PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO BUROCRÁTICO ESTATAL. OPORTUNIDAD PARA OFRECERLAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia laboral, cuya especialidad corresponde a esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, quien en términos del artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo está facultado para denunciar la posible contradicción de criterios.
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo laboral 368/2010 (relacionado con el amparo directo laboral 367/2010), en la parte que interesa determinó:
"CONSIDERANDO ... SEXTO. ... resultan infundadas las manifestaciones vertidas por la promovente del amparo en términos del apartado primero del capítulo de conceptos de violación. Al verter tales señalamientos, la (parte patronal) inconforme sostiene esencialmente, que la resolución reclamada transgrede lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, puesto que la responsable admitió pruebas a la aquí tercera perjudicada (parte trabajadora) en forma extemporánea, ya que omitió acompañarlas a su escrito inicial de demanda o bien, señalar el lugar donde se encontraban. En este punto, cabe precisar que el dispositivo legal invocado en el párrafo precedente es del siguiente tenor literal: (se transcribe artículo 126 de la ley). A través del numeral transcrito se establecen los requisitos que deberá contener el escrito inicial de demanda y en su último párrafo señala que a la demanda se acompañarán las pruebas de que se disponga y los documentos que acrediten la personalidad de su representante, si no concurre personalmente. Sin embargo, la interpretación sistemática de tal disposición legal únicamente permite colegir que el demandante tiene la posibilidad de adjuntar desde la presentación del escrito inicial, las pruebas (documentales) de que disponga, no así que en caso de que no lo haga, precluya ese derecho procesal para exhibir tales medios de convicción posteriormente. Para acreditarlo, es necesario precisar que los artículos 129, 130 y 133 de la legislación en comento, son del siguiente tenor literal: (se transcriben tales preceptos). En términos de las disposiciones transcritas, en relación con la forma en que las partes deben ofrecer las pruebas en el procedimiento laboral establecen la obligación del tribunal de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, contestación de demanda y ofrecimiento de pruebas, así como las etapas por las que se integrará dicha diligencia y que en la última de ellas el actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos, inmediatamente después el demandado las suyas y podrá objetar las de su contraparte y aquél a su vez podrá objetar las del demandado. Así, debe considerarse que la legislación burocrática en análisis, en principio, establece que las partes ofrecerán sus pruebas en la última etapa de la audiencia de conciliación, contestación de la demanda y ofrecimiento de pruebas e incluso señala el orden correspondiente para las partes; y, en otro aspecto, que no existe una diversa disposición que sancione a los promoventes que no acompañen las probanzas que tengan a su alcance en su escrito inicial de demanda con la pérdida de ese derecho. En tal virtud, carece de razón la promovente al sostener esencialmente que la parte actora debió adjuntar las pruebas documentales a su escrito inicial de demanda y que al no haberlo hecho, perdió su derecho para ofrecerlas posteriormente, pues conforme a lo hasta aquí destacado, se pone de manifiesto que si bien es cierto la legislación aplicable en su artículo 126 permite a la parte actora hacer uso del derecho de adjuntar las pruebas a su escrito inicial de demanda, también lo es que nada impide que posteriormente, es decir durante la tramitación del juicio y antes de que se verifique la última etapa de la audiencia de conciliación, contestación de la demanda y ofrecimiento de pruebas las exhiba, pues precisamente dicha etapa es el momento límite para que las partes aporten sus probanzas y objeten las de su contraria. Por tanto, este órgano jurisdiccional federal no comparte el criterio que sustentó el entonces Segundo Tribunal Colegiado de este circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil (sic) al resolver el juicio de amparo 607/2004. Por lo tanto, en los términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, denúnciese ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la contradicción de criterios referida. ..."
