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Modo: Corpus Pro

DERECHO AL VOTO. SE SUSPENDE POR EL DICTADO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O DE VINCULACIÓN A PROCESO, SÓLO CUANDO EL PROCESADO ESTÉ EFECTIVAMENTE PRIVADO DE SU LIBERTAD. JURISPRUDENCIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. TIENEN ESE CARÁCTER Y VINCULAN AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN LAS CONSIDERACIONES SUSTENTADAS EN UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CUANDO SE APRUEBAN POR OCHO VOTOS O MÁS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2008-PL. · Registro digital (IUS): 23180
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Décima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 1, Pág. 106.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2008-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 26 DE MAYO DE 2011. MAYORÍA DE SIETE VOTOS; VOTARON CON SALVEDADES: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA RESPECTO DE TODAS LAS CONSIDERACIONES COMPARTIENDO ÚNICAMENTE EL SENTIDO, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES EN CUANTO A ALGUNAS CONSIDERACIONES DEL PROYECTO; VOTARON EN CONTRA: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ Y JUAN N. SILVA MEZA. PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIOS: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ, AMALIA TECONA SILVA Y JOSÉ ALFONSO HERRERA GARCÍA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiséis de mayo de dos mil once.

VISTOS ; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante oficio recibido el veinticinco de febrero de dos mil ocho, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ministro José Ramón Cossío Díaz, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 85/2007, y el emitido por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 29/2007.

El oficio que contiene la denuncia referida, es del tenor siguiente:

"C. Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Presente. José Ramón Cossío Díaz, Ministro de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación por este conducto, con fundamento en el artículo 99, séptimo párrafo, de la Constitución Federal y el 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, denunció la posible contradicción de tesis suscitada entre el órgano colegiado al que me encuentro adscrito y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con base en las siguientes consideraciones: El pasado treinta y uno de octubre de dos mil siete, la Primera Sala de esta Suprema Corte resolvió la contradicción de tesis 29/2007 e integró la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 171/2007, cuyo rubro y texto son los siguientes: ‘DERECHOS POLÍTICOS. DEBEN DECLARARSE SUSPENDIDOS DESDE EL DICTADO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 38, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.’ (se transcribe). Considero posible que la interpretación del artículo 38, fracción II, de la Constitución Federal, subyacente al criterio citado puede encontrarse en posible contradicción con el criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el veinte de junio de dos mil siete, al resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-85/2007. De la resolución de este último asunto, derivó la tesis aislada XV/2007, de rubro y texto: ‘SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 38 CONSTITUCIONAL. SÓLO PROCEDE CUANDO SE PRIVE DE LA LIBERTAD.’ (se transcribe). En consecuencia, someto a la consideración de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la presente denuncia para que se le dé el trámite que en derecho proceda."

SEGUNDO. Por acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil ocho, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el asunto con el número 6/2008-PL; y a fin de integrar el expediente, con fundamento en los artículos 99, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción VIII, 14, fracción II, párrafo primero y 236, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación requirió a la presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, para que remitiera el expediente relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-85/2007, en el que se sostiene el criterio que se encuentra en posible contradicción o, en su defecto, copia certificada de la sentencia ahí pronunciada.

TERCERO. Por diverso proveído de cinco de marzo de dos mil ocho, se tuvo por cumplimentado lo ordenado en el acuerdo que antecede y se dio vista con las constancias de autos al procurador general de la República, a fin de que en el plazo de treinta días, si lo considerara pertinente, emitiera pedimento en relación con la contradicción denunciada.

CUARTO. Por acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil ocho, se turnaron los autos al señor Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, para la elaboración del proyecto correspondiente.

QUINTO. Posteriormente, mediante proveído de veinticuatro de abril de dos mil ocho, se tuvo por presentado el pedimento del agente del Ministerio Público de la Federación, según oficio número DGC/DCC/376/2008.

SEXTO. Previo dictamen del Ministro ponente, el asunto quedó radicado en la Segunda Sala de este Alto Tribunal.

