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Modo: Corpus Pro

DECLARATORIA DE BENEFICIARIOS DE UN TRABAJADOR FINADO. EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL QUE RIGE PARA ESA ACCIÓN NO PREVÉ AUDIENCIA DE VOTACIÓN Y DISCUSIÓN DEL LAUDO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 215/2011. · Registro digital (IUS): 23080
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, , Pág. 1267.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 215/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001 dictado por el Tribunal Pleno, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios que se suscitaron en asuntos en materia laboral, especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 192 y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por uno de los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, que resolvió el juicio de amparo directo 290/2010-I, con el que aparentemente existe contradicción de criterios con el juicio de amparo directo 793/2008, resuelto por el diverso órgano colegiado contendiente.

TERCERO. Como cuestión previa y con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados que la motivaron, por lo que a continuación se transcriben:

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, al resolver el amparo directo 290/2010-I, en la parte que interesa, consideró lo siguiente:

"QUINTO. Antes del análisis de los conceptos de violación, y por los precedentes de este órgano colegiado, es de destacar que en el caso no se soslaya el hecho de que no obra agregado el proyecto de laudo, ni acta de discusión y votación; aspecto que en el juicio que se llevó a cabo, no resulta indispensable, dado que acorde a la acción planteada, es de aquellos en los que debe tramitarse un juicio sumario. En efecto, en el caso se tiene que la actora demandó de **********, lo siguiente: El reconocimiento de la demandada como única y legítima beneficiaria del extinto trabajador **********. Como consecuencia de lo anterior, el pago de la cantidad de **********, por concepto de vacaciones, mismas que no le fueron cubiertas en su totalidad al fallecido **********, a las cuales la quejosa dice tener derecho a reclamar, en su carácter de beneficiaria. En los hechos de la demanda, adujo entre otras cosas que: **********, laboraba al servicio de la demandada, con la categoría de ejecutivo comercial dentro de la sucursal ubicada en carretera **********, de la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Su último salario lo fue por la cantidad de **********. Con un horario comprendido de las 8:30 a.m. a 16:30 p.m. Sus labores consistían en atender a los clientes, para la tramitación de diversos tipos de crédito, así como también ejerciendo funciones de dirección y administración dentro de la institución bancaria, mismas que siempre desempeñó con honradez, rapidez y eficiencia, además de cumplir con los lineamientos establecidos por dicha institución crediticia hoy demandada. En fecha dieciocho de abril de dos mil tres, **********, debido a una insuficiencia cardiaca falleció, dejando en estado de insolvencia económica a la actora quien dependía económicamente del hoy occiso y al recibir el pago del supuesto finiquito por parte de la hoy demandada, le fueron cubiertos en forma parcial el pago de las vacaciones a las cuales tenía derecho su esposo, motivo por el cual reclama el pago de 83 días por concepto de vacaciones, mismas que no obstante de haberse otorgado por la demandada debido a la naturaleza y desempeño de sus funciones jamás fueron disfrutadas, ni pagadas por el trabajador. Luego, ante las particularidades señaladas, es evidente que el caso se ubica en las hipótesis previstas por el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el diverso 892, del mismo ordenamiento legal, por lo que el trámite del juicio debió hacerse bajo las determinaciones del procedimiento especial previsto en el capítulo XVIII de la ley laboral. Así, conforme al artículo 895 que se encuentra en ese título, donde se establecen las reglas para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, se prevé en su fracción IV que concluida la recepción de las pruebas, la Junta oirá los alegatos y dictará resolución. Luego, es evidente que precisamente por ser un procedimiento de carácter especial, la celeridad con la que deben llevarse a cabo estos juicios especiales, y por consecuencia a diferencia del ordinario, aquí no se prevé la entrega del proyecto del laudo, y el acta de su discusión y aprobación. Esto, porque los procedimientos especiales conforme al señalado capítulo del título catorce de la ley laboral, inician conforme al precepto 893, con el escrito de presentación de la demanda en donde la actora podrá ofrecer pruebas, ante la Junta, y ésta con diez días de anticipación citará a una audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución. Dicha audiencia deberá desahogarse dentro de los quince días hábiles siguientes de presentada la demanda o de concluida la investigación a que se refiere el artículo 503 del citado ordenamiento legal. Por lo tanto, se infiere que una vez concluida la etapa de desahogo de pruebas, la Junta inmediatamente debe emitir la resolución respectiva. De ahí que, dada la naturaleza de un procedimiento especial, con características de sumario, no se prevea el proyecto de laudo y el acta de su discusión y aprobación. No pasa desapercibido lo dispuesto en el artículo 899 del cuerpo de normas en cita, en cuanto a que en el procedimiento especial se observaran las disposiciones de los capítulos XII y XVII del título XIV, esto es, del procedimiento ordinario laboral; sin embargo, es evidente que al prever que ‘en lo que sea aplicable’, es en lo relativo a la presentación, aclaración de la demanda, desahogo de pruebas y alegatos, pues de haber sido otra la intención del legislador, hubiera previsto proyecto de laudo, y su discusión y aprobación, y si por el contrario existe disposición expresa, que desahogadas las pruebas se pronunciara el laudo. Por esas razones no se comparte la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, enero de dos mil nueve, Novena Época, visible en la página 2751, que por mayoría resolvió el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, bajo el rubro y texto siguientes: ‘LAUDOS DICTADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES REGULADOS EN EL CAPÍTULO XVIII DEL TÍTULO CATORCE DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. PARA SU EMISIÓN LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEBEN OBSERVAR LAS REGLAS PREVISTAS PARA SU PRONUNCIAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, PUES DE LO CONTRARIO SE INFRINGEN LAS NORMAS QUE RIGEN EL PROCEDIMIENTO Y TRASCIENDEN AL RESULTADO DEL FALLO.’ (se transcribe)."