CUARTO. El entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del mismo circuito, al resolver el juicio de amparo directo 607/2004, en la parte que interesa determinó:
"CONSIDERANDO ... QUINTO. Es fundado el primer concepto de violación, y suficiente para conceder el amparo solicitado. Manifiesta la parte quejosa Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato, por conducto de su representante legal, que en el juicio laboral de donde se hace derivar el acto reclamado, no se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, porque la parte actora y aquí tercero perjudicada omitió exhibir con su demanda las pruebas documentales de que disponía, contraviniendo así lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios; que en la audiencia de veintiséis de enero de dos mil cuatro dicha parte ofreció diversas documentales cuando su derecho a hacerlo ya había precluido, atento a lo dispuesto por el invocado numeral. Asiste la razón a la parte quejosa, pues el último apartado de la fracción V del artículo 126 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, señala expresamente que a la demanda se acompañarán las pruebas de que disponga el reclamante, es decir, dicho precepto impone la obligación al actor de ofrecer con su demanda, las pruebas con que cuente hasta ese momento, lo que en la especie no ocurrió. Es verdad que de acuerdo con lo que disponen los artículos 129, 130, 133 y 134 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, en la audiencia a que aluden dichos preceptos las partes ofrecerán sus pruebas en relación con los hechos controvertidos; sin embargo, lo que prevé el numeral 126, V (sic) del citado ordenamiento constituye la excepción a la norma que faculta a las partes a ofrecer pruebas en la audiencia de conciliación, contestación de la demanda y ofrecimiento de pruebas, pues si señala que a la demanda se acompañarán las pruebas de que disponga el reclamante, es inconcuso que éste no puede optar por ofrecerlas tanto en este supuesto como en la mencionada audiencia. Al respecto, a fojas 50 a 56 del expediente laboral que se analiza, obran las pruebas documentales ofrecidas por la parte actora, ahora tercero perjudicada, por conducto de su representante legal, consistentes en el oficio número 129/74.4-0150, de dieciséis de enero de mil novecientos noventa y dos, suscrito por el jefe del departamento de escuelas secundarias de la entonces dependencia Servicios Coordinados de Educación Pública en el Estado de Guanajuato, relativo a la orden de adscripción de dicha actora a la escuela secundaria que ahí se describe, en la especialidad de auxiliar administrativo, con clave 1106A01803/100403; así como constancia de servicios expedida por el citado funcionario, en la que informa sobre los propios datos de adscripción de **********. Enseguida, aparece solicitud de licencia de la actora, de primero de marzo de dos mil, dirigida al coordinador de contratación y movimientos, para pasar de la categoría de técnico medio, con centro de trabajo en oficinas centrales unidad Puentecillas, clave **********, adscrita a esa coordinación con clave presupuestal de base **********, a ocupar la clave de confianza **********, solicitando que sus derechos a su reserva de base sean respetados. Obra asimismo, a fojas 52 (sic) el oficio folio 60828, que suscribió el cinco de abril de dos mil el responsable del área de Coordinación de Contratación y Movimientos de la Subsecretaría para el Desarrollo Humano de la Secretaría de Educación del Estado, licenciado en relaciones industriales **********, en el que informa a la actora que le fue autorizada su licencia para pasar a ocupar otro empleo a partir del primero de marzo de dos mil, en su clave presupuestal **********, con adscripción en coordinación de contrataciones y movimientos, unidad Puentecillas, Municipio de Guanajuato, Guanajuato, para pasar a ocupar una plaza de confianza, y en el que se informa también, que para solicitar prórroga o reanudación la interesada debe comunicarlo a ese departamento con quince días de anticipación. A fojas 53 (sic) obra el nombramiento que finalmente recayó a la solicitud de **********, firmado el siete de abril de dos mil por la responsable del área de reclutamiento y selección de personal de confianza de la oficina y dependencia antes citadas, licenciada en relaciones industriales **********. Por último, se observa a fojas 54 a 56, la solicitud de diecisiete de junio de dos mil tres que la actora dirigió al licenciado **********, subsecretario para el Desarrollo Humano de la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato, para reanudar sus labores en la clave presupuestal **********, con categoría técnico medio, a partir del dieciséis de junio de dos mil tres; y oficio