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Modo: Corpus Pro

POLICÍA FEDERAL. EL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY RELATIVA NO TRANSGREDE EL DERECHO DE AUDIENCIA. FACULTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. NO ES IRRESTRICTA, SINO QUE DEBE SATISFACER UNA RAZONABILIDAD EN FUNCIÓN DE LOS CARGOS QUE REGULE. NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO COMO REQUISITO PARA OCUPAR DETERMINADOS CARGOS PÚBLICOS. BASTA QUE EL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTABLEZCA EN LA LEY TAL EXIGENCIA, PARA QUE CONJUNTAMENTE OPERE EL REQUISITO DE NO ADQUIRIR OTRA NACIONALIDAD. NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO. LA PROHIBICIÓN DE ADQUIRIR UNA DIVERSA, COMO REQUISITO INDISPENSABLE PARA OCUPAR DETERMINADOS CARGOS PÚBLICOS, NO ES ABSOLUTA. POLICÍA FEDERAL. EL ARTÍCULO 8, FRACCIÓN VII, DE LA LEY RELATIVA, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA Y SEGURIDAD JURÍDICA.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 48/2009. · Registro digital (IUS): 22998
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Julio de 2011, , Pág. 1207.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 7, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA QUE NO SE TENGA OTRA NACIONALIDAD PARA OCUPAR EL CARGO DE COMISIONADO DE DICHA INSTITUCIÓN, ES CONSTITUCIONAL.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL, AL DISPONER QUE PARA INGRESAR A ESA INSTITUCIÓN SE REQUIERE SER CIUDADANO MEXICANO POR NACIMIENTO, EN PLENO GOCE DE SUS DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES, SIN TENER OTRA NACIONALIDAD, ES INCONSTITUCIONAL.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 18, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, AL DISPONER QUE PARA SER SUBPROCURADOR O VISITADOR GENERAL SE DEBERÁ SER CIUDADANO MEXICANO POR NACIMIENTO, ES CONSTITUCIONAL.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL, AL PREVER QUE LA CONCLUSIÓN DEL SERVICIO DE UN INTEGRANTE DE DICHA INSTITUCIÓN SE PRESENTA CUANDO EN LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN CONCURRAN LAS CIRCUNSTANCIAS SIGUIENTES: QUE SIENDO CONVOCADO A TRES PROCESOS CONSECUTIVOS DE PROMOCIÓN, NO HAYA PARTICIPADO EN ELLOS O QUE, HABIENDO PARTICIPADO, NO HUBIERE OBTENIDO EL GRADO INMEDIATO SUPERIOR QUE LE CORRESPONDERÍA POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL; QUE HAYA ALCANZADO LA EDAD MÁXIMA CORRESPONDIENTE A SU JERARQUÍA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES APLICABLES Y QUE DEL EXPEDIENTE RELATIVO NO SE DESPRENDAN MÉRITOS SUFICIENTES A JUICIO DEL CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO POLICIAL, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 5o., 14 Y 123, APARTADO B, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 8, FRACCIÓN VII Y 10, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL, QUE ESTABLECEN, RESPECTIVAMENTE, QUE A TRAVÉS DE UN REGLAMENTO SE DEFINIRÁN LOS LINEAMIENTOS MÍNIMOS PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES ENCUBIERTAS Y DE USUARIOS SIMULADOS PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS, ASÍ COMO LA ATRIBUCIÓN DEL COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL PARA AUTORIZAR, PREVIO ACUERDO CON EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, LA EJECUCIÓN DE DICHAS OPERACIONES Y DE USUARIOS SIMULADOS, NO VULNERAN LOS ARTÍCULOS 14 Y 21 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 23, 34, FRACCIÓN I, 35 Y 36, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, AL DISPONER, RESPECTIVAMENTE, QUE PARA SER OFICIAL MINISTERIAL, O INGRESAR COMO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN DE CARRERA, O DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL DE CARRERA O COMO PERITO DE CARRERA, SE REQUIERE SER CIUDADANO MEXICANO POR NACIMIENTO, SON INCONSTITUCIONALES.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 36, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y 87 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN, EN CUANTO NO PERMITEN EL ACCESO DE LOS EXTRANJEROS A LOS PUESTOS DE PERITO DE CARRERA Y AUDITOR ESPECIAL DE LA FEDERACIÓN, SON CONSTITUCIONALES.

IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 48/2009. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.

SECRETARIA: LAURA GARCÍA VELASCO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al catorce de abril de dos mil once.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil nueve, en el domicilio particular del funcionario autorizado para recibir promociones fuera del horario de labores de este Alto Tribunal, José Luis Soberanes Fernández, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de las normas que más adelante se señalan, emitidas y promulgadas por las autoridades que a continuación se precisan:

"II. Los órganos legislativo y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las normas generales impugnadas: A) Órgano legislativo: H. Congreso de la Unión, a través de las Cámaras de Diputados y Senadores. B) Órgano ejecutivo: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. III. La norma general cuya invalidez se reclame y el medio oficial en que se hubiere publicado: • Artículos 7, fracción I, 8, fracción VII, 10, fracción XII, 17, inciso a), fracción I y 22, fracción I, inciso a), de la Ley de Policía Federal creada mediante decreto que ‘Expide la Ley de la Policía Federal. ...’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día lunes 1o. de junio de dos mil nueve (anexo 2). • Artículo 87, fracción I, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación creado mediante decreto que ‘Expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. ...’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día viernes 29 de mayo de dos mil nueve (anexo 3). • Artículo 18, fracción I, artículo 23, inciso a), artículo 34, fracción I, inciso a), artículo 35, fracción I, inciso a); y artículo 36, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República creados mediante decreto que ‘Expide la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; ...’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día viernes 29 de mayo de dos mil nueve (anexo 4)."

SEGUNDO. Los conceptos de invalidez que hace valer el promovente son, en síntesis, los siguientes:

a) Primer concepto de invalidez. Los artículos 7, fracción I y 17, inciso a), fracción I, de la Ley de la Policía Federal y 18, fracción I, 23, inciso a); 34, fracción I, inciso a), y 36, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República violan lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 1o. y el 35, fracción II, de la Constitución Federal, al regular una distinción discriminatoria, motivada por el origen nacional respecto de los mexicanos por naturalización.

Los artículos indicados establecen que para poder ejercer los cargos que en ellos se regulan es requisito ser ciudadano mexicano por nacimiento, lo que representa una distinción discriminatoria respecto de aquellos connacionales por naturalización.

Al respecto, el artículo 30 constitucional establece las formas en las que se adquiere la nacionalidad mexicana, siendo mexicanos por nacimiento los nacidos en el territorio de la República, sea cual fuera la nacionalidad de sus padres; los nacidos en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en el territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional o de madre mexicana nacida en el territorio nacional; los nacidos en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización o de madre mexicana por naturalización y los nacidos a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes; y mexicanos por naturalización los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones Exteriores carta de naturalización y la mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con mexicanos que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley.

La naturalización es el proceso por el cual una persona de cierto Estado adquiere la nacionalidad de un segundo Estado, con el cual ha adquirido vínculos producto de la estadía mantenida de manera legal en dicho país, de tal manera que los extranjeros que desean adquirir la nacionalidad mexicana deben acreditar que han residido en el territorio nacional cuando menos durante los últimos cinco años inmediatos anteriores a la fecha de la solicitud, salvo algunas excepciones que marca la Ley de Nacionalidad en su artículo 20.

Al efecto, las personas que obtengan la nacionalidad mexicana mediante naturalización protestarán la adhesión, obediencia y sumisión a las leyes y autoridades mexicanas y se abstendrán de cometer cualquier conducta que implique sumisión a un Estado extranjero, así como las renuncias y protestas a las que se refiere el artículo 17 de la Ley de Nacionalidad y serán ciudadanos conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Constitución Federal.

