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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN FISCAL. REGLAS PARA EL ESTUDIO DE SU PROCEDENCIA.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 23/2011. · Registro digital (IUS): 23048
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JEFA DEL DEPARTAMENTO CONTENCIOSO, POR AUSENCIA DEL JEFE DE SERVICIOS JURÍDICOS DE LA DELEGACIÓN ESTATAL EN PUEBLA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, , Pág. 1135.

REVISIÓN FISCAL 23/2011. JEFA DEL DEPARTAMENTO CONTENCIOSO, POR AUSENCIA DEL JEFE DE SERVICIOS JURÍDICOS DE LA DELEGACIÓN ESTATAL EN PUEBLA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Para analizar la procedencia del recurso de revisión fiscal se debe atender al contenido de las jurisprudencias 2a./J. 150/2010 y 2a./J. 71/2011, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a las ejecutorias de las que derivaron.

La jurisprudencia 2a./J. 150/2010, es del tenor literal siguiente:

"Registro: 163273

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXXII, diciembre de 2010

"Página: 694

"Jurisprudencia

"Materia(s): administrativa

"REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Conforme al artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dado el carácter excepcional de ese medio de defensa, en los casos en los que dichas sentencias decreten la nulidad del acto administrativo impugnado por falta de fundamentación y motivación, la revisión fiscal resulta improcedente por no colmarse presuntivamente los requisitos de importancia y trascendencia que deben caracterizar a ese tipo de resoluciones, pues la intención del legislador fue autorizar la apertura de una instancia adicional en aras de que el pronunciamiento que hiciese el revisor contuviera una decisión de fondo y siendo evidente que el examen de dichas causas de anulación no conduce a la declaración de un derecho ni a la inexigibilidad de una obligación, ya que no resuelve respecto del contenido material de la pretensión planteada en el juicio contencioso, sino que sólo se limita al análisis de la posible carencia de determinadas formalidades elementales que debe revestir todo acto o procedimiento administrativo para ser legal, como son la fundamentación y la motivación, aspectos cuyo estudio corresponde plenamente al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin necesidad de una revisión posterior, al ser previsible que sólo se redundaría en lo resuelto".

Dicho criterio jurisprudencial derivó de la contradicción de tesis 256/2010, resuelta por la citada Segunda Sala el día veinticinco de agosto de dos mil diez, cuya parte conducente establece:

