CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL AMPARO EN REVISIÓN. CUANDO FUEREN VARIOS LOS RECURRENTES, EL IMPULSO DE CUALQUIERA DE ELLOS ES SUFICIENTE PARA INTERRUMPIR EL PLAZO PARA QUE AQUÉLLA OPERE.
AMPARO EN REVISIÓN 1426/2010. **********.
CONSIDERANDO:
II. Previo al estudio de los agravios, es preciso indicar que no pasa desapercibido que, en la especie, el expediente fue turnado al Magistrado ponente por acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil diez, por lo que a partir de esa fecha inició el plazo de trescientos días a que se refiere el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, sin embargo, fue interrumpido el veintidós de septiembre de dos mil diez por virtud del oficio suscrito por la delegada del presidente de la República presentado ante el tribunal auxiliado en esa fecha, mediante el cual la promovente solicitó se dictara sentencia, y fue nuevamente interrumpido con el oficio suscrito por el delegado del propio presidente, presentado el veintidós de febrero de dos mil once, en el que realizó la misma petición.
Ahora bien, el presente medio de inconformidad fue instado tanto por el presidente de la República y la Cámara de Diputados, en su carácter de autoridades responsables, como por la parte quejosa, por lo que el impulso al procedimiento dentro de los trescientos días posteriores al auto de turno por una de las partes, mediante los ocursos referidos en el párrafo inmediato anterior, tienen como consecuencia que no se actualice la caducidad de la instancia en la impugnación de los otros recurrentes, ni aun en la de su contraparte.
Ciertamente, en términos generales, la doctrina ha señalado que la caducidad de la instancia es: "La extinción anticipada del proceso debido a la inactividad procesal de las dos partes y, en ocasiones, de una de ellas durante un periodo amplio. En la primera instancia quedan sin efecto los actos procesales; en segundo grado se declaran firmes las resoluciones impugnadas."(1)
En la obra titulada "Sistema de Derecho Procesal Civil",(2) Francesco Carnellutti sostiene en la foja 573: "763. a) Dice el art. 338 que ‘cualquier instancia caduca si durante el transcurso de tres años no se lleva a cabo acto alguno de procedimiento.’ (supra, núms. 528, 530, 548). La caducidad consiste, pues, en la inercia de las partes continuada un cierto tiempo. Digo inercia de las partes, no de una parte, porque aquélla supone que no se realice ningún acto ni por la una ni por la otra; si una de ellas actúa, aun cuando la otra permanezca inerte, la caducidad no se produce, en otras palabras, basta el acto de cualquiera de las partes para interrumpirla. Por tanto, la caducidad demuestra que ni la una ni la otra de las partes tiene ya necesidad del proceso y se puede considerar como un acuerdo tácito de las partes para hacerlo cesar."
En la misma tesitura, en la foja 575 de la obra citada se señala: "En suma, la inercia que constituye la caducidad es inercia del procedimiento, esto es, de todos los sujetos del proceso y, por eso, puede ser interrumpida por cualquiera de ellos; pero la constituye sólo en cuanto la parte, no sólo el oficio, tenga facultad de interrumpirla y, por eso, pueda imputarse a la parte. En otras palabras, a fin de que se verifique la caducidad es necesario, ante todo, una inercia del proceso, continuada un cierto tiempo y, además, que tal inercia pudiera ser rota por una actividad de las partes."
En la obra titulada "La Caducidad en el Procedimiento Civil Mexicano.",(3) Willebaldo Bazarte Cerdán, en la foja 37, estableció: "16. El concepto clásico de la institución ‘caducidad’ es la paralización del juicio: ‘La caducidad es la extinción de la instancia judicial ocasionada por el abandono en que las partes dejan el juicio, absteniéndose de todo acto de procedimiento durante el tiempo establecido por la ley. Es, pues, una verdadera prescripción de la instancia judicial. El largo silencio, el descuido de las partes, hacen naturalmente presumir que se quiso abandonar el juicio, y el legislador «utilitatis causa, ne lites fiant pene inmortales» da a dicha presunción un valor «absoluto, juris et de jure». Mattirolo. ...’. La perención de la instancia es la consecuencia de un hecho jurídico, y consiste en la extinción de la instancia debido a una discontinuidad del proceso durante tres años contados desde el último acto. Institución híbrida, se parece a la prescripción por sus causas, aunque se diferencia por su régimen (Gérard Cornu et Jean Foyer)."
