INFONAVIT. EL PLAZO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, EN LOS CASOS EN QUE EL TRABAJADOR HUBIERE TENIDO IMPOSIBILIDAD PARA ELEGIR EL RÉGIMEN DE PENSIONES, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE SE LE NOTIFICA LA RESOLUCIÓN QUE LE OTORGA LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE.
AMPARO EN REVISIÓN 437/2010. **********.
CONSIDERANDO:
SEXTO.-El estudio de los argumentos esgrimidos a manera de agravios, conduce a determinar lo siguiente:
Son jurídicamente ineficaces, cuyo estudio se realizará en un orden distinto del propuesto.
En el último de los motivos de inconformidad se involucra un tema relacionado con una posible violación a las formalidades esenciales del juicio de amparo indirecto, de manera que su examen resulta preferente, pues de resultar fundado, el efecto de esta ejecutoria sería la revocación de la sentencia de primer grado para efectos de reponer el procedimiento.
El agravio es infundado, puesto que en forma contraria a lo expresado por la inconforme, durante la tramitación del juicio de amparo el Juez de Distrito reconoció el carácter de tercero perjudicado, entre otros, al secretario de Hacienda y Crédito Público, como se advierte del proveído de siete de mayo de dos mil diez (fojas 42 y 43 del expediente de origen) e incluso, dicha autoridad se apersonó y vertió las manifestaciones que estimó que a su derecho convinieron a través del oficio exhibido el dos de junio de dos mil diez (fojas 84 a 97); ocurso que se agregó en términos del auto de once siguiente.
En otro orden de ideas, es infundado el primero de los agravios en el que se alega que el quejoso dejó transcurrir en exceso el plazo para promover la demanda de garantías contra el artículo octavo transitorio tildado de inconstitucional, por lo que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el primer párrafo de la fracción XII del artículo 73, en relación con el numeral 21, ambos de la Ley de Amparo.
Este motivo de improcedencia fue analizado y desestimado por el Juez de Distrito en la sentencia recurrida.
Al respecto, el a quo indicó en el considerando cuarto, que la resolución para el otorgamiento de pensión de cesantía de seis de abril de dos mil diez fue notificada al quejoso el catorce del mes y año indicados.
Así, precisó que el plazo para la presentación del juicio de amparo comenzó a transcurrir a partir del día siguiente hábil al en que surtió efectos la notificación del instrumento apuntado; esto es, el quince de abril de dos mil diez, por lo que el término de quince días para presentar la demanda de garantías transcurrió del dieciséis de abril al siete de mayo de dos mil diez.
En esa virtud, concluyó que si la demanda de garantías fue presentada ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en esa ciudad de León, Guanajuato, el veintiuno de abril del año próximo pasado, es patente que se realizó en tiempo, al haberse promovido dentro del plazo de quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo.
Con independencia de las razones expresadas por el Juez de Distrito para desestimar este motivo de improcedencia, la conclusión respectiva resulta ajustada a derecho.
Al respecto, se precisa que las causales de improcedencia en el juicio constitucional deben estar plenamente demostradas y no inferirse con base en presunciones; regla interpretativa contenida en la tesis de jurisprudencia 229 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 187 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES.".
Ahora, la citada Segunda Sala ha determinado que el artículo octavo transitorio del Decreto de reforma de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, tiene una naturaleza heteroaplicativa, toda vez que para su impugnación requiere de un acto concreto de aplicación, el cual tiene como presupuesto la propia voluntad del trabajador cuando elige el régimen de pensión correspondiente, pues en ese momento se ubica de manera automática en la previsión del precepto transitorio de que se trata, lo que implica la remisión de los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda del cuarto bimestre de 1997, hasta que obtenga la pensión relativa, por lo que será a partir de ese momento en que podrá computarse el plazo de quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo para reclamar la inconstitucionalidad de tal precepto, como se observa de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 18/2008, publicada en la página 589, Tomo XXVII, febrero de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "INFONAVIT. EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, QUE REGULA EL DESTINO DE LOS FONDOS ACUMULADOS DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, CONSTITUYE UNA NORMA DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA.".
El criterio de interpretación aludido ha sido reiterado por la citada Segunda Sala, al resolver el expediente de contradicción de tesis 140/2009, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 82/2011, pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada:
"INFONAVIT. LA ELECCIÓN VOLUNTARIA DEL RÉGIMEN PENSIONARIO ESTABLECIDO EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, NO PRODUCE EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMA A LA LEY DE AQUEL INSTITUTO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997.-Conforme a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el artículo octavo transitorio citado tiene las siguientes características: a) Transgrede el artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no obstante que los trabajadores tienen derecho a obtener créditos accesibles y baratos para la adquisición de vivienda, así como un seguro de invalidez o vejez, dicha norma confunde entre sí las aportaciones relativas para ambos fines y les da el mismo destino; b) Tiene una naturaleza heteroaplicativa, toda vez que para su impugnación requiere de un acto concreto de aplicación, el cual tiene como presupuesto la propia voluntad del trabajador cuando elige el régimen pensionario que mejor le convenga; y, c) El desconocimiento por parte del juzgador de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que el trabajador eligió el régimen pensionario, no es obstáculo para decretar la improcedencia del juicio de amparo contra el artículo octavo transitorio, cuando está demostrado que se le pensionó en términos de dicha disposición, ya que el otorgamiento de la pensión presupone, salvo prueba en contrario, que previo a la emisión de la resolución respectiva el trabajador formuló la solicitud correspondiente y ejerció su derecho de opción, momento este último, en el cual se verifica la primera afectación a su esfera jurídica por virtud de dicho precepto, perjuicio económico que se actualiza hasta que se autoriza la pensión correspondiente. Ahora bien, de lo expuesto se sigue que no opera el consentimiento expreso respecto del repetido artículo octavo transitorio, cuando voluntariamente el trabajador haga la elección del correspondiente régimen pensionario, ya que esta Segunda Sala ha estimado que dicho artículo tiene una naturaleza heteroaplicativa, y que el acto que ocasiona un perjuicio jurídico lo constituye la elección del régimen pensionario al cual el asegurado quiere pertenecer, lo cual implica, por un lado, que el plazo para controvertir este primer acto de aplicación de la norma transitoria comienza a partir de la fecha en que se realizó dicha elección y, por otro, que el ejercicio de la opción no conlleva el consentimiento expreso de tal disposición, pues al tratarse de una norma heteroaplicativa la única manera de impugnarla es actualizando su contenido, siendo ilógico que se le exigiera al quejoso ejercer la opción para posteriormente declarar que con el cumplimiento de ese requisito se sometió inexorablemente a la norma, ya que con ello se colocaría al interesado en un absoluto estado de indefensión porque, si opta o no opta la aplicación del citado artículo octavo transitorio, en cualquier caso su demanda resultaría improcedente, lo cual es inaceptable. Por último, conviene aclarar que si el quejoso, dentro de los 15 días siguientes a la fecha en la que haga la elección del régimen pensionario, no promueve su demanda de amparo contra el acto de aplicación del artículo octavo transitorio mencionado, el consentimiento de la norma tampoco le impide reclamar el ulterior acto de aplicación de dicho precepto contenido en la resolución que le otorgue la pensión, ya que al constituir esta última un acto fundado en una ley declarada inconstitucional por jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el afectado conserva su derecho para obtener la protección de la Justicia Federal exclusivamente contra la resolución que materializó el contenido de dicha disposición contraria a la Norma Fundamental, en términos de la jurisprudencia del Pleno de este Alto Tribunal P./J. 105/2007, de rubro: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONDICIONES PARA QUE OPERE RESPECTO DE ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN DE LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (AMPARO INDIRECTO Y DIRECTO)’."
No obstante lo anterior, en el caso que se revisa no cobran aplicación las tesis de referencia, habida cuenta que el primer acto de aplicación de la norma impugnada lo constituye la resolución número **********, por medio de la cual el jefe del Departamento de Pensiones Subdelegación León del Instituto Mexicano del Seguro Social, otorgó al quejoso la **********.
Es así, pues según el contenido del informe justificado de la referida autoridad responsable (fojas 58 y 59), al momento de solicitar la pensión, el quejoso contaba solamente con ********** semanas de cotización reconocidas, lo que implicó otorgar la ********** conforme al "régimen de 1973".
La información proporcionada por la responsable, en los términos indicados, evidencia que entre la solicitud de la pensión y su otorgamiento no medió elección del régimen pensionario, en razón de que, por el número de semanas de cotización, no existió oportunidad para que el trabajador optara por el régimen pensionario, pues de manera automática fue colocado en el "régimen de 1973"; además de que en el sumario no existe prueba de ese hecho.
En esas circunstancias, el primer acto de aplicación de la norma impugnada no surgió con motivo de la elección del régimen pensionario, sino con motivo de la resolución **********, dado que fue donde se concretó el perjuicio en contra del trabajador.
Entonces, como dicha resolución fue notificada al interesado el ********** (folio 9 vuelta) y la demanda de amparo fue presentada el veintiuno del mes y año indicados, es patente que se encuentra promovida dentro del término de quince días que consigna el artículo 21 de la Ley de Amparo, de manera que no existe el consentimiento tácito de la norma impugnada.
Cabe mencionar que si bien en la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 85/2009, de rubro: "INFONAVIT. PARA ACREDITAR EN EL JUICIO DE AMPARO LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 18/2008, RELATIVA AL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMA A LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, BASTA LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE SE LE OTORGÓ LA PENSIÓN CONFORME A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, AUN CUANDO NO EXHIBA LA CONSTANCIA DE ELECCIÓN DE SISTEMA PENSIONARIO.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que el consentimiento tácito del artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforma la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se surte si no lo reclama dentro de los quince días posteriores al en que se le notifica la resolución que otorga la pensión bajo el esquema vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete; lo relevante es que en la citada tesis de jurisprudencia 2a./J. 82/2011, pendiente de publicación, la citada Sala acotó que la elección del régimen pensionario es el acto que ocasiona perjuicio al trabajador y constituye el momento a partir del cual comienza el plazo para controvertir ese primer acto de aplicación.
De ahí que sea infundado el alegato de la recurrente al exponer que la demanda de garantías se promovió de manera extemporánea.
Por las razones expuestas se estima que el agravio analizado es infundado. Además, en la especie, no se acredita otra diversa causal de improcedencia, ya sea de oficio o por planteamiento de las partes, por ende, es procedente continuar el estudio de los agravios relativos a la concesión del amparo.
En diverso agravio planteado en torno al fondo de la sentencia recurrida, la autoridad recurrente alega que el precepto reclamado no viola garantías individuales.
El argumento es inoperante por pretender, de este órgano jurisdiccional, una declaratoria que no le es factible realizar en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo.
Esto, toda vez que al existir jurisprudencia aplicable a dicho tema, obligatoria para este Tribunal Colegiado de Circuito, no es posible apartarse de ella.
Al respecto se cita la jurisprudencia 1a./J. 14/97 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 21, Tomo V, abril de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido: "AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA."
Lo anterior es así, dado que el artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforma la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete fue declarado inconstitucional por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La razón de tal declaratoria de inconstitucionalidad radica en que el numeral transitorio en comento, al determinar que las aportaciones acumuladas en la subcuenta de vivienda, posteriores al tercer bimestre de mil novecientos noventa y siete, deberán abonarse al Gobierno Federal, si el trabajador opta por acogerse al régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio del año citado, materialmente desvía el destino u objeto constitucionalmente consignado para las referidas aportaciones, que debe ser única y exclusivamente la materia habitacional.
Así lo confirma la jurisprudencia 2a./J. 32/2006 de la citada Segunda Sala, publicada en la página 252, Tomo XXIII, marzo de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "INFONAVIT. EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.". En consecuencia, no es el caso de aplicar las tesis citadas por el recurrente en el pliego de agravios.
En las relatadas condiciones, en la materia del recurso procede confirmar la sentencia recurrida.
Similares consideraciones se emitieron al resolver los amparos en revisión administrativa **********, **********, ********** y **********.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 76, 77, 78, 80, 91 y 192 de Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.-En la materia de la revisión, se confirma la sentencia de treinta de julio de dos mil diez, dictada por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en León, Guanajuato, en el juicio de amparo número **********.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a ********** en contra de los actos reclamados consistentes en la discusión, aprobación, promulgación, orden de publicación, refrendo y publicación del artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, y su aplicación.
Notifíquese; anótese lo conducente en el libro de registro correspondiente; con testimonio de esta ejecutoria vuelvan los autos respectivos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente, el cual se clasifica como relevante en cumplimiento a lo previsto en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 2/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
Así, por unanimidad de votos, sin discusión, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Víctor Manuel Estrada Jungo, Jesús de Ávila Huerta y Ariel Alberto Rojas Caballero, siendo ponente el segundo de los nombrados.
Lo anterior conforme a lo lo previsto en los artículos 8, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el diverso 47 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Nota: Las tesis 2a./J. 82/2011 y 2a./J. 85/2009 citadas en esta ejecutoria aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXXIII, junio de 2011 y XXX, julio de 2009, páginas 295 y 402, respectivamente.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23029-4bd49ed7/infonavit-el-plazo-para-promover-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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