SUCESIÓN LEGÍTIMA EN MATERIA AGRARIA. EL DERECHO PREFERENTE EN FAVOR DEL CÓNYUGE SUPÉRSTITE, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 18, FRACCIÓN I, DE LA LEY AGRARIA, NO ESTÁ CONDICIONADO A LA DEMOSTRACIÓN DE SU VIDA EN COMÚN CON EL TITULAR DE LOS DERECHOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 231/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de posible contradicción de tesis de conformidad con lo previsto en los artículos 94, octavo párrafo y 107, fracción XIII, párrafo primero, constitucionales, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero (en sentido contrario) y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de junio del año dos mil uno y publicado el veintinueve siguiente, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia administrativa en la que se encuentra especializada esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, quienes están legitimados, para denunciar la posible contradicción de tesis, del cual derivó uno de los criterios cuya posible contradicción se denuncia.
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el amparo directo 255/2006, relacionado con el amparo directo agrario 254/2006, promovido por Etelvina Valenzo Blanco, Jesús Leibnitz Calvo Valenzo y Arquímedes Calvo Valenzo, en la parte que interesa, sostuvo lo siguiente:
"SEXTO. Son infundados los conceptos de violación planteados por la parte quejosa. Como cuestión previa conviene tener presente que el fallo reclamado deriva de un juicio de naturaleza agraria en el que la parte actora Delia Araceli Gil García, reclamó de los demandados la nulidad de diversos contratos de compraventa de parcelas ejidales y una de uso común ubicadas en el Ejido de Buenavista y Anexas, Municipio de Chilpancingo, Guerrero, porque adujo que no se llevaron a cabo con las formalidades y requisitos legales previstos para ello en la Ley Agraria, dado que no fue notificada como esposa; el reconocimiento como sucesora de los derechos agrarios de su extinto esposo Martín Calvo Valenzo, en términos de lo previsto por la fracción I del artículo 18 de la Ley Agraria; y la adjudicación y posesión que se ordene y remita a la Delegación del Registro Agrario Nacional, para la asignación a su favor de las parcelas mencionadas y, como consecuencia de ello, la expedición a su favor de los certificados parcelarios correspondientes, prestaciones que fueron declaradas procedentes por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario responsable en detrimento de los intereses de los ahora quejosos, en términos de los razonamientos que pueden consultarse de la transcripción que se efectuó del fallo reclamado en el cuarto considerando de la presente ejecutoria. Establecido lo anterior, expresan medularmente los quejosos en una parte de su primer y segundo motivos de disentimiento, que la resolución reclamada transgrede en su perjuicio lo previsto por el artículo 189 de la Ley Agraria por las siguientes consideraciones legales: a) Porque el Magistrado responsable, al analizar la copia certificada del expediente número 569/93, indebidamente ponderó que sólo demuestra el trámite previo que efectuó la actora con el objeto de que le fueran transmitidos los derechos ejidales que pertenecieron a su extinto esposo Martín Calvo Valenzo, procedimiento que culminó con la intervención de Etelvina Valenzo Blanco, quien informó que cedió los derechos de la citada persona a terceros, aportando los actos jurídicos que sustentaron su actuación; inadvirtiendo de ellas que la parte actora, antes de presentar su demanda de nulidad de los contratos de compraventa, ya tenía conocimiento de que no se trataba de contratos de compraventa sino de cesiones de derechos, tan es así que en ese juicio se exhibieron las constancias relativas a ellas, de las cuales pudo obtener copia certificada para enderezar su demanda, pero que al no haberlo hecho de ese modo, se acredita que efectuó un mal planteamiento en su demanda y como el tribunal responsable no está facultado para subsanar su deficiencia, mejorando su pretensión en relación con la nulidad de los contratos, no es válido que declare la nulidad de las cesiones de los derechos parcelarios de que se trata, cuando en la especie la actora sólo demandó la nulidad de los contratos de compraventa de las parcelas, y no de aquellas cesiones de derechos; y, b) Porque el Magistrado responsable efectuó una incorrecta valoración de la documental consistente en la constancia de veintisiete de junio de dos mil tres, expedida por la delegada regional del Registro Agrario Nacional, de la que dedujo que Martín Calvo Valenzo es ejidatario de Buenavista y Anexos, Municipio de Chilpancingo, Guerrero, con sus derechos agrarios vigentes al amparo de los certificados parcelarios números 70917, 70922, 70924, 70933, 70936, 70939, 70942, 112120, 112154 y la de uso común 20038, porque pese a que en el escrito inicial de demanda la parte actora no solicitó la nulidad de las ventas de las parcelas amparadas con los certificados parcelarios 70939 y 112120 ni tampoco que se le adjudicaran las correspondientes a los diversos 70939, 70924 y 112154, incongruentemente declaró la nulidad de la venta de los primeros y, posteriormente, todas ellas se las adjudicó a la actora; aspecto que implica que fue más allá de la pretensión planteada en su demanda, al declarar la nulidad de derechos parcelarios y adjudicarle parcelas que no reclamó; razonamiento que sustentó en la tesis del rubro: ‘SENTENCIA INCONGRUENTE, ES AQUELLA QUE INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA LITIS PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS EXPRESADOS.’. Previo al análisis de los resumidos planteamientos de la parte actora, en principio, conviene tener presente el contenido textual de los artículos 185 y 189 de la Ley Agraria, que por su orden, es el siguiente: ‘Artículo 185. El tribunal abrirá la audiencia y en ella se observarán las siguientes prevenciones: I. Expondrán oralmente sus pretensiones por su orden, el actor su demanda y el demandado su contestación y ofrecerán las pruebas que estimen conducentes a su defensa y presentarán a los testigos y peritos que pretendan sean oídos; II. Las partes se pueden hacer mutuamente las preguntas que quieran, interrogar los testigos y peritos y, en general, presentar todas las pruebas que se puedan rendir desde luego; III. Todas las acciones y excepciones o defensas se harán valer en el acto mismo de la audiencia, sin sustanciar artículos o incidentes de previo y especial pronunciamiento. Si de lo que expongan las partes resultare demostrada la procedencia de una excepción dilatoria, el tribunal lo declarará así desde luego y dará por terminada la audiencia; IV. El Magistrado podrá hacer libremente las preguntas que juzgue oportunas a cuantas personas estuvieren en la audiencia, carear a las personas entre sí o con los testigos y a éstos, los unos con los otros, examinar documentos, objetos o lugares y hacerlos reconocer por peritos; V. Si el demandado no compareciere o se rehusara a contestar las preguntas que se le hagan, el tribunal podrá tener por ciertas las afirmaciones de la otra parte, salvo cuando se demuestre que no compareció por caso fortuito o fuerza mayor a juicio del propio tribunal; y, VI. En cualquier estado de la audiencia y en todo caso antes de pronunciar el fallo, el tribunal exhortará a las partes a una composición amigable. Si se lograra la aveniencia, se dará por terminado el juicio y se suscribirá el convenio respectivo, el que una vez calificado y, en su caso, aprobado por el tribunal, tendrá el carácter de sentencia. En caso contrario, el tribunal oirá los alegatos de las partes, para lo cual concederá el tiempo necesario a cada una y enseguida pronunciará su fallo en presencia de ellas de una manera clara y sencilla. En caso de que la audiencia no estuviere presidida por el Magistrado, lo actuado en ella no producirá efecto jurídico alguno.’ y ‘Artículo 189. Las sentencias de los tribunales agrarios se dictarán a verdad sabida sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de pruebas, sino apreciando los hechos y los documentos según los tribunales lo estimaren debido en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones.’. La lectura de los transcritos dispositivos evidencía que si bien los Tribunales Agrarios, en el dictado de sus sentencias, cuentan con libre arbitrio para valorar las pruebas ofrecidas por las partes, el ejercicio de ese derecho no es absoluto, porque también hacen referencia al principio de congruencia que debe regir en toda sentencia; esto es, que deben ser claras, precisas y congruentes tanto con la demanda su contestación y con las demás pretensiones deducidas oportunamente por las partes, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos que hayan sido objeto del debate, de tal suerte que cuando éstos hubiesen sido varios debe hacerse el pronunciamiento correspondiente por todos y cada uno de ellos. Al respecto, resultan ilustrativas las tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de anterior integración, visibles en las páginas 49 y 136 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 78, Cuarta Parte y XXVIII, Cuarta Parte, Sexta y Séptima Épocas, respectivamente, de los siguientes rubros y textos: ‘SENTENCIA, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LAS.’ (se transcribe) y ‘CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA, PRINCIPIO DE.’ (se transcribe). Ante tales circunstancias, es evidente que los Tribunales Agrarios deben pronunciarse sobre la pretensión que hayan hecho valer las partes en su correspondiente demanda y contestación a ésta, decidiendo todos aquellos puntos litigiosos que formen parte del debate, con base en el análisis de los medios de prueba que para soportarlos hayan ofrecido en el juicio; de manera tal que si no lo hacen de ese modo, o resuelven aspectos ajenos a los puntos litigiosos, objetivamente la sentencia en esos términos pronunciada transgrede el principio de congruencia establecido en los artículos 185 y 189 de la Ley Agraria. Resulta pertinente citar al respecto, las tesis de jurisprudencia y aislada, números VI.2o. J./139, VII.1o.A.T.35 A y VI.2o.A.46 A, sustentadas por los Tribunales Colegiados, Segundo del Sexto Circuito, Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito y Segundo del Sexto Circuito, que este similar comparte, visibles en las páginas 315, 1815 y 1046 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, julio de 1998, XIII, marzo de 2001 y XVII, junio de 2003, respectivamente, todas Novena Época, de los siguientes rubros y textos: ‘SENTENCIA INCONGRUENTE.’ (se transcribe). ‘SENTENCIA AGRARIA, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA QUE DEBE GUARDAR LA.’ (se transcribe) y ‘PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO AGRARIO. LA OMISIÓN DE SU ESTUDIO Y VALORACIÓN POR LOS TRIBUNALES AGRARIOS IMPORTA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA Y, POR ENDE, A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe). Establecido lo anterior, para estar en condiciones de abordar el análisis de los planteamientos de la parte quejosa, conviene considerar los siguientes antecedentes que, por su importancia, derivan de las constancias del juicio agrario de origen, que a su informe justificado adjuntó el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario responsable, las cuales adquieren valor probatorio pleno, en términos de lo ordenado por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria: I. El veinte de febrero de dos mil, Delia Araceli Gil García, ante el Tribunal Unitario Agrario número doce, demandó de Jesús Leibnitz Calvo, Arquímedes Calvo Valenzo y Etelvina Valenzo Blanco, la nulidad de los contratos de venta de las parcelas marcadas con los números de folio 70917, 70922, 70933, 70936, 70956, 70942, 112170, 112150 y el de uso común 20038; el reconocimiento como legítima sucesora de los bienes y derechos agrarios que en vida pertenecieron a su extinto esposo Martín Calvo Valenzo, y su adjudicación y posesión de dichos bienes, pretensiones que basó en los siguientes hechos: ‘... 1. Mi extinto esposo Martín Calvo Valenzo, fue titular de los derechos agrarios en posesión de las parcelas que han quedado señalados en el capítulo de prestaciones, tomando en cuenta el programa Procede que consiste en la certificación de derechos ejidales del suscrito en el año de mil novecientos noventa y seis donde se asignaron las parcelas hoy motivo de controversias. 2. Es de mencionarse que estábamos viviendo en matrimonio amparados ambos con un acta de matrimonio que expide la Oficina del Registro Civil de la población de Ocotito para cualquier trámite legal y sobre todo para obtener la posesión de los bienes que hoy reclaman los codemandados desde el veintiuno de abril del año dos mil tres hasta la fecha. 3. Desde el año de mil novecientos noventa y cinco yo Delia Araceli contraje un vínculo matrimonial con el fallecido Martín Calvo Valenzo y con mucho esfuerzo trabajamos las parcelas que son bienes de labor las cuales están cultivadas de diferentes productos agrícolas, pero el suscrito poseedor de los derechos agrarios sufrió un accidente automovilístico dejándolo incapacitado y en un estado totalmente vegetativo, al sufrir esto mi esposo le fueron arrebatadas todas y cada una de las parcelas del suscrito ejidatario reconocido. 4. Con fecha veintiuno de abril de dos mil tres, murió mi cónyuge y al mes siguiente que es el de siembra para cultivar y en ese lazo (sic) de tiempo intenté hablar con los que hoy están emplazados a juicio de los cuales obtuve una respuesta negativa por lo que me ví en la penosa necesidad de venir a la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a que me brindaran asesoría jurídica, con respecto al problema que tengo hoy en día, es por eso que hago la petición a este Tribunal Unitario Agrario número XII, para que me reconozcan los derechos que tengo a mi favor sobre las parcelas que por ley me pertenecen a mi y a mis dos hijos.’. II. En proveído de veintiséis de febrero de dos mil cuatro, se admitió a trámite la demanda y se ordenó emplazar a juicio a los demandados, hecho lo cual, se celebró la audiencia de ley; en la etapa conciliatoria, las partes no llegaron a ningún arreglo, ratificando la actora su correspondiente escrito inicial de demanda, posteriormente los demandados dieron respuesta a ella, oponiendo las excepciones y defensas que consideraron pertinentes y en relación con los hechos, textualmente los debatieron de la siguiente forma: ‘... 1. El correlativo que se contesta parcialmente es cierto, sólo en lo que se refiere a que mi hijo y nuestro hermano Martín Calvo Valenzo, fue titular de los derechos posesorios de las parcelas que amparan los certificados parcelarios que reclama la accionante Delia Araceli Gil García, en el inciso A) del capítulo de prestaciones, pero sólo de los certificados parcelarios números 70917, 70933, 70936 y 70942, no así de los demás certificados parcelarios marcados con los números 70922, 70956, 112170 y 112150, porque lo ignoramos y le corresponde a la actora acreditarlo, a excepción del certificado que ampara la parcela de uso común, la cual como ya lo dijimos, sabemos que pertenece a la accionante, porque en vida mi hijo y nuestro hermano Martín Calvo Valenzo, le cedió los derechos a la que fue su esposa. 2. Es cierto que la reclamante Delia Araceli Gil García, vivió con mi hijo y nuestro hermano, pero sólo fue hasta seis meses después de que mi hijo se accidentó, es decir, vivió con él hasta el mes de diciembre de mil novecientos noventa y siete, en que Martín Calvo Valenzo, sufrió el accidente que le dejó incapacitado y que finalmente le causó la muerte, pero durante esta estancia mi hijo Ignacio Calvo Valenzo, lo bañaba y lo atendía, sin que la actora le cambiara tan siquiera el pañal y esto fue así porque, la actora simplemente no se quiso hacer cargo de su padecimiento, porque incluso a mi hijo se le proporcionaban atenciones como un menor, porque no tenía control de esfínteres, es decir, no se valía por sí mismo y durante todo el tiempo después del accidente de mi hijo, la suscrita Etelvina Valenzo Blanco, me hice cargo de mi difunto hijo, apoyada siempre por mi hijo Ignacio Calvo Valenzo y el propio codemandado Jesús Leibnitz. Por otra parte, los suscritos Jesús Leibnitz y Arquímedes de apellidos Calvo Valenzo, no reclamamos los bienes, como lo afirma la demandante, desde el veintiuno de abril, del año dos mil tres, y no los reclamamos por la sencilla razón de que somos los actuales poseedores de las parcelas amparadas por los certificados parcelarios siguientes: el suscrito Jesús Leibnitz soy poseedor propietario de las parcelas que reclama la accionante amparadas bajo los certificados parcelarios números 70933 y 70936 mismas que adquirí por cesión de derechos otorgada por el tutor definitivo Martín Calvo Valenzo, de nombre Ignacio Calvo Leyva, cesión que se llevó a cabo desde el día veinte de enero del año dos mil uno, ante la presencia de los representantes del comisariado ejidal y del Consejo de Vigilancia del Ejido de Buena Vista, Ocotito, Mohonera y anexos, como lo acredito con la constancia de cesión de derechos correspondientes. Por lo que respecta al suscrito codemandado Arquímedes Calvo Valenzo, soy el actual poseedor y propietario de la parcela que reclama la actora Delia Araceli Gil García, bajo el número de certificado parcelario 70942 tal como lo acredito con la constancia de cesión de derechos, que expidió a mi favor la codemandada Etelvina Valenzo Blanco, ante la presencia de los representantes del Ejido Buena Vista Ocotito, Mohoneras y anexos del Municipio de Chilpancingo, con fecha cinco de marzo del año dos mil tres, lo que acredito con la constancia de cesión de derechos a que hago referencia. La cesión de derechos de las parcelas mencionadas, la obtuvimos porque los suscritos Jesús Leibnitz y Arquímedes de apellidos Calvo Valenzo, contribuimos en gran medida a los gastos que se ocasionaron en la recuperación de la salud de nuestro hermano, en distintos hospitales de la Ciudad de México, como por ejemplo el Hospital Español y el Hospital América Sur y Neurología; sin que la actora proporcionara un solo peso para la atención de nuestro hermano, no obstante que de ella (la accionante), estuvo cobrando durante once meses, las quincenas que le fueron pagadas por Banca Cremi, institución que le estuvo pagando como si nuestro hermano estuviera activo, esta información la proporcionará Banca Cremi en caso de ser necesario. 3. El correlativo que se contesta es cierto en lo que respecta a que desde el año de mil novecientos noventa y cinco, contrajo matrimonio con Martín Calvo Valenzo, pero es falso que la actora haya trabajado las parcelas junto con el occiso Martín Calvo Valenzo, tan es así que no sabe de qué están sembradas las parcelas que poseemos los suscritos Jesús Leibnitz y Arquímedes de apellidos Calvo Valenzo. Es cierto que mi hijo y nuestro hermano, respectivamente, a raíz del malogrado accidente quedó incapacitado al grado de que se le tuvo que designar tutor, pero es falso que se le hayan arrebatado las parcelas de su propiedad, sino que estas parcelas se dispusieron para sufragar los gastos enormes que se ocasionaron debido al accidente que sufrió, al grado de que le hicieron cinco cirugías craneales y dos del abdomen. 4. El correlativo que se contesta es verdad sólo en que nuestro hermano Martín Calvo Valenzo falleció con fecha veintiuno de abril del año dos mil tres, siendo totalmente falso que la actora haya intentado hablar con los suscritos porque quería sembrar las parcelas, tan es falso que la accionante no siembra, ni siquiera las dos parcelas que le dejó nuestro hermano, mucho menos sembraría las parcelas que poseemos los suscritos, manifestándole a su señoría que el suscrito Arquímedes Calvo Valenzo tengo sembrada de pasto insurgente la parcela que consta de cuatro hectáreas, con treinta y cuatro áreas, cuya posesión y propiedad a favor del suscrito ampara la constancia de cesión de derechos de fecha diez de junio del año dos mil uno. Por otra parte, la petición de la actora para que se le reconozcan los derechos a su favor de la parcela que se reclama, es improcedente, por las razones expuestas, además de que demanda la nulidad de contratos de compraventa y en este caso no demuestra la existencia de dichos contratos, independientemente de que no invoca cuáles son las causas por las que demanda la nulidad. Por último y a manera de antecedente la suscrita Etelvina Valenzo Blanco le informó a usted, Magistrado, que desde un principio que mi hijo Martín Calvo Valenzo, sufrió el accidente siempre me he hecho cargo de él como su madre que fui, por tanto, en los cuidados y atenciones, como para solventar los gastos de su curación y cirugías que le practicaron, al grado de que tuve que pedirles dinero a mis hijos los codemandados Jesús Leibnitz y Arquímedes y por ese motivo les cedí los derechos de las parcelas que han quedado precisadas, así también les cedí los derechos de una parcela a la señora Tomasa Díaz Abarca, según constancia de cesión de derechos de fecha veinte de abril de dos mil tres, lo que acredito con las copias que anexo al presente, asimismo le manifiesto que todo esto no lo ignora la demandante, tan es así que quedó con los menajes propios del hogar, dos camionetas y tres artículos que pertenecían en exclusiva propiedad de mi difunto hijo y que bien pude vender pero no lo hice porque mi nuera quedó con dichos muebles, tal como se acredita con el acta ministerial que se levantó ante agente del Ministerio Público del Ocotito, Guerrero que corre agregada a las copias certificadas que exhibo. ...’. III. Dentro de las pruebas que ofrecieron para demostrar los extremos de sus defensas y excepciones los demandados ofrecieron la documental pública consistente en las copias certificadas que integran el expediente 569/2003, que adujeron corresponde al índice del propio tribunal responsable, en las que precisaron obran los documentos que acreditan sus correspondientes manifestaciones. IV. Posteriormente se ordenó llamar a juicio a Ignacio Calvo Leyva y a los integrantes del comisariado del Ejido de Buena Vista, Ocotito, Mohoneras y anexas, para constituir el litisconsorcio pasivo necesario, por tratarse de una acción de nulidad de compraventa respecto de las parcelas 70933 y 70936 motivo por el que se suspendió el desahogo de la audiencia a que se refiere el artículo 185 de la Ley Agraria. V. Por escrito de veintidós de junio de dos mil cuatro, la actora pretendió aclarar las pretensiones demandadas, respecto a la nulidad de los contratos de compraventa, señalando que en realidad se refería a la nulidad de cesión de derechos agrarios, circunstancia que no fue admitida por el Magistrado del tribunal responsable en proveído de veinticuatro siguiente, determinándose además en ese acto que se llamara a juicio a Tomasa Díaz Abarca; seguidamente, el doce de julio de dos mil cinco continuó la audiencia prevista en el artículo 185 de la Ley Agraria, donde se solicitó se llamara a juicio a Olga Lilia Hernández Valenzo, lo que se acordó de conformidad; en ambos casos, para integrar el litisconsorcio pasivo necesario, dado que éstas resultaron propietarias de las parcelas que amparan la nulidad de compraventa que demandó la actora. VI. Emplazados todos y cada uno de los llamados al juicio, después de diversas suspensiones de la audiencia de que se viene hablando, en su desahogo se fijó la litis a dilucidar en los siguientes términos: ‘... fijación de la litis. La litis en el presente asunto se constriñe en resolver en definitiva si la parte actora acredita o no los extremos de las prestaciones que reclama, consistentes en: A) La nulidad de los contratos de la venta de las parcelas marcadas con los certificados parcelarios números de folio 70917, 70922, 70933, 70936, 70936 (sic.), 70942, 112170, 112150 y el de uso común número 20038, ubicadas en el poblado Ocotito, Guerrero del Ejido de Buenavista, Municipio de Chilpancingo, Guerrero; B) Se le reconozca al derecho que tiene como legítima sucesora de los bienes y derechos agrarios posesorios que en vida pertenecieron a su extinto esposo Martín Calvo Valenzo, tal como lo señala el artículo 18 de la Ley Agraria; y, C) La adjudicación y posesión que se ordene y remita al Registro Agrario Nacional para la asignación a su favor de las parcelas antes mencionadas y, como consecuencia, se le expidan los certificados parcelarios correspondientes. La litis también se constriñe en resolver en definitiva si los demandados Etelvina Valenzo Blanco, Arquímedes Blanco Valenzo y Jesús Leibnitz Calvo Valenzo, así como los terceros llamados a juicio Ignacio Calvo Leyva y Tomasa Díaz Abarca, demuestran o no la procedencia de las excepciones y defensas opuestas. Resulta pertinente señalar que, al momento de resolver en definitiva, se toma en cuenta lo manifestado por las partes en la audiencia del veinte de octubre de dos mil cuatro, en la que manifestaron que, independientemente del sentido de la sentencia que se dicte en el presente asunto, reconocen a favor de la tercera llamada a juicio Olga Lidia Hernández Valenzo, la titularidad de la parcela número 563, marcada dentro del programa Procede, que se llevó a cabo en el núcleo de población denominado Buenavista y Anexos, Municipio de Chilpancingo de los Bravo, amparada con el número (sic.) parcelario 70924.’. VII. Al continuarse con el desahogo de la audiencia de mérito, se admitieron las pruebas ofrecidas por las partes, teniéndose por desahogadas las documentales, así como la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, atendiendo a su propia y especial naturaleza, desahogándose posteriormente las que cada una de ellas ofreció, y seguido que fue el procedimiento en el juicio, previo el dictado de una primera sentencia contra la que los demandados promovieron amparo directo que se registró en el índice de este propio Tribunal Colegiado bajo el número de amparo directo agrario 496/2005, se les concedió el amparo y protección de la Justicia Federal por no habérseles analizado un planteamiento atinente a combatir las pretensiones de la actora, de manera que en cumplimiento a esta ejecutoria quedó insubsistente aquella sentencia, pronunciándose una segunda sentencia en el juicio, que es la que constituye el acto reclamado en el presente asunto, en que se reiteró que la litis a dilucidar en el juicio lo constituyó la establecida en la audiencia de once de abril de dos mil cinco, ya precisada en párrafos precedentes. Establecidos los relatados antecedentes del caso, es infundado el planteamiento de la quejosa resumido en el inciso a), porque aun cuando es verdad que del análisis integral de las constancias que conforman el diverso juicio agrario número 569/2003, del índice del Tribunal Unitario Agrario responsable, que como prueba se ofrecieron y admitieron en juicio, efectivamente revelan que la parte actora, con anterioridad a la promoción de su escrito inicial de demanda, ya tenía conocimiento de que los actos jurídicos que afectaron los derechos parcelarios de su extinto esposo lo constituyeron precisamente las cesiones onerosas que de ellas efectuaron los padres de su finado esposo, y no de los contratos de compraventa cuya nulidad solicitó. Sin embargo, contrario a la afirmación de los impetrantes, tal circunstancia no justifica de suyo que la parte actora haya hecho un mal planteamiento de la acción en su escrito inicial de demanda y que, por ende, como el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario responsable está imposibilitado para perfeccionarla o mejorarla, no es válido que haya declarado la nulidad de las cesiones onerosas de los derechos agrarios de su extinto esposo Martín Calvo Valenzo, cuando lo que en realidad demandó la parte actora fue la nulidad de los contratos de compraventa de los citados derechos parcelarios. Lo anterior es así, porque ha sido criterio sustentado por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de anterior integración, que la acción procede en el juicio aun cuando no se exprese debidamente su nombre o se intente con uno equivocado, siempre y cuando se determine con claridad y precisión la clase de prestación que se exige de los demandados y el título o causa de pedir que la justifique, siendo esta causa el hecho que una de las partes invoca y que constituye el fundamento del derecho que deduce; y que, por ende, cuando la pretensión se haga valer, fundamentalmente aportando hechos, la calificación de éstos por parte del actor no obliga al juzgador, porque éste puede y debe examinar ese material de hechos, desde todos los puntos de vista jurídicamente posibles, independientemente de la forma y términos en que lo haga el actor, relacionándolos con su pretensión y causa de pedir, para determinar de manera efectiva cuál fue la acción que en realidad intentó, independientemente del nombre que el actor le haya otorgado. Lo anterior así se desprende de la consulta de los criterios sustentados por la precisada instancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de anterior integración, visibles en las páginas 9, 801 y 524, del Semanario Judicial de la Federación, Tomos LXIV, Cuarta Parte, CXXIX y CXIX, respectivamente, todos Quinta Época, de los siguientes rubros y textos: ‘ACCIÓN DENOMINADA EQUIVOCADAME
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20047-0b296493/sucesion-legitima-en-materia-agraria-el-derecho-preferente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, QUE PREVÉ LA CADUCIDAD, ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE AL PROCEDIMIENTO POR INF (CONTRADICCIÓN DE TESIS 165/2007-SS)
- SECRETARIOS DE ACUERDOS DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA. ES IMPROCEDENTE, POR REGLA GENERAL, OTORGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA ORDEN DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN (LEGISL (CONTRADICCIÓN DE TESIS 266/2007-SS)
- ATAQUES A LAS VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN. CONFORME AL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD, EL TIPO PENAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 533 DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN COBRA AP (CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2006-PS)
- ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE COMPROBANTES FISCALES. SI EL PERIODO SUJETO A REVISIÓN SE INDICA CON LA LOCUCIÓN "POR EL D (CONTRADICCIÓN DE TESIS 166/2007-SS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- TESIS DE JURISPRUDENCIA Y PRECEDENTES, SU CITA. NO CAUSA AGRAVIO EL QUE NO SE TRANSCRIBAN INTEGRAMENTE, SI SE PROPORCIONAN DATOS QUE INDUDABLEMENTE LA IDENTIFICAN. (s/clave)
- JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE. (s/clave)
- TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, FINALIDAD DE LAS. (s/clave)
- DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis