ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 160/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 4 DE MAYO DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIA: BEATRIZ JOAQUINA JAIMES RAMOS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis formulada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de un asunto de naturaleza penal que es la especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en función de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito quienes se encuentran facultados para ello, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de la contradicción, son las siguientes:
1. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión penal número **********, fallado el veintiséis de abril de dos mil diez, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, señaló:
"QUINTO. Del examen de la demanda de amparo y de la transcripción que antecede se evidencia que los agravios vertidos por **********, por conducto de su autorizado **********, resultan infundados. En atención a que se trata de un amparo en revisión en materia penal, este tribunal entra al estudio de la sentencia y de las constancias procesales, a fin de establecer si existe motivo legal para suplir la máxima deficiencia de la queja en términos del artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo. Efectuando el anunciado estudio, se advierte que la Juez Federal se ajustó a la legalidad al determinar que la orden de aprehensión librada en trece de julio de dos mil nueve, cumple con las exigencias constitucionales para su emisión. Previo a explicar ese aserto, se estima oportuno destacar que en esta entidad federativa se adoptó el sistema penal acusatorio y oral a que se contraen los artículos 16, 17, 19, 20 y 21, de la Constitución Federal, los que se regirán bajo los principios de publicidad, concentración, contradicción, inmediación y continuidad, siendo que la legislación secundaria (Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua) regula la forma y términos en que sustanciaron los procesos penales. Aunado a que mediante decreto publicado en el Periódico Oficial de la entidad el treinta de julio de dos mil ocho, la Legislatura del Estado emitió la declaratoria de incorporación de la reforma constitucional; luego, conforme con los artículos segundo y tercero del decreto por el que se reformaron aquellos preceptos de la Ley Cimera, las garantías que consagran se encuentran vigentes en el Estado. Siendo que además de ceñirse a lo antes referido, debe decidirse que para librar una orden de captura como el reclamado, es necesario que se cumpla con lo que dispone el primer y tercer párrafo del artículo 16 constitucional, en cuanto a lo siguiente: 1) Que todo acto de autoridad debe emitirse de manera fundada y motivada. 2) En relación a un hecho que la ley señale como delito. 3) Exista la posibilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así como también con lo que preceptúa el numeral 162 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, consistentes en: 1) Que el agente del Ministerio Público haya solicitado su libramiento, y; 2) Que esa solicitud contenga las razones que sustenten su pretensión. En la especie, la solicitud del representante social en cuanto a que se librara orden de aprehensión en contra del quejoso hoy recurrente, la formuló al atribuirle la comisión del delito de homicidio calificado previsto y sancionado por el artículo 123 del Código Penal del Estado, cometido en perjuicio de **********, lo cual efectuó el Juez de garantía el trece de julio de dos mil nueve, estimando que se estaba en presencia del delito de homicidio simple cometido a título doloso contenido en el numeral en mención. Debiendo resaltarse que de acuerdo a las reformas del Código Procesal Penal para el Estado de Chihuahua vigente a partir del uno de enero de dos mil siete, específicamente en cuanto a la introducción de los juicios orales, los Jueces de garantía no tienen acceso a la carpeta de investigación conforme lo establece el numeral 36 del Código de Procedimientos Penales para el Estado; solamente el representante social y la defensa tienen esa facultad, de tal manera que el Juez en mención se podrá imponer de ellos, en un primer momento y de manera somera, en la audiencia de control de la detención, pues el agente del Ministerio Público deberá justificar dicha detención; y ya en debida forma, en la audiencia en que la representante social formule imputación, solicite la vinculación a proceso, así como en la respectiva audiencia de vinculación a proceso, en la que la representación social relatará y reseñará en forma precisa los denominados antecedentes de investigación o elementos de prueba que existan en la carpeta de investigación; audiencia en la que el Juez de garantía después de haber escuchado a las partes, concedido su derecho para replicar y contrarreplicar en relación con los referidos elementos de prueba, y cerrado el debate, procederá a emitir la respectiva resolución. Igual consideración debe hacerse respecto de la Juez de Distrito, pues si de conformidad con lo establecido por el artículo 78 de la Ley de Amparo el acto reclamado debe apreciarse tal como aparezca probado ante la responsable y existe prohibición legal para que ésta acceda a la mencionada carpeta, es inconcuso que el Juez Federal sólo podrá imponerse de la reproducción audio visual de las audiencias condignas y de las atinentes al acto reclamado, enviadas por la responsable para apoyar su informe, lo que tiene sustento en los principios del derecho y de la lógica, ya que no es dable juzgar la conducta de la autoridad sino frente a las circunstancias que concurrieron cuando dictó la resolución reclamada; pues de hacerlo, el Juez de amparo se convertiría en tribunal de plena jurisdicción. En tales circunstancias, debe decirse que este órgano jurisdiccional no comparte el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, contenido en la tesis XVII.24 P, consultable con el número de registro 165882 en el IUS del portal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que aparecen los siguientes datos de localización: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 1481, que dice: ‘AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE RECABAR LAS CONSTANCIAS CONTENIDAS EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN DONDE OBRAN LOS ELEMENTOS DE PRUEBA INCRIMINATORIOS QUE SE VALORARON PARA EMITIR AQUELLA DETERMINACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Para el dictado del auto de vinculación a proceso, el Juez de garantía se apoya en las evidencias que el agente del Ministerio Público del fuero común extrajo para realizar la imputación correspondiente y en las actuaciones contenidas en su carpeta de investigación, en donde obran todos y cada uno de los elementos de prueba incriminatorios que se valoraron y justipreciaron para emitir dicho auto. Ahora bien, acorde con el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el Juez de garantía no puede revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista controversia respecto a su contenido, lo que no significa que tal disposición resulte de observancia obligatoria para el Juez de Distrito, quien al tener una función jurisdiccional de naturaleza diferente como es la custodia de la supremacía constitucional sobre los actos de autoridad reclamados, es evidente que no puede, para los efectos del juicio de amparo, tener como cierto e indiscutible el contenido de dicha carpeta. Además, existen limitantes específicas para considerar que se ha violado el procedimiento en un juicio de amparo, entre ellas, que las pruebas que fueron rendidas ante la autoridad responsable no hayan sido remitidas al juicio constitucional, según lo ilustra la frase prevista en el artículo 78 de la Ley de Amparo, al señalar: «que habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos», lo cual debe interpretarse como los medios de convicción que fueron tomados en consideración, aun cuando no fueron desahogados ante el Juez de garantía, sino ante el agente del Ministerio Público, y a pesar de que físicamente tampoco el juzgador los tuvo en su poder, ya que al margen de ello sustentan el auto de vinculación a proceso reclamado. Sin que sea óbice para considerar lo anterior que, de acuerdo con las reglas procesales que rigen el procedimiento oral en materia penal vigente en el Estado, no exista fundamento legal para que el Juez de garantía pueda recabar constancias de diversas autoridades respecto de las cuales no existe subordinación, pues dicha limitante no alcanza al Juez de Distrito que tiene la facultad prevista en la Ley de Amparo para poder requerir directamente a la representación social la remisión de las copias certificadas de todas y cada una de las constancias que integran la carpeta de investigación y no se glosan al procedimiento oral del que emana el auto de vinculación a proceso reclamado, que como sustento del mismo conformó y conserva el agente del Ministerio Público del fuero común, ya que el artículo 152 de la Ley de Amparo contiene la facultad del Juez de Distrito de exigir a los funcionarios o a las autoridades la expedición de las copias o los documentos que deban servir como prueba en un juicio de amparo.’. En consecuencia, procede formular la correspondiente denuncia de contradicción ..."
2. El Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión penal número ********** fallado el veintisiete de agosto de dos mil nueve, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, señaló:
"CUARTO. Del análisis integral de los agravios hechos valer por el quejoso **********, se colige que en el caso esencialmente sostiene que existe incertidumbre respecto a la hora y lugar en que fueron aseguradas tanto parte de la joyería afecta a la causa, como la detención del propio peticionario del amparo, y su identificación como autor del delito, lo que genera un estado de duda, que evidencia una manipulación e imputaciones sembradas a fin de atribuirle la probable responsabilidad penal; que ante tal incertidumbre jurídica, ya que el Juez de garantía responsable no advirtió las dos versiones disonantes respecto de la forma, lugar y tiempo de la detención como el aseguramiento de los objetos del delito, es jurídicamente insostenible que existan dos versiones, pues la litis cerrada que rige en este caso al procedimiento penal impide la admisión de hechos excluyentes entre sí. Asimismo, es pertinente destacar que tales inconformidades también formaron parte de los conceptos de violación que el Juez del amparo desestimó en la sentencia que se revisa. Sin embargo, en el caso resulta innecesario el análisis de la sentencia recurrida así como de los agravios expresados por la parte inconforme, toda vez que este tribunal advierte que el Juez de Distrito violó las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo que se revisa, motivo por el cual se impone revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento. En efecto, el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente establece lo siguiente: ‘Artículo 91. El Tribunal Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes reglas: ... IV. Si en la revisión de una sentencia definitiva, en los casos de la fracción IV del artículo 83, encontraren que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, o que el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia incurrió en alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al recurrente, o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, revocarán la recurrida y mandarán reponer el procedimiento, así como cuando aparezca también que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley.’. De lo anterior se advierte que es obligación de este Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de los juicios de amparo en revisión, velar porque en perjuicio de las partes no se violen las normas fundamentales del procedimiento, incluso en aquellos casos en que éstas no lo hicieren valer vía agravios, tal y como acontece en la especie. En acatamiento a tal obligación, como preámbulo es oportuno dejar establecido lo siguiente: El artículo 78, último párrafo, de la Ley de Amparo, señala que: ‘... El Juez de amparo deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto.’. Como se ve, el transcrito artículo establece que el Juez de amparo ‘deberá’ recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante las autoridades responsables no obren en autos y ‘estime necesarias’ para resolver el asunto. Asimismo, es pertinente señalar que en el paquete de reformas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, se propuso que debía sustituirse de la disposición reglamentaria en comento la palabra ‘podrá’ por ‘deberá’. Sin embargo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que al haberse impuesto al juzgador la obligación de recabar de oficio las pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos, pero se estimen necesarias para la solución del asunto, la intención que tuvo el legislador al dejar abierta esta última determinación, se encausó a respetar esa apreciación subjetiva propia del arbitrio judicial, pero sujeta a la condición de que las pruebas no obrasen en autos y, principalmente, que reunieran esa circunstancia de necesidad para resolver el asunto. Agregó el Pleno del Máximo Tribunal del País, que el propósito de la reforma era congruente con el principio contenido en el artículo 17 constitucional, en cuanto a que con ello se alcanzarían los objetivos de la impartición expedita de la justicia, haciéndose del juicio de amparo un medio de control constitucional más eficaz, conforme a lo cual se brindaría al gobernado una mejor aplicación a la justicia, que al hacer tal apreciación subjetiva, el juzgador está obligado a tomar en cuenta otros elementos objetivos que le permitan llegar al conocimiento real y verdadero sobre si la prueba es necesaria para la solución del asunto. Destacó que para lograr el anterior propósito es necesario examinar lo siguiente. a) Si la prueba fue rendida ante la responsable; b) Que dicha prueba no obre en autos; y, c) A qué grado es necesario tenerla a la vista. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que la última apreciación subjetiva (a qué grado es necesario tenerla a la vista), presentaba varias dificultades en tanto que con ello se deja al arbitrio del juzgador el calificar la circunstancia de la necesidad de la prueba y, por consiguiente, de allegarla o no oficiosamente al juicio, pero que atendiendo a la connotación del adjetivo ‘necesario’, tal expresión se traduce en ‘lo que es menester indispensable o hace falta para un fin’, teniendo el vocablo diversos sinónimos como entre otros el de ser: forzoso, obligatorio, imperioso, inexcusable, indispensable, imprescindible, esencial y vital; que conforme a esto, por pruebas que se estimen necesarias para la resolución del asunto, deben entenderse todos aquellos elementos de convicción que son imperiosos, indispensables y vitales para un fin. Enfatizó, el Pleno del referido tribunal, que la calificación de necesidad de una prueba debía hacerse atendiendo a la estrecha vinculación que la misma tiene con el acto reclamado, de tal forma que de no tenerse a la vista ese medio de convicción, el juzgador se encuentre en una imposibilidad jurídica de hacer el pronunciamiento correspondiente sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, pues agregó que de no ser así, se propiciaría que se deje a la apreciación subjetiva de los Jueces de Distrito resolver que en determinado caso no procede cumplir con esa obligación que expresamente impone la ley, a pesar de advertir que la prueba obra ante la responsable pero no fue remitida, bajo el pretexto de que su proceder lo avala lo preceptuado por el artículo 149 de la Ley de Amparo, conforme a lo cual se decidiría que la calificación de necesidad de una prueba, para allegarla de oficio al juicio, sería una potestad, desvirtuándose una obligación que solamente corresponde a los Jueces de Distrito, en términos de la modificación al tercer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo que atenúa el principio general contenido en el diverso tercer párrafo del numeral 149 del citado ordenamiento relativo a que corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendentes a justificar las pretensiones que deduzcan en los juicios de garantías. También el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que era necesario abordar otro aspecto fundamental relacionado con el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, relativo a si dentro de la connotación de ‘pruebas rendidas ante la responsable’, debían comprenderse las ‘actuaciones procesales’ y, por ende, si respecto de éstas subsistía para el juzgador la obligación del acopio oficioso de pruebas. Y al respecto señaló, que en congruencia con la finalidad perseguida con la reforma al tercer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, debía estimarse que al referirse literalmente a ‘pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto’, la intención del legislador no fue otra que la de imponer al juzgador la obligación de recabar, indistintamente, todos aquellos elementos de convicción, pruebas y actuaciones necesarias para emitir un fallo encaminado a alcanzar ese ideal de equidad y justicia. Finalmente, el Pleno del Más Alto Tribunal del País, en lo que aquí interesa, analizó otro aspecto fundamental, pues indicó que el segundo y tercer párrafos del artículo 149 de la Ley de Amparo, preceptúan: ‘... Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio y acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.’. Al respecto, señaló que tomando en cuenta que el propósito que tuvo el legislador en la modificación del tercer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo se encaminó a atenuar el principio que conforme al tercer párrafo del diverso numeral 149, generalmente se había venido sustentando, en el sentido de que correspondía exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendentes a justificar las pretensiones que se dedujeron en los juicios de garantías, agregó, que dicha innovación vino a despejar toda duda, en relación con los casos en que corresponde al quejoso la carga de probar y aquellos en que el Juez de Distrito debe proceder al acopio oficioso de pruebas, pues puntualizó que la primera hipótesis no dejaba lugar a dudas de los casos en que correspondía al quejoso la carga de la prueba a que se refiere el tercer párrafo del artículo 149 de la Ley de Amparo. Tal supuesto indicó, se actualiza cuando la autoridad es omisa en rendir dicho informe, entonces corresponde al quejoso la carga de la prueba, puesto que dicho supuesto no puede quedar contemplado en la obligación que el artículo 78 de la Ley de Amparo impone al Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas; en cambio, sostuvo que la obligación de recabar pruebas de oficio, se refiere a la hipótesis contemplada en el párrafo segundo del artículo 149 de la invocada ley, cuando la autoridad responsable acepta la existencia del acto reclamado. Las anteriores consideraciones dieron origen a la tesis de jurisprudencia por contradicción número 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 108, Tomo V, febrero de 1997, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: ‘PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra «podrá» por «deberá», se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que, de no tenerse a la vista aquéllas, sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su
onstitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.’. Conforme a las anteriores razones que plasmó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis de referencia, es posible advertir que puntualizó y explicó tres vertientes fundamentales que deben ser atendidas para poder determinar en qué supuestos corresponde a los Jueces de Distrito la obligación directa de recabar de manera oficiosa los documentos o constancias; a saber: A) El Juez de amparo deberá recabar pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime ‘necesarias’ para la resolución del asunto, debiendo entender dicha necesidad, como la estrecha vinculación que la misma tiene con el acto reclamado, de modo tal que de no tenerse a la vista ese medio de convicción, el juzgador se encuentre en una imposibilidad jurídica de hacer el pronunciamiento correspondiente sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que se reclame. B) Que el tercer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo al referirse literalmente a ‘pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto’ debe entenderse como la obligación que se impone al juzgador, de recabar, indistintamente, todos aquellos elementos de convicción, pruebas y actuaciones necesarias para emitir un fallo; y, C) Que el Juez Federal está obligado a recabar pruebas de oficio cuando se esté en la hipótesis contemplada en el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, esto es, cuando la autoridad acepta la existencia del acto reclamado, enviando al efecto diversas constancias para apoyar la legalidad del mismo, omitiendo remitir entre las mismas la relativa al acto reclamado, entonces, surge la obligación del Juez de Distrito. Destacadas las premisas anteriores, este Tribunal Colegiado reitera que se violaron las reglas del procedimiento en el juicio de garantías, contra la hoy recurrente, en virtud de que el Juez de Distrito a pesar de estar obligado a recabar de oficio, en términos del tercer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, diversas actuaciones que obran ante la autoridad responsable y que son necesarias para pronunciarse en el dictado de la sentencia, no lo hizo. Así es, del análisis de la demanda de garantías se advierte que el recurrente señaló como acto reclamado el siguiente: ‘La determinación de la responsable al haber vinculado a proceso a mi defenso en la audiencia llevada a cabo a las 12:00 horas del día 10 de febrero de 2009 en la causa penal 159/09 iniciada por el delito de robo.’. Por otra parte, la autoridad responsable Juez de garantía del Distrito Judicial Bravos, con residencia en Ciudad Juárez, a quien la parte recurrente le atribuyó dicho acto reclamado, al rendir su informe justificado, aceptó la certeza del mismo, al manifestar lo que a continuación se indica: ‘Que son ciertos y no inconstitucionales, los actos reclamados, pues en fecha diez de febrero próximo pasado el suscrito licenciado Alberto Ocon Campos, Juez de garantía de este Distrito Judicial Bravos, decretó auto de vinculación a proceso en contra de ********** por el delito de robo calificado cometido en perjuicio de **********, remítase al Juez de amparo copia certificada del audio y video de las audiencias celebradas los días seis y diez de febrero del año en curso, así como la transcripción de la resolución mediante la cual, se vinculó a proceso al imputado de mérito. Asimismo, informo a usted que con fecha diecisiete de febrero próximo pasado, la licenciada ********** en representación del quejoso **********, promovió juicio de amparo número **********, en contra de la ilegal detención, radicado en ese mismo Juzgado de Distrito en relación con la causa penal ********** del índice de este tribunal, informando que dicho amparo se encuentra hasta este momento sobreseído. Por otra parte, se remite la certificación con la que se acredita que la licenciada ********** tiene el carácter de defensora particular del quejoso en mención.’ (fojas 15 y 16 de los autos del juicio de amparo). En apoyo a dicho informe justificado la autoridad responsable de mérito anexó los medios de prueba siguientes: I. Copia certificada del audio y video de las audiencias celebradas los días seis y diez de febrero del presente año. II. Transcripción de la resolución del auto de vinculación a proceso dictada en la fecha antes citada; y, III. Certificación con la que se acredita que la licenciada **********, tiene el carácter de defensora particular del quejoso **********. Sin embargo, del contenido del auto de vinculación a proceso dictado contra del aquí recurrente se colige que el Juez de garantía, para su dictado indefectiblemente se apoyó en los relatos que el agente del Ministerio Público del fuero común extrajo de las actuaciones contenidas en su carpeta de investigación, en donde obran todos y cada uno de los elementos de prueba incriminatorios que se valoraron y justipreciaron para emitir dicho auto de vinculación, y respecto del cual el fiscal realizó la imputación al aquí recurrente. En efecto, del análisis del acto reclamado emitido por la autoridad responsable, se advierte que, en base al sistema oral que rige a esta entidad federativa, tomó como hecho cierto e indiscutido el contenido de la carpeta de investigación de referencia, en la que a decir de la representación social obraban los medios de prueba que le sirvieron de sustento al Juez de mérito para el dictado del auto de vinculación impugnado, lo que si bien es cierto jurídicamente se encuentra ajustado a derecho en relación al sistema penal estatal, ya que acorde a lo dispuesto por el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, el Juez de garantía no puede revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta, no significa que también para un Juez de Distrito, tal disposición le resulte de observación obligatoria y jurídicamente suficiente para resolver la constitucionalidad del acto reclamado. Así es, la apuntada limitante sólo le es atribuible al Juez de garantía, mas no al juzgador de amparo, quien al tener una función jurisdiccional de n
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23163-21d74a64/orden-de-aprehension-o-auto-de-vinculacion-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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