En la página 72 de la misma obra, se señala: "35. Dice esta fracción que la caducidad de la segunda instancia deja firme las resoluciones apeladas. Esta regla fue necesario, que se estableciera, ya que el artículo 137 Bis en su primer párrafo (del Código Federal de Procedimientos Civiles), dice que la caducidad de la instancia operará de pleno derecho cualquiera que sea el estado del juicio desde el emplazamiento y hasta la citación para sentencia, y aunque no se dice que la regla es para la primera instancia, por obvio se silenció; pero, ahora sin la fracción IV, se podría haber interpretado que no operaba la caducidad para la segunda instancia o, que operando, si no se decían sus efectos, también podría pensarse que dejaba sin efecto el propio juicio. Lo expreso de la norma no deja ya lugar a dudas."
En la misma página dice: "36. No cabe duda que el legislador, al elaborar el artículo 137 Bis, tuvo en cuenta lo dispuesto en la Ley de Amparo. Este ordenamiento federal, antes de su reforma en materia de caducidad, al declarar la caducidad en la revisión, dejaba sin efecto tanto el procedimiento de segunda instancia como el de primera, lesionando así los derechos de la parte que, habiendo obtenido, no interponía el recurso. Para salvar tal problema se reformó el artículo 74 en su fracción V de la Ley de Amparo y, ahora en su texto vigente, ya se resolvió el problema, pues esta norma expresa: Que en los amparos en revisión, la inactividad procesal o la falta de promoción del recurrente durante el término indicado producirá la caducidad de la instancia. En ese caso, el tribunal revisor declarará que ha quedado firme la sentencia recurrida."
De lo que puede concluirse que la caducidad de la instancia es el consentimiento tácito de abandono del procedimiento, derivada de la inactividad de las partes litigantes; es su voluntad tácita de no proseguir el juicio; así como una declaración expresa de voluntad de las partes que puede extinguir el proceso; la intención de la conducta por abandono que presume su consentimiento tácito.
Ahora bien, en la especie, el problema a dilucidar es si la promoción de un recurrente es suficiente para interrumpir el plazo para decretar la caducidad, en relación con la impugnación realizada por su colitigante o su contraparte.
El artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo prevé la institución procesal de la caducidad de la instancia en los juicios del orden civil o administrativo.
Entendiéndose que se produce por la inactividad procesal durante el término de trescientos días, incluyendo los inhábiles, hasta antes de la audiencia constitucional o listado el asunto.
En el párrafo primero de dicha fracción se establece que en los amparos directos e indirectos, para que se actualice la caducidad de la instancia, dentro de los trescientos días naturales:
a) No debe haberse efectuado ningún acto procesal; y
b) Ni que las partes hubieran realizado promoción en ese lapso.
Tratándose de amparos en revisión, de acuerdo con lo señalado en el segundo párrafo, la caducidad de la instancia acontece cuando:
a) Hay inactividad procesal; o
b) No hay promoción del recurrente.
En los amparos en materia de trabajo, se da la caducidad cuando la falta de promoción es del quejoso o del recurrente si es el patrón.
Y en lo que respecta a la mencionada figura en el juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia P./J. 104/2009,(4) de rubro: "CADUCIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS TENDENTES AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. PARA QUE OPERE DEBE ACTUALIZARSE LA INACTIVIDAD PROCESAL Y LA FALTA DE PROMOCIÓN DE PARTE INTERESADA.", y en la respectiva ejecutoria(5) sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:
"... Ahora bien, tomando en consideración que la figura de la caducidad es una institución que opera ante el abandono del juicio del promovente y que debe preferirse en aras del principio de seguridad jurídica; sin embargo, no en todos los procedimientos tiene las mismas implicaciones, así en el proceso civil, la caducidad se justifica en la medida en que los derechos ahí discutidos únicamente incumben a las partes, pues se trata de un proceso que se rige por el principio dispositivo, consistente en que las partes pueden disponer tanto del proceso como del derecho sustantivo controvertido; por el contrario, para la actualización de la caducidad en los procesos constitucionales, como el juicio de amparo, debe acudirse a ella con las restricciones necesarias del caso, es decir, debe realizarse una interpretación de la caducidad en forma restrictiva, pues dichos procesos constitucionales se instan para salvaguardar derechos de rango constitucional ...
"... En la interpretación constitucional debe considerarse que la Constitución se integra por una serie de normas no independientes que son aplicadas mediante ciertos procedimientos establecidos en la misma; además, en aquélla debe tenerse en cuenta el principio del legislador racional, consistente en que se concibe al Constituyente Permanente como un sujeto individual, permanente, razonable y conocedor de todo el sistema y, consecuencia de ello, las adiciones o modificaciones que realiza a la Constitución no son en forma ociosa o irracional; lo que obliga a entender a la Constitución en su conjunto, partiendo de la base de un legislador racional.
"Por todo lo anterior, se concluye que la figura de la caducidad en los procedimientos constitucionales debe concebirse en forma restrictiva, pues en éstos se tutelan derechos fundamentales; además, para interpretar dicha figura es necesario acudir a la voluntad del Constituyente Permanente, partiendo de la base de que éste es racional y conoce el sistema en el cual se encuentra inmersa la caducidad.
"...
"De la lectura anterior se advierte que para que se actualice la caducidad de la instancia, se requiere que no se haya efectuado ningún acto procesal durante el término de trescientos días, incluyendo los inhábiles ni que el quejoso haya promovido en ese lapso. Por tanto, para que opere la figura de la caducidad de la instancia se requiere que se actualicen los dos requisitos (inactividad judicial y falta de promoción del interesado).
"... De los anteriores criterios se advierte que este Pleno ha interpretado la caducidad de la instancia en el sentido de que para su actualización es necesario la falta de promoción de la parte interesada y la ausencia de actuaciones judiciales, es decir, es indispensable los dos supuestos. Así también, al interpretar el artículo 74, fracción V, segundo párrafo, de la Ley de Amparo el cual es del tenor literal siguiente: ‘En los amparos en materia de trabajo operará el sobreseimiento por inactividad procesal o la caducidad de la instancia en los términos antes señalados, cuando el quejoso o recurrente, según el caso, sea el patrón.’, estableció que para la actualización de la caducidad en los amparos en revisión, es necesario de los dos requisitos (falta de promoción del interesado e inactividad judicial). Aquí conviene precisar que esa disposición legal es casi idéntica a la establecida en el artículo 113, segundo párrafo, de dicho ordenamiento legal, el cual dispone: ‘Los procedimientos tendientes al cumplimiento de las sentencias de amparo caducarán por inactividad procesal o la falta de promoción de parte interesada durante el término de trescientos días, incluidos los inhábiles ...’
"... En efecto, esta conclusión es acorde con el sistema que prevé la Ley de Amparo respecto al impulso del juicio, que no es dispositivo como tampoco oficioso en su integridad, sino más bien mixto, ya que de sostenerse que es dispositivo exclusivamente, bastaría la falta de promoción de parte interesada para decretar la caducidad de la instancia; en cambio si fuera totalmente oficioso, sería suficiente la inactividad del órgano procesal para que operara tal figura; lo que iría en contra del principio de que la ejecución de las sentencias de amparo es de orden público, como se precisó con anterioridad.