Por su parte, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 793/2008, en la parte que interesa, sustentó lo siguiente:

"TERCERO. En el presente asunto, es innecesario realizar la transcripción de las consideraciones en que se apoyó el laudo reclamado y de los conceptos de violación, en virtud de que este Tribunal Colegiado no se ocupará de su estudio, habida cuenta de que se advierte la existencia de una violación al procedimiento laboral, de análisis oficioso, que lleva a conceder el amparo al impetrante, independientemente de que sea la parte patronal la que promovió la demanda de garantías. Para explicar lo anterior, conviene retomar los antecedentes del asunto, entre los que destaca que ********** demandó de **********, conforme a lo dispuesto en los artículos 501 y 503 de la Ley Federal del Trabajo, la declaración como beneficiaria de los derechos derivados de la relación laboral del extinto ********** y como consecuencia, el pago de indemnización por muerte, a razón de dos mil días de salario, en términos de la cláusula 78, fracciones I y IV, del Contrato Colectivo de Trabajo. Es decir, se intentó una acción cuyo procedimiento es de los previstos como especiales en la Ley Federal del Trabajo. En el capítulo XVII del título catorce, la Ley Federal del Trabajo establece: ‘Capítulo XVIII.’ (se transcribe). ‘Artículo 892.’. ‘Artículo 893.’. ‘Artículo 894.’. ‘Artículo 895.’. ‘Artículo 896.’. ‘Artículo 897.’. ‘Artículo 898.’. ‘Artículo 899.’ (se transcriben). El capítulo XII, a que se refiere el último precepto transcrito, lleva por rubro: ‘De las pruebas’. Por otro lado, el capítulo XVII del citado título catorce de la legislación en cita establece: ‘Artículo 870.’. ‘Artículo 871.’. ‘Artículo 872.’. ‘Artículo 873.’. ‘Artículo 874.’. ‘Artículo 875.’. ‘Artículo 876.’. ‘Artículo 877.’. ‘Artículo 878.’. ‘Artículo 879.’. ‘Artículo 880.’. ‘Artículo 881.’. ‘Artículo 882.’. ‘Artículo 883.’. ‘Artículo 884.’. ‘Artículo 885.’. ‘Artículo 886.’. ‘Artículo 887.’. ‘Artículo 888.’. ‘Artículo 889.’. ‘Artículo 890.’. ‘Artículo 891.’ (se transcriben). De lo reproducido se desprende que los procedimientos especiales que se encuentran regulados en el título catorce, capítulo XVIII, de la Ley Federal del Trabajo, conforme al artículo 893, se inician con la presentación del escrito de demanda, en el cual el actor ofrecerá pruebas ante la Junta competente, la cual con diez días de anticipación citará a una audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, de lo que se sigue que una vez que concluye la etapa de desahogo de pruebas, inmediatamente la autoridad debe emitir el laudo respectivo; sin embargo, por instrucción expresa del artículo 899, comprendido en ese capítulo, se deben observar las disposiciones de los capítulos XII (‘De las pruebas’) y XVII (‘Procedimiento ordinario ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje’). En este último se encuentran contemplados los artículos 885 al 889. Por tanto, de la hermenéutica jurídica de esos ordenamientos, para la validez del laudo dictado por la Junta de Conciliación y Arbitraje es indispensable que se observen las formalidades esenciales que deben preceder a su dictado, es decir, que a partir de que se declara cerrada la instrucción, el auxiliar tiene diez días para formular el proyecto de resolución ya en forma de laudo, esto es, con extractos de la litis, señalamiento de hechos, estudio de pruebas, consideraciones jurídicas y hasta puntos resolutivos; enseguida, el presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación y si de dicha discusión y votación aparece que el proyecto del laudo es aprobado sin adiciones, ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. En cambio, si existen modificaciones y adiciones, se ordenará al secretario que redacte el laudo de acuerdo con lo aprobado, exigiendo que en tal caso, el resultado se haga constar en acta. Es decir que, por seguridad jurídica, en la emisión de laudos pronunciados en los procedimientos especiales se deben aplicar las mismas reglas del procedimiento ordinario en cuanto a que debe elaborarse el proyecto de laudo y que sea discutido y votado por los integrantes de la Junta correspondiente, lo que deberá constar en el acta respectiva en términos de lo dispuesto en los artículos 885, 886, 887 y 890 de la referida legislación de trabajo, base fundamental para emitir el laudo correspondiente en un juicio de esa naturaleza; de no cumplirse con esas exigencias se infringen las normas que rigen el procedimiento laboral con trascendencia al resultado del fallo. En la especie, se cometió violación al procedimiento especial de que se trata, ya que a fojas ochenta y siete y ochenta y ocho del expediente laboral 382/06 aparece la celebración de la audiencia de veintinueve de noviembre de dos mil siete en que sería escuchado el presunto tercer interesado, **********; posterior al desarrollo de esa diligencia, el secretario de Acuerdos certificó que no existían pruebas pendientes de desahogar y después se asentó que las partes renunciaban a formular alegatos, a lo cual la Junta responsable acordó que con fundamento en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo se declaraba cerrada la instrucción ordenando turnar los autos a proyecto de resolución. Sin embargo, en la foja siguiente, ochenta y nueve, se observa que aparece directamente el laudo reclamado de doce de marzo de dos mil ocho, es decir, no consta glosado el proyecto de resolución o dictamen, ni el acta de votación y discusión del mismo. En la ejecutoria pronunciada por la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 2/93, entre los Tribunales Colegiados Tercero y Quinto, ambos, en Materia de Trabajo del Primer Circuito, se dejó asentado que a partir de que se declara cerrada la instrucción, el auxiliar tiene fijado un término para formular el proyecto de resolución ya en forma de laudo, esto es, con extractos de la litis, señalamiento de hechos, estudio de pruebas, consideraciones jurídicas y hasta puntos resolutivos. Celebrada la sesión de discusión y votación, opera una distinción que es básica: I. Si el proyecto es aprobado sin adiciones ni modificaciones, automáticamente se convierte en laudo y debe ser firmado de inmediato por los miembros de la Junta; II. En cambio, si hubo adiciones o modificaciones, se ordena al secretario que redacte el laudo, el que una vez engrosado se firma. La distinción acabada de señalar permitió a la Cuarta Sala llegar a la conclusión de que en el primer caso, carece de consecuencias jurídicas productoras de invalidez la falta de la firma del secretario en el acta de la sesión, dado que la elevación del proyecto a la categoría de laudo en el acto mismo de la Junta, así como la firma de los representantes y del secretario en el laudo, otorgan la seguridad de que el sentido y consideraciones del laudo corresponden, efectivamente, a lo aprobado, en cambio, en el otro supuesto que prevé el artículo 889, en su párrafo segundo, de la ley aludida, la necesidad de que el resultado se haga constar en el acta puede ser fundamental dentro del procedimiento. En esta hipótesis, señaló la Sala, sí resulta esencial y trascendente que el acta de la sesión esté autorizada con la firma del secretario, en los términos del artículo 721 de la Ley Federal del Trabajo, porque en la hipótesis en que la ley exige el levantamiento del acta de la sesión, dicha acta debe ser firmada por el secretario por disposición expresa de dicho artículo y si esta formalidad se omite, la actuación es inválida y puede causar perjuicio a las partes dentro del procedimiento, con trascendencia al laudo. Las consideraciones que preceden dieron origen a que la citada Cuarta Sala emitiera la jurisprudencia 4a./J. 48/93, registrada con el consecutivo trescientos quince, que puede ser consultada en la página doscientos cincuenta y cuatro, Tomo V, Volumen 1, Materia del Trabajo, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: ‘LAUDO, ACTA DE DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO DEL. DEBE LEVANTARSE Y FIRMARSE POR EL SECRETARIO CUANDO EL PROYECTO SE MODIFICA O ADICIONA Y LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE LA OMISIÓN ES LA INVALIDEZ DE LA ACTUACIÓN.’ (se transcribe). Examinado lo anterior, debe precisarse que como del análisis de las constancias del expediente laboral remitido se advierte que posterior al acuerdo visible a fojas ochenta y siete y ochenta y ocho -en el cual se sostuvo que no existía prueba pendiente por desahogar, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó se procediera conforme al artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, que se formulara el proyecto de laudo-, no aparece ni el dictamen de resolución, ni el acta de votación y discusión a que se refiere el artículo 888 de la Ley Federal del Trabajo, sino directamente consta el laudo reclamado de doce de marzo de dos mil ocho, es evidente que se infringieron las reglas del procedimiento laboral, pues no se acató la disposición en cuanto a elaborar el proyecto de resolución que trata el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, el cual es la base fundamental para emitir el laudo correspondiente en el juicio laboral; por tanto, esa resolución no podía elevarse a la categoría de laudo, ya que no se cumplió con las formalidades del procedimiento; de ahí que el laudo así emitido presenta un vicio formal y, por consiguiente, de legalidad en sus efectos, al incumplir con lo establecido en los indicados preceptos legales, en razón de que el proyecto que resolución (sic) y su consiguiente acta de discusión y votación que dan origen al laudo reclamado, no existen, precisamente, se itera (sic), al no haberse dado cumplimiento a lo establecido en la ley de la materia, situación que impide jurídicamente que lo resuelto por la Junta del conocimiento tenga la categoría laudo, lo que constituye una violación a la garantía de legalidad que establece el artículo 16 constitucional, pues el laudo que aparece en el expediente laboral 382/06 evidencia la falta de autenticidad al acto y lo invalida, ya que no puede estar adecuadamente fundado y motivado cuando se incumplió el mandato expreso de una norma, como lo es la elaboración del proyecto de resolución de laudo y la discusión y votación del mismo que debe hacerse constar en un acta, amén de que produce la falta de certeza y, se repite, de seguridad jurídica de las partes. Consecuentemente, procede conceder la protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la Junta deje insubsistente el laudo reclamado y reponga el procedimiento a partir de la violación apuntada, consistente en la falta de emisión del proyecto de resolución del laudo y su correspondiente discusión y votación que debe ser plasmada en el acta a que se refiere el artículo 888 de la Ley Federal del Trabajo."