Los artículos impugnados en este primer concepto de invalidez regulan como requisito para el acceso a los empleos públicos en ellos especificados ser mexicano por nacimiento, por lo que los connacionales por naturalización no tienen derecho a su ocupación, por lo que el acceso a dichos empleos les está vedado de manera absoluta.

En ese sentido, debe tenerse presente que si bien la Constitución Federal en su artículo 32 señala que el legislador puede determinar los cargos y funciones en las que se podrá requerir ser mexicano por nacimiento, el artículo 1o. del ordenamiento en cita dispone que está prohibido realizar distinciones con base en el origen nacional.

Con base en lo anterior y atendiendo a la temporalidad en la que fueron expedidos los preceptos constitucionales de referencia, el artículo 32 constitucional debe considerarse derogado, al provenir de la Constitución Federal original de mil novecientos diecisiete y de una reforma de mil novecientos noventa y siete, que es una fecha anterior a la expedición y reforma del tercer párrafo del artículo 1o. constitucional, que fue adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de diciembre de dos mil seis, por lo que al existir una contradicción entre el párrafo segundo del artículo 32 y el párrafo tercero del artículo 1o. constitucionales, se debe atender a un criterio de solución de antinomias para saber cuál es la norma aplicable en el caso; en ese sentido, procede la utilización del principio de la ley posterior, según el cual prevalece el precepto más reciente, esto, ante la imposibilidad de aplicar el principio de la ley superior, pues ambos preceptos son de máximo rango por estar comprendidos dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de que tampoco puede aplicarse el de especialidad, puesto que ambos preceptos tratan con idéntico detalle el mismo tema.

En atención a tal circunstancia, todas las normas secundarias que exijan como requisito para ocupar un cargo público la calidad de mexicano por nacimiento se oponen al artículo 1o. y, por esa razón, deben ser declaradas inconstitucionales.

En cuanto a la distinción que se realiza, el que el legislador se encuentre facultado para realizar diferencias entre mexicanos y extranjeros no le da potestad para realizar distinciones entre mexicanos por nacimiento y mexicanos por naturalización, pues en el primero de los casos la nacionalidad sirve de base para salvaguardar la soberanía nacional, cuando con el ejercicio de ciertas profesiones, ésta pueda ponerse en peligro, en cambio, en el segundo caso, la base de la distinción, es el origen nacional, tertium prohibido por el artículo 1o. constitucional en su párrafo tercero.

Aun cuando se llegara a considerar que el artículo 32 no puede ser derogado por el 1o., ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la facultad de reglamentación por parte del legislador secundario debe atender siempre al mandato de no discriminación estipulado en el artículo 1o. de la Norma Suprema, por lo que debe analizarse si, en el caso concreto, se encuentra justificada la distinción realizada por el legislador, o si bien, carece de un fin constitucional legítimo, no es idónea para lograr dicho fin, o carece de proporcionalidad.

En el caso, la distinción realizada en los artículos impugnados no persigue un fin constitucional legítimo, pues la exclusión de los ciudadanos mexicanos por naturalización del acceso a los cargos públicos de Policía Federal, comisionado general de la policía, oficial ministerial, agente del Ministerio Público, entre otros, no encuentra justificación constitucional, pues al poseer la calidad de ciudadanos mexicanos es evidente que tienen derecho a recibir el mismo trato que los ciudadanos nacionales por nacimiento.

El argumento de que con dicho requisito se protege la soberanía nacional, de forma alguna constituye un fin constitucional válido, ya que el acceso a los cargos indicados en los preceptos impugnados no implica la intervención en asuntos que pongan en peligro la supervivencia del país por una eventual influencia de potencias extranjeras, toda vez que los referidos cargos únicamente versan sobre gestiones administrativas, técnicas y profesionales relativas al cuerpo de seguridad pública.

La norma impugnada no resistiría un juicio de proporcionalidad o razonabilidad, porque la restricción de la participación de los naturalizados mexicanos en la selección del personal regulado en los artículos que se impugnan, no obedece a ninguna razón válida u objetiva.

Como se observa, se actualiza una violación al derecho constitucional que tienen los ciudadanos mexicanos, de acceder a los empleos públicos, consagrado en la fracción II del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; al respecto, la Suprema Corte de Justicia, al resolver la controversia constitucional 38/2003, realizó un análisis del dispositivo constitucional en comento, en la que se determinó que:

- La Constitución Federal regula las consecuencias jurídicas que derivan del estatus de ciudadano, que se presentan como derechos y deberes que adquieren quienes detentan la nacionalidad mexicana cuando han cumplido dieciocho años y tienen un modo honesto de vivir.

- La fracción II del artículo 35 de la Constitución Federal regula dos situaciones distintas que son: el derecho a ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley, y el derecho de ser nombrado para cualquier empleo o comisión públicos, distintos a los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley.

- El último de ellos es un derecho de participación que si bien es ajeno a la materia electoral, también resulta concomitante al sistema democrático, en tanto que ordena que los mexicanos que tengan el carácter de ciudadanos de la República puedan acceder a la función pública en una condición de igualdad, siempre y cuando cubran las calidades que exijan las leyes.

- Que la Constitución Federal garantiza el derecho de los ciudadanos a acceder a la función pública; asimismo, este derecho se sujeta a las calidades establecidas en la ley, mismas que deben ser razonables y no discriminatorias, en tanto que tienen sustento en un precepto que establece una condición de igualdad para los ciudadanos, además de que el mismo debe interrelacionarse con los preceptos constitucionales que regulan la función pública.

- Que el sufragio pasivo también consiste en que la autoridad garantice, incluso frente al legislador, que todos los ciudadanos, a la luz de sus méritos y capacidades, sean quienes accedan a la función pública y no sólo una parte de ellos.

Ignacio Galindo Garfias, en su obra "Derechos del Pueblo Mexicano", comentó, respecto de la fracción II del artículo 35 de la Constitución Federal, "que para el desempeño de un cargo público, para ser elegible, para desempeñar cualquier otro cargo o empleo, el ciudadano debe de tener las cualidades (capacidad y aptitudes para desempeñarlo) que exijan las leyes aplicables".

Por su parte, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define calidad como "el estado de una persona, su naturaleza, su edad y demás circunstancias y condiciones que se requieran para un cargo o dignidad", por lo que el concepto de calidades o perfil de una persona se refiere a la capacidad, aptitudes, preparación profesional, edad y demás circunstancias que pongan en relieve el perfil idóneo para desempeñar con eficiencia y eficacia el empleo o comisión que se le asigne.

Así pues, se concluyen las siguientes dos cuestiones:

- Cualquier ciudadano mexicano puede acceder a la función pública en condiciones de igualdad, siempre y cuando cubra las calidades que exijan las leyes.

- Las calidades exigidas por el legislador no deben ser irrazonables o discriminatorias y deben estar referidas a méritos y capacidades para el desempeño público específico.

Por lo anterior, el ser mexicano por nacimiento no puede estimarse como una "calidad", ya que no se refiere a aptitudes, habilidades o idoneidades, por el contrario, alude a factores extrínsecos que nada tienen que ver con las capacidades de una persona para desempeñar cargos públicos.

• Argumentos específicos en torno a la inconstitucionalidad de los artículos 7, fracción I y 17, inciso a), fracción I, de la Ley de la Policía Federal.

La fracción I del artículo 7 de la Ley de Policía Federal dispone que para ser comisionado general debe cumplirse con el requisito de la ciudadanía mexicana por nacimiento, además de no tener otra nacionalidad. De la misma manera, la fracción I del inciso a) del artículo 17 establece que para ingresar en la Policía Federal se exige ser ciudadano mexicano por nacimiento sin tener otra nacionalidad.

Dichos imperativos atentan en contra del derecho de no discriminación, regulado en el artículo 1o. y privan del derecho de acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad, contemplado en la fracción II del artículo 35 constitucional.

Con la finalidad de demostrar que en la Ley de la Policía Federal no hay un fin constitucional y legítimo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acude a la iniciativa de ley presentada ante el Congreso, el veintiuno de octubre de dos mil ocho, en la que se mencionó sustancialmente lo siguiente:

- Que la consolidación del Estado de derecho se logra a través de la salvaguarda de la libertad, el orden y la paz pública, misma que constituye la razón de ser de la actividad policial.

- Se propone la transformación de la Policía Federal Preventiva para constituir la Policía Federal, que asumiría las responsabilidades que por disposición constitucional le corresponde a la Federación en materia de seguridad pública, pues como institución profesional requiere el establecimiento de atribuciones acorde a una corporación que responde a las necesidades técnicas, logísticas y operativas que la situación le demanda, con una línea de mando precisa y competencias delimitadas.

- Que la actualización de los ordenamientos jurídicos se hace imprescindible, toda vez que de ello depende la legalidad de los actos de autoridad que ejerza la Policía Federal en el ejercicio de las facultades constitucionalmente conferidas.

Por lo anterior, resulta preciso cuestionarse, si excluyendo del cuerpo policíaco a los mexicanos por naturalización, realmente se logra la finalidad con la que se estatuyeron las normas impugnadas, que es salvaguardar la libertad, el orden y la paz pública.

La exclusión en comento implica un retroceso en la legislación, en relación con factores como la globalización y la liberalización y la creciente disparidad económica y social entre Estados, razón por la cual se han producido grandes movimientos poblacionales entre países, por lo que las Constituciones modernas contemporáneas han decidido reconocer dos clases de nacionales con los mismos derechos y deberes.

En esas circunstancias, resulta paradójico que en México la legislación secundaria discrimine a los nacionales por naturalización, en virtud de que, para ese efecto, quienes decidieron adquirir la nacionalidad mexicana han cumplido los requisitos establecidos en la Ley de Nacionalidad, entre ellos, renunciar a otra nacionalidad.

En la iniciativa de las normas generales impugnadas también se expresó lo siguiente:

- En la organización y funcionamiento de la institución también se incluye al comisionado general de la Policía Federal, quien es su titular y tendrá el más alto rango dentro de la corporación.

- Que la regulación del servicio profesional de carrera policial se encuentra regulado en el capítulo IV de la Ley de la Policía Federal, en el que se establecen las normas que los regirán y que tiene por objeto garantizar la igualdad de oportunidades en el reclutamiento, selección, ingreso, permanencia, promoción, profesionalización, régimen de estímulos y la conclusión del servicio, asimismo, se regulan los requisitos de ingreso y de permanencia de los integrantes.

Al efecto, se advierte que si en la exposición de motivos se habla de una "igualdad de oportunidades en el reclutamiento", cabe cuestionar si ésta se logra cuando se está excluyendo a ciudadanos mexicanos cuya nacionalidad fue adquirida por medio de la naturalización, por lo que considera que hay una contradicción evidente entre lo expresado en la citada iniciativa y la norma, pues los artículos en cuestión no hacen sino discriminar por origen nacional a los mexicanos naturalizados, situación prohibida por el artículo 1o. constitucional.

Si bien el artículo 32 constitucional estatuye que en tiempos de paz está prohibido para los extranjeros servir en las fuerzas de policía o seguridad pública, no establece prohibición expresa para los mexicanos por naturalización, por lo tanto, cualquier ciudadano mexicano, sin importar de qué modo obtuvo su nacionalidad, tiene el derecho de acceder a dichos cargos, más aún si el propio artículo citado, en líneas posteriores, establece que exclusivamente los mexicanos por nacimiento deben pertenecer al activo del Ejército en tiempo de paz y al de la Armada o Fuerza Aérea en todo momento. Por lo que los miembros de los cuerpos policíacos, si bien no pueden ser extranjeros, sí pueden ser mexicanos por naturalización, pues de lo contrario se les habría incluido en la misma prohibición que los extranjeros.

Cabe indicar que estos artículos de la Ley de la Policía Federal no sólo violan los artículos 1o., tercer párrafo y 35, fracción II, como se ha mencionado en párrafos anteriores, sino que tampoco son acordes con lo dispuesto en el artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues discriminan a los mexicanos por naturalización por razón de origen nacional, a pesar de que no existe prohibición constitucional para que puedan ser miembros de la policía.

• Argumentos específicos en torno a la inconstitucionalidad de los artículos 18, fracción I, 23, inciso a), 34, fracción I, inciso a), 35, fracción I, inciso a) y 36, fracción I, inciso a), todos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Los artículos indicados regulan los requisitos para acceder a los cargos de subprocurador o visitador general, oficiales ministeriales de carrera y perito de carrera y, al igual que en la Ley de Policía Federal, el acceso a estos cargos se encuentra limitado, pues es requisito indispensable ser ciudadano mexicano por nacimiento.

Por tanto, los supuestos señalados en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República violan lo establecido en el artículo 1o. constitucional pues, al no existir una razón objetiva y razonable para hacer la distinción entre nacionales por nacimiento y naturalizados, se detecta una discriminación injustificada, privando a quienes se encuentren en tal supuesto del derecho de acceso a la función pública contemplado en la fracción II del artículo 35 constitucional, derecho del que son acreedores por ser ciudadanos mexicanos, situación que a todas luces resulta inconstitucional.

Conforme a lo expresado en la exposición de motivos presentada ante el Congreso el veintiuno de octubre de dos mil ocho, se busca que con la nueva ley se seleccione, para desempeñar dichos cargos, a los más capaces y aptos a fin de mejorar la calidad y desempeño del servicio. La iniciativa atiende a criterios de idoneidad y profesionalización, pero la norma no, por lo que parecería ser que la reforma considera que los naturalizados tienen menos capacidades que los mexicanos por nacimiento.

Al excluir del supuesto normativo a los mexicanos por naturalización, se les está privando de la oportunidad de desempeñar un cargo público, aun cuando sean aptos para llevarlo a cabo, basándose en una selección arbitraria consistente en su origen nacional, lo cual está constitucionalmente prohibido.

Segundo concepto de invalidez. Los artículos 7, fracción I y 17, inciso a), fracción I, de la Ley de la Policía Federal y 35, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República violan lo dispuesto en los artículos 1o., 32, primer párrafo y 35, fracción II, de la Constitución Federal.

Los artículos 7, fracción I y 17, inciso a), fracción I, de la Ley de Policía Federal y 35, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establecen la prohibición de acceder a los cargos públicos de comisionado general de la policía, policía federal y agente de la Policía Federal Ministerial a los mexicanos por nacimiento que hayan obtenido otra u otras nacionalidades.

La Constitución Federal no permitía la doble nacionalidad de los mayores de edad hasta el veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete, fecha en que el artículo 32 sufrió reformas y se reconoce esta situación, dejando a la ley la regulación de los derechos de los mexicanos que posean otra nacionalidad.

En la exposición de motivos de la reforma del artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se señaló que en el ejercicio de los cargos y funciones correspondientes a áreas estratégicas o prioritarias del Estado mexicano que por su naturaleza sustentan el fortalecimiento de la identidad y la soberanía nacionales, exige que sus titulares estén libres de cualquier posibilidad de vínculo jurídico o sumisión ante otros países.

Por ello, se agrega otro nuevo párrafo también en el artículo 32, en el que los cargos establecidos en la Constitución, tanto los de elección popular, tales como los de presidente de la República, senadores, diputados y gobernadores, como los de secretarios de Estado, Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todos los que se señalan en otras leyes del Congreso de la Unión, que de alguna manera puedan poner en peligro la soberanía y la lealtad nacionales, se reservan de manera exclusiva a mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad.

En ese tenor, por regla general, no debe existir distinción entre mexicanos por nacimiento con una nacionalidad y con doble nacionalidad, con excepción de los cargos expresamente reservados por la Constitución Federal a mexicanos por nacimiento, así como los que, de igual forma, establezca el Congreso de la Unión, a través de leyes, siempre y cuando se ponga en riesgo la soberanía nacional.

Del artículo 32 de la Constitución Federal, correlacionado con la exposición de motivos, es posible advertir que la actividad legislativa del Congreso de la Unión, al establecer reservas para cargos y funciones que excluyan a mexicanos con doble nacionalidad, no es una carta en blanco, sino que se encuentra delimitada, debido a que la reserva respectiva debe ser sustentada en que el cargo o la función corresponda a áreas estratégicas o prioritarias del Estado, que por su naturaleza sustenten el fortalecimiento de la identidad y soberanía nacionales y, por lo tanto, exija que sus titulares se encuentren libres de cualquier posibilidad de vínculo jurídico o sumisión hacia otros países.

La doble nacionalidad implica que quienes la poseen tienen derecho a que cada uno de los Estados que les atribuye su nacionalidad les reconozca todos los derechos que son otorgados a sus nacionales, salvo los casos en que su propia Constitución establezca reservas, un trato contrario, al menos en nuestro país, implica discriminación y el desconocimiento al carácter de nacional mexicano reconocido constitucionalmente.

Los artículos que se impugnan regulan actividades que aun a pesar de su importancia, no afectan la identidad o soberanía nacionales, lo anterior, tomando en cuenta como parámetro el contenido del artículo 18, fracción I, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en donde para ser subprocurador o visitador general, únicamente se exige ser mexicano por nacimiento.

El artículo 30 constitucional considera como titular de la soberanía nacional al pueblo mexicano, mismo que se define por medio de la nacionalidad que es el vínculo indivisible de derecho personal entre el ciudadano y el Estado, ya sea que ésta se adquiera por nacimiento o por naturalización, y que da lugar a la adquisición de las obligaciones estipuladas en el artículo 37, fracción IV, constitucional, otorgando también derechos cuyo ejercicio dota de legitimación al poder estatal.

Las personas con doble nacionalidad deben considerarse como mexicanos y no como extranjeros, por lo que tienen derecho a un trato igual, con excepción de las situaciones señaladas en el propio Texto Constitucional.

Las normas que en esta vía se impugnan tampoco resisten un juicio de proporcionalidad, puesto que la restricción de la participación de los mexicanos con doble o múltiple nacionalidad para acceder a los cargos referidos en ellos no obedece a ningún motivo objetivo y razonable, pues el legislador toma como único factor para realizar la discriminación el origen nacional.

Aun cuando se considerara que el fin constitucionalmente protegido es la soberanía nacional y, por ello, se encuentra justificada la discriminación, cabría preguntarse si el contenido de la norma es la vía idónea para cumplir el fin perseguido y si el ejercicio de los cargos que regulan dichos preceptos, por parte de una persona con doble nacionalidad, en verdad podría producir un atentado en contra de la soberanía nacional.

Además, se vulnera el derecho contemplado en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal, que se refiere al acceso de cualquier ciudadano mexicano a la ocupación de cargos en la función pública, en condiciones de igualdad, siempre y cuando cumplan las calidades exigidas por las leyes, y siendo que por dichas calidades deben entenderse méritos y capacidades, result

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22998-1cb72642/policia-federal-el-articulo-22-fraccion-i-inciso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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