De lo transcrito puede concluirse, en primer lugar, que la caducidad de la instancia en el juicio de amparo debe interpretarse en un sentido restrictivo, en atención a la cualidad de los derechos en controversia y, en segundo lugar, que para que se dé esta figura procesal en el juicio de amparo deben concurrir tanto la ausencia de promoción del recurrente como la inactividad judicial, pues ante la existencia de cualquiera de los dos supuestos, el plazo de trescientos días señalados en el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo se interrumpe, pues al efecto debe tenerse presente que en el juicio de garantías no se tutelan intereses estrictamente particulares, sino derechos constitucionales, y el proceso no es totalmente dispositivo.
En otras palabras, para la operancia de la caducidad debe existir inactividad procesal total.
Ahora bien, como ya se indicó, el problema a dilucidar es si la promoción de un recurrente es suficiente para interrumpir el plazo para decretar la caducidad, en relación con la impugnación realizada por su colitigante o su contraparte.
Al respecto, es oportuno destacar que Eduardo Pallares,(6) al analizar la caducidad, aborda lo referente a las diferencias entre dicha figura y el desistimiento, así como la indivisibilidad de la primera, en los siguientes términos:
Hay sin embargo, entre esas dos figuras diferencias sensibles: 1o. El desistimiento de la instancia consiste en hacer, en un acto de declaración de voluntad, mientras que la caducidad se produce por un no hacer, que es la inactividad de las partes; 2a. El desistimiento es una manifestación de voluntad unilateral. La caducidad supone la inactividad bilateral de las dos partes; 3a. El desistimiento de la instancia siempre es un acto de voluntad del actor, la caducidad procede del no hacer de las partes; 4a. La caducidad no es acto ni inactividad sino la sanción que la ley establece a la inactividad procesal de las dos partes.
...
¿En qué sentido la caducidad es indivisible? El problema de la divisibilidad o indivisibilidad sólo se presenta en el caso de litis-consorcio o sea cuando hay varios actores o varios demandados, o conjuntamente varios demandantes y varios demandados. Se dice entonces que la caducidad es indivisible cuando: 1o. El acto procesal realizado por uno de los litisconsortes para interrumpir el término de la caducidad no sólo favorece a él, sino también a los demás; 2o. Cuando la caducidad que hace uno de los litisconsortes favorece a los otros. En caso contrario es divisible.
La gran mayoría de los jurisconsultos afirman que es indivisible. Los autores citan, entre otros, a los siguientes: Mattes Guerra, Pandolfini, Fazio, Emilio Scarano, Menelet, Carré, etcétera.
Los argumentos que hacen valer en pro de la indivisibilidad son los siguientes:
a) La instancia es por su propia naturaleza indivisible, de lo que se sigue que su caducidad debe también serlo. Es ilógico que una instancia indivisible muera para una de las partes y siga al mismo tiempo viva para las otras;
b) No se realiza el fin de la institución si se deja subsistir parcialmente la instancia respecto de alguna de las partes, ya que ha sido establecido para poner fin a los juicios en los que no se actúa por determinado tiempo;
c) Solamente identificando la instancia con el litigio tendrá razón de ser su divisibilidad. En una instancia puede haber varios litigios que pueden ser resueltos de diferente manera y tener vida independiente, en cuyo caso la divisibilidad no tendría nada de ilógico, pero todos ellos están incluidos en una instancia que, según queda dicho, es indivisible, lo que trae consigo la misma indivisibilidad respecto de la caducidad;
d) En nuestro derecho, la representación unitaria que la ley impone a los litisconsortes que ejercitan una misma acción u oponen la misma excepción, tienen como resultado que no exista el problema de que se trata respecto de los consortes así representados.
Pues bien, de lo hasta aquí expresado cabe recapitular en que los doctrinarios aquí mencionados coinciden en que la caducidad de la instancia se da por la contumacia de todas las partes, es decir, que se trata de una inactividad total; lo cual es, a su vez, coincidente con lo expresado por nuestro más Alto Tribunal, en el aspecto de que requiere para su operancia de la inactividad tanto del tribunal como del quejoso.
Ello lleva lógicamente a establecer que, al impugnarse la sentencia tanto por el quejoso como por las autoridades responsables, la promoción que se realice por cualquiera de ellos, que signifique el impulso procesal, se convierte, por ende, en actividad dentro del proceso de impugnación constitucional.
Esto es así porque, ya sea que los recursos se sustancien en una sola pieza de autos, o bien, por cuerda separada, se trata del procedimiento de impugnación de la misma sentencia de primera instancia y, por ello, el procedimiento de cada una de esas impugnaciones corre la suerte de las otras.
Así por ejemplo, se admiten, tramitan y turnan hasta en tanto se encuentren en estado de resolución todos ellos y el obstáculo para la emisión de la sentencia de uno de ellos, también lo es para los otros. Un ejemplo de ello lo sería la interposición de un incidente de nulidad de notificaciones o un recurso de reclamación en uno de dichos recursos.
Así, de dictarse resolución en uno de los recursos, sin esperar a que el otro se encuentre en estado de resolución, entrañaría la posibilidad de la emisión de sentencias contradictorias, dado que el objeto de todas las impugnaciones relacionadas es el mismo: la sentencia de primera instancia.
Ello demuestra la indivisibilidad de la continencia de la causa en atención al principio de concentración.
Por lo anterior, es de concluirse, que ante la unidad del procedimiento de impugnación y de la propia instancia de impugnación, no puede operar la caducidad de la instancia aun si solo uno de los recurrentes da impulso al procedimiento, pues tal actuación impulsará a la vez el recurso de las otras partes.
Aunado a ello, es preciso señalar que la consecuencia legal de la caducidad de la instancia, en este caso del recurso de revisión, consiste en dejar firme la sentencia recurrida, así que no podría sostenerse que la promoción de uno de los recurrentes únicamente lo beneficie a él, ya que al advertirse que hubo actividad procesal, de acuerdo con lo señalado en el precepto invocado, las partes saben que el plazo para la caducidad fue interrumpido, máxime si se toma en cuenta la finalidad garantista del juicio de amparo, en cualquiera de sus instancias, de acuerdo con el derecho constitucional controvertido y que el medio de impugnación sigue un curso en el que se encuentran inmersos todos los inconformes y sus contrapartes, atendiendo a la indivisión de la continencia de la causa.
En tal virtud, este órgano jurisdiccional estima que el impulso de cualquiera de los recurrentes es suficiente para interrumpir el término para que opere la caducidad de la instancia en la revisión.
Conviene precisar que la invocación de posturas doctrinarias en esta ejecutoria se hizo únicamente a efecto de obtener un criterio orientador que permitiera desentrañar el alcance de la norma examinada y así contar con elementos suficientes para arribar a la conclusión adoptada, lo cual no resulta contrario a las disposiciones que regulan el juicio de amparo.
Al respecto, es aplicable la tesis aislada 2a. LXIII/2001 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 448, que es del tenor literal siguiente:
"DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE ANÁLISIS Y APOYO EN LA FORMULACIÓN DE SENTENCIAS, CON LA CONDICIÓN DE ATENDER, OBJETIVA Y RACIONALMENTE, A SUS ARGUMENTACIONES JURÍDICAS. En el sistema jurídico mexicano por regla general, no se reconoce formalmente que la doctrina pueda servir de sustento de una sentencia, pues el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece las reglas respectivas, en su último párrafo, sólo ofrece un criterio orientador, al señalar que ‘En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.’; mientras que en su párrafo tercero dispone que ‘En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.’. Sin embargo, es práctica reiterada en la formulación de sentencias, acudir a la doctrina como elemento de análisis y apoyo, así como interpretar que la regla relativa a la materia penal de carácter restrictivo sólo debe circunscribirse a ella, permitiendo que en todas las demás, con variaciones propias de cada una, se atienda a la regla que el texto constitucional menciona con literalidad como propia de los juicios del orden civil. Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior y que la función jurisdiccional, por naturaleza, exige un trabajo de lógica jurídica, que busca aplicar correctamente las normas, interpretarlas con sustento y, aun, desentrañar de los textos legales los principios generales del derecho para resolver las cuestiones controvertidas en el caso concreto que se somete a su conocimiento, considerando que todo sistema jurídico responde a la intención del legislador de que sea expresión de justicia, de acuerdo con la visión que de ese valor se tenga en el sitio y época en que se emitan los preceptos que lo vayan integrando, debe concluirse que cuando se acude a la doctrina mediante la referencia al pensamiento de un tratadista e, incluso, a través de la transcripción del texto en el que lo expresa, el juzgador, en lugar de hacerlo de manera dogmática, debe analizar, objetiva y racionalmente, las argumentaciones jurídicas correspondientes, asumiendo personalmente las que le resulten convincentes y expresando, a su vez, las consideraciones que lo justifiquen."
Por las razones dadas, no se comparte el criterio contenido en la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 54, junio de 1973, Sexta Parte, página 125, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente:
"SOBRESEIMIENTO POR INACTIVIDAD PROCESAL. PARTE RECURRENTE. Conforme al artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, la caducidad de la instancia opera por la falta de actos procesales, es decir, de actuaciones del tribunal, aunada a ‘la falta de promoción del recurrente’, lo que implica que no basta la presentación de una promoción de cualquier parte para interrumpir el lapso de la caducidad, sino que las promociones tienen que ser de la parte recurrente, ya que el precepto no habla de promociones en general. Lo cual se explica, porque la clara intención del legislador fue que la parte que promovió la instancia sea la que muestre su interés en la tramitación de la misma, y que su negligencia u omisión al respecto, fuese sancionada con la declaración de caducidad de la instancia. Y cuando fueren varias las partes recurrentes, con intereses diversos, habrá que estar a la clasificación que de partes en el juicio de amparo dan las tres fracciones del artículo 5o. de la Ley de Amparo: I. el agraviado o agraviados, II. la autoridad o autoridades responsables y III. el tercero o terceros perjudicados. De tal manera que las promociones que haga un quejoso, una autoridad, o un tercero, vendrán a beneficiar a los quejosos, autoridades o terceros, que también hayan recurrido la sentencia, pues se trata en esos casos, de tres grupos de partes, que tienen el mismo interés, o intereses semejantes, dentro de cada grupo."
Cabe mencionar que en el amparo en revisión **********, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por **********, que se resolvió en esta misma sesión de veintiocho de marzo de dos mil once, y que contiene la misma hipótesis que se trata en este asunto, se realizó la denuncia correspondiente a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine lo que en derecho corresponda, y que es la quinta ejecutoria emitida en el mismo sentido.
III. El recurso de revisión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue interpuesto por parte legítima, ya que lo hace valer Sergio Ascary Castro Garibay, en su carácter de subdirector de amparos y además como representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el artículo 23, numeral 1, inciso l), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone:
"Artículo 23.
"1. Son atribuciones del presidente de la mesa directiva las siguientes:
"...
"l) Tener la representación legal de la Cámara y delegarla en la persona o personas que resulte necesario ..."
De esa forma, es evidente que Sergio Ascary Castro Garibay, subdirector de amparos y como representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, quien para acreditar tal extremo, en los términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, adjuntó a su recurso copia certificada de las atribuciones conferidas por la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados (fojas 50 a 53 del cuaderno de amparo en revisión), tiene facultades para interponer el presente recurso, siendo indudable que la cámara aludida tiene legitimación para intentarlo en su calidad de autoridad responsable.
