ATAQUES A LAS VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN. CONFORME AL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD, EL TIPO PENAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 533 DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN COBRA APLICACIÓN EN LUGAR DEL PREVISTO EN EL NUMERAL 167, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO (ACTUALMENTE TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO).
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como lo señalado en los puntos segundo, párrafo primero y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente; por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios emitidos por Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de naturaleza penal, de la exclusiva competencia de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en uso de la facultad que les confiere el artículo 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
A) El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el amparo directo 401/2005, el día ocho de diciembre de dos mil cinco, sostuvo, esencialmente, lo siguiente:
"Ahora bien, con independencia de todo lo ya apuntado, este Tribunal Colegiado de Circuito considera necesario pronunciarse sobre un aspecto que, aunque no fue aducido en los conceptos de violación, se ha tenido en cuenta para la resolución del presente asunto, siendo tal el que se refiere a la posibilidad de que la conducta que específicamente se imputa al quejoso pueda estar sancionada en dos legislaciones, pues como enseguida se explicará, el bloqueo de una carretera está genéricamente contemplado, tanto en el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, como en el numeral 167, fracción III, del Código Penal Federal, creándose así un aparente concurso de leyes. En efecto, el primer dispositivo citado, a saber, el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, considera como delictiva la conducta de quienes: ‘... total o parcialmente interrumpan ... los servicios que operen en las vías generales de comunicación ...’ o ‘... los medios de transporte ...’; el Código Penal Federal, por su parte, en el precepto ya señalado, sanciona más específicamente a quien: ‘... para detener los vehículos en un camino público ... ponga algún estorbo o cualquier obstáculo adecuado ...’, definiciones legales, ambas, en las que es posible encuadrar la acción concreta de bloquear una carretera. La situación anterior, entonces, origina un conflicto de normas que debe resolverse aplicando el principio de especialidad, previsto en el artículo 6o. del Código Penal Federal, mismo que obliga a sancionar la conducta imputada al reo de conformidad con las disposiciones que resulten más específicas, es decir, las que se adecuen de mejor manera al caso concreto, descartando en consecuencia las que establecen situaciones genéricas o que definen los conceptos con mayor amplitud. El principio anterior ha sido desarrollado doctrinal y jurisprudencialmente, pudiendo tenerse en cuenta, entre otras, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que se publicó en la página 629 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, junio de 1994, cuyos rubro y texto son los siguientes: ‘PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. APLICACIÓN DEL.’: (se transcribe). De conformidad con el criterio transcrito, lo fundamental para determinar cuál de las dos normas establece disposiciones específicas y, por tanto, es de aplicación preferente, consiste en verificar si una de ellas incluye todos los elementos de la otra y, además, exige por su parte otros requisitos adicionales que son los que, precisamente, le otorgan mayor especificidad. En ese sentido, genérica será la norma que incluya todos los elementos de la otra, y particular aquélla que, adicionalmente y sin perjuicio de poder quedar comprendida en los supuestos de la general, prevea alguna otra condición, más concreta, que no sea exigida por la primera. En el caso particular que nos ocupa, este Tribunal Colegiado estima que la norma genérica que sanciona el bloqueo de carreteras es la prevista en el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, por cuanto ésta, ciertamente, pretende reprimir la interrupción total o parcial de los servicios de comunicación, entre los que indudablemente se encuentran las vías terrestres, pero haciéndolo sin exigir un modo específico de comisión, pues de conformidad con su descripción típica, la afectación puede darse mediante cualquier conducta idónea para producir el resultado. En cambio, el artículo 167, fracción III, del Código Penal Federal, exige que la interrupción se dé mediante un modo concreto de comisión, siendo tal la colocación de estorbos y obstáculos, motivo por el cual, lejos de reprimir cualquier conducta, dicha norma en concreto pretende reprimir la actividad específica de quienes efectúen bloqueos