PRESCRIPCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. EL REQUERIMIENTO DE PAGO REALIZADO CON POSTERIORIDAD A QUE SE CONSUMÓ EL PLAZO PARA QUE SE ACTUALICE AQUÉLLA NO LO INTERRUMPE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 261/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, aprobado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, ya que el tema sobre el cual versa la contradicción se refiere a la materia administrativa, cuya especialidad corresponde a esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima.
El artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas.
En el caso, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que emitieron uno de los criterios que se denuncian como opositores.
TERCERO. Con el propósito de establecer si existe o no contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones en que se apoyaron las respectivas resoluciones de los Tribunales Colegiados contendientes.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal RF-269/2011-4742, en sesión de veintiséis de mayo de dos mil once, consideró, en la parte que interesa, lo siguiente (fojas 5 vuelta a 9 vuelta del presente toca):
"QUINTO.
"...
"De los razonamientos expuestos por la recurrente se advierte que no es materia de la litis en este recurso que desde de la fecha en que se decretó la firmeza de la sentencia de veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y nueve, emitida por la Sala del conocimiento en el juicio de nulidad 9821/98, a aquella en que se diligenció el mandamiento de ejecución de tres de octubre de dos mil cinco, transcurrieron los cinco años a que hace referencia el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, pues tal evento es aceptado por la propia autoridad en sus agravios.
"Lo que está a debate es la circunstancia de que, a juicio de la recurrente, es factible que se interrumpa el plazo de prescripción en los casos en que, no obstante que hubieran transcurrido cinco años, la autoridad lleve a cabo con posterioridad una gestión de cobro que no sea impugnada por el contribuyente, pues este hecho implica la pérdida para hacer valer en vía de acción o de excepción la actualización de esta institución.
"...
"El artículo 146 del Código Fiscal de la Federación regula la institución de la prescripción de créditos fiscales a cargo de los contribuyentes de la manera siguiente:
"‘Artículo 146.’ (se transcribe).
"Del numeral transcrito se advierte que el plazo en que se actualiza la institución de la prescripción es de cinco años y se cuenta a partir de que pudo ser legalmente exigido, supuesto que, interpretado conjuntamente con el diverso 2190 del Código Civil Federal, permite afirmar que un crédito fiscal es exigible cuando conforme a derecho no puede rehusarse su pago.
"Por otro lado, de la norma en estudio también se desprende que el plazo de prescripción es susceptible de ser interrumpido, entre otros supuestos, cuando el acreedor gestiona el cobro de la deuda, o bien, en el caso en que el deudor la reconozca expresa o tácitamente.
"...
"Retomando lo que establece el artículo supratranscrito, la declaratoria de prescripción de los créditos fiscales puede hacerse de oficio por la autoridad fiscal, o bien, a petición del contribuyente; además, prevé la posibilidad de que estos últimos puedan solicitar la declaratoria de prescripción en vía acción, como también pueden hacerla valer en algún medio de defensa, vía excepción.
"Aplicando lo anterior al caso se llega a la conclusión de que no le asiste razón a la inconforme, pues al haber transcurrido el plazo de prescripción ello implica, necesariamente, que la facultad que tenía la autoridad de exigir el pago del crédito fiscal se hubiera extinguido por el simple transcurso del tiempo, es decir, la prescripción del crédito fiscal cuyo pago requirió la demandada no está sujeta a que alguna autoridad, sea administrativa o jurisdiccional, decrete que al haberse consumado el plazo de cinco años ha prescrito la citada facultad, sino que basta que dicho plazo haya transcurrido para que esa institución jurídica se actualice.
"Lo anterior se robustece con el propio texto del artículo 146 del Código Fiscal de la Federación al establecer, por un lado, que los créditos fiscales se extinguen ‘... por prescripción en el término de cinco años ...’ y, por el otro, que dicho plazo se interrumpe ‘... con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito ...’, pues esto implica que para la prescripción de un crédito fiscal sólo se requiere que hayan transcurrido cinco años de forma ininterrumpida.
"De esta manera, aun cuando la actora no hubiera impugnado un acto de ejecución una vez que transcurrió el plazo de prescripción, tal hecho no puede tener como efecto interrumpir un lapso que ya se había extinguido, porque considerar lo contrario atentaría contra la lógica y la naturaleza de esa institución jurídica que, como se anticipó, salvaguarda los principios de seguridad y certeza jurídicas, que se ven reflejados en el establecimiento de un plazo que limita el ejercicio de la facultad de cobro.