CUARTO. Para analizar la contradicción de criterios que se denuncia es pertinente sintetizar los antecedentes de los asuntos que resolvieron los Tribunales Colegiados y de los que deriva este expediente.

I. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, al resolver el amparo directo laboral 290/2010, el veintisiete de enero de dos mil once, resolvió en los siguientes términos, tomando en cuenta lo siguiente:

1. La parte actora en el juicio laboral (**********) reclamó que se le reconociera el carácter de única y legítima beneficiaria del extinto trabajador ********** y, consecuentemente, el pago de determinada cantidad por concepto de vacaciones, la cual no le había sido cubierta en su totalidad al extinto trabajador, y a las cuales, dijo la actora, tenía derecho en términos de lo previsto en el artículo 115 de la Ley Federal del Trabajo.

Los hechos expuestos en su demanda fueron los siguientes:

1.1. Para acreditar el carácter de esposa y beneficiaria del finado, la actora exhibió como anexos la documental pública consistente en el acta de matrimonio y el acta de defunción correspondientes.

1.2. ********** laboraba en el **********, en la categoría de ejecutivo comercial, percibiendo como último salario **********, con un horario comprendido de 8:30 a.m. a 16:30 p.m., y sus labores consistían en dar atención a los clientes, tramitar diversos tipos de créditos y el ejercicio de funciones de dirección y administración.

1.3. El trabajador falleció como consecuencia de una insuficiencia cardiaca. La esposa del extinto trabajador adujo que recibió en forma parcial el pago de las vacaciones a las cuales tenía derecho su esposo, por lo que se vio en la necesidad de reclamar el pago de ochenta y tres días de salario por concepto de vacaciones. Adujo también que procreó con el finado ********** dos hijos que estaban estudiando y que dependían económicamente de ella, por lo que le era necesario reclamar las prestaciones a las cuales tenía derecho como beneficiaria y que nunca le fueron cubiertas por parte de la institución crediticia demandada.