SÉPTIMO. En sesión de veinticinco de junio de dos mil ocho, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el asunto fuera remitido al Tribunal Pleno para su resolución.

OCTAVO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de siete de enero de dos mil diez determinó por mayoría de votos, que sí existe contradicción de criterios en el presente asunto y que el Ministro ponente abordara el estudio correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 99, párrafo séptimo, de la Constitución General de la República; 10, fracción VIII, 236 y 237, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que la presente denuncia de contradicción versa sobre un tema que no es de la competencia exclusiva de alguna de las Salas y los criterios que se contraponen fueron emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Primera Sala de este Alto Tribunal.

SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de los artículos 99, párrafo quinto, de la Constitución Federal, toda vez que fue formulada por uno de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

TERCERO. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la divergencia de criterios denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presente los criterios sustentados por los órganos jurisdiccionales que lo motivaron, por lo que a continuación se transcriben:

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-85/2007, el día veinte de junio de dos mil siete, sostuvo lo siguiente:

"SEXTO. Estudio de fondo. El agravio formulado por el actor se estima fundado y suficiente para acoger su pretensión, a partir de la suplencia en su deficiencia de conformidad con el artículo 23, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que la autoridad responsable infringió lo previsto en los artículos 35, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 4, apartado 1, 139, 140 y 145, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; como se justifica en las consideraciones siguientes: En el presente caso, ********** solicitó su credencial para votar con fotografía, la cual le fue negada sobre la base de considerarlo suspendido en sus derechos político-electorales, por estar sujeto a un proceso penal derivado del auto de formal prisión dictado por el titular del Juzgado Mixto de San Juan de los Llanos Libres, Puebla. De la copia certificada de dicho mandamiento judicial, al cual se le otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 16 de la citada ley general, se deriva que el actor se encuentra sujeto a proceso como presunto responsable de la comisión de diversos delitos de carácter culposo. Conforme a esa determinación, la autoridad administrativa electoral negó al demandante la expedición de la credencial de elector sustentada en el artículo 38, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece la suspensión de derechos y prerrogativas del ciudadano en los siguientes términos: ‘Artículo 38.’ (se transcribe). No obstante a lo anterior, la propia Constitución establece las bases para admitir que tal suspensión no es absoluta ni categórica. En efecto, el cúmulo de derechos o prerrogativas reconocidos en la Constitución a favor del ciudadano no deben traducirse como un catálogo rígido, invariable y limitativo de derechos, que deban interpretarse de forma restringida, ya que ello desvirtuaría la esencia misma de los derechos fundamentales. Por el contrario, dichas garantías constitucionales deben concebirse como principios o lineamientos mínimos; los cuales, al no encontrarse constreñidos a los consignados de manera taxativa en la Norma Constitucional, deben considerarse susceptibles de ser ampliados por el legislador ordinario, o por convenios internacionales celebrados por el presidente de la República y aprobados por el Senado de la República. En cuanto a esto último, la propia Constitución en su artículo 133 identifica como ‘Ley Suprema de la Unión’ a distintos cuerpos normativos como las leyes generales y los tratados internacionales. Así lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada identificada con la clave P. IX/2007 que refiere: ‘TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.’. El anterior razonamiento, autoriza a considerar que si los derechos y prerrogativas constitucionales son susceptibles de ampliarse en los ordenamientos que conforman la ‘Ley Suprema de la Unión’, es válido acudir a éstos para aplicarlos cuando prevean una situación jurídica de mayor tutela de tales derechos, sin que esto pueda constituir una contravención a la Constitución, ya que ésta permite tal remisión según se evidenció. En ese sentido, puede afirmarse que si el tratado amplía la esfera de libertades de los gobernados o compromete al Estado a realizar determinadas acciones en beneficio de los ciudadanos, deben considerarse como normas supremas de la unión y constitucionalmente válidas. En ese orden de ideas, resulta aplicable al caso el artículo 25, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, al establecer que la suspensión de derechos no debe ser indebida, al tenor de lo siguiente: (se transcribe). El alcance normativo de dicho precepto fue fijado por el Comité de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas en la Observación General Número 25 de su 57o. periodo de sesiones en 1996, en el sentido de que: ‘a las personas a quienes se prive de la libertad pero que no hayan sido condenadas no se les debe impedir que ejerzan su derecho a votar.’. Consecuentemente, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos fue celebrado por el Estado Mexicano conforme a lo previsto en la Constitución Federal, toda vez que nuestro país se adhirió a él y tal acto fue ratificado por el Senado de la República el veintitrés de marzo de mil novecientos ochenta y uno, puede afirmarse que tal cuerpo normativo, incluido su artículo 25, forma parte de lo que el artículo 133 constitucional denomina ‘Ley Suprema de la Unión’, por lo que resulta válido atender a éste para orientar la decisión respecto de la pretensión del demandante, en el sentido de que, al estar sujeto a proceso y no encontrarse privado de la libertad, debe permitírsele ejercer el derecho a votar y por consiguiente, expedirle la credencial de elector que solicitó. La anterior conclusión es acorde, además, con lo dispuesto por los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los cuales subyace y se reconoce a favor de quien está sujeto a proceso penal el derecho fundamental a la presunción de inocencia, hasta en tanto se demuestre lo contrario; lo cual implica, que mientras no sea condenado con una sentencia ejecutoria, por la cual se le prive de la libertad, el promovente no debe ser suspendido en su derecho político-electoral de votar. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de nuestro país ha elevado a rango constitucional el principio de presunción de inocencia, de tal modo que esta garantía básica permea toda la actividad administrativa, legislativa y jurisdiccional del Estado. Esto último en razón de la tesis aislada, P. XXXV/2002, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, P.14, cuyo rubro descansa sobre lo siguiente: ‘PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’. Expresado lo que antecede, debe precisarse que en general es reconocida la facultad del Estado de ejercer su potestad punitiva a través de un sistema de derecho penal que cumpla en forma razonable con dos finalidades básicas: proteger por una parte, a la sociedad de las conductas ilícitas catalogadas como delito, con lo que se pretende evitar la impunidad y desalentar todas las formas de autotutela o justicia por propia mano y, por la otra, proteger al acusado frente a los excesos, las desviaciones y las perversiones en la acusación; es decir, el derecho penal es, o debe ser, una forma de reducir la violencia en la sociedad. Por consiguiente, siendo un principio constitucional básico y un elemento distintivo del Estado democrático el que todo régimen punitivo se oriente a cumplir con las finalidades últimas del derecho penal, entre ellas, la readaptación social del individuo, las penas deben orientarse de forma tal que sean compatibles con los valores constitucionales y democráticos; por tanto, no deben establecerse como un instrumento de venganza o castigo a los responsables de la comisión de un delito, sino como una medida necesaria, orientada a la readaptación social del individuo y a la prevención del delito. En ese sentido, los procedimientos penales deben estar dirigidos a fortalecer la protección de la libertad personal, por lo que los mecanismos jurídicos existentes deben ser suficientes para garantizar la libertad personal, física o deambulatoria de los individuos. Por ello se considera, en la dogmática penal, que la piedra angular de todo proceso acusatorio es el reconocimiento y respeto de uno de los derechos humanos de mayor trascendencia, conocido como el derecho a la presunción de inocencia, pues toda persona a quien se imputa un delito tiene derecho a ser considera inocente, mientras no se pruebe legalmente su culpabilidad en un proceso seguido con todas las garantías previstas por la ley. El referido principio es un derecho fundamental, pues configura la libertad del sujeto, al grado que su observancia debida en un sistema penal, permite al procesado ser libre frente a acusaciones aún no comprobadas por las cuales se pretende privar de la libertad. Así, este derecho tiene por objeto el mantenimiento y la protección jurídica de la inocencia del procesado mientras no se produzca prueba concreta capaz de generar la certeza necesaria para establecer la responsabilidad a través de una declaración judicial de condena firme. En ese orden de ideas, la mencionada presunción de inocencia constituye un derecho atribuible a toda persona por el cual debe considerarse, a priori, como regla general, que su actuación se encuentra de acuerdo con la recta razón y en concordancia con los valores, principios y reglas del ordenamiento jurídico, mientras un órgano jurisdiccional no adquiera la convicción, a través de los medios de prueba legal, de su participación y responsabilidad en el hecho punible determinada por una sentencia firme y fundada, obtenida respetando todas y cada una de las reglas del debido proceso, todo lo cual exige aplicar las medidas cautelares previstas en el proceso penal en forma restrictiva, para evitar el daño de personas inocentes mediante la afectación de sus derechos fundamentales. El referido principio ha sido reconocido expresamente a través de diversos instrumentos internacionales tales como: La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, que en su artículo 11, párrafo 1 prevé: (se transcribe). La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada por la Novena Conferencia Internacional Americana en Bogotá, Colombia, el dos de mayo de 1948, señala, en su artículo XXVI: (se transcribe). En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, abierto a firma en la ciudad de Nueva York, E.U.A, el 19 de diciembre de 1966, señala en su artículo 14 párrafo 2: (se transcribe). La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José Costa Rica, adoptado el 22 de noviembre de 1969, establece, en su artículo 7, párrafo 5, bajo el título ‘Derecho a la Libertad Personal’, que: (se transcribe). Finalmente en la Convención Americana de Derechos Humanos, en su numeral 8, se dice: (se transcribe). Dichos instrumentos, al haber sido reconocidos por el Estado Mexicano, forman parte del orden jurídico nacional, toda vez que fueron suscritos, aprobados y ratificados por nuestro país, en términos del artículo 133 de la Carta Magna, por lo que es obligación del Estado velar y respetar en todo momento el derecho fundamental en comento. En ese contexto y congruentes con la presunción de inocencia reconocida en la Constitución Federal como derecho fundamental y recogida en los instrumentos internacionales arriba referidos, el ejercicio de los derechos y prerrogativas del ciudadano sólo debe limitarse por razones justificativas del impedimento legal para ejercerlas, por ejemplo si no se tiene la edad o la nacionalidad, requeridas como condición de la ciudadanía, o por conden

del Juez competente, etcétera. Ahora bien, en atención a las anteriores consideraciones, y conforme con una interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 38, fracción II, 14, 16, 19, 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que, aun cuando el impetrante haya sido sujeto a la traba de la formal prisión por su presunta responsabilidad en la comisión de los ilícitos de mérito, no ha sido condenado, lo cual es condición para ser suspendido en el derecho a votar. Lo anterior, encuentra lógico respaldo en el hecho de que, si el actor únicamente puede ser privado del derecho a votar por sentencia ejecutoria, la cual no ha sido dictada, tan solo se encuentra sujeto a proceso penal, el cual enfrenta en libertad por haber obtenido el beneficio constitucional previsto en el numeral 20, párrafo I de la Constitución Federal, entonces no hay razones válidas para justificar la suspensión del derecho político-electoral de votar en contra del demandante, pues es innegable que salvo la limitación acaecida, dicho ciudadano, al encontrarse libre y al operar en su favor el principio de presunción de inocencia, debe continuar en el uso y goce de todos sus derechos. Tal situación resulta suficiente para considerar que, como no hay una pena privativa de libertad que verdaderamente reprima al sujeto activo en su esfera jurídica y, por ende, le impida materialmente ejercer los derechos y prerrogativas constitucionales, tampoco hay razones fácticas que justifiquen la suspensión o merma en su derecho político-electoral de votar. Así las cosas, conviene precisar que en atención a la ratio essendi del ejercicio de los derechos políticos, consistente en que éstos posibilitan a los destinatarios de las normas jurídicas a participar directa o indirectamente, de manera equitativa en la modificación o formación de las mismas, resulta imprescindible el cumplimiento de ciertas condiciones constitucionales y legales para que un grupo de individuos, esto es, los ciudadanos mexicanos, estén en aptitud de ejercerlos en plenitud. En ese sentido, la posibilidad igualitaria de participar en la intervención y toma de decisiones en los asuntos públicos, supone el derecho del ciudadano a ser reconocido como un igual, pero a su vez conlleva el deber de respetar el orden público. La infracción de esos deberes es lo que obliga a establecer los casos en los cuales el ciudadano debe ser privado del ejercicio de las facultades inherentes a su condición. Lo anterior no supone propiamente retirar a los ciudadanos de la titularidad de ese tipo de derechos sino únicamente suspenderlos temporalmente, dejándolos fuera de la categoría de esos derechos, sujeto a la condición de que legalmente pueda estimarse que se ha infringido el orden público, lo cual sólo se determina al dictarse la sentencia ejecutoria que lo declare responsable del delito y que tenga señalada pena privativa de la libertad. En otras palabras, el fundamento de los derechos políticos proporciona, no solo la justificación para su ejercicio, sino también para su suspensión por actos cometidos por el titular de los mismos. En efecto, al tener como base las libertades positivas y negativas del ciudadano, éste tiene el derecho a gozar de ese ámbito de libertad protegido; sin embargo, al mismo tiempo el ciudadano está obligado a no atentar en contra de las condiciones que hacen posible la existencia del Estado democrático constitucional de derecho. Consecuentemente, puede afirmarse que la suspensión de derechos consiste en la restricción particular y transitoria del ejercicio de los derechos del ciudadano, cuando a éste se le hubiere comprobado el incumplimiento de sus correlativas obligaciones o se hubiere acreditado su responsabilidad en la infracción de algún ordenamiento legal. En ese orden de ideas, si bien los derechos y prerrogativas de los ciudadanos consagrados en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no son de carácter absoluto, todo límite o condición que se aplica a los derechos relativos a la participación política debe basarse en criterios objetivos y razonables. Por consiguiente, de conformidad con la fracción II del artículo 38, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a una de las causas que generan la suspensión de los derechos y prerrogativas del ciudadano, esto es, por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión; la suspensión de derechos obedece, en este supuesto, al estado jurídico que guarda el ciudadano que se encuentra en sujeción a proceso. Empero esa circunstancia legal no califica al procesado como culpable o infractor de las normas jurídicas, sino únicamente como presunto responsable, lo cual, en términos de la extensión del derecho a votar ampliada por las leyes supremas de la unión, no resulta suficiente para suspenderle sus derechos. En efecto, si la calidad de sujeto a proceso no significa una condena, conforme con el principio de presunción de inocencia que subyace del artículo 20 Constitucional Federal, debe entenderse entonces que la suspensión de los derechos prevista en la fracción II del artículo 38 del mismo ordenamiento, debe entenderse como consecuencia de la privación de la libertad y con ello de la imposibilidad material y jurídica de ejercer un cúmulo de diversos derechos que integran la esfera jurídica del gobernado. Al respecto resulta conveniente tener presente que el procedimiento en materia penal se integra con cuatro etapas o periodos a saber: 1) averiguación previa; 2) instrucción; 3) juicio y 4) ejecución. Tratándose del Estado de Puebla, de conformidad con los artículos 50 y 220, fracciones I y II, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, la instrucción es la etapa en la cual se llevan a cabo los actos procesales necesarios para la comprobación del cuerpo del delito y el conocimiento de la responsabilidad o inocencia del procesado, a fin de estar en aptitud de resolver la situación jurídica planteada. Dicho periodo suele dividirse en dos etapas: la primera llamada preinstrucción que abarca desde el auto de inicio emitido por el órgano jurisdiccional, hasta el auto de formal prisión, o de libertad por falta de elementos para procesar, o auto de sobreseimiento, según corresponda; la segunda propiamente llamada instrucción, que comprende desde el auto que sujeta de manera formal al procedimiento hasta el auto que declara cerrada la instrucción. Así, el referido auto de formal prisión es aquella resolución judicial dictada por el órgano jurisdiccional al vencer el término de setenta y dos horas, mediante la cual, previa reunión de los datos que sean suficientes para comprobar el cuerpo del delito y que exista presunta responsabilidad del inculpado, se emite prisión preventiva en su contra y, por tanto, se le sujeta a un proceso penal, con lo cual, se fija la materia por la que se ha de seguir el mismo; debiéndose precisar que el objeto de dicho auto de formal prisión no se limita a la detención, sino que habrá de tener algunas otras consecuencias como: a) señalar el delito o delitos por los que se ha de seguir el proceso; b) inicia el periodo del proceso formal de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 fracción VIII de la Constitución General; c) justifica la prisión del sujeto activo del delito, convirtiéndose el indiciado en procesado; y d) suspende los derechos y prerrogativas del ciudadano, en términos de la fracción II del artículo 38 de la Constitución General de la República. En este sentido, el análisis del artículo 19 de la Carta Magna denota que los elementos esenciales del auto de formal prisión, son dos: la comprobación del cuerpo del delito y la estimación correcta que se haga respecto a la presunta responsabilidad penal. Por cuanto hace al primero de tales elementos, se debe entender como el conjunto de elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad de la figura delictiva descrita concretamente por la ley penal, por lo que es menester precisar cuál es el precepto del Código Penal que sanciona los hechos, comprobando que los elementos materiales de ese delito resulten acreditados mediante las pruebas aportadas por el órgano de acusación. El segundo de los elementos, se constriñe a deducir si de las circunstancias de modo, tiempo y lugar y demás particularidades de la ejecución del ilícito, se acredita hasta ese momento la presunta responsabilidad del inculpado en la comisión de los ilícitos que se le imputan. Respecto a los efectos de dicha resolución interlocutoria, es de apuntar que al tratarse de un auto de formal prisión, dictado por una autoridad judicial de primera instancia, es recurrible y, por tanto, no causa estado hasta en tanto la impugnación respectiva no sea resuelta por el tribunal ulterior o, en su caso, fenezca el término legalmente previsto para tal efecto, sin que se produzca impugnación alguna. En esa tesitura, se trata de una etapa del proceso penal, con efectos provisionales, que en el supuesto de ser revocada por la instancia de alzada, deja insubsistente el fallo dictado en la instancia primigenia, por lo que los hechos delictuosos por los que el inculpado fue sujeto a la traba de la formal prisión, quedan plenamente desacreditados y, en consecuencia, el procesado no es responsable del ilícito que se le imputó. En caso contrario, de quedar firme lo anterior, se inicia con la etapa del juicio, la cual según el artículo 233 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, inicia con la presentación de las conclusiones del Ministerio Público, del procesado y/o su defensor. Posteriormente, en la audiencia correspondiente, ambas partes definen y precisan sus puntos de controversia que deberán ser objeto de debate a fin de que el Juez estime el valor de las pruebas y pronuncie sentencia definitiva. Hecho lo anterior, y declarado visto el proceso, con base en el artículo 266 del citado Código de Procedimientos, se pasa a la última de las fases denominada ejecución, la cual abarca desde el momento en que causa ejecutoria la sentencia dictada hasta la extinción completa de la pena impuesta. Ahora bien, en el presente asunto, del análisis de las constancias que obran en el sumario relativas a la demanda de juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, de lo manifestado en el informe circunstanciado y de las demás pruebas ofrecidas y aportadas por las partes, debidamente adminiculadas con los demás documentos que obran en el expediente en que se actúa, valoradas en términos del artículo 16, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia permiten arribar a las siguientes consideraciones: 1. En fechas, veintinueve de marzo y cuatro de diciembre de dos mil cinco, el Juez Mixto del Distrito Judicial de San Juan de los Llanos Libres, Puebla, dentro del proceso penal número 30/2005, dictó diversos autos de formal prisión en contra del ciudadano ********** como presunto responsable de diferentes delitos de carácter culposo. 2. Mediante notificación del Poder Judicial del Estado de Puebla al área de depuración al padrón de la Vocalía del Registro Federal de Electores, el Juez de San Juan de los Llanos Libres, Puebla, informó de un primer auto de formal prisión dictado en contra del promovente p

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23180-cf948176/derecho-al-voto-se-suspende-por-el-dictado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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