Se cita en apoyo de lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 14/2009, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, febrero de 2009, visible en la página 462, que dice:
"REVISIÓN EN AMPARO. LA PERSONA A QUIEN EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN DELEGUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL, PUEDE INTERPONER DICHO RECURSO EN DEFENSA DE ESE ÓRGANO DEL ESTADO. Conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo, los órganos legislativos federales pueden ser representados directamente en el juicio de garantías por los titulares de sus oficinas de asuntos jurídicos o por sus representantes legales, y acorde con el precepto 23, numeral 1, inciso l), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados puede delegar la representación legal en la persona que estime necesario. En ese sentido, la persona designada por el indicado presidente como representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, independientemente de la denominación de su puesto, en caso de ser integrante de la misma entidad, puede legítimamente interponer el recurso de revisión contra la sentencia que conceda el amparo respecto de leyes que emitió, al no encontrarse dicha representación restringida a persona alguna."
De igual forma, el recurso de revisión de la autoridad responsable, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, fue interpuesto por parte legítima, ya que lo hace valer el subprocurador fiscal federal de amparos, en suplencia de los subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, de Ingresos, de Egresos, del Oficial Mayor y del procurador fiscal de la Federación, por ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, quien actúa en representación del presidente de la República, con fundamento en los artículos 19 de la Ley de Amparo, 14 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 105, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siendo indudable que tiene legitimación para intentarlo en su calidad de autoridad responsable.
Es aplicable al respecto, la jurisprudencia número 2a./J. 191/2009 por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 309, que textualmente dice:
"RECURSO DE REVISIÓN. EL DELEGADO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DESIGNADO POR LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA EN EL JUICIO DE AMPARO, TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER AQUÉL A NOMBRE DE DICHO FUNCIONARIO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 12 Y 19 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTES ANTES DE LAS REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 18 DE MARZO Y 17 DE ABRIL DE 2009). Los preceptos legales citados establecen que el presidente de la República puede ser representado en todos los trámites establecidos en la Ley de Amparo por conducto del procurador general de la República y los secretarios de Estado, y que las demás autoridades responsables, salvo los órganos legislativos Federal, de los Estados y del Distrito Federal, no pueden ser representados en ese procedimiento constitucional, pero sí podrán, por medio de simple oficio, acreditar delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias, rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en la ley citada. Esta última atribución alcanza también al presidente de la República, porque el legislador confirió esa prerrogativa a todas las autoridades responsables sin excepción alguna. En ese tenor, el delegado del presidente de la República designado por la autoridad que lo representa en el juicio de amparo está legitimado para interponer a nombre de aquél el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley de Amparo, toda vez que las actuaciones del citado represe
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22944-8c7cc2a1/caducidad-de-la-instancia-en-el-amparo-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA DETERMINACIONES DE TRÁMITE DICTADAS DENTRO DE LA SECUELA PROCESAL DE UN INCIDENTE. (AMPARO EN REVISIÓN)
- FINES FISCALES Y EXTRAFISCALES. AMPARO CONTRA LEYES. LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ÉSTAS PUEDE DERIVAR DE LA CONTRADICCIÓN CON OTRAS DE IGUAL JERARQUÍA, CUANDO SE DEMUESTRE VIOLACIÓN (AMPARO EN REVISIÓN)
- REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SI AL EXAMINARSE LA DEMANDA O AL RECIBIRSE EL INFORME JUSTIFICADO, NO SE PREVIENE AL QUEJOSO RESPECTO A LA IN (AMPARO EN REVISIÓN)
- PROVIDENCIA PRECAUTORIA DERIVADA DE LA GUARDA Y CUSTODIA DE UN MENOR. SI NO SE HA EJECUTADO MATERIALMENTE, CONTRA SU OTORGAMIENTO PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO SIN NECESIDAD DE AGOTA (AMPARO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- AMPARO EN MATERIA CIVIL. (s/clave)
- LEY REGLAMENTARIA DEL AMPARO. (s/clave)
- AMPARO ADMINISTRATIVO. (s/clave)
- AMPARO DIRECTO. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis