ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 5, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE DISPONE QUE CUANDO LOS CIUDADANOS COAHUILENSES SEAN FUNCIONARIOS PÚBLICOS, PODRÁN PARTICIPAR EN LAS PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS, APOYANDO A LOS CANDIDATOS DE SU SIMPATÍA Y A SU PARTIDO, SÓLO SI LO HACEN CON SUS RECURSOS PROPIOS Y FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO OFICIAL, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 134, SÉPTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 12, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, AL SEÑALAR QUE EN EL SUPUESTO DE QUE SE REGISTRE UN CANDIDATO PARA UN CARGO FEDERAL DE ELECCIÓN POPULAR Y SIMULTÁNEAMENTE PARA OTRO DEL ESTADO O DE SUS MUNICIPIOS, PERO EL REGISTRO PARA EL CARGO DE ELECCIÓN LOCAL YA ESTUVIERE HECHO, SE PROCEDERÁ A LA CANCELACIÓN AUTOMÁTICA DEL ÚLTIMO REGISTRO QUE SE TUVIERE, NO VIOLA LAS ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 13, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE DISPONE QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS TENDRÁN DERECHO A INTEGRAR GRUPOS PARLAMENTARIOS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO, Y QUE NINGÚN DIPUTADO ELECTO PODRÁ SEPARARSE DE SU FRACCIÓN PARLAMENTARIA, SALVO EN EL CASO DE CANDIDATURAS COMUNES, VIOLA EL DERECHO DE ASOCIACIÓN POLÍTICA CONTENIDO EN LOS ARTÍCULOS 9o., 35, FRACCIÓN III Y 41, FRACCIÓN I, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 25, PÁRRAFOS SEGUNDO, SEGUNDA PARTE Y TERCERO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, AL PREVER QUE NINGÚN LÍDER SINDICAL O GREMIAL, NI ALGÚN DIRECTIVO DE UNA ASOCIACIÓN SINDICAL, CORPORATIVA O GREMIAL, PODRÁN OCUPAR UN ÓRGANO DE DIRECCIÓN O DE MANDO EN UN PARTIDO POLÍTICO NACIONAL O ESTATAL, Y QUE LA VIOLACIÓN A ESTE SUPUESTO DARÁ LUGAR A "LA ANULABILIDAD DEL PUESTO PARTIDISTA EN EL ÁMBITO LOCAL", RESTRINGEN EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ASOCIACIÓN EN MATERIA POLÍTICA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 9o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, AL ESTABLECER QUE PARA OBTENER FINANCIAMIENTO PÚBLICO LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES DEBERÁN ACREDITAR LA INTEGRACIÓN DE SU COMITÉ DIRECTIVO U ORGANISMO EQUIVALENTE EN LA ENTIDAD, EN LOS DISTRITOS ELECTORALES Y EN LOS MUNICIPIOS DONDE SE ENCUENTRE ORGANIZADO, MANTENIENDO REPRESENTANTES Y OFICINAS EN CUANDO MENOS DIECINUEVE MUNICIPIOS DEL ESTADO, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 50, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE PREVÉ QUE EL FINANCIAMIENTO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE COMPONDRÁ DE LAS INVERSIONES, FONDOS O FIDEICOMISOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, CONSTITUIDOS CON RECURSOS PROPIOS O CON LAS APORTACIONES PRIVADAS DE SUS MILITANTES O SIMPATIZANTES, NO VULNERA LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN II Y 116, SEGUNDO PÁRRAFO, FRACCIÓN IV, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 50, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, AL SEÑALAR QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PODRÁN OBTENER FINANCIAMIENTO POR APORTACIONES DE ORGANISMOS EJECUTIVOS, SIN REBASAR EL TOPE DE PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS FIJADO EN EL PROPIO CÓDIGO, NO VIOLENTA EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN NACIONAL DE CUOTAS A LOS ÓRGANOS ESTATALES. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 50, FRACCIÓN VIII, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, AL PREVER QUE CADA PARTIDO POLÍTICO PODRÁ OBTENER COMO FINANCIAMIENTO NO PÚBLICO HASTA EL 99% ANUAL DEL MONTO QUE LE CORRESPONDA POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO ORDINARIO, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 57, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE ESTABLECE QUE LOS TOPES DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑAS ELECTORALES QUE REALICEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y SUS CANDIDATOS SE SUJETARÁN, ENTRE OTRAS, A LA REGLA SEGÚN LA CUAL LOS GASTOS DE PROPAGANDA EN PRENSA, RADIO Y TELEVISIÓN, COMPRENDEN LOS REALIZADOS EN CUALQUIERA DE ESOS MEDIOS, TALES COMO MENSAJES, ANUNCIOS PUBLICITARIOS Y SUS SIMILARES, TENDIENTES A LA OBTENCIÓN DEL SUFRAGIO UNIVERSAL, CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN III, APARTADO A DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EL PRINCIPIO DE CERTEZA CONTENIDO EN EL DIVERSO 116, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA PROPIA NORMA SUPREMA. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, AL DISPONER QUE DOS O MÁS PARTIDOS POLÍTICOS PUEDEN POSTULAR AL MISMO CANDIDATO O CANDIDATOS, LISTA, FÓRMULA O PLANILLA DEBIENDO PRESENTAR EL CONVENIO CERTIFICADO POR NOTARIO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POSTULANTES Y EL CANDIDATO EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN SUS ESTATUTOS, EN DONDE SE INDIQUEN LAS APORTACIONES DE CADA UNO PARA LOS GASTOS DE CAMPAÑA, SUJETÁNDOSE A LOS LÍMITES DE RADIO Y TELEVISIÓN QUE FIJE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, ASÍ COMO A LOS TOPES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA FIJADOS EN EL CITADO ORDENAMIENTO, NO INVADE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS TIEMPOS OFICIALES DE RADIO Y TELEVISIÓN. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 60 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, AL DISPONER LAS CAUSAS POR LAS QUE UN PARTIDO POLÍTICO -LOCAL O ESTATAL-, PREVIA RESOLUCIÓN DEL INSTITUTO PODRÁ PERDER SU REGISTRO O LA INSCRIPCIÓN DE SU REGISTRO ANTE EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, NO VULNERA LOS ARTÍCULOS 41 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 63 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE INDICA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE PIERDAN SU REGISTRO O LA INSCRIPCIÓN DE SU REGISTRO, ENTREGARÁN AL INSTITUTO ELECTORAL LOCAL LA TOTALIDAD DE LOS BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS PROVENIENTES DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO OTORGADO, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 73, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE PREVÉ QUE CORRESPONDE AL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA ENTIDAD VIGILAR QUE EL CONTENIDO DE LOS MENSAJES CON FINES ELECTORALES RELACIONADOS CON LOS COMICIOS LOCALES, TRANSMITIDOS POR RADIO Y TELEVISIÓN EN EL TERRITORIO ESTATAL, SE AJUSTEN A LO ESTABLECIDO EN EL INDICADO CÓDIGO Y SANCIONAR SU INCUMPLIMIENTO, TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 41 Y 116, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 82, FRACCIONES I Y II, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, AL ESTABLECER QUE EL PATRIMONIO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL ESTARÁ CONSTITUIDO, ENTRE OTROS, POR LOS INGRESOS QUE PERCIBA, CONFORME A LA PARTIDA QUE ESTABLEZCA SU PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS, Y LOS QUE PERCIBA POR LOS SERVICIOS QUE PRESTE, EN CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO O QUE LE CORRESPONDAN POR CUALQUIER OTRO TÍTULO LEGAL, ASÍ COMO POR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y DEMÁS INGRESOS QUE LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL LE APORTEN PARA LA REALIZACIÓN DE SU OBJETO, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA EN MATERIA ELECTORAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 85, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, AL DISPONER QUE EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL PODRÁ CELEBRAR ACUERDOS CON LA DEPENDENCIA DEL PODER EJECUTIVO LOCAL QUE CORRESPONDA PARA QUE ÉSTA COADYUVE, TOTAL O PARCIALMENTE, EN LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE SU PATRIMONIO, VULNERA EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISOS B) Y C), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 87 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, AL PREVER QUE EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL SE SUJETARÁ A LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL LOCAL QUE EJERZA EL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA LOCAL; AL CONTROL CONSTITUCIONAL Y LEGAL QUE EJERZA EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD Y AL CONTROL DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN QUE EJERZA EL CONGRESO ESTATAL, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 97 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, AL DISPONER QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PODRÁN SUSTITUIR EN TODO TIEMPO A SUS REPRESENTANTES Y QUE PARA TAL EFECTO COMUNICARÁN, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE PROPIETARIO ACREDITADO ANTE EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, EL AVISO CORRESPONDIENTE AL CONSEJERO PRESIDENTE, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN EN MATERIA ELECTORAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 104 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE SEÑALA QUE LOS ÓRGANOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL PODRÁN EJERCER ALGUNAS FACULTADES QUE RESIDEN ORIGINALMENTE EN SU CONSEJO GENERAL, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE PREVÉ QUE EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL PODRÁ AUTORIZAR CON LAS DOS TERCERAS PARTES DE SUS INTEGRANTES, LAS BASES DEL CONVENIO CON EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL PARA QUE ÉSTE PUEDA COADYUVAR EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS ELECCIONES LOCALES, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 41 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN XX, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, AL CONFERIR AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL LA ATRIBUCIÓN DE MONITOREAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE LAS PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS, Y FACULTAR AL INSTITUTO PARA ORDENAR LA SUSPENSIÓN DE SU DIFUSIÓN COMO MEDIDA CAUTELAR A FIN DE "PRIVILEGIAR EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL", CONTRAVIENE LA FACULTAD SANCIONADORA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL PREVISTA EN EL APARTADO D DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN XXI, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, AL FACULTAR AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL PARA "REGISTRAR" EL NOMBRAMIENTO DE LOS DIRIGENTES FEDERALES PARTIDARIOS, ENTRE OTROS, NO CONTRAVIENE LAS COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES ATRIBUIDAS AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN XXIII, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, AL DISPONER QUE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL PODRÁ VERIFICAR Y, EN SU CASO, APROBAR LA APLICACIÓN QUE DEL FINANCIAMIENTO OTORGADO REALICEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 41 Y 116, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN XLIII, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, AL FACULTAR AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL PARA PREPARAR, ORGANIZAR O VALIDAR LAS ELECCIONES INTERNAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, A SOLICITUD, POR CUENTA Y A COSTA DE ÉSTOS Y CONFORME A SUS ESTATUTOS, SIEMPRE Y CUANDO DICHO INSTITUTO CONSIDERE QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD Y CONDICIONES PARA ACCEDER A TAL SOLICITUD, CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN XVI, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA, ES INVÁLIDO AL ESTABLECER QUE EL PRESIDENTE DEL CONSEJO ELECTORAL DE ESA ENTIDAD PODRÁ NOMBRAR Y REMOVER "LIBREMENTE" A LOS TITULARES DE LAS DIRECCIONES DE ESE ORGANISMO, ASÍ COMO A TODO EL PERSONAL DE CONFIANZA Y DE BASE. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 160, FRACCIÓN XXII, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE PREVÉ QUE LA COMISIÓN DE CONTRALORÍA Y DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL ESTÁ FACULTADA PARA PRESENTAR AL CONSEJERO PRESIDENTE UN INFORME TRIMESTRAL DE SU ACTUACIÓN, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISOS C) Y B), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 170 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE PREVÉ QUE LAS ELECCIONES ORDINARIAS DEBERÁN CELEBRARSE EL TERCER DOMINGO DE OCTUBRE DEL AÑO QUE CORRESPONDA, PARA ELEGIR INTEGRANTES DEL PODER LEGISLATIVO Y MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS, CADA CUATRO AÑOS, Y QUE CUANDO LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR COINCIDA CON LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTO, SE CELEBRARÁN EL DÍA QUE CORRESPONDA A LA DE GOBERNADOR, ES DECIR, EL PRIMER DOMINGO DE JULIO DEL AÑO QUE CORRESPONDA, CADA SEIS AÑOS, VIOLA EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 173 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, AL ATRIBUIR AL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL LA FACULTAD DE CALIFICAR LAS ELECCIONES, NO TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 27, BASE III, DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL, NI EL 78, 105, FRACCIÓN XXXVI, 126, FRACCIÓN VI, 131, FRACCIÓN IX Y 181 DEL CÓDIGO CITADO. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 190, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE ESTABLECE QUE EN LOS PROCESOS INTERNOS O PRECAMPAÑAS PARA CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR LOCAL O FEDERAL, NO PODRÁN PARTICIPAR COMO PRECANDIDATOS O CANDIDATOS AQUELLOS CIUDADANOS QUE PARTICIPEN EN DOS O MÁS PROCESOS INTERNOS O PRECAMPAÑAS DURANTE UN MISMO AÑO ELECTORAL, TRANSGREDE EL DERECHO FUNDAMENTAL A SER VOTADO CONTENIDO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 197, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE ESTABLECE QUE LOS COMITÉS MUNICIPALES, EN EL AÑO DE LA ELECCIÓN, CONSTITUYEN LOS ÓRGANOS COMPETENTES PARA REGISTRAR LAS CANDIDATURAS A INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, NO CONTRAVIENE EL RÉGIMEN DE FORTALECIMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NI SU LIBERTAD DE AUTOORGANIZACIÓN. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 318 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, AL ESTABLECER UN CATÁLOGO DE INFRACCIONES AL PROPIO CÓDIGO, COMETIDAS POR LAS AUTORIDADES O LOS SERVIDORES PÚBLICOS, SEGÚN SEA EL CASO, DE CUALQUIERA DE LOS ÓRDENES DE GOBIERNO FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y CUALQUIER OTRO ENTE PÚBLICO, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 323, APARTADO A, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, AL DISPONER QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PODRÁN SER SANCIONADOS CON LA INTERRUPCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE LA PROPAGANDA POLÍTICA O ELECTORAL QUE SE TRANSMITA DENTRO DEL TIEMPO QUE LE SEA ASIGNADO POR EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, EN VIOLACIÓN A LAS DISPOSICIONES DEL PROPIO CÓDIGO, CONTRAVIENE EL APARTADO D DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 5, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 6 DE FEBRERO DE 2009, ASÍ COMO EL DIVERSO NUMERAL 98 DEL CÓDIGO ELECTORAL LOCAL, QUE DISPONEN LAS DISTINTAS ETAPAS QUE DEBERÁN SEGUIRSE PARA LOS PROCEDIMIENTOS, TRANSITORIO Y ORDINARIO, RESPECTIVAMENTE, DE DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS ELECTORALES, PROPIETARIOS O SUPLENTES, ASÍ COMO LA PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTATAL EN AMBOS PROCEDIMIENTOS, RESPETAN LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA FUNCIÓN ELECTORAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PÁRRAFO 9 DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA EN LA PORCIÓN QUE ESTABLECE QUE EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA ENTIDAD TENDRÁ A SU CARGO LA VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE CAMPAÑA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ASÍ COMO, EN VÍA DE CONSECUENCIA, LOS ARTÍCULOS 105, FRACCIÓN VII, 157, 158 Y 217, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO ELECTORAL LOCAL, QUE SE REFIEREN A DICHOS COMPROMISOS, VIOLAN LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE CERTEZA Y OBJETIVIDAD ELECTORAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 11 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE ESTABLECE QUE EN LAS CONVOCATORIAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y ESTATALES PARA SELECCIONAR CANDIDATOS Y DIRIGENCIAS PARTIDISTAS EN LA ENTIDAD, LAS DIRIGENCIAS ESTATALES DE AQUÉLLOS PODRÁN SEÑALAR REQUISITOS DE SELECTIVIDAD CONFORME AL PERFIL IDÓNEO DE LOS PRECANDIDATOS O CANDIDATOS SEGÚN LOS MÉRITOS O DEMÉRITOS PERSONALES, PARTIDISTAS Y PROFESIONALES, EN RELACIÓN AL CARGO A ASPIRAR Y DE ACUERDO A LA IDEOLOGÍA, PROGRAMAS Y PLATAFORMAS ELECTORALES DE CADA PARTIDO, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN, LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LOS CIUDADANOS NI LA LIBERTAD DE AUTOORGANIZACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 11 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DICE: "NINGUNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL, PODRÁ REVOCAR O MODIFICAR LA DECISIÓN POLÍTICA MEDIANTE LA CUAL SE PONDERA EL PERFIL IDÓNEO.", TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 17, 99 Y 116, FRACCIÓN IV, INCISO L), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS FRACCIONES V Y VI DEL ARTÍCULO 10 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA QUE ESTABLECEN QUE TRATÁNDOSE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE DESEEN PARTICIPAR COMO CANDIDATOS A UN PUESTO DE ELECCIÓN POPULAR, DEBERÁN SEPARARSE, EN UN PLAZO MÍNIMO DE SETENTA Y OCHO DÍAS PREVIOS AL DÍA DE LA ELECCIÓN Y LOS MIEMBROS DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS COMITÉS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES HACERLO EN UNO MÍNIMO DE SESENTA DÍAS, ANTES DEL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL DE QUE SE TRATE, NO TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 3O. Y 80 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, AL DISPONER QUE PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCIÓN LOCAL Y EN EL CÓDIGO CITADO CONTARÁN CON EL APOYO DE LAS AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, SON CONSTITUCIONALES. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 10, FRACCIÓN XII Y 11, FRACCIÓN IV, INCISOS A) Y B), DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE DISPONEN QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PROCURARÁN NO REGISTRAR CANDIDATOS QUE HABIENDO PARTICIPADO EN UNA PRECAMPAÑA POR UN PARTIDO PARA UNA ELECCIÓN FEDERAL O LOCAL, PRETENDAN SER REGISTRADOS POR OTRO PARTIDO, O A LOS MILITANTES DE UN PARTIDO QUE VIOLEN SUS ESTATUTOS POR PRETENDER SER CANDIDATOS DE OTRO PARTIDO EN UN MISMO AÑO ELECTORAL, ASÍ COMO EXCLUIR DE LAS CANDIDATURAS O CARGOS PARTIDISTAS A PERSONAS QUE HABIENDO PERTENECIDO A UN PARTIDO, SE CAMBIEN A OTRO PARA OBTENER UN PROVECHO ECONÓMICO O QUE HABIENDO PARTICIPADO EN UN PROCESO INTERNO DE UN PARTIDO PRETENDAN PARTICIPAR EN OTRO, SON CONSTITUCIONALES. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 33 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PRIMERO Y CUARTO TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 5, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 6 DE FEBRERO DE 2009, ASÍ COMO 13 Y 16 DEL CÓDIGO ELECTORAL LOCAL, RELATIVOS A LA REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS DEL CONGRESO ESTATAL, NO TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN II, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 81, 105, FRACCIÓN IV Y 78 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, AL PREVER QUE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL PODRÁ CELEBRAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON EL OBJETO DE ORGANIZAR ELECCIONES FEDERALES DENTRO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO QUE DICHO INSTITUTO ES EL DEPOSITARIO DE LA AUTORIDAD ELECTORAL DENTRO DEL RÉGIMEN INTERIOR DEL ESTADO, RESPONSABLE DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN ESTATAL Y/O FEDERAL, EN SU CASO, DE PREPARAR ORGANIZAR, DESARROLLAR, VIGILAR, Y VALIDAR LOS PROCESOS ELECTORALES, VIOLAN LOS ARTÍCULOS 41 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 99, FRACCIÓN VIII Y 135, FRACCIÓN I, PÁRRAFO SEGUNDO DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE DISPONEN QUE PARA SER DESIGNADO CONSEJERO ELECTORAL, PROPIETARIO O SUPLENTE, O INTEGRANTE DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA, SE REQUIERE NO TENER ANTECEDENTES DE MILITANCIA EN ALGÚN PARTIDO POLÍTICO, VIOLAN EL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 103, 111 Y 114 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE REGULAN LO RELATIVO A LA FACULTAD DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES PARA NOMBRAR, POR VOTO SECRETO Y MAYORÍA DE VOTOS, AL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL, A QUE EN CASO DE QUE EL CONSEJERO PRESIDENTE NO SE ENCUENTRE, ÉSTE SEÑALARÁ A LA PERSONA QUE LO SUPLA Y A QUE EL CONSEJERO PRESIDENTE O LA PERSONA QUE LO SUPLA, EN CASO DE EMPATE, PODRÁ EMITIR VOTO DE CALIDAD, NO CONTRAVIENEN LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA, IMPARCIALIDAD, INDEPENDENCIA, LEGALIDAD Y OBJETIVIDAD QUE RIGEN EN MATERIA ELECTORAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 161 Y 162 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE DISPONEN LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE ACCESO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ASÍ COMO SUS ATRIBUCIONES, SON CONSTITUCIONALES. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 188 Y 213 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA QUE ESTABLECEN LA DURACIÓN MÁXIMA DE LAS PRECAMPAÑAS Y LA DURACIÓN DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES EN FORMA DIFERENCIADA SEGÚN EL TIPO DE ELECCIÓN Y EN EL CASO DE LOS AYUNTAMIENTOS LO HACEN EN FUNCIÓN DEL NÚMERO MÁXIMO DE HABITANTES INSCRITO EN LA LISTA NOMINAL, NO CONTRAVIENEN EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE CERTEZA ELECTORAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 314, FRACCIONES X Y XI Y 316, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, AL ESTABLECER QUE CONSTITUYEN INFRACCIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS A ESE ORDENAMIENTO, LA CONTRATACIÓN DIRECTA O POR MEDIO DE TERCERAS PERSONAS DE TIEMPO EN CUALQUIER MODALIDAD EN RADIO O TELEVISIÓN, LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA POLÍTICA O ELECTORAL QUE CONTENGA EXPRESIONES QUE DENIGREN A LAS INSTITUCIONES, A LOS PARTIDOS, A SUS CANDIDATOS O QUE CALUMNIEN A PERSONAS, ASÍ COMO CONTRATAR PROPAGANDA EN RADIO Y TELEVISIÓN, TANTO EN TERRITORIO NACIONAL COMO EN EL EXTRANJERO, DIRIGIDA A LA PROMOCIÓN PERSONAL CON FINES POLÍTICOS O ELECTORALES, A INFLUIR EN LAS PREFERENCIAS ELECTORALES DE LOS CIUDADANOS, O A FAVOR O EN CONTRA DE PARTIDOS POLÍTICOS O DE CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, INVADE LA FACULTAD SANCIONADORA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL PREVISTA EN EL APARTADO D DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 33/2009 Y SUS ACUMULADAS 34/2009 Y 35/2009. CONVERGENCIA, PARTIDO DEL TRABAJO Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.
SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día veintiocho de mayo de dos mil nueve.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la demanda, autoridades emisora y promulgadora, y normas impugnadas. Por sendos escritos presentados el ocho de marzo de dos mil nueve, en la Secretaría General de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Maldonado Venegas, quien se ostentó como presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Convergencia; Alberto Anaya Gutiérrez, Alejandro González Yañez, Rubén Aguilar Jiménez, Ricardo Cantú Garza y Pedro Vázquez González, quienes se ostentaron como integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo; y en el domicilio particular del funcionario autorizado para recibir promociones fuera el horario de labores de este Alto Tribunal, Jesús Ortega Martínez, ostentándose como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, promovieron acciones de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de las siguientes:
Normas generales:
Los promoventes señalaron en forma coincidente que impugnan:
El Decreto Número 5, mediante el cual se modifican los numerales 3, 4, 9 y 11 de la fracción III del artículo 27, el primer párrafo del artículo 33, el artículo 34 y la fracción VI del artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Coahuila el seis de febrero de dos mil nueve, así como el Decreto Número 6, que contiene el Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el mismo órgano oficial en la misma fecha.
Señalaron como órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales impugnadas:
a) Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de Coahuila.
b) Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila.
c) Secretario de Gobierno del Estado de Coahuila.
d) Director del Periódico Oficial del Estado de Coahuila.
SEGUNDO. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que hicieron valer los partidos políticos promoventes se sintetizan, en la parte considerativa de la presente resolución, al hacer el estudio de los conceptos de invalidez.
Las demandas respectivas se adjuntan como anexos formando parte de la presente resolución.
TERCERO. Artículos constitucionales que los promoventes señalan como violados. Los artículos 1o.; 6o.; 7o.; 9o.; 14; 16; 17; 20; 21; 34; 35, fracciones I y II; 36, fracciones III, IV y V; 38; 39; 40; 41, primer y segundo párrafos, fracción I, primer y segundo párrafos; 99; 115, párrafo primero, fracción I, párrafos primero y segundo; 116, segundo párrafo, fracción I, segundo párrafo, fracción II, párrafo primero, fracción IV; 128; 133 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO. Admisión y trámite. Mediante proveído de nueve de marzo de dos mil nueve, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Político Nacional Convergencia bajo el número 33/2009 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro José Fernando Franco González Salas.
Por diverso proveído de nueve de marzo de dos mil nueve, el Ministro presidente de la Suprema Corte ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por integrantes de la comisión coordinadora nacional del Partido del Trabajo bajo el número 34 y dada la conexidad de ésta con la diversa acción 33, ordenó acumularlas y turnar el expediente al Ministro José Fernando Franco González Salas.
Finalmente, mediante diverso proveído de nueve de marzo de dos mil nueve, el Ministro presidente de la Corte ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática bajo el número 35 y dada la conexidad de ésta con las diversas acciones 33/2009 y 34/2009, ordenó acumularlas y turnar el expediente al Ministro José Fernando Franco González Salas.
El Ministro instructor por auto de diez de marzo de dos mil nueve, admitió a trámite las demandas respectivas y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila. Asimismo, ordenó dar vista al procurador general de la República para que formulara el pedimento correspondiente y solicitó su opinión a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
QUINTO. Informes de las autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada.
Por proveído de veinticuatro de marzo de dos mil nueve, el Ministro instructor tuvo por presentados al presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Coahuila y al gobernador del Estado de Coahuila, con la personalidad que ostentan, rindiendo los informes solicitados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila.
Los informes respectivos se adjuntan como anexos formando parte de la presente resolución.
SEXTO. Opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Mediante proveído de veinticuatro de marzo de dos mil nueve, el Ministro instructor tuvo por rendida la opinión que formula la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con relación a las presentes acciones de inconstitucionalidad.
La opinión respectiva se adjunta como anexo formando parte de la presente resolución.
SÉPTIMO. Opinión del procurador general de la República.
Mediante proveído de treinta de marzo de dos mil nueve, el Ministro instructor tuvo por formulado el pedimento del procurador general de la República en las presentes acciones de inconstitucionalidad.
El pedimento respectivo se adjunta como anexo formando parte de la presente resolución.
OCTAVO. Cierre de instrucción. Por auto de primero de abril de dos mil nueve se cerró la instrucción de este asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(1) toda vez que se plantea la posible contradicción entre, por un lado, el decreto de modificaciones a la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y el decreto que contiene el Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza y, por otro, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO. Oportunidad. Por razón de método, en primer término, se analizará la oportunidad de la presentación de las demandas respectivas.
El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal establece:
"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
(Adicionado, D.O.F. 22 de noviembre de 1996)
"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."
Conforme con el artículo transcrito, el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales y el cómputo respectivo deberá hacerse a partir del día siguiente al en que se hubiere publicado la norma impugnada, en el entendido de que en materia electoral todos los días son hábiles.
En el caso de las demandas por las que se interpusieron las presentes acciones de inconstitucionalidad, se advierte que los promoventes señalan como normas generales impugnadas: "El Decreto Número 5, mediante el cual se modifican los numerales 3, 4, 9 y 11 de la fracción III del artículo 27, el primer párrafo del artículo 33, el artículo 34 y la fracción VI del artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Coahuila". así como "El Decreto Número 6, referente al Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza", publicados en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, de fecha seis de febrero de 2009, Tomo CXVI, Número 11.
Por consiguiente, el plazo de treinta días naturales para promover la acción inició el sábado siete de febrero y vencería el domingo ocho de marzo de dos mil nueve.
Al respecto, las acciones de inconstitucionalidad promovidas por Convergencia y el Partido del Trabajo, se presentaron el ocho de marzo de dos mil nueve en la Oficina de la Secretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, y la promovida por el Partido de la Revolución Democrática se presentó en la misma fecha ante el funcionario autorizado para recibir promociones fuera del horario de labores de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación (según se desprende de las razones que obran en el reverso de las fojas treinta y cinco, doscientos cincuenta y cuatrocientos sesenta y nueve, respectivamente, del presente expediente), esto es, se presentaron el día treinta del plazo establecido al efecto, razón por la cual, se concluye, fueron presentadas en forma oportuna, de conformidad con lo dispuesto en el invocado artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia.
Lo anterior se muestra en el cuadro siguiente:
Ver cuadro 1
TERCERO. Legitimación de quien promueve las acciones.
Los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, último párrafo, de su ley reglamentaria disponen:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
"...
"f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro."
"Artículo 62. ... (Último párrafo). En los términos previstos por el inciso f) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considerarán parte demandante en los procedimientos por acciones en contra de leyes electorales, además de los señalados en la fracción I del artículo 10 de esta ley, a los partidos políticos con registro por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales, según corresponda, a quienes les será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en los dos primeros párrafos del artículo 11 de este mismo ordenamiento."
De conformidad con los artículos transcritos, los partidos políticos podrán promover la acción de inconstitucionalidad, para lo cual deben satisfacer los siguientes extremos:
a) Que el partido político cuente con registro ante la autoridad electoral correspondiente;
b) Que el partido político promueva por conducto de sus dirigencias (nacional o local según sea el caso);
c) Que quien suscribe a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para ello; y
d) Que las leyes impugnadas sean de naturaleza electoral.
Convergencia es un partido político nacional con registro ante el Instituto Federal Electoral, según copia certificada expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral (visible a foja treinta y siete del expediente); asimismo, en diversa copia certificada también expedida por el citado funcionario, consta que Luis Maldonado Venegas, es el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido referido (foja 36 del presente expediente).
El artículo 17, numerales 1 y 3, inciso a), de los Estatutos del Partido Convergencia establecen que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional cuenta con facultades para representar al partido ante los Poderes Federales, Estatales y municipales (fojas 113 del expediente).
Por su parte, el Partido del Trabajo es un partido político nacional con registro ante el Instituto Federal Electoral, según copia certificada expedida por el encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral (visible a fojas doscientos cincuenta y dos del expediente); asimismo, en diversa copia certificada expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, consta que Alberto Anaya Gutiérrez, Alejandro González Yañez, Rubén Aguilar Jiménez, Ricardo Cantú Garza y Pedro Vázquez González, son miembros de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo (fojas doscientos cincuenta y uno del expediente).
Los artículos 43 y 44, incisos a) y c), de los Estatutos del Partido del Trabajo establecen que la comisión coordinadora nacional cuenta con facultades para representar al partido ante todo tipo de asuntos de carácter judicial, incluso está legitimada para interponer, en términos de la fracción II del artículo 105 constitucional, las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral que estime pertinentes. Además que basta la mayoría de votos de sus integrantes para que los actos de la comisión tengan plena validez (fojas doscientos noventa y doscientos noventa y uno del expediente).
En tal virtud, se desestima la causa de improcedencia hecha valer por el procurador general de la República.
El procurador general de la República hace valer una causa de improcedencia en relación con las facultades de la comisión coordinadora nacional del Partido del Trabajo, promovente de la acción de inconstitucionalidad 34/2009, para interponer las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral que estime pertinentes, toda vez que estima que el escrito inicial de demanda fue suscrito por cinco integrantes de la propia comisión, cuando debió ser firmado por el 50% más un integrante de la referida comisión, esto es, seis miembros, según lo dispuesto en el artículo 44, inciso i), de los Estatutos del Partido del Trabajo.
De conformidad con el artículo 43 de los Estatutos del Partido del Trabajo, la comisión coordinadora nacional se integrará con nueve miembros que se elegirán en cada congreso nacional ordinario y será la representación política y legal del Partido del Trabajo y de su dirección nacional y deberá ser convocada por lo menos con tres días de anticipación de manera ordinaria una vez a la semana y de manera extraordinaria por lo menos con un día de anticipación, cuando así se requiera por cualquiera de sus miembros. El quórum legal para sesionar se integrará con la mayoría de sus integrantes y todos los acuerdos, resoluciones y actos de la comisión coordinadora nacional tendrán plena validez en su caso, con la aprobación y firma de la mayoría de sus integrantes.
Entre las facultades y atribuciones de la comisión coordinadora nacional, se encuentra la de estar legitimada para interponer las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral que estime pertinentes, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 44, inciso c), de los Estatutos del Partido del Trabajo.
El inciso i) del citado artículo 44 de los invocados estatutos establece: "Todas las facultades y atribuciones otorgadas a la comisión coordinadora nacional por los presentes estatutos pueden ser instrumentadas en su caso, con las firmas del 50% más uno de los integrantes de la comisión ejecutiva nacional." (énfasis añadido).
Acorde con lo anterior, de conformidad con el artículo 43 de los Estatutos del Partido del Trabajo, todos los acuerdos, resoluciones y actos de la comisión coordinadora nacional tendrán plena validez en su caso, con la aprobación y firma de la mayoría de sus integrantes.
Los integrantes de la comisión coordinadora nacional son nueve y la integración actual es la siguiente:(2)
Ver integración
Acorde con lo anterior, dado que el escrito inicial de demanda está firmado por cinco de los nueve integrantes de la comisión coordinadora nacional, entonces se cumple el requisito estatutario de validez del acto en cuestión consistente en la suscripción del escrito inicial de demanda por el que se interpone la acción de inconstitucionalidad respectiva, toda que vez que está firmada por la mayoría de sus integrantes, cinco de nueve.
El inciso i) del artículo 44 de los invocados estatutos no es aplicable al caso, ya que regula la instrumentación de las facultades y atribuciones otorgadas a la comisión coordinadora nacional por los propios estatutos, caso en el cual se requieren las firmas del 50% más uno de los integrantes de la comisión ejecutiva nacional, que es un órgano partidario distinto de la comisión coordinadora nacional, al tener carácter, composición y atribuciones diferentes, conforme a los artículos 37, 37 Bis, 37 Ter, 38 y 39 de los Estatutos del Partido del Trabajo.
Cabe señalar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte, al resolver la acción de inconstitucionalidad 4/2009, reconoció la validez del escrito inicial de demanda firmado por cinco de los nueve integrantes de la comisión coordinadora nacional.
Finalmente, el Partido de la Revolución Democrática es un partido político nacional con registro ante el Instituto Federal Electoral, según se advierte de la copia certificada emitida por el secretario ejecutivo de dicho instituto.(3)
Por otra parte, obra copia certificada expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, de la que se advierte que Jesús Ortega Martínez, quien suscribe la acción de inconstitucionalidad a nombre y representación del partido político, es presidente nacional de la comisión ejecutiva nacional del citado partido.(4)
Asimismo, el artículo 19, párrafo 5, inciso e), del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática establece que la presidencia nacional de ese partido tiene la facultad de: "Representar legalmente al Partido y designar apoderados de tal representación".
De lo anterior se concluye que las acciones de inconstitucionalidad promovidas por Convergencia, Partido del Trabajo y Partido de la Revolución Democrática, partidos políticos nacionales, fueron hechas valer por partes legitimadas para ello, toda vez que se trata de partidos políticos con registro acreditado ante las autoridades electorales correspondientes y las demandas presentadas en su representación fueron suscritas por quienes cuentan con facultades para tal efecto, en términos de los estatutos que rigen a dichos partidos políticos nacionales. Asimismo, es indudable que las normas impugnadas son de naturaleza electoral.
CUARTO. Causas de improcedencia.
Si bien los artículos 16 y 324 del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza aparecen impugnados, no se formulan conceptos de invalidez y tampoco se advierte la posibilidad de suplir la deficiencia de la queja, razón por la cual debe sobreseerse en la acción de inconstitucionalidad respecto de tales preceptos.
Enseguida, se analizarán temáticamente los conceptos de invalidez planteados.
QUINTO. Estudio de fondo.
A la luz del análisis de los conceptos de invalidez hechos valer por los promoventes, se han identificado los siguientes temas:
1. Disminución del número de diputados locales.
2. Facultad de la autoridad electoral local administrativa para verificar los compromisos de campaña de los partidos políticos.
3. Participación de funcionarios públicos en precampañas y campañas.
4. Anticipación necesaria para separarse del cargo.
5. Restricciones a la postulación de candidatos.
6. Requisitos de selectividad conforme al perfil idóneo de los precandidatos o candidatos.
7. Diversidad de plazos de campaña.
8. Restricciones a precandidatos o candidatos.
9. Facultades de la autoridad local para vigilar el contenido de los mensajes con fines electorales relacionados con los comicios locales transmitidos por radio y televisión en el territorio estatal.
10. Órganos competentes para el registro de candidatos a integrantes de Ayuntamientos.
11. Establecimiento del día en el que deberán llevarse a cabo las jornadas electorales de la entidad.
12. Impedimentos para ser elector.
13. Participación del Instituto Estatal Electoral en el procedimiento de designación de los consejeros electorales.
14. Facultad de los consejeros electorales para elegir al presidente del consejo general, régimen de suplencia y voto de calidad.
15. Omisión de prever el principio de certeza.
16. Participación de los partidos políticos nacionales.
17. Financiamiento por aportaciones.
18. Pérdida de la inscripción del registro de los partidos políticos nacionales.
19. Acceso a tiempos de radio y televisión.
20. Atribuciones del consejo general.
21. Cancelación automática del último registro que se tuviere para candidato y líderes sindicales o gremiales en órganos directivos partidarios.
22. Vulneración de límites al financiamiento.
23. Violaciones a la libertad de asociación política.
24. Apoyo, auxilio y colaboración de las autoridades federales.
25. Régimen de competencias derivado del artículo 134 constitucional.
26. Patrimonio del Instituto Estatal Electoral, facultades de nombramiento del consejero presidente y atribuciones para calificar las elecciones por parte del instituto.
Previamente al análisis de los anteriores temas, debe señalarse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó las acciones de inconstitucionalidad respecto del artículo 49, fracción II, inciso b), segundo párrafo, del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza.
En efecto, en la sesión pública del Tribunal Pleno correspondiente al dieciocho de mayo de dos mil nueve, se dio cuenta con el proyecto de resolución formulado bajo la ponencia del señor Ministro Franco González Salas, en el que proponía declarar fundado el concepto de invalidez respectivo y, en consecuencia, declarar la invalidez del artículo 49, fracción II, inciso b), segundo párrafo, del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Puesta a votación la consulta, seis de los señores Ministros (Aguirre Anguiano, Luna Ramos, Franco González Salas, Azuela Guitrón, Sánchez Cordero de García Villegas y Silva Meza) lo hicieron a favor de la propuesta, y cuatro de los señores Ministros (Cossío Díaz, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo y presidente Ortiz Mayagoitia) lo hicieron en contra.
Dada la votación de seis votos a favor de declarar la invalidez del artículo 49, fracción II, inciso b), segundo párrafo, del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, y no haber obtenido una mayoría calificada de ocho votos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, el Tribunal Pleno desestimó las presentes acciones de inconstitucionalidad respecto de dicha disposición.
Cabe señalar que en la sesión pública del Tribunal Pleno correspondiente al veinticinco de mayo de dos mil nueve, se tomó votación al señor Ministro Valls Hernández y respecto al presente tema votó por la invalidez del precepto referido.
Estudio de fondo
1. Disminución del número de diputados locales.
Normas generales impugnadas
Artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y artículos transitorios primero y cuarto del Decreto Número 5 por el que se modifican los numerales 3, 4, 9 y 11 de la fracción III del artículo 27, el primer párrafo del artículo 33, el artículo 34 y la fracción VI del artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial el seis de febrero de dos mil nueve, así como 13 y 16 del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Argumentos de invalidez
El Partido Convergencia sostiene que las normas generales impugnadas resultan violatorias de los artículos 39, 40, 41 y 116 de la Constitución Federal, toda vez que disminuyen la representación popular, dejando de considerar el crecimiento poblacional en el Estado de Coahuila de Zaragoza, pues en dicha entidad federativa, según el censo de población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de dos mil cinco, la población era de 2,495,200 habitantes y para el año de dos mil ocho de 2,601,884, lo que representa un incremento poblacional del cuatro punto dos por ciento.
Según el Partido Convergencia el número de representantes de las Legislaturas de los Estados debe ser proporcional al número de sus habitantes, y ante el crecimiento poblacional de la entidad de que se trata, no debe disminuirse el número de diputados sino debe incrementarse.
Agrega que al disminuirse así la representación popular se atenta en contra de los principios de elecciones libres, auténticas y periódicas, violando, consecuentemente, los principios del sufragio universal, libre, secreto y directo, haciendo más difícil el acceso de los ciudadanos al poder público, a través de los partidos políticos, rompiendo con la proporcionalidad que debe darse entre el número de habitantes y los representantes legislativos.
Juicio de inconstitucionalidad
El concepto de invalidez resulta infundado, como se muestra a continuación:
Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza
"Artículo 32. Se deposita el ejercicio del Poder Legislativo en una asamblea que se denominará Congreso del Estado independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza."
(Reformado primer párrafo, P.O. 6 de febrero de 2009)
"Artículo 33. El Congreso del Estado se renovará en su totalidad cada cuatro años y se integrará con dieciséis diputados electos según el principio de mayoría relativa mediante el sistema de distritos electorales, y con nueve diputados electos bajo el principio de representación proporcional, los cuales serán asignados en los términos que establezca la ley reglamentaria entre aquellos partidos políticos que obtengan cuando menos el 3.5% de la votación válida emitida en el Estado para la elección de diputados.
(Reformado, P.O. 13 de octubre de 2001)
"Por cada diputado propietario, deberá elegirse un suplente en los términos que establezca la ley.
(Reformado, P.O. 13 de octubre de 2001)
"Los diputados de mayoría relativa o de representación proporcional, siendo todos representantes populares, tendrán los mismos derechos y obligaciones."
"Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado."
"Cuarto. En relación a la disminución del número de diputados que integrarán el Congreso del Estado, ésta surtirá efectos a partir del periodo comprendido del 1 de enero de 2012 y deberá realizarse el proceso de redistritación correspondiente, el cual por única ocasión quedará publicado a más tardar en el mes de enero del 2011."
Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza
"Artículo 13. El Poder Legislativo se deposita para su ejercicio en una asamblea que se denominará Congreso del Estado independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.
"El Congreso del Estado se renovará cada cuatro años y se compondrá de dieciséis diputados electos según el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y nueve que serán electos por el principio de representación proporcional, en los términos de las disposiciones aplicables.
"Los partidos políticos tendrán derecho a integrar grupos parlamentarios en los términos de la Ley Orgánica del Congreso y su reglamento. Ningún diputado electo podrá separarse de su fracción parlamentaria, salvo en el caso de candidaturas comunes."
"Artículo 16. Para fines del cumplimiento del artículo 13 de este código, la demarcación territorial de los distritos uninominales se establecerá mediante acuerdo tomado por el consejo general del instituto a más tardar diez meses antes a la elección de que se
trate, conforme a las bases siguientes:
"I. El número de electores, no deberá diferir del veinte por ciento en más o en menos, del cociente que resulte de dividir la lista nominal de electores del Estado con corte al mes primero del año anterior al de la elección de que se trate, entre el número de distritos electorales uninominales.
"II. Deberá tener continuidad geográfica.
"III. Incluir íntegro, sin fraccionarse, el territorio de cada uno de los Municipios que comprendan. Se exceptúan de este requisito, los Municipios con población superior al cociente al que se refiere la fracción I de este artículo. En todo caso, un mismo Municipio se dividirá en tantos distritos electorales como número de veces comprenda su población electoral en el mencionado cociente.
"IV. Tener como cabecera al Municipio que cuente con mejor infraestructura de comunicación en la demarcación de que se trate."
El artículo 116, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, en lo que interesa, que el poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de esos poderes en una sola "persona" o corporación, ni depositarse el Legislativo en un sol
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21753-084e80a0/accion-de-inconstitucionalidad-el-articulo-5-fraccion-iv · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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