"Además, de conformidad con el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, el plazo de prescripción sólo podrá interrumpirse con cada gestión de cobro que el acreedor notifique al deudor -en la que pueden considerarse los actos dentro del procedimiento administrativo de ejecución-, así como por el reconocimiento expreso o tácito que éste haga de la deuda.
"El numeral citado en el párrafo que antecede no prevé que los actos de requerimiento de pago posteriores a que se consumó la prescripción, y que no hubieran sido impugnados, tengan como efecto una renuncia tácita al plazo de prescripción consumado y, consecuentemente, reanudar el referido término; de ahí que, adicionalmente, no pueda considerarse que el mandamiento de ejecución de tres de octubre de dos mil cinco haya interrumpido el plazo de prescripción, que ya se había consumado, puesto que esta situación no la prevé el citado código tributario.
"En ese sentido, asumiendo que el silencio del contribuyente ante el mandamiento de ejecución de tres de octubre de dos mil cinco sea considerado un reconocimiento tácito del crédito y, de conformidad con el artículo 146 del código tributario federal, pudiera ser un indicador apto para decidir que el término de prescripción fue interrumpido, no debe pasar inadvertido que, en el caso, el plazo prescriptorio ya se había consumado y, por ende, no puede interrumpirse algo que se ha extinguido.
"Por otro lado, del artículo 146 del Código Fiscal de la Federación no se advierte que los contribuyentes pierdan el derecho para hacer valer la prescripción de un crédito fiscal si no lo alegaron en un plazo determinado; por el contrario, de la lectura al citado numeral se desprende que esta institución jurídica opera ipso iure, es decir, sin necesidad de una declaración particular.
"Dicho en otras palabras, aun cuando ese numeral permite oponer esa institución jurídica como excepción, o bien, hacerla valer en vía de acción, del precepto legal citado en el párrafo que antecede no se desprende que la actualización de la prescripción esté sujeta al ejercicio de cualquiera de esas vías.
"Por el contrario, del artículo 146 del código tributario federal se advierte que el legislador dotó de facultades a la autoridad fiscal para que, de oficio, declare la prescripción de un crédito fiscal cuando advierta que se consumó el plazo de cinco años con que cuenta para hacerlo exigible, lo que hace patente que una vez que se actualizó la prescripción no existe posibilidad alguna que reinicie dicho término.
"Corrobora lo anterior el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados por el que se reformó el último párrafo del artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del veintinueve de junio de dos mil seis que, en la parte que interesa, expresa: (se transcribe).
"La transcripción anterior informa que la reforma que sufrió el último párrafo del artículo 146 del Código Fiscal de la Federación fue en atención al principio de economía procesal, es decir, la intención del legislador con dicha reforma fue evitar instancias procesales o administrativas innecesarias, ya que, al haber transcurrido el plazo de cinco años, lo objetivamente cierto es que se actualiza la institución de la prescripción y la autoridad así puede decretarlo para cumplir con ese propósito.
"Por tanto, si bien es cierto que la actora, cuando se le notificó el mandamiento de ejecución de tres de octubre de dos mil cinco, no hizo valer en vía de excepción la prescripción del crédito fiscal, no menos lo es que tal aspecto no hace renacer o reiniciar un plazo que ya se extinguió por el simple transcurso del tiempo; por el contrario, lo que demuestra tal hecho es que la autoridad demandada pudo declarar oficiosamente la prescripción de dicho crédito fiscal, pero no lo hizo; consecuentemente, es infundado el argumento en análisis."
Por su parte, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, al resolver la revisión fiscal 199/2009, en sesión de seis de mayo de dos mil diez, en la parte que interesa, sostuvo (fojas 116 vuelta a 124 del presente toca):
"SEXTO.
"...
"Sin embargo, resulta fundado el agravio que hace valer la autoridad recurrente, en el que alega que contrariamente a la ilegal forma de resolver de la Sala responsable, no procede declarar la prescripción que pretende, ya que aun cuando se parta de la base de que el crédito fiscal 200 a cargo de ********** se hizo exigible en la fecha que manifiesta la Sala (siete de febrero de mil novecientos noventa y dos), si el contribuyente no hizo valer ante la autoridad administrativa, vía acción, la figura de la prescripción, conforme al último párrafo del artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, ni tampoco interpuso recurso de revocación o juicio de nulidad, oponiendo ahora la excepción de prescripción, es inconcuso que consintió la inactividad de la autoridad y aun cuando transcurrieron más de cinco años, desde la fecha de la exigibilidad, no podía declararse la prescripción del crédito de mérito, porque había consentido ese hecho.
"Al respecto agrega que si bien es cierto que el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación no establece limitaciones expresas al derecho de los particulares para oponer la prescripción como excepción y para solicitar a la autoridad su declaratoria, también es cierto que la oportunidad para formular un argumento en torno a la prescripción se rige por dos momentos precisos. El primero se refiere al tiempo transcurrido desde que se hizo exigible el crédito fiscal que se defiende y la consumación del plazo de cinco años, sin interrupción mediante una gestión de cobro de parte de esa autoridad, pues a partir de este momento el interesado puede válidamente plantear por vía acción la solicitud de declaratoria, de prescripción, o bien, en un segundo momento, puede esperar a que la autoridad ejerza sus facultades de cobro coactivo y en contra de los actos de ejecución interponer el recurso administrativo a fin de formular el agravio de prescripción del crédito fiscal.
"Sobre dicho tópico, añade que si la propia Sala responsable determinó en la sentencia que se recurre, que el requerimiento de pago y embargo de once de noviembre de dos mil cinco se notificó de manera legal a **********, dicho acto interrumpió el plazo de prescripción, toda vez que la referida gestión de cobro no fue impugnada a través del recurso de revocación o juicio contencioso administrativo dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que surtió efectos la notificación, por lo que fue consentido por el actor y, por ende, precluyó su derecho para oponer la excepción de prescripción.
"...
"Son esencialmente fundados los anteriores agravios, toda vez que, tal y como lo señala la recurrente, aun cuando desde el siete de febrero de mil novecientos noventa y dos al once de noviembre de dos mil cinco ya habían transcurrido más de cinco años sin que existiera gestión de cobro por parte de la autoridad hacendaria, es decir, el término que establece el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación para la prescripción de los créditos fiscales, si la parte actora no impugnó dentro del término legal respectivo el mandamiento de ejecución y el requerimiento de pago y embargo de once de noviembre de dos mil cinco, del cual tuvo conocimiento personal el contribuyente, según expuso la Sala responsable, es evidente que este último acto fue consentido por el actor y, por lo tanto, precluyó el derecho que tenía para oponer la excepción de prescripción.
"...
"Dicha institución jurídica está contemplada en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, el cual establece:
"‘Artículo 146.’ (se transcribe).
"Del numeral anterior se desprende que el crédito fiscal prescribe dentro del término de cinco años, a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido. Además, se contempla la interrupción de la misma en cuatro supuestos: a) con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga del conocimiento del deudor; b) por el reconocimiento expreso o tácito respecto a la existencia del crédito por parte del deudor; c) cuando el contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente; y d) cuando hubiera señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal. En cualquiera de estas hipótesis se produce la consecuencia de que se deja sin efecto el tiempo transcurrido, de tal manera que se tiene que volver a empezar el cómputo del término para que pueda operar la prescripción.
"Ahora bien, respecto de los cuatro motivos por los que se puede interrumpir la prescripción, el que aquí interesa para los efectos del sentido en que se resuelve el presente asunto, es el consistente en que dicha interrupción se actualiza con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga del conocimiento del deudor, incluso en el supuesto de que se combata y sea declarada su nulidad para efectos, por contener algún vicio de carácter formal. Ello es así, pues el acto fundamental que da lugar a la interrupción del plazo de la prescripción lo es la notificación, por la cual se hace saber al deudor la existencia del crédito fiscal cuyo pago se le requiere, así como cualquier actuación de la autoridad tendente a hacerlo efectivo, es decir, la circunstancia de que el actor quede enterado de su obligación o del procedimiento de ejecución seguido en su contra, lo que se corrobora con el indicado artículo 146 al establecer como una forma de interrumpir el término de la prescripción, el reconocimiento expreso o tácito del deudor respecto de la existencia del crédito, de donde se sigue que tal interrupción no necesariamente está condicionada a la subsistencia del acto que constituye la gestión de cobro, sino a la circunstancia de que el deudor tenga pleno conocimiento de la existencia del crédito fiscal exigido por la autoridad hacendaria.
"Tiene aplicación al particular, la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 377, Tomo XX, octubre de 2004, Novena Época, de rubro y texto siguientes:
"‘PRESCRIPCIÓN EN MATERIA FISCAL. SU PLAZO SE INTERRUMPE CON CADA GESTIÓN DE COBRO, AUN CUANDO SEA DECLARADA SU NULIDAD POR VICIOS FORMALES.’ (se transcribe).