"... Configurada la contradicción de tesis en los términos apuntados, procede determinar el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia. El artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es del tenor siguiente: ‘Artículo 63. Las resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que dicten en términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 6o. de esta ley, así como las que se dicten conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las sentencias definitivas que emitan, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica o por la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondiente, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede del Pleno, Sección o Sala Regional a que corresponda, mediante escrito que se presente ante la responsable, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación respectiva, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos: I. Sea de cuantía que exceda de tres mil quinientas veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, vigente al momento de la emisión de la resolución o sentencia. En el caso de contribuciones que deban determinarse o cubrirse por periodos inferiores a doce meses, para determinar la cuantía del asunto se considerará el monto que resulte de dividir el importe de la contribución entre el número de meses comprendidos en el periodo que corresponda y multiplicar el cociente por doce. II. Sea de importancia y trascendencia cuando la cuantía sea inferior a la señalada en la fracción primera, o de cuantía indeterminada, debiendo el recurrente razonar esa circunstancia para efectos de la admisión del recurso. III. Sea una resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria o por autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales y siempre que el asunto se refiera a: a) Interpretación de leyes o reglamentos en forma tácita o expresa. b) La determinación del alcance de los elementos esenciales de las contribuciones. c) Competencia de la autoridad que haya dictado u ordenado la resolución impugnada o tramitado el procedimiento del que deriva o al ejercicio de las facultades de comprobación. d) Violaciones procesales durante el juicio que afecten las defensas del recurrente y trasciendan al sentido del fallo. e) Violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias. f) Las que afecten el interés fiscal de la Federación. IV. Sea una resolución dictada en materia de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. V. Sea una resolución dictada en materia de comercio exterior. VI. Sea una resolución en materia de aportaciones de seguridad social, cuando el asunto verse sobre la determinación de sujetos obligados, de conceptos que integren la base de cotización o sobre el grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgos del trabajo o sobre cualquier aspecto relacionado con pensiones que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. VII. Sea una resolución en la cual, se declare el derecho a la indemnización, o se condene al Servicio de Administración Tributaria, en términos del artículo 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. VIII. Se resuelva sobre la condenación en costas o indemnización previstas en el artículo 6o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. IX. Sea una resolución dictada con motivo de las reclamaciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. En los juicios que versen sobre resoluciones de las autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, el recurso podrá ser interpuesto por el Servicio de Administración Tributaria, y por las citadas entidades federativas en los juicios que intervengan como parte. Con el escrito de expresión de agravios, el recurrente deberá exhibir una copia del mismo para el expediente y una para cada una de las partes que hubiesen intervenido en el juicio contencioso administrativo, a las que se les deberá emplazar para que, dentro del término de quince días, comparezcan ante el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión a defender sus derechos. En todos los casos a que se refiere este artículo, la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses puede adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente, dentro del plazo de quince días contados a partir de la fecha en la que se le notifique la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes; en este caso la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste. Este recurso de revisión deberá tramitarse en los términos previstos en la Ley de Amparo en cuanto a la regulación del recurso de revisión.’. Pues bien, del precepto anterior se deduce que el legislador estableció los requisitos para la procedencia del recurso de revisión fiscal, los cuales se pueden resumir en los siguientes grandes apartados: I. Por razón de la cuantía (fracción I); II. Por razón de la importancia y trascendencia del asunto, con independencia de la cuantía (fracción II); III. Por la autoridad demandada (fracción III); y, IV. Por razón de la naturaleza u origen de la resolución que haya sido materia de examen en la resolución o sentencia definitiva impugnada (fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII y IX). De lo hasta aquí expuesto, se puede advertir que la intención del legislador fue dotar a dicho medio de defensa de un carácter excepcional en cuanto a su procedencia, reservándola únicamente a ciertos casos que por su cuantía o por la importancia y trascendencia que revistan los asuntos que se pretenden revisar a través de su interposición, ameriten la instauración de una instancia adicional. Ahora bien, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 167/2007-SS, suscitada entre el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, emitió la jurisprudencia 2a./J. 220/2007, de rubro y texto siguientes: ‘REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA LAS SENTENCIAS DE LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE DECLAREN LA NULIDAD POR VICIOS FORMALES DE LA RESOLUCIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVA AL GRADO DE RIESGO DE LAS EMPRESAS. De la reforma al recurso de revisión fiscal, se advierte una constante intención del legislador de dotar a dicho medio de defensa de un carácter excepcional en cuanto a su procedencia, reservándola únicamente a ciertos casos que por su cuantía, o por la importancia y trascendencia que revistan los asuntos que se pretenden revisar a través de su interposición, ameriten la instauración de una instancia adicional. En tal virtud, aun cuando la fracción V, del artículo 248, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco (actualmente fracción VI del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo), dispone que el recurso será procedente cuando la sentencia recurrida verse sobre una resolución en materia de aportaciones de seguridad social, sobre la determinación de sujetos obligados, de conceptos que integren la base de cotización o sobre el grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgos del trabajo, y si bien es cierto no distingue en cuanto a si la resolución recurrida debe consistir en un pronunciamiento de fondo del asunto o si basta con que la resolución se hubiera declarado nula por vicios formales, lo cierto es que en este último supuesto no se puede considerar satisfecha la presunción de importancia y trascendencia que justifique la procedencia de dicho medio de impugnación, puesto que implicaría que el análisis efectuado por el Tribunal Colegiado, se hiciera consistir en una cuestión ajena a la materia que consideró el legislador como importante y trascendente, lo que sería contrario a la naturaleza excepcional del mencionado recurso (Registro: 170596. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXVI, diciembre de 2007. Materia(s): Administrativa. Página: 217).’. En congruencia con el anterior criterio, se concluye que si la instauración del recurso de revisión fue creada con la intención de que tal instancia fuera procedente sólo en casos excepcionales, éste será improcedente en los supuestos en que la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, detectó la carencia de fundamentación y motivación del acto impugnado. Lo anterior obedece a que la Sala resolutora, en ese tipo de sentencias, no emite pronunciamiento alguno que implique la declaración de un derecho ni la inexigibilidad de una obligación, ya que no resuelven respecto del contenido material de la pretensión planteada en el juicio contencioso, sino que solamente se limitan al análisis de la posible carencia de determinadas formalidades elementales que debe revestir todo acto o procedimiento administrativo para ser legal, como son la fundamentación y la motivación. Por tanto, el estudio de tales aspectos debe confiarse plenamente al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin necesidad de una revisión posterior, al ser previsible que sólo se redundaría en lo ya resuelto. De esa manera, se reserva a los tribunales federales el conocimiento de aquellos asuntos en que por su importancia y trascendencia, lo resuelto en éstos tenga un impacto en las materias que el legislador consideró importantes, de acuerdo con el catálogo a que se contrae el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Así las cosas, si bien es cierto que el referido artículo, en relación con la procedencia del recurso de revisión, no distingue en cuanto a que si la resolución recurrida debe consistir en un pronunciamiento de fondo del asunto, o si basta con que la resolución se hubiere declarado nula por carecer de fundamentación y motivación, también lo es que en este último supuesto no se puede considerar satisfecha la presunción de importancia y trascendencia que justifique la procedencia de dicho medio de impugnación."

