, que a la letra dice: ‘PERJUICIO E INTERÉS JURÍDICO.’ (transcribe). También se aplica la jurisprudencia 854 del Segundo Tribunal del Sexto Circuito, que se comparte, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, 1917-1995, visible en la página quinientos ochenta y dos, bajo el rubro y texto: ‘INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE.’ (transcribe). Ahora bien, el interés jurídico y la legitimación procesal se encuentran ligados, porque esta última constituye la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio; a esta legitimación, conforme el criterio del Máximo Tribunal, se le conoce como ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado por quien tiene aptitud para hacerlo valer. En ese sentido, tenemos que la fracción III del artículo 10 la Ley de Amparo legitima a la víctima y al ofendido, titulares del derecho de exigir la reparación del daño o la responsabilidad civil que provengan de la comisión de un delito, para promover el juicio de amparo en contra de las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal. De ahí que debe realizarse una interpretación extensiva de las acepciones víctima y ofendido que utiliza la Ley Fundamental y la de Amparo para comprender en dicho término aquellas personas que son afectadas por la comisión de un delito, entre las que se encuentra el denunciante; por tanto, el concepto de víctima u ofendido abarca a toda persona que ha sufrido consecuencias negativas procedentes de un ilícito en el goce de bienes propios o en los que participa como integrante de la comunidad, en cuyo caso, se insiste, puede recaer en el denunciante de los hechos. A lo razonado es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 58/2006 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXIV, octubre de 2006, Novena Época, visible en la página ciento quince, bajo el epígrafe y texto: ‘LEGITIMACIÓN AD PROCESUM DEL DENUNCIANTE FACULTADO PARA EXIGIR LA REPARACIÓN DEL DAÑO O LA RESPONSABILIDAD CIVIL, COMO CONSECUENCIA DE ACCIONES U OMISIONES QUE SANCIONA LA LEY PENAL. CUENTA CON INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRME EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL O SU DESISTIMIENTO, EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO.’ (transcribe). Expuesto lo anterior, se advierte que la quejosa, Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), en su carácter de liquidador de ‘**********’ sí tiene interés jurídico para promover el juicio de amparo, en virtud que de las constancias que obran en la indagatoria se desprende que dicha institución bancaria funcionó como tal, es decir, de acuerdo a su objeto social, encontrándose entre sus actividades, la prestación de servicios de banca y crédito en términos de la Ley de Instituciones de Crédito hasta el veintisiete de febrero de dos mil dos (fojas 11 y 12 del tomo I), ya que al siguiente día, a través del oficio 101. 191, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revocó la autorización otorgada a dicha institución para operar, precisamente, como banca múltiple (foja 14 del tomo I), en virtud de haberse ubicado en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral 28 de la Ley de Instituciones de Crédito, atingente a que la institución arroje pérdidas que afecten su capital mínimo, motivo por el cual quedó en estado de liquidación, por lo que al encontrarse en ese estado jurídico, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 29 de la ley citada con antelación, en relación con el artículo 1o. de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las disposiciones aplicables a dicha persona moral son las contenidas en este último cuerpo secundario de leyes, así como lo dispuesto en los capítulos X y XI de la Ley General de Sociedades Mercantiles que, en términos generales, se refieren, respectivamente, a la disolución y liquidación de las sociedades. De ahí que al haberse determinado en la averiguación previa en definitiva el no ejercicio de la acción penal, la referida quejosa se encuentra legitimada para promover en su contra el juicio de amparo, al ocasionarle en su esfera jurídica un agravio personal y directo, por sufrir un menoscabo sustancial en sus derechos fundamentales, con motivo del delito denunciado. En ese sentido, son infundados los argumentos que el recurrente ********** realiza en torno a que el juicio de amparo es improcedente en virtud de que a partir del diecinueve de junio de dos mil ocho, cuando entraron en vigor las reformas que sufrieron diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos el 21, dejó de existir el derecho del ofendido o víctima para impugnar las resoluciones del Ministerio Público donde determinen el no ejercicio de la acción penal, en virtud de que la actual redacción del mencionado