físicos, limitando así su ámbito de aplicación a dicha hipótesis en particular. Adicionalmente, en opinión de este cuerpo resolutor, el Código Penal Federal, en el dispositivo que se viene comentando, también incorpora a su definición un elemento subjetivo específico no presente en el tipo genérico, siendo tal el que se refiere a que la colocación de obstáculos se haga con la intención concreta de detener vehículos, ubicando así al ilícito en una condición de dolo necesario, que por tanto es mucho más particular que el tipo previsto en el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, que expresamente admite, además, la modalidad meramente culposa, es decir imprudencial. Si a ello se suma que el artículo 167, fracción III, del Código Penal Federal, únicamente reprime la obstaculización de vías terrestres en ámbitos espaciales concretos, a saber, en caminos públicos, cuyo concepto está definido en el numeral 165 del propio ordenamiento y se refiere a tramos que necesariamente deben estar ubicados fuera de los centros de población, entonces es indudable que el tipo en comento incorpora en su definición un elemento específico de lugar, que hace así más difícil su actualización, en relación con la Ley de Vías Generales de Comunicación, que permite la tipicidad en cualquier parte. Por ende, se insiste, en opinión de este cuerpo resolutor, es más difícil encuadrar una conducta en el Código Penal Federal que en la mencionada legislación en materia de comunicaciones, de suerte que, por eso mismo, el tipo previsto en el numeral 167, fracción III, del mencionado código, es en este caso el que debe considerarse como norma específica de aplicación preferente, en acato al principio de especialidad y sobre todo a la garantía de exacta aplicación de la ley penal prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, teniendo en cuenta las anteriores razones, este Tribunal Colegiado de Circuito no comparte el criterio inmerso en la tesis de rubro: ‘ATAQUES A LAS VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, DELITO DE. SUPUESTO EN EL QUE COBRA APLICACIÓN EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 6o. DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.’, publicada en la página 1457 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a la Novena Época, Tomo XIX, enero de 2004, pues en dicho criterio se parte de la idea de que un tipo es especial únicamente por estar contenido en una ley especial, planteando así una clasificación de la norma por su exclusivo origen formal, pero que pierde de vista a la estructura intrínseca del tipo, que es lo que, en todo caso, determina la especificidad material de la norma y, por ende, salvaguarda el principio de exacta aplicación de la ley penal, al que acaba de hacerse referencia."
B) El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito (actualmente Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito), al resolver el amparo directo 294/2003, el día trece de noviembre de dos mil tres, sostuvo, esencialmente, lo siguiente:
"QUINTO. En la medida que se suple la queja deficiente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, resulta fundado el concepto de violación que hace valer el quejoso ... en el sentido de que con el dictado de la resolución reclamada, se transgredió en su perjuicio la garantía de exacta aplicación de la ley penal, prevista en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior se sostiene, en base a las razones y fundamentos legales que se exponen a continuación. El referido artículo 14 constitucional dispone, en su parte conducente, lo que enseguida se transcribe (se transcribe). Del párrafo acabado de insertar, se advierte con total claridad que en nuestra Carta Magna, se elevó a rango de garantía individual, una prohibición expresa para las autoridades jurisdiccionales, consistente en que, al resolver los juicios del orden penal, aquéllas deben abstenerse de imponer por simple analogía o mayoría de razón, pena alguna que no esté prevista en una ley exactamente aplicable al delito de que se trate. En la especie, el peticionario de garantías argumenta que el proceso penal incoado en su contra, debió seguirse por el delito previsto y sancionado en el artículo 533, párrafo primero, de la Ley de Vías Generales de Comunicación, y no por el diverso que tipifica y reprime el dispositivo 167, fracción III, del Código Penal Federal, de acuerdo con el cual se le condenó en los términos precisados en la sentencia que constituye el acto reclamado. La actual redacción de los preceptos referidos en el párrafo que antecede, es del tenor siguiente (se transcribe). Ahora bien, el solicitante de garantías sustenta su argumentación en el contenido del artículo 6o. del mencionado código sustantivo, de aplicación federal, que reza: (se transcribe). Como se aprecia, en este último dispositivo legal se contiene el principio de especialidad