De la tesis y ejecutoria transcritas, se deducen los siguientes puntos medulares:

1. Que la intención del legislador al establecer la procedencia del recurso de revisión, fue autorizar la apertura de una instancia adicional en aras de que el pronunciamiento del tribunal revisor contuviera una decisión de fondo, en cuanto al contenido material de la pretensión planteada en el juicio contencioso administrativo, dado el carácter excepcional de ese medio de defensa.

2. Que para ser congruente con la jurisprudencia 2a./J. 220/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA LAS SENTENCIAS DE LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE DECLAREN LA NULIDAD POR VICIOS FORMALES DE LA RESOLUCIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVA AL GRADO DE RIESGO DE LAS EMPRESAS.", cuando en las sentencias fiscales se decrete la nulidad del acto administrativo impugnado por falta de fundamentación y motivación, es decir, por un vicio formal, el recurso de revisión será improcedente.

3. Que ello es así, puesto que, en esos casos, la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no hace un pronunciamiento de fondo del asunto, sino que únicamente analiza la posible carencia de formalidades elementales que todo acto de autoridad debe contener, como es la fundamentación y motivación y, por ello, el estudio de esos aspectos debe confiarse plenamente a la Sala Fiscal, sin que sea necesario una revisión posterior, al ser previsible que sólo redundaría en lo ya resuelto.

4. Que sólo de esa manera se lograría que los tribunales federales (Tribunales Colegiados) conozcan de aquellos asuntos que, por su importancia y trascendencia, tengan impacto en las materias que el legislador consideró importantes, de acuerdo con el catálogo a que se contrae el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

5. Que el citado numeral 63, en relación con la procedencia del recurso, no hace distinción alguna en cuanto a si la resolución recurrida debe consistir en un pronunciamiento de fondo del asunto o si basta con que la resolución se hubiere declarado nula por carecer de fundamentación y motivación, pero en este último supuesto no se puede considerar satisfecha la presunción de importancia y trascendencia que justifique su procedencia.

Lo anterior pone de manifiesto que sólo las sentencias fiscales que anulan el acto administrativo impugnado en el juicio de nulidad por un vicio de fondo, son susceptibles de ser impugnadas a través del recurso de revisión, pues sólo una decisión de esa naturaleza implicaría que el análisis efectuado por el tribunal revisor se hiciera consistir en una cuestión propia a las materias que consideró el legislador como importantes y trascendentes, siendo esto acorde a la naturaleza excepcional del mencionado recurso.

En contraposición, las sentencias que decreten la nulidad del acto administrativo por falta de fundamentación y motivación del acto impugnado, no pueden ser recurribles a través de ese medio de defensa, pues en este último supuesto no se puede considerar satisfecha la presunción de importancia y trascendencia que justifique la procedencia del recurso, ya que el análisis que abordaría el Tribunal Colegiado versaría sobre una cuestión ajena a las materias fijadas por el legislador como excepcionales.

Así, como lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el examen de las formalidades elementales que debe revestir todo acto o procedimiento administrativo para ser legal, corresponde plenamente al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin necesidad de una revisión posterior, al ser previsible que sólo se redundaría en lo ya resuelto.

En este orden de ideas, el análisis de los supuestos de procedencia del recurso de revisión, previstos en cada una de las fracciones del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, debe hacerse de manera oficiosa (salvo cuando se esté en el supuesto de la fracción II, en el que corresponderá a la autoridad recurrente razonar la importancia y trascendencia del asunto), pero sólo si en la sentencia recurrida se llegó a una decisión de fondo en cuanto al contenido material de la pretensión planteada en el juicio contencioso administrativo; constatación que, consecuentemente, será innecesaria cuando la nulidad se haya decretado por un vicio formal, pues en tal supuesto el recurso siempre será improcedente.

Pues sólo de esa manera se protegería la intención del legislador de que los Tribunales Colegiados conozcan y emitan pronunciamientos que contengan decisiones de fondo, en asuntos cuyas materias se encuentran catalogadas en cada una de las fracciones del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las cuales, como se precisó, llevan implícito el carácter excepcional del citado medio de defensa.

Por otra parte, la jurisprudencia 2a./J. 71/2011, que se encuentra pendiente de publicación, es del texto y rubro siguientes:

"REVISIÓN FISCAL. EL ESTUDIO OFICIOSO DE SU PROCEDENCIA DEBE HACERSE AUNQUE LA AUTORIDAD RECURRENTE NO EXPRESE ARGUMENTOS PARA UBICAR EL RECURSO EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SALVO QUE SE TRATE DEL DE SU FRACCIÓN II. Conforme a las jurisprudencias 2a./J. 45/2001 y 2a./J. 193/2007 de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la procedencia del recurso de revisión fiscal debe examinarla el Tribunal Colegiado de Circuito de oficio, independientemente de que si la autoridad inconforme precisó o no el supuesto legal que consideró aplicable, e inclusive cuando haya señalado un ordenamiento diverso para apoyar la procedencia de dicho medio de defensa, caso en el cual ese órgano jurisdiccional debe superar tal inexactitud. En este tenor, en un avance progresivo sobre lo sostenido en dichos criterios, el indicado estudio oficioso debe hacerse aunque no se expresen argumentos para ubicar el recurso en alguno de los supuestos del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, salvo que se trate del de su fracción II, caso en el cual el legislador obligó a la recurrente a razonar la importancia y trascendencia del asunto para efectos de la admisión del recurso, en el entendido de que cuando el órgano jurisdiccional federal estime que el asunto procede por ubicarse en alguno de los otros postulados establecidos en el numeral referido, debe fundamentar la procedencia y realizar el análisis relativo; sin embargo, cuando advierta que el asunto no se ubica en alguno de los supuestos de procedencia del indicado precepto legal, no necesariamente debe exponer las razones por las cuales el asunto no se sitúa en cada uno de los establecidos por el legislador, pues la falta de pronunciamiento expreso es indicativa de que no se actualizó alguna de las premisas de procedencia del dispositivo legal.

"Contradicción de tesis 19/2011. Entre las sustentadas por el Sexto y el Noveno Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa de Primer Circuito. 30 de marzo de 2011. Mayoría de tres votos. Disidentes: Luis María Aguilar Morales y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Óscar Palomo Carrasco.

"Licenciado Mario Eduardo Plata Álvarez, secretario de Acuerdos de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, certifica: Que en términos de lo dispuesto por el punto octavo del Acuerdo General 1/2007 de trece de junio de dos mil siete, emitido por la Segunda Sala, modificado el uno de septiembre de dos mil diez; y 78, fracción XXVIII, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el rubro y texto de la anterior jurisprudencia fueron aprobados en sesión privada del seis de abril de dos mil once. México, Distrito Federal, a seis de abril de dos mil once. Doy fe."

La ejecutoria de la que derivó, emitida al resolver la contradicción de tesis 19/2011, entre el Noveno Tribunal Colegiado y el Sexto Tribunal Colegiado, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la parte que interesa es del tenor siguiente:

"CUARTO. Existencia de la contradicción.

"...

"Como se advierte, los tribunales contendientes adoptaron criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, que constituye la materia de la presente contradicción, consistente en determinar si los Tribunales Colegiados de Circuitos deben realizar el examen oficioso respecto de la procedencia del recurso de revisión fiscal previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, con independencia de que la autoridad recurrente exprese argumentos para justificar la procedencia de ese medio de defensa en alguno de los supuestos previstos en dicho numeral.

"QUINTO. Estudio de fondo. Debe prevalecer el criterio sostenido por esta Segunda Sala al tenor de las consideraciones que enseguida se anotan.

"En sesión de siete de septiembre de dos mil uno, esta Sala, por mayoría de tres votos, resolvió la contradicción de tesis 22/2001-SS,(1) en la que estableció que, con independencia de que la autoridad recurrente precise o no la hipótesis legal que considere se actualiza para justificar la procedencia del recurso de revisión fiscal, el Tribunal Colegiado de Circuito debe analizar de oficio si ese medio de defensa es procedente, salvo cuando se estime que el asunto es importante y trascendente, porque en este supuesto la autoridad debe razonar estas circunstancias para efectos de la admisión del recurso.

"En dicha contradicción de tesis se estableció, en esencia, lo siguiente:

"...

"De la anterior reproducción, destacan las notas esenciales siguientes:

"I. Que el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación (vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco) prevé la posibilidad de que la autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo, a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, impugne las resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas, a través del recurso de revisión fiscal, señalando la forma para su interposición, el plazo y los casos en los que procede.

"II. Que el artículo 104, fracción I-B, constitucional dispone que en el trámite del recurso de revisión fiscal deberán cumplirse las normas que regulan el recurso de revisión en el amparo indirecto, lo que no significa que la Ley de Amparo deberá aplicarse en forma supletoria, sino que será la legislación aplicable en cuanto al trámite del recurso de revisión fiscal.

"III. Que respecto de los preceptos de la Ley de Amparo que regulan el recurso de revisión en el amparo indirecto, especialmente de los artículos 90, primer párrafo y 73, último párrafo, así como de las tesis y jurisprudencias de este Alto Tribunal, se infiere que las cuestiones de procedencia son de orden público, por lo que su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no; en consecuencia, el órgano colegiado del conocimiento está obligado a calificar la procedencia del recurso de revisión interpuesto, para efectos de su admisión o desechamiento.

"IV. Que si la Ley de Amparo debe regir en todo lo que no sea incompatible con la naturaleza de dicha revisión fiscal, el estudio oficioso de la procedencia del recurso no lo es, pues el artículo 248 del Código Tributario Federal no condiciona el análisis de la procedencia del recurso, al hecho de que la autoridad recurrente señale específicamente la hipótesis que considere aplicable (con excepción de la hipótesis prevista en su fracción II, relativa a que debe razonar la importancia y trascendencia del asunto).

"V. Que el hecho de que la revisión fiscal constituya un medio extraordinario de defensa implica que el recurso únicamente puede ser interpuesto por la autoridad demandada en el juicio contencioso-administrativo; por escrito presentado ante la Sala Regional, a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica; dentro de los quince días siguientes al día en que surta sus efectos su notificación; y que sólo es procedente en los casos específicos que señala el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, aunado al carácter definitivo e inatacable de la resolución que en ese recurso se dicte.

"Con base en estos argumentos, se advierte que esta Sala tomó en consideración que, si de conformidad con el artículo 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las revisiones fiscales de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito se sujetarán a los trámites que la Ley de Amparo establezca para las revisiones en amparo indirecto; que en dicha Ley de Amparo se establece que deben analizarse de oficio las cuestiones de procedencia; y que el examen oficioso del recurso de revisión en amparo indirecto no es incompatible con la revisión fiscal porque el legislador no condicionó el análisis de procedencia de este último recurso al hecho de que la autoridad recurrente señale específicamente la hipótesis que considere aplicable, luego, se concluyó que la procedencia de este medio de defensa fiscal debe ser estudiada de oficio de acuerdo con los supuestos de procedencia previstos en el otrora artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, salvo que se trate de su fracción II, en la cual el legislador sí obligó a la autoridad recurrente a razonar la importancia y trascendencia del asunto.

"Al respecto, se subrayó que lo anteriormente considerado no implicaba soslayar que la revisión fiscal es un medio extraordinario de defensa, pues dicha excepcionalidad se refiere a que dicho recurso sólo puede ser interpuesto por escrito y dentro del plazo legal especificado en la ley, por la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de la autoridad demandada en el juicio de nulidad, siendo sólo procedente en los casos específicos establecidos por el legislador, sin posibilidad de impugnar las resoluciones que en estos recursos fiscales dicten los Tribunales Colegiados de Circuito; sin embargo, en su trámite, conforme lo ordenado por el artículo 104, fracción I-B de la Constitución Federal, debe aplicarse la Ley de Amparo que rige al recurso de revisión en amparo indirecto, ordenamiento que establece que la procedencia del medio de defensa se analiza de oficio.

"La jurisprudencia que derivó de la contradicción de tesis, cuyas consideraciones fueron transcritas, es la siguiente:

"‘REVISIÓN FISCAL. SU PROCEDENCIA DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA AUTORIDAD INCONFORME PRECISE O NO LA O LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 248 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE CONSIDERE QUE SE ACTUALIZAN EN EL CASO. Si se toma en consideración, por un lado, que conforme a lo dispuesto en el artículo 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las reglas establecidas en la Ley de Amparo para el trámite del recurso de revisión en amparo indirecto son aplicables al de la revisión prevista en el diverso 248 del Código Fiscal de la Federación en todo lo que no sea incompatible con su naturaleza y, por otro, que el examen oficioso de la procedencia de aquel recurso, en términos de lo dispuesto en los artículos 90, primer párrafo, en relación con el 73, in fine, de la citada ley, no lo es, resulta inconcuso que es válido que dicho estudio se haga en la revisión fiscal, pues el mencionado numeral 248 no condiciona el análisis de su procedencia, al hecho de que la autoridad recurrente señale específicamente la hipótesis que considere aplicable; sin embargo, debe destacarse que dicho estudio no puede hacerse de oficio en la hipótesis prevista en la fracción II del precepto citado, pues en este caso el legislador obliga a la autoridad recurrente a razonar la importancia y trascendencia del asunto, para efectos de la admisión del recurso.’ (Registro: 188503. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIV, octubre de 2001. Tesis: 2a./J. 45/2001. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Página: 427).

"Ahora bien, en un avance progresivo sobre lo sostenido en el criterio anterior, esta Segunda Sala, en sesión de tres de octubre de dos mil siete, por mayoría de tres votos, resolvió la diversa contradicción de tesis 185/2007-SS,(2) en la cual sostuvo que el análisis oficioso que el Tribunal Colegiado de Circuito realice sobre la procedencia de la revisión fiscal debe llevarse a cabo aun cuando la autoridad recurrente exprese de forma inexacta el fundamento atinente a la procedencia de dicho medio de defensa.

"En dicha contradicción de tesis se estableció, en esencia, lo siguiente:

"...

"De las consideraciones reproducidas, destaca lo siguiente:

"i. Conforme lo establecido por e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23048-c954cade/revision-fiscal-reglas-para-el-estudio-de-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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