2. En el juicio laboral se fijó la litis en determinar si la actora debía ser declarada legítima beneficiaria del extinto **********, y si se le adeudaban las vacaciones reclamadas, así como si estaba prescrita la acción y procedía la reconvención planteada.

Al respecto, la Junta laboral determinó que la carga procesal correspondía a la actora para acreditar que ella era la única y legítima beneficiaria del extinto trabajador; a la demandada que cubrió las vacaciones reclamadas y que se encontraba prescrita la acción ejercitada y procedencia de la reconvención.

El juicio se resolvió con los siguientes resolutivos:

"PRIMERO. La parte actora no acreditó sus acciones y la demandada no acreditó sus excepciones y defensas.

"SEGUNDO. Se declara a **********, como única y legítima beneficiaria de los derechos laborales del extinto **********.

"TERCERO. Se absuelve a **********, de todas y cada una de las acciones que en su contra intentó la actora **********.

"CUARTO. Se declara improcedente la reconvención planteada por la demandada."

En esencia y, en lo conducente, lo que se dijo en esa resolución fue que de las pruebas ofrecidas y desahogadas en el juicio se desprendía que la actora era única y legítima beneficiaria del extinto **********, en su carácter de esposa. Sin embargo, por cuanto a la reclamación del pago de las vacaciones que no fueron cubiertas en su totalidad, estimó la autoridad responsable, que se actualizaba la excepción de prescripción opuesta en términos de lo previsto en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de que el trabajador falleció el 19 de abril de 2003, y se presentó la demanda el 7 de septiembre de 2004, toda vez que las reclamaciones no fueron derivadas del fallecimiento de un riesgo de trabajo y porque el precepto citado dispone que las acciones de trabajo prescriben en un año a partir de la fecha en que sean exigibles, y en el artículo 519 de la ley se prevé el plazo de dos años para los beneficiarios en caso de muerte del trabajador por riesgo de trabajo. Por ende, resolvió que era procedente la excepción de prescripción opuesta. Además, tuvo por acreditado que se liquidaron al trabajador fallecido las vacaciones y la prima vacacional proporcional a la fecha en que se llevó a cabo la liquidación; de ahí que se absolvió a la demandada de ese reclamo.

Por otro lado, resolvió que la reconvención era improcedente, porque no se justificó que el finado tuviese adeudos con la demandada.

3. En contra de esa resolución, la actora en el juicio laboral promovió demanda de amparo directo, de la cual conoció el citado Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, quien, como ya se dijo, dictó sentencia el veintisiete de enero de dos mil once en los siguientes términos:

En primer orden, destacó que antes del análisis de los conceptos de violación y siguiendo los precedentes de ese órgano colegiado, no dejaba de advertir que no obraba agregado el proyecto de laudo, ni acta de discusión y votación; aspecto que en el juicio que se llevó a cabo no resultaba indispensable, dado que acorde con la acción planteada, era de aquellas en las que debía tramitarse un juicio sumario.

Luego, explicó que ante las particularidades del asunto, era evidente que se ubicaba en las hipótesis previstas por el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el 892 del mismo ordenamiento, por lo que el trámite del juicio se debió hacer bajo las determinaciones del procedimiento especial previsto en el capítulo XVIII de la ley laboral.

Así, en términos del numeral 895 de la ley, el cual establece las reglas para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, y que concluida la recepción de ellas, la Junta oirá los alegatos y dictará resolución. En ese sentido, explicó que era evidente que al ser un procedimiento de carácter especial, la celeridad con la que debían llevarse a cabo esos juicios especiales y, por consecuencia, a diferencia del ordinario, en este supuesto no se prevé la entrega del proyecto del laudo, y el acta de su discusión y aprobación.

Lo anterior, porque los procedimientos especiales conforme a lo señalado en el capítulo XVIII del título catorce de la ley laboral, inician, en términos del artículo 893, con el escrito de presentación de la demanda en donde la actora podrá ofrecer pruebas ante la Junta, y ésta con diez días de anticipación citará a una audiencia de conciliación, demanda y excepciones, así como pruebas y resolución. La audiencia se deberá desahogar dentro de los quince días hábiles siguientes de presentada la demanda o de concluida la investigación a que se refiere el artículo 503 del citado ordenamiento, por tanto, se infiere que concluida la etapa de desahogo de pruebas, la Junta inmediatamente debe emitir la resolución respectiva. Por tanto, dijo que dada la naturaleza de un procedimiento especial con características de sumario, no se prevé el proyecto de laudo y del acta de discusión y aprobación.

Explicó que no dejaba de advertir lo previsto en el artículo 899 de la ley, en cuanto a que en el procedimiento especial se observan las disposiciones de los capítulos XII y XVII del título XIV; del procedimiento ordinario laboral; sin embargo, es claro que al prever que "en lo que sea aplicable", es en lo relativo a la presentación, aclaración de la demanda, desahogo de pruebas y alegatos, pues de haber sido otra la intención del legislador hubiera previsto proyecto de laudo y su discusión y aprobación y, por el contrario, existe disposición expresa en el sentido de que desahogadas las pruebas se pronunciará el laudo.

Y resaltó que por las razones expuestas no compartía la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro y texto: "LAUDOS DICTADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES REGULADOS EN EL CAPÍTULO XVIII DEL TÍTULO CATORCE DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. PARA SU EMISIÓN LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEBEN OBSERVAR LAS REGLAS PREVISTAS PARA SU PRONUNCIAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, PUES DE LO CONTRARIO SE INFRINGEN LAS NORMAS QUE RIGEN EL PROCEDIMIENTO Y TRASCIENDEN AL RESULTADO DEL FALLO."

Luego, en el siguiente considerando el Tribunal Colegiado procedió al análisis de los conceptos de violación planteados por la quejosa, los cuales estimó que eran fundados, por lo que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la Junta dejara insubsistente el laudo reclamado, dejara firme lo relativo a que la quejosa era la única y legítima beneficiaria del extinto trabajador; declarara improcedente la excepción de prescripción; fijara nuevamente la litis y, con plenitud de jurisdicción, resolviera lo que conforme a derecho correspondiera; y otorgara de manera fundada y motivada el valor probatorio que correspondiera a la documental que en copia fotostática simple, relativa al finiquito allegó la demandada, lo que implica que el tribunal analizó el fondo del asunto.

II. Por otro lado, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el veinticinco de septiembre de dos mil ocho, resolvió el amparo directo 793/2008, promovido por **********. El citado órgano colegiado resolvió tomando en cuenta lo siguiente:

1. ********** demandó de **********, en términos de lo previsto en los artículos 501 y 503 de la Ley Federal del Trabajo, la declaración como beneficiaria de los derechos derivados de la relación laboral del extinto ********** y, como consecuencia, el pago de indemnización por muerte (en razón de dos mil días de salario), en términos de la cláusula 78, fracciones I y IV, del contrato colectivo de trabajo.

2. La demandada ********** negó el derecho a la actora, opuso la excepción de subrogación al **********, para el caso de condena, porque de la cláusula 73, en relación con la 78 del contrato colectivo de trabajo, se desprendía que la responsabilidad de la empresa, en los supuestos en que sus trabajadores sufrieran algún riesgo de trabajo se aplicaría lo dispuesto en los artículos 24 y 53 de la Ley del Seguro Social, en cuanto a que los patrones quedarían eximidos de esas obligaciones, cuando hubiesen asegurado a sus trabajadores contra dichos riesgos de trabajo y, en el caso particular, el extinto ********** se encontraba inscrito en el régimen obligatorio del Seguro Social, por lo que únicamente el pago de la indemnización a su cargo debía ser a razón de mil doscientos setenta días de salario, y no los dos mil que reclamó la actora. Por ende, la Junta solicitó que se llamara como tercero interesado al **********.

3. La Junta responsable dictó laudo el doce de marzo de dos mil ocho, cuyos puntos resolutivos son:

"PRIMERO. La parte actora justificó su acción y la demandada no justificó sus excepciones y defensas.

"SEGUNDO. Se declara legítima beneficiaria a la C. ********** del extinto trabajador ********** en los términos del considerando último de la presente resolución.

"TERCERO. Se condena a ********** a pagar a la actora **********, declarada legítima beneficiaria, la cantidad de ********** por concepto de indemnización en los términos del considerando último de la presente resolución."

4. En contra de esa determinación la demandada ********** promovió amparo directo, del cual conoció el Tribunal Colegiado antes señalado.

Dicho órgano colegiado resolvió que era innecesario rea

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23080-78783c2c/declaratoria-de-beneficiarios-de-un-trabajador-finado-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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