SDH/241/03 de julio quince de dos mil tres, en el que el citado funcionario informa a la solicitante que no se le autoriza su reincorporación, por haber incurrido en la conducta encuadrada en las causas de rescisión previstas por las fracciones I, V, VII, XIV, del artículo 49 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios. Así, se advierte que estas probanzas ya estaban en poder de la actora y hoy tercero perjudicada cuando presentó su demanda, porque unas provienen directamente de ella, fechadas con anterioridad a la instauración del juicio, y otras le fueron expedidas en calidad de interesada directa, en las mismas condiciones; por lo tanto, estaba obligada a exhibirlas con su demanda para que le fueran tomadas en cuenta, atento a lo previsto por el artículo 126, V, (sic) de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios. En este contexto, debe concluirse que la demandante no acreditó tener la plaza de base materia de la reinstalación que demandó, imponiéndose en consecuencia, conceder a la parte quejosa, la protección constitucional que solicitó, siendo innecesario el estudio de los restantes conceptos de violación, por ser el que ha sido analizado suficiente para concluir que, en la especie, no se acreditó tanto la procedencia de la acción de reinstalación que la actora dijo tener de base y, por ende, las diversas prestaciones que reclamó, que le hicieron derivar del derecho que dijo tener a la reinstalación en un puesto de base ... . "
QUINTO. En principio, es relevante precisar que es criterio del Pleno de este Alto Tribunal, que para tener por configurada la contradicción de tesis, es innecesario que los elementos fácticos analizados por los Tribunales Colegiados contendientes sean idénticos, pues lo trascendente es que el criterio jurídico establecido por ellos en un tema similar, sea discordante esencialmente.
Cabe advertir que la regla de mérito no es absoluta, pues el Tribunal Pleno dejó abierta la posibilidad de que previsiblemente cuando la cuestión fáctica analizada sea relevante e incida en el criterio al cual arribaron los Tribunales Colegiados contendientes, sin ser rigorista, es válido declarar la inexistencia de la contradicción de tesis denunciada.
Lo anterior, de acuerdo a las tesis siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXXII, agosto de 2010
"Tesis: P./J.72/2010
"Página: 7
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXX, julio de 2009
"Tesis: P. XLVII/2009
"Página: 67
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."
Hechas las precisiones anteriores, conviene determinar los elementos fácticos y jurídicos que los tribunales contendientes consideraron en sus resoluciones respectivas.
I. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, en el amparo directo laboral 368/2010.
En el juicio laboral.
a) La actora demandó de la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato, la rescisión de la relación de trabajo por causas imputables a ésta y el pago de las indemnizaciones correspondientes.
b) El veintiséis de mayo de dos mil ocho, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, contestación de demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, en la que la parte actora amplió su demanda en contra del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.
c) El treinta de junio de dos mil ocho, en continuación de la audiencia referida, la Secretaría de Educación y el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato contestaron la demanda; las partes ejercieron su derecho a replicar y contrarreplicar; y luego la actora ofreció sus pruebas.
d) El diecinueve de agosto de dos mil ocho, el tribunal del trabajo admitió las pruebas de la parte actora.
e) El doce de enero de dos mil diez la autoridad jurisdiccional dictó laudo.
f) Inconforme, la trabajadora promovió demanda de amparo que se resolvió mediante sentencia de veintitrés de abril de dos mil diez, en el sentido de dejar insubsistente el laudo reclamado y dictar otro siguiendo lo ordenado en el fallo protector.
g) En cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje dictó sentencia el once de mayo de dos mil diez (laudo reclamado), dejando insubsistente el dictado el doce de enero de dos mil diez.
h) Ante dicha resolución, la demandada Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato, promovió juicio de amparo, en la que expuso, entre otros argumentos, que le causa agravio el que la responsable hubiera admitido las pruebas de la trabajadora, no obstante haberlas ofrecido en forma extemporánea en la audiencia de veintiséis de mayo de dos mil ocho, ya que omitió hacerlo en el escrito de demanda, además de que tampoco indicó el lugar en donde se encontraban, de haber sido el caso de que no las tuviera a su disposición.