de las normas penales, al que de alguna manera alude el disconforme, que según el tratadista Luis Jiménez de Azúa, puede entenderse como sigue: (se transcribe). Además, la anterior interpretación doctrinaria del principio de especialidad que recoge el dispositivo legal citado en último término, válidamente puede ser considerada por las autoridades a las que corresponde su aplicación, según se puede colegir de la exposición de motivos presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, el veintitrés de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, que dio lugar a la emisión del decreto publicado el catorce de enero de mil novecientos ochenta y cinco, a través del cual se reformó el contenido del artículo 6o. antes aludido, pues el contenido de la mencionada iniciativa dispone, en su parte conducente, lo que a continuación se retoma: (transcribe). Como puede advertirse de la anterior transcripción, el Ejecutivo Federal, a través de la exposición de motivos que se cita, ya previó la necesidad de aplicar, entre otros, el principio de especialidad de las normas penales, para resolver problemas como el que se plantea en esta instancia constitucional -concurso de leyes penales-, e incluso aclaró, que bastaba con que se consignara el mencionado principio en la ley de la manera plasmada en el artículo 6o., conforme a su actual redacción, para admitir que dentro de éste quedan suficientemente incorporados los distintos métodos que, para la solución de la concurrencia de normas, se contienen en la doctrina penal. Por lo anterior, se estima que el precepto citado sí autoriza a este órgano colegiado para que pueda abordar el estudio de la aplicabilidad de una norma especial sobre la general, atendiendo a los principios rectores establecidos por los estudiosos del tema. Sentado lo anterior, resulta prioritario señalar que de acuerdo con lo plasmado en la cita doctrinaria a la que se hizo referencia en párrafos precedentes, para que se actualice el principio de especialidad, es necesario que concurran las circunstancias siguientes: a) Que los requisitos del tipo general, estén todos contenidos en el especial; y b) Que en el tipo especial, figuren además otras condiciones calificativas en virtud de las cuales, la ley especial resulte de aplicación preferente sobre la general. En la especie, cabe considerar como delito general o tipo básico al previsto en el artículo 167, fracción III, del Código Penal Federal, por el que se instauró proceso al aquí quejoso, puesto que se contiene en una legislación de carácter general, en este caso el Código Penal, específicamente dentro del título quinto, denominado ‘Delitos en materia de vías de comunicación y de correspondencia’, y con mayor precisión, dentro del capítulo I del citado título, que se identifica como: ‘Ataques a las vías de comunicación y violación de correspondencia’; en cambio, el diverso ilícito que reprime el numeral 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, es el que de acuerdo con la doctrina debe considerarse como especial, no sólo porque se contiene en una legislación que particularmente se encarga de regular y sancionar la actuación de los particulares en torno a las vías generales de comunicación, sino también, porque la figura delictiva de referencia contiene algunas otras peculiaridades o condiciones calificativas según las cuales, debe estimarse preferente su aplicación a la norma de carácter general o tipo básico, según se pasa a demostrar. En efecto, la conducta que en este supuesto se atribuye al ahora solicitante de garantías, según se desprende de los hechos cuya ejecución se le reprocha, en suma consiste, según lo definió la autoridad responsable ordenadora, en que: ‘... es una de las más de ochenta personas que con su presencia y como quince vehículos que se utilizaron, obstaculizó el libre tránsito de múltiples vehículos en la carretera número 15, México-Nogales, tramo Acaponeta, límite con el Estado de Sinaloa, a la altura del kilómetro 136+000, de las once a las trece y de las dieciséis a las veintiuna horas, del veintinueve de agosto; de las once horas con diez minutos a las diecisiete horas treinta minutos del uno; y, de las diez horas con treinta minutos a las dieciocho horas del cuatro de septiembre de dos mil dos, respectivamente, para lo cual se reunió en forma transitoria con otros sujetos activos y sin estar organizados con fines delictuosos en la citada carretera que constituye un camino público ...’. Ese comportamiento, que bien puede resumirse como: participar de manera conjunta con otras personas, para obstaculizar con sus cuerpos y objetos diversos un camino público, e impedir así el libre tránsito de vehículos por esa vía -en este caso, con el fin de ejercer presión social-, ciertamente encuadra en el delito por el que se siguió el proceso que culminó con la sentencia condenatoria que constituye la materia del presente reclamo constitucional, que se tipifica en el artículo 167, fracción III, del Código Penal Federal, en la medida que castiga: ‘... Al que, para detener los vehículos en un camino público ... ponga algún estorbo o cualquier obstáculo adecuado ...’; así es, de la hipótesis normativa referida, se desprenden dos elementos que se estiman colmados con la conducta que se atribuye al solicitante de amparo, a saber: a) que el agente, coloque algún estorbo o cualquier obstáculo adecuado en un camino público; y, b) que esa acción tenga por objeto detener los vehículos que transitan por dicha vía. Se afirma lo anterior, en virtud de que sí aparece demostrado en autos que el ahora quejoso, en compañía de otras personas, realizó la conducta referida en el inciso a), es decir, contribuyó a colocar un obstáculo adecuado en un camino público, pues en este caso, resulta obvio que los cuerpos de las personas que participaron en la manifestación referida, por sí solos, constituían una barrera que, a menos de que se pusiera en riesgo la integridad física de los manifestantes, resultó eficaz para detener la marcha de los vehículos que en esos momentos transitaban por el lugar de los hechos; mayormente, si se considera que para ello también se auxiliaron de algunos automotores y objetos diversos. Sin embargo, este tribunal no puede soslayar que ese mismo proceder, como acertadamente lo destaca el peticionario de garantías, también puede estimarse comprendido dentro de la hipótesis normativa que se contiene en el citado artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, en la medida que reprocha las conductas de quienes ‘... total o parcialmente interrumpan ... los servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte ...’, pues obviamente, la amplitud de esta disposición legal permite advertir que a quienes por cualquier medio lleven a cabo la interrupción, total o parcial, de los servicios que operan en las vías generales de comunicación, o bien, de los medios de transporte, debe sancionárseles de acuerdo con las penas que se prevén en este último precepto legal. En efecto, la conducta que se prevé en el indicado dispositivo legal, no limita de alguna forma los medios de que puede valerse el agente para lograr su objetivo -interrumpir los servicios que operan en las vías generales de comunicación o los medios de transporte-, pues simplemente habla de que se sancionará a quienes interrumpan total o parcialmente los mencionados servicios; empero, sin distinguir entre los medios a través de los cuales puede materializarse dicha interrupción. Tanto es así, que en su segundo párrafo, el mencionado artículo prevé la posibilidad de que el delito se cometa inclusive por imprudencia y con motivo del tránsito de vehículos; luego, si la propia legislación de la materia no distingue acerca de los medios que pueden emplearse para interrumpir los servicios que prestan las vías generales de comunicación y los transportes, deviene inconcuso, que el solo hecho de colocar un estorbo o cualquier obstáculo adecuado en un camino público de jurisdicción federal, con el fin de detener los vehículos que por ahí transitan, bien puede considerarse como un medio eficaz para lograr la interrupción de los servicios que operan en las vías generales de comunicación. Por ende, es evidente que la totalidad de los elementos previstos en el delito que se reprime conforme al numeral 167, fracción III, del Código Penal Federal, se encuentran comprendidos en la figura delictiva que se prevé y sanciona en el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, pues, se reitera, el solo hecho de colocar estorbos u obstáculos adecuados en un camino público, para impedir el paso de vehículos, constituye una de las formas comisivas que se pueden presentar, conforme al precepto citado en último término, para lograr la interrupción de los servicios que operan en las vías generales de comunicación o de los medios de transporte. Inclusive, es claro que la paralización del flujo normal de automotores -de transporte de carga, de pasajeros, o de uso particular- que transitan por la vía de comunicación, es sólo una consecuencia de la colocación de obstáculos para impedir el paso de vehículos, que necesariamente deriva en la interrupción, total o parcial, del servicio que debe prestar la vía respectiva, en este caso, para el traslado normal de las personas de un lugar a otro. A fin de clarificar lo que debe entenderse por: ‘... los servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte ...’, cabe puntualizar lo que al efecto dispone el artículo 2o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación: (se transcribe). Por su parte, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, cuya entrada en vigor propició que se derogaran diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación, en sus artículos 1o., 2o., 3o., 4o. y tercero transitorio, en lo conducente disponen: (se transcribe). De lo anterior se sigue, sin lugar a dudas, que por: ‘... los servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte ...’, debemos entender aquéllos relativos al autotransporte de carga, pasajeros o turismo, así como al transporte privado de personas, y demás servicios auxiliares que prestan dichas vías; de tal suerte, que la interrupción a que se refiere el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, efectivamente alude a los servicios de transporte de carga, de pasajeros y de uso privado que, en la especie, se vieron afectados con motivo de la colocación de los obstáculos que impidieron su tránsito normal, a través del tramo Acaponeta, en los límites del Estado de Sinaloa, de la carretera federal número 15, México-Nogales, específicamente en el kilómetro identificado como 136+000. Lo anterior deja en evidencia, tal como se anticipó, que el comportamiento humano atribuido a ... ciertamente puede estimarse comprendido en la hipótesis legal prevista en el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, por cuanto que se interrumpieron totalmente, por determinados lapsos y en distintas fechas, los servicios de transporte de carga, de pasajeros y de uso privado que operan en una carretera de jurisdicción federal que, como se vio, constituye una vía general de comunicación en términos de lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 2o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Consecuentemente, si como anteriormente se dijo, la totalidad de los elementos que integran el delito básico o general, se encuentran comprendidos en el especial, toca ahora determinar si este último prevé otras condiciones calificativas en virtud de las cuales, deba preferírsele sobre la general, para su aplicación al caso concreto. Sobre ello, es importante destacar que el delito previsto en el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, como se vio, no sólo posee una mayor amplitud de conceptos, sino que además, prevé otro tipo de conductas que pueden consistir en: dañar, perjudicar o destruir las vías generales de comunicación o los medios de transporte; así como en interrumpir la construcción de dichas vías, o bien, los servicios que operan en las mismas y los medios de transporte -interrupción que puede ser total o parcial-. Inclusive, se prevé la posibilidad de que esas conductas puedan ser cometidas por imprudencia y con motivo del tránsito de vehículos; luego, es inconcuso que en el tipo especial sí figuran otras condiciones calificativas en virtud de las cuales, la ley especial debe preferirse a la general para su aplicación en un caso concreto, sobre todo, porque esa mayor amplitud y variedad de conductas de la que se ha venido hablando, facilita incluso la labor de encuadrar la conducta de que se trate. Además de lo anterior, es evidente que la Ley de Vías Generales de Comunicación, como legislación especializada que es, tiende a regular la óptima aplicación de las sanciones que prevé, desde el punto de vista de las instituciones jurídicas que tutela. Independientemente de lo anterior, debe considerarse que el bien jurídico que tutelan ambos delitos, es decir, el previsto en el artículo 167, fracción III, del Código Penal Federal, y el contenido en el diverso numeral 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, es el mismo, y consiste en velar por el adecuado funcionamiento de las vías de comunicación, los medios de transporte y los servicios auxiliares, así como por el patrimonio de la Federación, constituido, en este caso, en la totalidad de caminos y puentes con que cuenta el territorio nacional; de ahí, que no resulte correcto lo razonado por la responsable, en el sentido de que el delito previsto en el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, únicamente: ‘... sanciona la conservación del entorno material de las vías de comunicación, no así el funcionamiento de las mismas ...’, pues ya se vio que también pretende reprimir las conductas que interrumpen los servicios que prestan las vías generales de comunicación, tal como aconteció en la especie. No sobra decir, a fin de robustecer lo razonado hasta este momento, que históricamente, la conducta ilícita prevista en el actual artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, estuvo contenida en el artículo 520 de la legislación que estuvo en vigor a partir del diecinueve de febrero de mil novecientos cuarenta, aunque en aquella fecha su texto era el siguiente: (se transcribe). Queda evidenciado pues, que de acuerdo con aquella legislación, se debía acudir al Código Penal Federal a efecto de imponer las sanciones aplicables a los infractores de la norma respectiva, tal como se desprende de la exposición de motivos que envió el titular del Poder Ejecutivo al Congreso, con motivo de las reformas que se propusieron al respecto, en cuanto se prevé, para lo que aquí nos interesa, lo siguiente: (se transcribe). Inclusive, es oportuno mencionar que el texto legal del artículo 167, en su fracción III, del Código Penal Federal, permanece inalterado desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al catorce de agosto de mil novecientos treinta y uno, pues su redacción era del tenor siguiente: (se transcribe). De lo anterior se sigue, por una parte, que si la hipótesis normativa prevista en el precepto acabado de transcribir, ha permanecido incólume a través de la existencia del Código Penal Federal, y en cambio, la Ley de Vías Generales de Comunicación ha sufrido diversas reformas y adiciones sobre el tema, con el objeto de ajustarse a la realidad actual, resulta indiscutible que esta última abarca una mayor cantidad de condiciones calificativas por las que se le debe atender preferentemente sobre la ley general; y por la otra, que ambas disposiciones, como se anticipó, tienden a resguardar el mismo bien jurídico, e incluso guardan íntima relación entre sí; tanto es así, que como se vio, durante algún tiempo la conducta prevista en la ley especial, se sancionaba conforme a las disposiciones legales comprendidas en la de carácter general. Por último, cabe mencionar también que el delito previsto en el precepto 533 de la actual Ley de Vías Generales de Comunicación, en la modalidad referida a interrumpir, total o parcialmente, los servicios que operan en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, es el que ajusta mejor a la conducta que se atribuye al ahora quejoso, tal como puede verse de la discusión legislativa que se propició en las Cámaras de Diputados y Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con motivo de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, para modificar y reformar diversos artículos de la mencionada legislación, llevadas a cabo, respectivamente, los días dos y once de junio de mil novecientos noventa y dos, de cuyo contenido puede verse: (se transcribe). Lo anterior pone de relieve, como se anticipó, que el precepto 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, ha sido considerado, incluso por los legisladores, como el que sanciona la conducta de aquellos que, en ocasiones con fines de protesta, interrumpen los servicios que operan en las vías generales de comunicación; por ello, se insiste en que debió ser aplicado preferentemente, en lugar de la disposición de carácter general por la que resultó condenado el ahora solicitante de garantías. Por ende, no existe lugar a dudas en cuanto a que en el supuesto que ahora se examina, se debió considerar para su aplicación, de manera preferente, el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, y no el diverso numeral 167, fracción III, del Código Penal Federal, pues quedó de manifiesto en base a la serie de consideraciones legales plasmadas con antelación, que en este supuesto se actualizó, lo que la doctrina denomina un concurso de leyes y, por ende, a efecto de resolverlo tuvo que acudirse al principio de especialidad de las normas penales, según el cual, la legislación especial debe prevalecer sobre la general; y del estudio respectivo resultó, que tanto el delito previsto en el artículo 167, fracción III, del Código Penal Federal, como el diverso contenido en el numeral 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, prevén una disposición similar; empero, merced a que todos los elementos que integran la primera de esas figuras delictivas, se encuentran comprendidos en la segunda, y ésta contiene mayores condiciones calificativas, se estimó que debe prevalecer sobre el ilícito genérico o tipo básico previsto en la legislación de carácter general. En las apuntadas condiciones, al quedar evidenciado que, respecto de la conducta atribuida al activo del delito, aquí quejoso, existe una norma de carácter especial que debió prevalecer sobre la general, en la que se sustentó el sentido del fallo reclamado, es indiscutible que la autoridad responsable no atendió a lo que dispone el artículo 6o. del Código Penal Federal, pues este precepto le imponía la obligación de aplicar la legislación especial sobre la materia que regula y sanciona las conductas que atentan contra las vías generales de comunicación y, desde luego, si con esa omisión se impuso al quejoso una pena que no está decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata, con ello se transgredió la garantía de exacta aplicación de la Ley Penal, que se prevé en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
El criterio anterior, originó la emisión de la tesis que es del tenor siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Segu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19732-7a51d535/ataques-a-las-vias-generales-de-comunicacion-conforme · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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