ordinal no prevé tal aspecto, motivo por el que se debió sobreseer en el juicio en términos de lo dispuesto en los numerales 10, fracción III y 114, fracción VII, de la Ley de Amparo. Contrario a lo aseverado por la recurrente, la garantía constitucional instituida a favor de la víctima u ofendido para impugnar, a través del juicio de amparo, las determinaciones sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal continúa vigente, pues si bien es cierto que en la reforma que sufrió el artículo 21 de la Carta Magna, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, no se contempla el mencionado derecho; no menos cierto lo es que fue establecido en el ordinal 20, apartado C, fracción VII, donde refiere que uno de los derechos de aquéllos es ‘impugnar ante autoridad judicial las resoluciones de no ejercicio de la acción penal, entre otras’; precepto que conforme a lo dispuesto en el transitorio primero de la citada reforma entró en vigor al siguiente día de su publicación, esto es, el diecinueve de junio del mencionado año, pues lo indicado en el transitorio segundo únicamente alude al sistema procesal acusatorio y, en ese tenor, es evidente que la garantía a que nos referimos en las líneas que preceden no son propias de dicho sistema, sino que fue reconocida y elevada a garantía constitucional por el legislador a partir de la reforma que sufrió el ordinal 21 constitucional, que entró en vigor el primero de enero de mil novecientos noventa y cinco, cuyo texto, como se indicó, ahora está previsto en el precepto 20, apartado C, fracción VII, del Pacto Federal; en consecuencia, contrario a lo externado por el referido inconforme, el mencionado derecho continúa vigente, pero contemplado en el artículo mencionado en último término."

B) El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el once de febrero de dos mil diez, la revisión penal 9/2010, sostuvo el criterio siguiente:

"SÉPTIMO. Ahora bien, tomando en consideración que el tercero perjudicado **********, a través de su autorizado **********, interpuso el recurso de revisión adhesiva contra la sentencia dictada por la Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, al resolver el juicio de amparo 69/2009; y toda vez que del análisis exhaustivo realizado a los agravios por él expresados, se advierte que en los mismos planteó la improcedencia del juicio de garantías, estos deben ser analizados previamente a los expresados en la revisión principal. Lo anterior con apoyo en lo establecido en la jurisprudencia 69/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento diecisiete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, Materia Común, Novena Época, que establece: ‘REVISIÓN ADHESIVA. CUANDO EN SUS AGRAVIOS SE PLANTEA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS, ÉSTOS DEBEN ANALIZARSE PREVIAMENTE A LOS EXPRESADOS EN LA REVISIÓN PRINCIPAL.’ (transcribe). Los agravios expresados por el tercero perjudicado en síntesis son los siguientes: La sentencia recurrida causa agravio a la parte tercero perjudicada debido a que no sobreseyó el juicio de amparo, a pesar de que éste es improcedente, en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que la garantía del derecho del ofendido de impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal, contenida en el artículo 21, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedó derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho; y si bien en la propia reforma constitucional se estableció la garantía del derecho del ofendido de impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal en el artículo 20, apartado C, fracción VII, de nuestra Carta Magna, de conformidad con los transitorios primero y segundo del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicho artículo no ha entrado en vigor a la fecha en materia federal, debido a que el Poder Legislativo Federal no ha emitido una declaratoria en la que señale que el sistema procesal penal acusatorio ha sido incorporado en la legislación secundaria y, en consecuencia, que las garantías que consagra la Constitución reformada han empezado a regular la forma y términos en que se sustanciarán los procedimientos penales (hizo notar que los artículos 10, fracción III y 114, fracción VII, de la Ley de Amparo, de ninguna manera harían procedente, por sí solos, el juicio de amparo del que deriva el presente recurso de revisión, debido a que ambos preceptos legales se sustentan expresamente en el ya derogado párrafo cuarto del artículo 21 constitucional). El anterior agravio resulta infundado, en virtud de que el legislador con base en la reforma aludida, plasmó la citada posibilidad en la fracción VII, apartado C del artículo 20 de la misma Constitución, que dispone: (transcribe). La que entró en vigor según transitorios: (transcribe artículo primero). Sin que sea aplicable lo que dispone el segundo de estos transitorios, que señala: (transcribe). Pues refiere al sistema penal acusatorio y no al no ejercicio de la acción penal. Además, contrariamente a lo que el tercero perjudicado aduce, no debe pasarse desapercibido que del proceso legislativo que modificó al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incluir un apartado relativo a las garantías de la víctima o del ofendido, se advierte claramente la intención del Poder Revisor de la Constitución de mejorar su situación jurídica y afianzar su participación en el procedimiento penal, principalmente para obtener la reparación del daño que le haya causado el hecho típico. Por otro lado, conforme a los artículos 5o., fracción III, inciso b) y 10, fracción II, de la Ley de Amparo, la víctima o el ofendido pueden participar en el juicio de amparo, máxime cuando se afecta el derecho de éstos a la reparación del daño, como en el caso acontece, pues en el presente asunto el daño patrimonial asciende a la cantidad de veintisiete millones, ochocientos ochenta mil trescientos veintiocho mil pesos, con ochenta y seis centavos. En consecuencia, tanto el ofendido como la víctima del delito pueden acudir al juicio de amparo indirecto cuando el acto reclamado afecte en los hechos la reparación del daño, aunque el acto no se refiera a ella directamente."

C) El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el dos de diciembre de dos mil nueve, la revisión penal 88/2009, aplicó el criterio siguiente:

"QUINTO. Por razón de método se analizan, en primer término, los agravios expuestos en la revisión adhesiva interpuesta por el tercero perjudicado **********, en razón de que se alegan cuestiones de improcedencia. Resulta aplicable, al caso concreto, la tesis de jurisprudencia P./J. 69/97 establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo VI, septiembre de 1997, página 117 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: ‘REVISIÓN ADHESIVA. CUANDO EN SUS AGRAVIOS SE PLANTEA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS, ÉSTOS DEBEN ANALIZARSE PREVIAMENTE A LOS EXPRESADOS EN LA REVISIÓN PRINCIPAL.’ (transcribe). Una vez expuesto lo anterior, cabe señalar que el tercero perjudicado **********, aduce como agravio que el juicio de amparo es improcedente de acuerdo a la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, toda vez que a partir del diecinueve de junio de dos mil ocho, entró en vigor el decreto que reforma diversos preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos, el artículo 21, el cual ya no contempla el derecho del ofendido o de la víctima para impugnar las resoluciones de no ejercicio de la acción penal, pues la actual redacción del mencionado precepto constitucional no prevé tal aspecto, sin que obste para ello lo previsto en los artículos 10, fracción III y 114, fracción VII, de la Ley de Amparo, que contemplan esa posibilidad, porque estos numerales se refieren al precitado artículo 21 constitucional, mismo que ya no prevé el derecho para la víctima u ofendido de impugnar las resoluciones de no ejercicio de la acción penal, motivo por el cual se debió sobreseer en el juicio de garantías en términos de lo dispuesto en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo. El agravio es infundado, ya que contrario a lo aducido por el tercero perjudicado recurrente, la garantía constitucional instituida a favor de la víctima u ofendido para impugnar a través del juicio de amparo las determinaciones sobre el no ejercicio de la acción penal continúa vigente y, por ende, aún es procedente el juicio de amparo contra la resolución que confirma el inejercicio de la acción penal; lo anterior conforme a las consideraciones siguientes: En principio, debe señalarse que la garantía para impugnar, entre otras determinaciones, las de no ejercicio de la acción penal, fue originalmente introducida en nuestro sistema constitucional a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y cinco, en el párrafo cuarto del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El citado precepto 21 constitucional fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, y en esta reforma se excluyó el mencionado derecho a favor de la víctima u ofendido para impugnar las determinaciones sobre el no ejercicio de la acción penal; este precepto constitucional entró en vigor a partir del diecinueve del citado mes y año, excepción hecha de su párrafo séptimo, que se refiere al llamado criterio de oportunidad para ejercer la acción penal; lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos primero y segundo transitorios del decreto de reforma, que a la letra dicen: (transcribe). Esto implica, que el reformado artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con excepción del párrafo séptimo, tiene plena vigencia en su actual redacción, a partir del diecinueve de junio de dos mil ocho. Ahora bien, conforme a la mencionada reforma constitucional de dieciocho de junio del año próximo pasado, la garantía de controvertir las determinaciones de inejercicio de la acción penal, fue traslada en el precepto 20, apartado C, fracción VII, el cual refiere que uno de los derechos de la víctimas u ofendido es: ‘... impugnar ante autoridad judicial las resoluciones de no ejercicio de la acción penal ...’; lo anterior revela, que el mencionado derecho fue incorporado al llamado sistema acusatorio adversarial, esto es, que ahora forma parte de este nuevo sistema procesal del orden penal. El aludido artículo 20 constitucional reformado, aún no se encuentra en vigor, pues para ello se requiere que la legislación secundaria correspondiente, establezca su vigencia, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación del decreto de reforma constitucional, esto de acuerdo a lo dispuesto por el artículo segundo transitorio, mismo que ya ha sido transcrito; razón por la cual no puede estimarse que la permanencia de la garantía para impugnar las determinaciones de no ejercicio de la acción penal tengan sustento en lo dispuesto por la fracción VII del apartado C del artículo 20 constitucional reformado, pues considerar que esta fracción VII no esté comprendida dentro del sistema procesal penal acusatorio y que, por ende, ya tiene plena vigencia, implicaría reconocer que además de poderse impugnar las resoluciones de no ejercicio y desistimiento de la acción penal, se podrían combatir ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; situación que obviamente trastocaría el sistema procesal penal federal actual. No obstante lo anterior, el artículo transitorio cuarto del decreto de reforma constitucional señala: (transcribe). Conforme a lo expuesto, podemos afirmar que mientras no entre en vigor el sistema procesal penal acusatorio previsto en la reforma penal, tienen plena vigencia las disposiciones anteriores al dieciocho de junio de dos mil ocho; y que aun cuando entre en vigor este sistema procesal penal acusatorio, el mismo no le es aplicable a aquellos asuntos que ya se encontraban en procedimiento ante las autoridades del orden penal, pues tendrán que ser resueltos conforme a la ley que regía al momento de su prosecución; por ende, para el caso concreto, bajo el fenómeno de la ultractividad, aún tiene vigencia el derogado párrafo cuarto del numeral 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el procedimiento de averiguación previa, de donde emana la determinación de no ejercicio de la acción penal, fue iniciado con anterioridad a la vigencia de la reforma constitucional; en tal sentido subsiste la garantía del derecho del ofendido de impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal, contenida en el precepto 21, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ello la plena vigencia de los dispositivos 10, fracción III y 114, fracción VII, de la Ley de Amparo, que hacen procedente el juicio de amparo, debido a que ambos preceptos legales se sustentan expresamente en el ya mencionado párrafo cuarto del artículo 21 de la Carta Magna. Atento lo anterior, la garantía al derecho de la víctima u ofendido para impugnar la determinación del Ministerio Público relativa al no ejercicio de la acción penal, que se haya gestado en un procedimiento de averiguación previa iniciado con anterioridad al diecinueve de junio de dos mil ocho, tiene sustento en el extinto párrafo cuarto del arábigo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente antes de la reforma penal constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación de dieciocho de junio de dos mil ocho, de conformidad con el artículo cuarto transitorio del propio decreto de reforma; asimismo, una vez que entre en vigor el sistema procesal penal acusatorio previsto en los numerales 16, párrafos segundo y decimotercero, 17, párrafos tercero, cuarto y sexto, 19, 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, conforme lo establezca la legislación secundaria correspondiente, tendrán vigencia las garantías que consagra la propia Constitución relativas a la forma y términos en que se sustanciarán los procedimientos penales; por ende, la mencionada garantía referente a impugnar este tipo de actos del representante social, por lo que se refiere a procedimientos de investigación preliminar iniciados una vez estando vigente dicho sis

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22731-f0c23714/accion-penal-momentos-en-que-pueden-impugnarse-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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