En el amparo directo.
• Que la interpretación del artículo 126 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios de Guanajuato permite colegir que el demandante tiene la posibilidad de adjuntar desde la presentación del escrito inicial las pruebas (documentales) de que disponga; pero no prevé la preclusión de ese derecho en caso de que no lo haga.
• Conforme al artículo 133 de la misma legislación, la parte actora puede ofrecer pruebas en la última etapa de la audiencia de conciliación, contestación de la demanda y ofrecimiento de pruebas, pero no existe una diversa disposición que sancione a los promoventes que no acompañen las probanzas que tengan a su alcance con la pérdida de ese derecho.
Así, concluyó que si bien el artículo 126 citado permite a la parte actora hacer uso del derecho de adjuntar las pruebas a su escrito inicial de demanda, también lo es que nada impide que posteriormente, es decir, durante la tramitación del juicio y antes de que se verifique la última etapa de la audiencia de conciliación, contestación de demanda y ofrecimiento de pruebas las exhiba, pues precisamente dicha etapa es el momento límite para que las partes aporten sus probanzas y objeten las de su contraria, según la interpretación de los preceptos en cuestión.
II. El entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del mismo circuito, al resolver el amparo directo 607/2004.
En el juicio laboral.
a) El trabajador demandó de la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato, la reinstalación en el puesto de base por despido injustificado, entre otras prestaciones.
b) El veintiséis de enero de dos mil cuatro, día en que se llevó a cabo la audiencia de conciliación, contestación de demanda y ofrecimiento de pruebas, la parte trabajadora ofreció diversas pruebas documentales, mismas que fueron admitidas en esa audiencia.
c) El Tribunal de Conciliación y Arbitraje dictó laudo el diecinueve de agosto de dos mil cuatro.
d) La Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato promovió juicio de amparo en contra de ese acto; señalando que no se cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento, porque la parte actora omitió exhibir con su demanda las pruebas documentales de que disponía, contraviniendo así lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios de Guanajuato; y que en la audiencia de veintiséis de enero de dos mil cuatro, dicha parte ofreció diversas documentales, cuando su derecho a hacerlo ya había precluido, atento a lo dispuesto por el invocado numeral.
En el amparo directo.
• Que el artículo 126, fracción V, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios de Guanajuato impone la obligación al actor de ofrecer con su demanda las pruebas con que cuente hasta ese momento; lo que en la especie no ocurrió.
• Que si bien los artículos 129, 130, 133 y 134 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios de Guanajuato permiten a las partes ofrecer pruebas en la audiencia a que aluden dichos preceptos; sin embargo, lo que prevé el numeral 126, fracción V, del citado ordenamiento constituye la excepción a la norma que faculta a las partes a ofrecer pruebas en la audiencia de conciliación, contestación de la demanda y ofrecimiento de pruebas, pues si señala que a la demanda se acompañarán las pruebas de que disponga el reclamante, es inconcuso que éste no puede optar por ofrecerlas tanto en este supuesto como en la mencionada audiencia.
• Que de autos se advierte que la actora, desde que presentó su escrito de demanda, ya contaba con las pruebas ofrecidas posteriormente en la audiencia, porque están fechadas con anterioridad a la instauración del juicio, unas provienen directamente de ella y otras le fueron expedidas en calidad de interesada directa; por tanto, estaba obligada a exhibirlas con su demanda para que le fueran tomadas en cuenta, atento a lo previsto por el artículo 126, fracción V, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios de Guanajuato.
Los antecedentes relatados ponen en evidencia que sí existe contradicción de criterios, porque en los juicios laborales analizados por los Tribunales Colegiados contendientes, prevalecen los siguientes elementos:
• En la audiencia de conciliación, contestación de la demanda y de ofrecimiento de pruebas, del juicio laboral burocrático, la parte actora ofreció pruebas.
• El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato admitió las probanzas ofrecidas por la actora en la audiencia mencionada.
• En el juicio de amparo que promovió la parte demandada en contra del laudo correspondiente, se hizo valer que la autoridad laboral indebidamente admitió las pruebas que la parte actora presentó en la audiencia respectiva, porque su obligación era acompañarlas con el escrito inicial de demanda.
• Para resolver los juicios de amparo, los Tribunales Colegiados analizaron el contenido normativo de los artículos 126, último párrafo y 133 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios de Guanajuato.
Así, mientras el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito determinó que la parte actora tiene la posibilidad de adjuntar al escrito inicial de demanda las pruebas de que disponga, pero no existe sanción alguna en caso de que no las acompañe; por lo que nada impide que las exhiba en la etapa de ofrecimiento de pruebas de la audiencia respectiva, pues precisamente dicha etapa es el momento límite para que las partes aporten sus probanzas y objeten las de su contraria.
El entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del propio circuito, consideró que es obligación del actor ofrecer con su demanda las pruebas con que cuente hasta ese momento, por lo que no puede optar por ofrecerlas en la audiencia de conciliación, contestación de la demanda y ofrecimiento de pruebas.
Conforme a los elementos fácticos y jurídicos antedichos, el punto de contradicción se reduce a determinar si el artículo 126, último párrafo, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios de Guanajuato, en tanto dispone que a la demanda se acompañarán las pruebas de que se disponga, implica para la parte actora la prohibición para proponerlas en la etapa de ofrecimiento de pruebas de la audiencia prevista en el artículo 133; o si representa la posibilidad de ejercer el derecho a ofrecer pruebas, sin restricción alguna para hacerlo hasta la audiencia mencionada.
SEXTO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio que a continuación se define, atento a las consideraciones siguientes:
La Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios de Guanajuato, publicada en la tercera parte del Periódico Oficial del Estado el cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y dos, cuya última reforma se publicó el veintinueve de agosto de dos mil seis, en la misma fuente oficial, establece las reglas a partir de las cuales se seguirá el procedimiento ordinario para resolver las controversias que se sometan al Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
Los artículos respectivos se encuentran en el título décimo primero, capítulo primero, y disponen:
"Artículo 124. El procedimiento para resolver las controversias que se sometan al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, se reducirá: a la presentación de la demanda respectiva que deberá hacerse por escrito; una audiencia de conciliación, contestación de la demanda y ofrecimiento de pruebas y a una audiencia de recepción de pruebas y alegatos salvo cuando a juicio del propio tribunal se requiera la práctica de otras diligencias, en cuyo caso ordenará que se lleven a cabo."
"Artículo 125. Las audiencias, según corresponda, estarán a cargo del presidente, del secretario general, del secretario auxiliar o del Pleno."
"Artículo 126. La demanda deberá contener:
"I. El nombre y domicilio del reclamante; en su caso, domicilio para recibir notificaciones en el lugar de residencia del tribunal;
"II. El nombre y domicilio del demandado;
"III. El objeto de la demanda;
"IV. Una relación de los hechos; y
"V. La indicación del lugar en que pueden obtenerse las pruebas que el reclamante no pudiere aportar directamente y que tengan por objeto la verificación de los hechos en que funde su demanda, y las diligencias cuya práctica solicite para ese fin.
"A la demanda se acompañarán las pruebas de que disponga y los documentos que acrediten la personalidad de su representante, si no concurre personalmente."
"Artículo 127. Los trabajadores podrán comparecer por sí o por representantes acreditados mediante simple carta poder, otorgada ante dos testigos.
"Los titulares podrán hacerse representar por apoderados que acrediten ese carácter mediante simple oficio."
"Artículo 128. Las partes podrán comparecer acompañadas de los asesores que a su interés convenga."
"Artículo 129. Una vez recibida la demanda, el tribunal fijará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, contestación de la demanda y ofrecimiento de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes al en que se haya recibido el escrito de demanda. Asimismo, ordenará que se notifique personalmente a las partes con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda."
"Artículo 130. La audiencia a que se refiere el artículo anterior constará de tres etapas:
"a) de conciliación;
"b) de contestación de la demanda; y
"c) de ofrecimiento de pruebas."
"Artículo 131. Durante la etapa de conciliación, el tribunal procurará avenir a las partes, si llegaren a un arreglo, se dará por terminado el conflicto. El convenio respectivo, aprobado por el tribunal, producirá todos los efectos jurídicos inherentes a un laudo."
"Artículo 132. La etapa de contestación de la demanda, se iniciará con la ratificación o modificación del escrito de demanda por parte del actor. A continuación, el demandado procederá a dar contestación a la demanda, oralmente o por escrito, debiendo de referirse a todos y cada uno de los hechos aducidos en la misma, afirmándolos o negándolos, y expresando los que ignore cuando no sean propios."
"Artículo 133. Al concluir la etapa de contestación, se pasará inmediatamente a la de ofrecimiento de pruebas. Si las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia queda reducida a un punto de derecho, se declarará cerrada la instrucción.
"El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después, el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquel a su vez podrá objetar las del demandado."
"Artículo 134. Concluido el ofrecimiento, el tribunal resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche.
"Concluida la etapa de ofrecimiento de pruebas, solamente se admitirán las que se refieren a hechos supervenientes o de tachas."
"Artículo 135. Al terminar la etapa de ofrecimiento de pruebas, el tribunal señalará día y hora, para la audiencia de recepción de pruebas y alegatos, dentro de los diez días hábiles siguientes."
"Artículo 136. El día y hora de la audiencia se abrirá el periodo de recepción de pruebas. Acto continuo se señalará el orden de su desahogo, primero las del actor y después las del demandado, en la forma y términos que el tribunal estime oportuno, tomando en cuenta la naturaleza de las mismas y procurando la celeridad en el procedimiento.
"Concluida la recepción de pruebas, las partes presentarán, por escrito o en forma oral, sus alegatos."
"Artículo 137. Una vez concluida la audiencia a que se refiere el artículo anterior, el tribunal emitirá su laudo dentro de los diez días hábiles siguientes."
"Artículo 138. El tribunal apreciará, en conciencia, las pruebas que se le presenten, sin sujetarse a reglas fijas para su estimación y resolverá los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada, debiendo expresar en su laudo las consideraciones en que funde su decisión.
"Tanto en lo relativo a este título, como en lo que concierne al procedimiento de huelga, el tribunal observará, en lo conducente, en materia de pruebas, las normas previstas en el capítulo XII, del Título Catorce de la Ley Federal del Trabajo."
Del contenido de los artículos citados conviene destacar para efectos del presente asunto, los siguientes enunciados normativos:
• El procedimiento ordinario ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato se constriñe a la presentación de la demanda, que deberá hacerse por escrito; una audiencia de conciliación, contestación de la demanda y ofrecimiento de pruebas; y una audiencia de recepción de pruebas y alegatos.
• La demanda deberá contener, entre otros requisitos, la indicación del lugar en que pueden obtenerse las pruebas que el reclamante no pudiere aportar directamente y que tengan por objeto la verificación de los hechos en que funde su demanda.
• A la demanda se acompañarán las pruebas de que se disponga.
• La audiencia de conciliación, contestación de la demanda, y ofrecimiento de pruebas, se desarrollará en tres etapas.
• En la etapa de ofrecimiento de pruebas, el actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos; después, el demandado ofrecerá las suyas y podrá objetar las de su contraparte; a su vez, aquél podrá objetar las del demandado.
• En la audiencia de recepción de pruebas, se señalará el orden de su desahogo, primero las del actor y después las del demandado; una vez concluida, las partes presentarán, por escrito o en forma oral, sus alegatos.
Pues bien, como
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22877-a6dc99a1/pruebas-en-el-procedimiento-burocratico-estatal-oportunidad-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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