"De lo hasta aquí expuesto se puede colegir que las gestiones de cobro que se notifiquen o haga saber legalmente al deudor interrumpen el término de la prescripción; sin que se establezca que en caso de que ya hubieran transcurrido el término de los cinco años a que se refiere el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, automáticamente prescriba el crédito fiscal respectivo y no sea posible interrumpir el término de la prescripción; por lo tanto, aun cuando se cumpla el aludido plazo, si no se hace valer la figura de la prescripción y la autoridad hacendaria realiza una gestión de cobro contra la que no se inconforma el contribuyente dentro del plazo legal respectivo, sí es factible interrumpir la prescripción de aquél, dado que el deudor consintió la actuación de la autoridad hacendaria.
"Así las cosas, la oportunidad que tiene el deudor de un crédito fiscal para formular un argumento en torno a la prescripción puede ocurrir en dos momentos: 1) Cuando ya transcurrió el término de cinco años desde que se hizo exigible el aludido crédito, sin que se hubiera interrumpido el término de mérito, mediante una gestión de cobro de parte de la autoridad o cualquiera otra de las hipótesis previstas en el numeral 146 del referido Código Fiscal, pues a partir de este momento el interesado puede válidamente plantear, vía acción, la solicitud de declaratoria de prescripción; o 2) En el caso de que espere a que la autoridad ejerza sus facultades de cobro coactivo y en contra de los actos de ejecución interponga el recurso administrativo a fin de formular el agravio de prescripción del crédito fiscal o, en su caso, juicio contencioso administrativo.
"Entonces, si el actor del juicio de nulidad no hizo valer en ninguno de esos dos momentos la acción o excepción de la prescripción, según el caso, sino que lo hizo con posterioridad, cuando el término respectivo ya había sido interrumpido, es evidente que ya había consentido dicha interrupción y, por ende, ya no era factible que lo hiciera valer como argumento en su recurso de revocación.
"En efecto, de autos se advierte que la Sala consideró que el término de la prescripción había transcurrido del siete de febrero de mil novecientos noventa y dos al once de noviembre de dos mil cinco, ya que durante ese lapso no había existido gestión de cobro por parte de la autoridad hacendaria; sin embargo, también estimó que era legal la notificación del mandamiento de ejecución de uno de noviembre de dos mil cinco y el requerimiento de pago y embargo, practicados el once del citado mes y año, al señalar que dicho mandamiento le fue notificado al actor de manera directa, porque en la diligencia se había identificado con su credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral.
"Por lo tanto, si la responsable determinó en la sentencia que se recurre, que el requerimiento de pago y embargo de mérito se notificó legalmente al actor, dicho acto interrumpió el plazo de la prescripción, toda vez que la referida gestión de cobro no fue impugnada a través del recurso de revocación o juicio contencioso administrativo dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que surtió efectos la notificación, por lo que fue consentido por el actor y por ende, precluyó su derecho para oponer la excepción de prescripción.
"Así es, aun cuando se parta de la base de que de la fecha de exigibilidad de los créditos fiscales adeudados al once de noviembre de dos mil cinco, habían transcurrido más de cinco años, al no oponerse dentro del término legal respectivo la excepción de prescripción, el actor consintió la inactividad de la autoridad y, como consecuencia, el término de prescripción que hubiese transcurrido se interrumpió, para computarse nuevamente desde el principio, máxime que con posterioridad se le notificó el oficio 322-SAT-04-III-B-2179, de seis de marzo de dos mil seis, relacionado con el crédito fiscal de mérito, por el que se le dio a conocer el avalúo del bien embargado.
"Se afirma lo que antecede, pues si bien es cierto que el actor impugnó mediante recurso de revocación el mandamiento de ejecución de uno de noviembre de dos mil cinco y el requerimiento de pago y embargo de once de noviembre del citado año, además de controvertir el aludido oficio 322-SAT-04-III-B-2179, también es verdad que el escrito de interposición del recurso se presentó hasta el veinticuatro de abril de dos mil seis; por lo que desde el siguiente día hábil al en que surtió efectos la notificación del mandamiento de ejecución de mérito (once de noviembre de dos mil cinco) hasta la fecha en que se presentó el recurso, ya había transcurrido en exceso el término de cuarenta y cinco días hábiles que tenía para inconformarse en contra de dicho mandamiento; de ahí que resultara incorrecto que la Sala responsable considerara que ya había prescrito el crédito fiscal del actor.
"En las relacionadas consideraciones, procede revocar la sentencia que se revisa, y observándose que existen en la demanda de nulidad diversos argumentos de ilegalidad, respecto de los cuales no se pronunció la Sala Fiscal, se estima necesario devolverle los autos del juicio natural a fin de que se avoque y proceda a analizar los argumentos omitidos y, en consecuencia, reasumiendo jurisdicción, resuelva como en derecho proceda el asunto sometido a su potestad, toda vez que los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando fungen como revisores en materia fiscal, no están facultados para abordar el estudio de los argumentos no examinados por el órgano de jurisdicción natural, pues en ese supuesto no es aplicable el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo."
CUARTO. En primer lugar, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues ello constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe prevalecer.
Para que exista contradicción de tesis se requiere que los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia hayan:
1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.
Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo para la existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que los rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.
En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010, cuyo rubro es el siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES." (No. registro: 164120. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXII, agosto de 2010, tesis P./J. 72/2010, página 7).
Además, para la procedencia de una denuncia de contradicción de criterios no es necesario que esa diferencia derive indefectiblemente de jurisprudencias o de tesis publicadas, acorde con lo establecido por el Tribunal Pleno en la tesis P. L/94, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 83, noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, página 35 (No. de registro 205420), en los términos siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS. Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así."
Así como en la tesis 2a./J. 94/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página trescientos diecinueve (No. de registro 190917), que establece:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO EN LA FORMA ESTABLECIDA NI PUBLICADO. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos, criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."
Por otra parte, no obsta para analizar si existe en el caso discrepancia de criterios, el que se hayan suscitado en asuntos de naturaleza diversa al amparo directo, como son los recursos de revisión fiscal, pues tal circunstancia no hace improcedente la denuncia de posible contradicción de criterios, acorde a lo establecido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 65/2003, emitida por esta Segunda Sala, del tenor siguiente:
"REVISIÓN FISCAL. LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA RESOLVER LA CONTRADICCIÓN DE TESIS QUE SE SUSCITE EN ASUNTOS DE ESA NATURALEZA. Toda vez que las resoluciones que emiten los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos en materia de revisión fiscal, generan pronunciamientos que se encuentran en íntima conexión con los temas y problemas que, en su caso, se presentan en el juicio de garantías, concretamente en el amparo directo y, además, la principal característica de los criterios que son materia de contradicción de tesis, es la de que son emitidos por un tribunal terminal, y en estos supuestos los Tribunales Colegiados de Circuito actúan como órganos terminales, de conformidad con lo previsto por los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 248, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, es indudable que la Segunda Sala está facultada para resolver la contradicción que se suscita en asuntos de aquella naturaleza." (Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, agosto de 2003, página 330. No. de registro 183405).
QUINTO. Establecido lo anterior, para determinar si se acreditan los extremos citados, conviene establecer los elementos fácticos y jurídicos que los Tribunales Colegiados de Circuito consideraron en sus resoluciones respectivas, destacando sólo los aspectos fundamentales que se dieron en cada caso, y que pueden dar origen a la oposición de algún punto jurídico.
I. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el recurso de revisión fiscal RF-269/2011-4742.
Antecedentes. Juicio de nulidad 7695/08-17-01-5.
a) Por escrito recibido el veinticuatro de marzo de dos mil ocho en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el representante de **********, demandó la nulidad de la resolución negativa ficta recaída al escrito presentado el siete de noviembre de dos mil siete ante la Administración Local de Recaudación del Centro del Distrito Federal del Servicio de Administración Tributaria, por virtud del cual solicitó la declaratoria de prescripción del crédito fiscal Z-194236, contenido en el oficio 322-SAT-09-II-II-C-(LPG)-31617, de veintitrés de octubre del citado año, emitido por la referida unidad administrativa.
b) Dicha demanda quedó radicada en la Primera Sala Regional Metropolitana del referido tribunal bajo el expediente 7695/08-17-01-5 y, previo los trámites de ley, dictó sentencia el treinta y uno de junio de dos mil diez, en la que declaró la nulidad de la resolución negativa ficta impugnada, por considerar que el crédito fiscal requerido a través del mandamiento de ejecución de tres de octubre de dos mil cinco, diligenciado el dieciocho siguiente, se encontraba prescrito, en tanto que su exigibilidad ocurrió desde el tres de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.
c) Inconforme con dicha sentencia, la autoridad demandada, a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, interpuso recurso de revisión, del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el expediente RF-269/2011-4742, don
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23115-72d2143b/prescripcion-de-creditos-fiscales-el-requerimiento-de-pago · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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