SECRETARIOS DE ACUERDOS DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA. ES IMPROCEDENTE, POR REGLA GENERAL, OTORGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA ORDEN DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 266/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO, AMBOS DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001 del Tribunal Pleno, en virtud de que el tema sobre el que versa dicha denuncia corresponde a las materias administrativa y laboral cuya especialidad es de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que la formularon los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, que participaron en la solución de uno de los asuntos respecto de los que se hace dicha denuncia y, por ende, están facultados para hacerlo en términos de los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Para dilucidar si el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, es contradictorio con el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del citado circuito, conviene realizar un extracto de los antecedentes y de las consideraciones fundamentales en que se apoyan los fallos en examen:
1. Al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, le tocó conocer de un recurso de queja interpuesto en contra del proveído del Juez de Distrito en el que negó a la impetrante de garantías, en su carácter de secretaria de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, la suspensión provisional de los actos reclamados consistentes en la orden verbal o escrita de cambio de adscripción de un juzgado a otro con sede en distintas ciudades (del Juzgado de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en la ciudad de Acapulco, Guerrero; al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelos, con sede en la ciudad de Tlalpa de Comonfort, Guerrero).
Las consideraciones expuestas por el citado órgano jurisdiccional, en la sentencia dictada en el recurso de queja 84/2007, en la parte que interesa, son del tenor siguiente:
"QUINTO. ... En lo que atañe a los argumentos de la inconforme resumidos en los incisos a), c) y e), debe decirse que son ineficaces para pretender revocar o modificar el proveído impugnado, en tanto que no están directamente enfocados a demostrar su ilegalidad sino la constitucionalidad de los actos reclamados por la quejosa, aspectos que son materia del fondo del asunto del juicio de amparo en lo principal y no del incidente de suspensión. Por lo demás, respecto a la afirmación de la disconforme contenida en la parte final del inciso c), en torno a que la ejecución del acto reclamado le irrogará perjuicios de difícil reparación, porque es madre soltera de dos menores que estudian en esta ciudad, en que además tiene establecida ya su vivienda y al trasladarse de ésta a otra ciudad tendría que realizar gastos de mudanza, que no le fueron otorgados, afectando además a sus hijas quienes se encuentran en un ciclo escolar avanzado; debe decirse que, aun reconociendo esa afectación que pudiere resentir, de ninguna manera puede estimarse de mayor entidad que la del conglomerado social, a quien importa que los servicios que como funcionaria del Poder Judicial del Estado de Guerrero debe prestar, se efectúen a fin de que el titular del órgano jurisdiccional al que fue adscrita, cumpla con su correspondiente obligación de impartir justicia de manera pronta y expedita en términos de lo que al respecto establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Máxime, si se tiene en cuenta que, como también acertadamente se puntualizó en la resolución impugnada, el cambio de la adscripción de la inconforme no constituye un acto de difícil reparación, atento a que, de concedérsele la protección constitucional al resolverse el juicio de amparo en lo principal, conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo, se le restituiría en el goce de la garantía individual violada, reincorporándose al juzgado en que se encontraba adscrita. Por analogía, resulta pertinente invocar al respecto, las tesis sustentadas por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de anterior integración, visibles en las páginas 3941, 241 y 625 del Semanario Judicial de la Federación, Tomos LXXVIII, L y LXIX, respectivamente, todas de la Quinta Época, de los siguientes rubros y textos: ‘TRABAJADORES DEL ESTADO, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA EL CAMBIO DE LOS.’ (no se transcribe su texto en virtud de que no es necesario para la solución de este asunto). ‘EMPLEADOS PÚBLICOS, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE CAMBIO DE.’ (en este momento es innecesario transcribir su texto debido a que se hará posteriormente); y ‘EMPLEADOS PÚBLICOS, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CONTRA LA REMOCIÓN DE LOS.’ (no se transcribe su texto por no ser necesario para la solución de este asunto). En cuanto al argumento de la inconforme resumido en el inciso b), debe decirse que es infundado, porque aun aceptando, sin concederlo, que probablemente las autoridades responsables cuenten con todo un aparato de empleados y colaboradores, aptos para desarrollar cualquier función pública que se (sic) les sea encomendada, que residan en el lugar al que pretenden cambiar (sic) la disconforme, y que por ende, pudiera considerarse imposible que se detenga la impartición de justicia sin su persona en aquel lugar; contrario a su apreciación, ello no es motivo suficiente para otorgarle la medida cautelar que solicitó, porque como acertadamente se adujo en el proveído impugnado, las funciones que desempeñan los secretarios de Acuerdos de los Juzgados de Primera Instancia del Poder Judicial de la Federación (sic) son de interés social, porque tienden a la prestación de un servicio público, consistente en la administración de justicia, dado que dentro de sus funciones y atribuciones se encuentra la de autorizar y dar fe de todas las diligencias en que intervengan y aquéllas que el Juez practique dentro o fuera del juzgado; esto es, del perfeccionamiento del procedimiento hasta citar a las partes para oír sentencia, a fin de que el titular del órgano jurisdiccional imparta justicia de manera pronta y expedita, en términos de lo que al respecto dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo que implica que no es procedente concederle la suspensión provisional de los actos reclamados, consistentes en el cambio de su adscripción y su correspondiente ejecución, por no satisfacerse el requisito a que se refiere la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo; es decir, por existir afectación al interés social y contravenirse disposiciones de orden público. Finalmente, en lo que atañe al motivo de disentimiento de la recurrente resumido en el inciso f), también debe indicarse que es infundado, porque como se hizo notar en párrafos precedentes, aun ejecutándose el cambio de su adscripción, dicho acto no puede considerarse como de difícil reparación, porque de concedérsele la protección constitucional al resolverse el juicio de amparo en lo principal, conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo, se le restituiría en el goce de la garantía individual violada, reincorporándosele al juzgado en que en principio se encontraba adscrita, de manera que por la misma razón, dicho acto tampoco podría reputarse consumado de un modo irreparable, en términos de lo que al respecto dispone la fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, ante lo infundado de los motivos de disentimiento de la parte inconforme, lo que procede en la especie es confirmar en sus términos la resolución impugnada, lo anterior, con independencia de lo que pueda resolverse en la suspensión definitiva."
2. Al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, le tocó conocer de un recurso de queja interpuesto en contra del proveído del Juez de Distrito en el que negó a la impetrante de garantías, en su carácter de secretaria de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, la suspensión provisional de los actos reclamados consistentes en la propuesta, su aprobación por medio del oficio 026/C.A. y la ejecución de cambio de adscripción de un juzgado a otro con sede en distintas ciudades (del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en la ciudad de Acapulco, Guerrero; al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con sede en la ciudad de San Luis Acatlán, Guerrero).
Las consideraciones que sirvieron de sustento al citado órgano jurisdiccional al resolver el recurso de queja 17/2007, en la parte que importa, son las siguientes:
"QUINTO. ... La recurrente sigue alegando, en otra parte del primer concepto de agravio, que es un derecho constitucional que le asiste que la Juez de Distrito concediera la suspensión provisional solicitada, con la finalidad de procurar fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo, que se traduce en aquellas conductas que debe realizar la responsable para que no se ejecute el acto reclamado, con su materialización. Que la suspensión provisional que debió concederse, es para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, sin tomar en cuenta que la finalidad de la suspensión solicitada es la de pretender mantener viva la materia del juicio de amparo, evitando que se haga patente una causal de improcedencia, concretamente la prevista en la fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo. La inconforme sigue argumentando en el segundo concepto de agravio que al haberle negado la suspensión provisional la Juez de Distrito, viola en su perjuicio el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, porque dicha negativa la sustenta en que se causaría perjuicio al interés social, que tiende a asegurar el desarrollo normal y eficiente de los servicios públicos, sin embargo, no establece las causas o razonamientos lógicos jurídicos que tomó en cuenta para determinar que efectivamente se perjudicaría el interés social y contravendrían disposiciones de orden público; que ni la doctrina ha podido definir con exactitud el alcance de las expresiones de ‘interés social’ y ‘orden público’, ya que se podría considerar que hay interés social cuando existe una situación específica que afecta o beneficia a un conglomerado humano considerado y se pretenda erradicar un mal social o se quiera prevenir alguna calamidad pública, así como cuando se hace frente a un problema que está latente y perjudica a ese grupo social; que las nociones de orden público e interés social ya han sido definidos por los tribunales de amparo conforme a la tesis ‘SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA DETERMINAR SI SE AFECTA EL ORDEN PÚBLICO (SIC) EL INTERÉS SOCIAL, DEBE SOPESARSE EL PERJUICIO REAL Y EFECTIVO QUE PODRÍA SUFRIR LA COLECTIVIDAD, CON EL QUE PODRÍA AFECTAR A LA PARTE QUEJOSA CON LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EL MONTO DE LA AFECTACIÓN DE SUS DERECHOS EN DISPUTA.’. Que la Juez de Distrito no estableció qué criterio aplicó para negar la suspensión del acto reclamado solicitado, ni analizó cada caso en concreto para determinar si el planteado por la quejosa está relacionado con el interés social y con el orden público, resultando inaplicables los criterios transcritos en el auto recurrido. Es fundado lo argumentado por la recurrente cuando en parte del primero y del segundo agravios afirma, en resumen, que la Juez de Distrito, no establece las causas o razonamientos lógicos jurídicos que tomó en cuenta para determinar que efectivamente se perjudicaría el interés social y contravendría disposiciones de orden público, como lo establece el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo para conceder la medida. En la especie, como lo sostiene la recurrente en el agravio en estudio, no puede señalarse que con la concesión de la suspensión pueda causarse perjuicio a la colectividad en los términos en que apuntó el juzgador de garantías; tampoco que se contravengan disposiciones de orden público por tal motivo, puesto que por la sola circunstancia de que la quejosa no entregue la secretaría a su cargo y no tome posesión de su nueva adscripción, no se impide al Estado el ejercicio de la función que realiza, a saber, la administración de justicia, puesto que la quejosa seguiría desempeñando el cargo de secretaria de Acuerdos, en el juzgado al que se encuentra adscrita actualmente, sin que tampoco se tenga evidencia que el diverso juzgado de destino, sufra alguna afectación en su marcha o funcionamiento, si se tiene en cuenta además que conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero, en su artículo 45, los Jueces de Primera Instancia actuarán con secretarios de Acuerdos y a falta de éstos, con testigos de asistencia, lo que significa que durante el trámite del juicio de garantías, aquel órgano de justicia seguiría prestando el servicio, sin demérito del justiciable, independientemente de que como ya se dijo, no existe evidencia de que se demerite la función de dicho órgano; por lo que la suspensión que se decretara únicamente tiene como consecuencias suspender los efectos de la orden debatida, en tanto se revisa su constitucionalidad, es decir, que la materia de la suspensión únicamente se contrae a paralizar ese cambio de adscripción. A mayor abundamiento, y en este mismo orden de ideas, conviene resaltar que del aviso cuestionado, no se aprecia que el cambio de adscripción combatido, propiamente constituya una orden vinculada con las funciones que la quejosa cumple en la institución responsable, esto es, que se advierta la realización de un acto que pueda comprometer la buena marcha de las funciones que tiene encomendada (sic) como tampoco se indica que con ese cambio se vea beneficiada esa función; razón por la que, como se sostiene en el agravio en estudio, no puede señalarse que con la concesión de la suspensión pueda causarse perjuicio a la colectividad en los términos en que apuntó la juzgadora de garantías; tampoco que se contravengan disposiciones de orden público, ya que con el cambio de adscripción reclamado, ordenado por las responsables, ni siquiera se traducirá en que se vea suspendida la prestación del servicio público, puesto que de llevarse a cabo tal acto, la impetrante de garantías continuaría en la función, sólo que en el distrito judicial de Altamirano, en lugar de desempeñarla en el distrito de Tabares. Así, continuaría desempeñando idénticas funciones para la institución a la que actualmente se encuentra adscrita y con el mismo nombramiento, lo que revela que no se atentaría directamente contra el servicio público. Luego, a través del cambio de adscripción, en los términos referidos, y a los cuales se refiere la recurrente, no se afecta en forma alguna el servicio público de manera directa, de ahí que sea patente que el interés público, en este supuesto, no se vea afectado al otorgarse la suspensión del acto, pues de cualquier manera, una vez ejecutada, continuará en sus funciones en las mismas condiciones en que ha venido prestando el servicio, pues éstas no se suspendieron en ningún momento. Como corolario, debe concluirse que en el auto recurrido se aplicó incorrectamente en perjuicio de la ahora recurrente, el contenido del artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, dado que, contra lo aducido en el acuerdo debatido, no se causa perjuicio a la colectividad con el otorgamiento de la medida cautelar, ya que ningún perjuicio puede causar a la sociedad el que aquélla permanezca en su encargo en el juzgado al que se encuentra adscrita actualmente en la ciudad de Acapulco, Guerrero, ya que no se evidencia que dicho cambio, sea producto de alguna sanción, o que su conducta no haya sido acorde con los lineamientos institucionales, por lo que ni existe daño a la fecha, ni tendría por qué haberlo si continúan las cosas en el estado en que se encuentran, tomando en cuenta que en el caso particular no se reclama un acto definitivo, como sería, por ejemplo, el cese o la baja de la servidora pública, sino la orden de cambio de adscripción, y de negarse la medida, se le causarían daños de difícil reparación, amén de que se dejaría sin materia al juicio de amparo, como lo aduce la recurrente. Sobre el particular se comparte, por analogía la jurisprudencia XV.2o. J/8, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, que dice: ‘SUSPENSIÓN. SU OTORGAMIENTO NO VIOLA DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA COMUNICACIÓN QUE SE HACE AL TITULAR DEL JUZGADO, PARA QUE HAGA ENTREGA DE DICHO ÓRGANO JURISDICCIONAL, CUANDO AÚN NO LLEGA AL TÉRMINO DE SU ENCARGO.’ (no se transcribe su texto en virtud de que no es necesario para la solución de este asunto). En esta tesitura, permitir la ejecución de los actos reclamados, desde luego que conllevaría necesariamente (sic) dejar sin materia el juicio de garantías, constituido precisamente por la orden de cambio de radicación o adscripción, pues con dicha ejecución se consumaría necesariamente dicho acto. Adicionalmente, se estima que en el caso, sí se causan perjuicios de difícil reparación, habida cuenta que el cambio de adscripción implica cambio de residencia con todas las molestias que ello implica, independientemente de que se le pague sueldo y ni aun concediendo el amparo se subsanarán las molestias aludidas. De lo acabado de considerar, es dable concluir que, contrario a lo determinado en el auto recurrido, la quejosa sí cumple con los requisitos que a la postre señala el artículo 124 de la Ley de Amparo, para que se le otorgue la suspensión solicitada, incluido el señalado por la fracción III de tal numeral, ya que, evidentemente, el cambio de adscripción de que se duele sí le causa perjuicios de difícil reparación, toda vez que el mismo, implica un cambio de residencia, de domicilio familiar y de escuela para sus hijos, o en todo evento, de alejamiento de la quejosa de su familia; sin que con ello se prejuzgue la legalidad del acto; además porque, según se anotó en líneas precedentes, no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público dado que, de momento, no hay pruebas que así lo acrediten. Consecuentemente, se impone modificar el acuerdo recurrido y conceder la suspensión provisional solicitada por la aquí recurrente, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, es decir, para que las autoridades señaladas como responsables se abstengan de ejecutar el acuerdo de cambio de adscripción reclamado."
CUARTO. El análisis de las ejecutorias transcritas pone de relieve la existencia de la contradicción de tesis denunciada, porque el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, determinó que en contra de la orden de cambio de adscripción de un secretario de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, debe negarse la suspensión provisional solicitada por no colmarse los requisitos de las fracciones II y III del artículo 124 de la Ley de Amparo; mientras que, por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del citado circuito, consideró que en contra de tal acto, sí procede conceder la medida cautelar solicitada, al cumplirse con los requisitos que establecen las disposiciones normativas señaladas.
Los tribunales contendientes analizaron una cuestión jurídica esencialmente igual, adoptando mediante sus consideraciones criterios discrepantes, no obstante que examinaron los mismos elementos, porque:
1) Ambos tribunales examinaron cuestiones esencialmente iguales, consistentes en si procede o no otorgar la suspensión provisional solicitada en contra de la orden de cambio de adscripción de un juzgado a otro, con sede en distintas ciudades, de un secretario de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, respecto de lo cual adoptaron posiciones diferentes, porque el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa señaló que no debía otorgarse la suspensión en virtud de que la actividad que desarrollan es de interés social y, por tanto, la colectividad está interesada en que su actividad se cumpla debidamente, además, consideró que no es un acto de difícil reparación, porque si se concede el amparo se le reincorporaría al lugar en que estaba adscrito originalmente; mientras que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo estableció que sí debe otorgarse la suspensión solicitada al no ser un obstáculo para la administración de justicia, puesto que el quejoso seguirá desempeñando sus funciones en su lugar de adscripción, y el otro juzgado, si no cuenta con secretarios de Acuerdos, puede funcionar con testigos de asistencia, además, no existe constancia de que el cambio ordenado se deba a necesidades del servicio o sea producto de alguna sanción, por lo que consideró procedente otorgar la suspensión provisional señalando que de lo contrario se dejaría sin materia el juicio de amparo, aunado a que se le causarían al quejoso daños y perjuicios de difícil reparación porque todo cambio de adscripción en distintas ciudades implica un cambio de residencia con las molestias inherentes que ello implica, las que no se subsanan aun cuando se obtenga resolución favorable.
2) La discrepancia de criterios se presentó en las consideraciones de las sentencias respectivas; y
3) La diferencia de posiciones adoptadas provino del examen de los mismos elementos, a saber: a) la solicitud en sede constitucional de que se otorgue la suspensión provisional en contra de una orden de cambio de adscripción, en distintas ciudades, de un secretario de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero; b) la determinación del Juez de Distrito negando la suspensión provisional solicitada, por no colmarse los requisitos previstos en las fracciones II y III del artículo 124 de la Ley de Amparo; y c) la interposición en contra de esta determinación, del recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción XI, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.
La concurrencia de los supuestos antes enumerados, demuestra la existencia de la contradicción denunciada, con apoyo, además, en la tesis jurisprudencial número P./J. 26/2001, sostenida por el Pleno de este Alto Tribunal, visible en la página 76, del Tomo XIII, correspondiente al mes de abril de dos mil uno, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."(1)
Así, el punto a dilucidar en este asunto, consiste en determinar si procede o no conceder la suspensión provisional en contra de la orden de cambio de adscripción, de un juzgado a otro, con sede en distintas ciudades, de los secretarios de Acuerdos de los Juzgados de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero.
No es obstáculo para continuar con el estudio de la presente denuncia, la circunstancia consistente en que los criterios contendientes no se hayan reflejado formalmente en tesis o jurisprudencias, en atención a que esto no es un presupuesto necesario para dirimir las contradicciones, de conformidad con lo señalado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. VIII/93, visible en la página 41, del Tomo XII, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU RESOLUCIÓN NO ES NECESARIO QUE ÉSTAS TENGAN EL CARÁCTER DE JURISPRUDENCIA."(2)
Finalmente, tampoco es un impedimento para resolver la presente contradicción, que en el asunto de que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito se haya solicitado la suspensión en contra de una orden verbal o escrita de cambio de adscripción, mientras que en el que resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del citado circuito se reclamó una orden escrita de cambio de adscripción, en virtud de que tal situación no influyó en un modo determinante para que los indicados órganos jurisdiccionales arribaran a sus conclusiones.
QUINTO. Debe prevalecer el criterio que sienta esta Segunda Sala al tenor de las consideraciones que enseguida se anotan.
El artículo 107, fracción X, primer párrafo, constitucional, establece:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la ley, para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con su ejecución, los que la suspensión origine a terceros perjudicados y el interés público."
Conforme al precepto constitucional transcrito, la procedencia de la suspensión de los actos reclamados requiere considerar la naturaleza de la violación alegada, la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el quejoso con la ejecución, los que la medida origine a terceros y el interés público.
A su vez, los artículos 122, 124 y 130, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, disponen:
"Artículo 122. En los casos de la competencia de los Jueces de Distrito, la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de la parte agraviada, con arreglo a las disposiciones relativas de este capítulo."
"Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes:
"I. Que la solicite el agraviado.
"II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.
"Se considera, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando de concederse la suspensión:
"a) Se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes;
"b) Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos;
"c) Se permita el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario;
"d) Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza;
"e) Se permita el incumplimiento de las órdenes militares;
"f) Se produzca daño al medio ambiente, al equilibrio ecológico o que por ese motivo afecte la salud de las personas, y
"g) Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo supuestos previstos en el artículo 131 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional.
"III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.
"El Juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio."
"Artículo 130. En los casos en que proceda la suspensión conforme al artículo 124 de esta ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, el Juez de Distrito, con la sola presentación de la demanda de amparo, podrá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, o bien las que fueren procedentes para el aseguramiento del quejoso, si se tratare de la garantía de la libertad personal. ..."
Como se advierte, la suspensión provisional puede decretarla el Juez de Distrito con la sola presentación de la demanda, cuando resultando procedente la medida conforme al artículo 124 antes transcrito, advierta que existe peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, ordenando que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución sobre la suspensión definitiva y tomando las medidas que eviten se defrauden derechos de terceros o se causen perjuicios a los interesados.
La suspensión provisional es una institución de naturaleza procesal, que como medida cautelar tiene por objeto mantener viva la materia del amparo, es d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20874-44463d5d/secretarios-de-acuerdos-de-los-juzgados-de-primera · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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