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Modo: Corpus Pro

ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ DEBE SOBRESEERSE EN LA ACCIÓN Y NO DECLARARLOS INOPERANTES. CRITERIO POBLACIONAL. EL ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS NO LO VIOLA POR EL HECHO DE NO REITERAR LA OBLIGATORIEDAD DE LOS DATOS OFICIALES DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA, PARA EFECTO DE LAS DISTRITACIONES ELECTORALES DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA. DIPUTADOS LOCALES. LA LIBERTAD LEGISLATIVA DE LOS ESTADOS PARA COMBINAR LOS SISTEMAS DE ELECCIÓN (MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL) EN LA INTEGRACIÓN DE SUS CONGRESOS LOCALES, ESTÁ SUJETA A LOS LÍMITES IMPUESTOS POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TOMANDO EN CUENTA LOS PORCENTAJES SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 52 DE LA PROPIA CONSTITUCIÓN. DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. LA EMISIÓN DE LOS ACUERDOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR Y EJECUTAR EL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA DELIMITACIÓN DE SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES CONSTITUYE UNA FACULTAD DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA ENTIDAD Y NO UNA ATRIBUCIÓN LEGISLATIVA. FINANCIAMIENTO PÚBLICO. EL OTORGADO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS ATENDIENDO A SU FUERZA ELECTORAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, SE ASIGNA CONFORME A LA VOTACIÓN ESTATAL EMITIDA, Y NO CON BASE EN LA VARIACIÓN QUE PUDIERA TENER LA REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA DE AQUÉLLOS EN EL CONGRESO DEL ESTADO. FINANCIAMIENTO PÚBLICO. EL PRINCIPIO DE PREEMINENCIA DE ESTE TIPO DE FINANCIAMIENTO SOBRE EL PRIVADO, ES APLICABLE TANTO EN EL ÁMBITO FEDERAL COMO EN EL ESTATAL. IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. EL PÁRRAFO FINAL DEL ARTÍCULO 218 DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS NO VIOLA ESOS PRINCIPIOS AL SEÑALAR QUE EN EL REGISTRO DE CANDIDATOS A DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, UNA CANDIDATURA DE CADA TRES FÓRMULAS SERÁ DE GÉNERO DISTINTO. INSTANCIAS IMPUGNATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. LOS PLAZOS FIJADOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS JUICIOS Y RECURSOS RELATIVOS DEBEN PERMITIR EL ACCESO EFECTIVO A UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ELECTORALES. LOS ARTÍCULOS 12 Y 73 DE LA LEY RELATIVA DE TAMAULIPAS, QUE PREVÉN LOS PLAZOS PARA SU INTERPOSICIÓN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL DE LAS PARTES. OMISIÓN LEGISLATIVA. LA FALTA DE PREVISIÓN DE LAS SANCIONES QUE DEBAN IMPONERSE ANTE LAS FALTAS EN MATERIA ELECTORAL, ES UNA OMISIÓN CLASIFICABLE COMO RELATIVA EN COMPETENCIA DE EJERCICIO OBLIGATORIO. OMISIÓN LEGISLATIVA. LA FALTA DE REGULACIÓN DEL LÍMITE DE SOBRERREPRESENTACIÓN DEL PARTIDO DOMINANTE EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ES UNA OMISIÓN CLASIFICABLE COMO RELATIVA EN COMPETENCIA DE EJERCICIO OBLIGATORIO. PRECAMPAÑA. EL ARTÍCULO 102 DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, AL FIJAR TOPES POR PRECANDIDATO NO VIOLA EL INCISO H) DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA. FINANCIAMIENTO PRIVADO. LA INTERPRETACIÓN CONFORME DE LA BASE CUARTA DEL ARTÍCULO 101 DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS PERMITE CONCLUIR QUE SUJETA A TODAS LAS PERSONAS FÍSICAS, SIMPATIZANTES, MILITANTES, CANDIDATOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES AL LÍMITE ANUAL DE 10% SEÑALADO POR SU FRACCIÓN III, INCISO A), POR LO QUE LA TOTALIDAD DE LAS APORTACIONES DE AQUÉLLOS NO PUEDE REBASAR ESE TOPE.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 21/2009. · Registro digital (IUS): 21903
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PARTIDO POLÍTICO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, , Pág. 928.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 21/2009. PARTIDO POLÍTICO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

SECRETARIO: JOSÉ ANTONIO ABEL AGUILAR SÁNCHEZ.

SECRETARIA ENCARGADA DEL ENGROSE: PAULINA DE LA CAMPA JIMÉNEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinticinco de agosto de dos mil nueve.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil nueve, en el domicilio particular de la secretaria autorizada para recibir promociones de término fuera del horario de labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jesús Ortega Martínez, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática interpone acción de inconstitucionalidad, manifestando como órganos responsables al Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas como autoridad que emitió el Decreto No. LX-652 mediante el cual se expide el Código Electoral para el Estado de Tamaulipas, y el Decreto No. LX-653 mediante el cual se expide la Ley de Medios de Impugnación de Tamaulipas, y al Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, como autoridad que promulgó y publicó en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Tamaulipas las leyes electorales mencionadas, con el refrendo del secretario general de gobierno de esa entidad federativa.

SEGUNDO. Los preceptos que se estiman infringidos son: 1o., 14, 16, 17, 35, 40, 41, 54, 116, 133 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO. En los conceptos de invalidez del libelo inicial se plantea:

"Conceptos de invalidez relativos a normas del nuevo Código Electoral para el Estado de Tamaulipas.

"Primer concepto de invalidez.

"Norma general cuya invalidez se reclama. Lo constituye el artículo 21 segundo párrafo del nuevo Código Electoral para el Estado de Tamaulipas, que a la letra señala:

"‘Artículo 21.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario).

"Preceptos constitucionales violados. 116 fracciones II y IV inciso b) y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"El artículo 21 del Código Electoral para el Estado de Tamaulipas no es conforme al principio de representación proporcional previsto en el primer y tercer párrafos fracción II del artículo 116 constitucional, pues para que se tenga por cumplido dicho precepto, toda ampliación del número de integrantes del Congreso del Estado debe seguir las normas y principios que lo integran desde que son vigentes en nuestro sistema jurídico los principios de mayoría relativa y de representación proporcional.

"Porque, si la integración de 19/13 diputados (MR/RP) del actual Congreso del Estado, equivale a una relación de 59.375% sobre 40.625%, (porcentajes que sumados dan 100%), es decir, casi un 60/40%, el número de representantes que, por ambos principios, integrarán la próxima legislatura, compuesta de un mayor número de legisladores, debería salvaguardar el referido principio de proporcionalidad, porque en términos del primer párrafo de la fracción II del referido artículo 116 constitucional federal, el número de representantes de las Legislaturas de los Estados debe ser proporcional al de habitantes de cada uno (y su ampliación también debe serlo).

"Luego entonces, si ahora la norma impugnada dispone que sean 22 diputados de MR y 14 de RP, siendo antes 19 y 13, es evidente que sólo agrega 1 diputado más por el principio proporcional, y en cambio 3 de mayoría relativa, dando un total de 4 diputados adicionales en la ampliación del Congreso respecto de la actual legislatura.

"Es decir, que el diputado de representación proporcional equivale a un 25% de esos 4 diputados, y los 3 de mayoría relativa representan el 75% de esos 4, proporcionalidad ínfima que se aleja significativamente de las bases previstas en el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las cuales se infiere una proporción de 60/40% entre los legisladores electos por ambos principios en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

"Suponer como hace el legislador tamaulipeco que se puede ampliar el Congreso Local con un número desproporcionado de diputados sin aproximarse a un determinado porcentaje, podría llevar a considerar válida, sin serlo, cualquier ampliación, lo cual podría vulnerar el principio de igualdad del voto, pues como se sabe, el principio de representación proporcional tiende a compensar la distorsión que, en cuanto a número total de sufragios, suele producir el principio mayoritario.

"A mayor abundamiento, la suma de 22 más 14 diputaciones que prevé la norma actual da 36 diputados, lo cual contradice el principio de certeza previsto en el artículo 116 fracción IV inciso b) de la Carta Magna, porque en determinadas circunstancias es posible que la votación se divida 18 a favor y 18 en contra, cuestión que provocaría la parálisis legislativa con perjuicio del buen funcionamiento del Poder Legislativo del Estado.

"Incluso, el referido artículo 21 cuya invalidez se reclama, al contradecir el principio de representación proporcional vulnera el principio de supremacía contenido en el artículo 133 constitucional, incumple el precitado principio de igualdad a que se refiere la fracción II, y los principios de certeza y objetividad a que alude el inciso b) de la fracción IV del artículo 116 constitucional, preceptos que a la letra señalan:

"‘Artículo 116.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario).

"‘Artículo 133.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario).

"Considerando, además, que el principio de igualdad del sufragio, en el caso de la elección de diputados, sólo es posible garantizarlo con una correcta regulación y equilibrio de los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, como condición indisoluble para el ejercicio de la soberanía popular, es de concluir que esa Suprema Corte de Justicia de la Nación debe declarar inconstitucional el segundo párrafo del artículo 21 del Código Electoral para el Estado de Tamaulipas, para el efecto de que se ordene al legislador local respetar y garantizar el principio de representación proporcional en su justa dimensión, y a fin de que la próxima legislatura se integre con diputado en número impar.

"Segundo concepto de invalidez

"Norma general cuya invalidez se reclama. Lo constituye el artículo 23 del nuevo Código Electoral para el Estado de Tamaulipas, que a la letra señala:

"‘Artículo 23.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario en esta resolución).

"Preceptos constitucionales violados. 1o., 26 apartado B, 116 fracciones II y IV inciso b) y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"El precepto impugnado soslaya y no guarda conformidad con lo previsto en el artículo 26 apartado B de la Carta Magna, que dispone que:

"‘El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, los datos contenidos en el sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.’

"Esto es así porque ni la Constitución Local reformada ni el nuevo Código Electoral para el Estado de Tamaulipas precisan, como bases determinantes para posibles redistritaciones, la obligatoriedad de los datos poblacionales oficiales del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, según lo ordena la Norma Constitucional Federal vulnerada. Siendo de estimar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe declarar la invalidez de la inconstitucional derogación de la porción normativa señalada, restaurando u ordenando restablecer su contenido en el texto reformado.

"Si el artículo 23 del nuevo Código Electoral tamaulipeco establece la competencia, forma y mecanismos (sic) para determinar la extensión de cada uno de los distritos electorales uninominales del Estado, e incluso, postula el criterio poblacional y ‘los aplicables’, que sobre la materia hubieran emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también lo es que, en nuestro concepto, dicho precepto no regula adecuadamente, ni dispone bases claras y objetivas para tal efecto, conforme dispone la Constitución General de la República, concretamente en el numeral 26 apartado B, ya transcrito, pues omite establecer la regla expresa de que los datos que reporte el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica sean oficiales y de uso obligatorio en Tamaulipas, con lo cual eventualmente se dejarían de garantizar los principios de igualdad, previsto en el artículo 1o. constitucional, certeza y objetividad, señalados en el inciso b) de la fracción IV del artículo 116 constitucional, así como el criterio de proporcionalidad previsto en la fracción II del propio artículo constitucional, en el sentido de que la Legislatura del Estado se integre con un número de representantes que sea ‘proporcional’ al de sus habitantes, de tal forma que la integración del Congreso bajo los principios de elección por mayoría relativa y de representación proporcional sean enunciados cuyo cumplimiento permita, asimismo, que alcancen concreción el principio de igualdad del voto (un ciudadano, un voto), el cual significa que cada ciudadano debe tener un poder de decisión igual, y que cada legislador local represente efectivamente a un número similar de ciudadanos que el resto de los representantes populares en cada distrito, y plurinominales.

"El citado precepto 116 constitucional, en la parte que interesa, previene que:

"‘Artículo 116.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario).

"A mayor abundamiento, es de considerar que no basta que en la fracción I del artículo 23 del citado código comicial se establezca que en la delimitación de los distritos uninominales se deba atender al criterio poblacional, puesto que en todo caso no precisa, qué población o qué datos oficiales serán tomados en cuenta para determinar dicha extensión distrital. Lo correcto sería que la norma en cuestión incluya la obligatoriedad de los datos oficiales del sistema a que se refiere el artículo 26 apartado B constitucional, porque de otra forma podría darse el supuesto de aplicar con datos poblacionales distintos la técnica de distritación, y si son distintos tales datos, aunque el criterio sea poblacional, no se ajustaría a las bases constitucionales, ni garantizaría los principios ya enunciados, que tal redistritación debe garantizar.

"El principio de igualdad del voto, supone incluso establecer, en el mencionado artículo 23, la norma omitida de que, a partir de los datos oficiales de la población total actualizada del Estado de Tamaulipas, que reporte el INEGI en sus censos o conteos generales de población, se obtenga un promedio de habitantes por distrito, dividiendo al efecto la población total oficial del Estado entre el número de distritos a conformar; que un siguiente paso sería, una vez obtenida la media distrital, decretar aplicable una metodología científica, estadística y demográfica de tal manera que, al final, ninguno de los distritos exceda en población más/menos el 15% de habitantes sobre o por debajo de la media poblacional, de manera que el resultado o tamaño de los distritos se acerque, en cada caso, lo más posible a dicho promedio distrital, sin sesgos ni variaciones inaceptables. Todo esto no lo precisa el artículo cuya invalidez se reclama, y con ello se corre el riesgo de la discrecionalidad o arbitrariedad de la autoridad electoral, si llegare a basar su actuación en indicadores poblacionales distintos a los oficialmente reconocidos.

"Tampoco se obtiene certeza y objetividad, del precepto impugnado, dado que no señala un plazo de conclusión de los trabajos suficientemente amplio antes del inicio del proceso electoral en que dicha distritación haya de ser aplicada. Si bien el artículo 23 del Código Electoral mencionado, señala en su fracción II que los trabajos para la delimitación de los distritos electorales deberán llevarse a cabo en un periodo que no excederá de 9 meses, y en su fracción III dispone que la delimitación de la geografía electoral y su modificación deberán resolverse entre dos procesos electorales ordinarios, e incluso en su fracción IV, abunda diciendo que en los trabajos de delimitación de los distritos electorales se deberá observar que su desarrollo permita efectuar oportunamente cualquier modificación a la cartografía electoral, en ninguna parte del precepto ni del código precisa con claridad una norma que ponga un límite temporal de por lo menos 90 días antes del inicio del proceso electoral, para la conclusión de dichos trabajos.

"Al respecto, es de considerar la necesidad de regular los trabajos de delimitación y extensión de los distritos electorales con un principio de seguridad jurídica, en la idea de que puedan agotarse todos los recursos y medios de impugnación previamente a su implementación, y en su caso para que haya tiempo de efectuar las correcciones pertinentes; de lo contrario podrían no entrar en vigor sino hasta un proceso ulterior, dado que, las normas jurídicas que establecen la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales, por su naturaleza y función característica dentro del sistema electoral tamaulipeco, tienen el carácter de normas generales de acatamiento y cumplimiento obligatorio para todos los habitantes del Estado, no sólo para autoridades y partidos políticos o candidatos, esto, siempre que se hayan emitido con toda oportunidad, legalidad y conforme a las bases y principios constitucionales. Incluso desde nuestra perspectiva podrían ser impugnadas tanto ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como ante esa Suprema Corte, y para ello se precisa de plazos adecuados.

"En ese orden, una interpretación armónica de las bases y principios constitucionales que han sido expresados, nos permite arribar a la conclusión de que toda disposición encaminada a preservar el principio de igualdad del sufragio popular, y la igualdad de rango de los diputados electos por ambos principios, debe garantizar que haya certeza y objetividad en la configuración proporcional de los distritos electorales uninominales. Pero, para que cada diputado represente a un número igual (o similar) de ciudadanos, se requiere que haya datos oficiales, precisos, confiables y obligatorios en el texto mismo de la ley.

"Basta saber lo que es un hecho notorio en Tamaulipas, que hay distritos con evidente disparidad poblacional, a tal grado que hay diputados de la LX Legislatura Local que fueron electos en distritos de más de 250 mil electores y otros en distritos de menos de 60 mil.

"De lo anterior se desprende que, la carencia de certeza y bases objetivas de la norma cuestionada para ordenar la redistritación, podría trastocar el principio de legalidad en la conformación de lo distritos, pues el órgano electoral competente para la determinación de la extensión geográfica y tamaño poblacional de los distritos no estaría sujeta a bases suficientemente claras que la obliguen a acatar fielmente el principio de igualdad del voto, indeterminación que, potencialmente, incumpliría lo dispuesto en el primer párrafo de la fracción II, y en el inciso b) de la fracción IV, del artículo 116 de la Carta Magna, pues podrían configurarse extensiones y tamaños poblacionales dispares, caprichosos o sesgados de tales distritos.

"De ahí la invalidez de la norma cuya inconstitucionalidad se reclama, para los efectos que ese Tribunal Pleno acuerde conducentes.

"Tercer concepto de invalidez

"Norma general cuya invalidez se reclama. Lo constituye el artículo 24 del nuevo Código Electoral para el Estado de Tamaulipas, cuyo penúltimo párrafo a la letra señala:

"‘Artículo 24.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario).

"Preceptos constitucionales violados. 1, 14, 16, 54, 116 fracciones II primer y tercer párrafos y IV inciso b), así como el 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"El penúltimo párrafo del artículo 24 cuya invalidez se reclama, no es conforme al principio de representación proporcional previsto en el primer y tercer párrafos de la fracción II del artículo 116 constitucional, porque resulta ineficaz para acotar la asignación de curules al partido mayoritario, cuando éste no haya obtenido o haya obtenido mucho menos del 61% de los votos, que representan o equivalen aproximadamente a las 22 diputaciones que, como tope máximo de diputados por ambos principios, puede un partido contar en la integración del Congreso del Estado, y su aplicación mecánica podría llevar a una sobrerrepresentación del partido mayoritario, y consecuente subrepresentación de los demás partidos políticos, por la ausencia de límites a la mencionada sobre representación, y en abierta transgresión al principio de igualdad del voto, que es consustancial al ejercicio de la soberanía popular en una sociedad democrática.

"Esto es así porque, la fórmula de asignación de las 14 diputaciones según el principio de representación proporcional se asignan tanto a los partidos que hayan obtenido constancias de mayoría en los distritos uninominales, como a los que no hayan triunfado en distrito alguno, esto siempre que hayan obtenido al menos el 1.5% del total de la votación estatal emitida, según determina la base I del citado artículo 24; sin embargo, el mayoritario lleva siempre ventaja, porque, una vez asignadas una curul a cada partido político que cumpla con dicho porcentaje mínimo (incluido el mayoritario), se desarrollan, conforme a la base II, los elementos relativos a cociente electoral y resto mayor, fases en las cuales el mayoritario también puede obtener diputaciones hasta donde alcance su votación (incluida la ya utilizada para la obtención de constancias de mayoría), sin que exista límite alguno (excepto el tope de las 22 diputaciones) para que al partido mayoritario le sigan asignando mecánicamente diputaciones, si fuere el caso.

"Bajo este procedimiento de asignación, es de considerar que el partido mayoritario lleva ventaja indebida, ya que, además de que sus votos utilizados en la obtención de las constancias de mayoría en los distritos en que haya triunfado cuentan también íntegramente para la asignación de curules plurinominales, adicionalmente, se omite fijar en la citada fórmula de asignación, una regla similar a la prevista en la fracción V del artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que, en ningún caso, un partido político pueda contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación estatal emitida.

"Una regla de equidad aplicable en la integración de la Cámara de Diputados es la que señala dicha base V, en el artículo constitucional referido, y expresa:

"‘Artículo 54.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario).

"De lo anterior se desprende con meridiana claridad que, existiendo supuestos jurídicos similares en la legislación federal y en la local, derivados de la exigencia de un tope máximo de diputados por ambos principios para la integración de la Cámara de Diputados y el Congreso del Estado, así como un mandato de regular el principio de representación proporcional en el marco de respeto al principio soberano de igualdad del voto, es claro que el legislador debió incluir por analogía dicha regla, adecuándola a la realidad del Estado, pero no omitirla, como ocurrió al expedir el nuevo código comicial, puesto que el citado principio de analogía reza que, ‘donde existe la misma razón debe existir la misma disposición’, de ahí que la falta de inclusión de una regla que equilibre y correlacione objetivamente ambos principios (mayoría relativa y representación proporcional) en la integración del Congreso, de tal forma que por aplicación lógica de la fórmula de asignación prevista en el numeral 14 impugnado, evidencia que el tope de las 22 diputaciones por ambos principios con que puede contar un partido político, no necesariamente supone el cumplimiento a las disposiciones y principios constitucionales referidos, existiendo la posibilidad de que el partido mayoritario obtenga mayor número de curules en la integración final del Congreso en relación con su porcentaje real de votos, e incluso contando los mismos votos utilzazos (sic) para la obtención de constancias de mayoría para la asignación de las de representación proporcional. De ahí que la potencial aplicación y desarrollo de dicha fórmula, llevando al extremo la asignación de curules, sin límites expresos a la sobre representación del partido mayoritario, implicaría la subrepresentación de otras formaciones políticas en la integración del Poder Legislativo Estatal, alejándose significativamente de la base prevista en la fracción V del artículo 54 constitucional, Norma Suprema que dispone que en ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida.

"A mayor abundamiento, es sabido que los ciudadanos votan en la misma boleta por los candidatos a diputados por ambos principios, salvo unos cuantos votos en unas pocas casillas especiales, que generalmente no inciden en los porcentajes finales de la votación estatal emitida, y el mencionado precepto 24, mediante el desarrollo de la fórmula de asignación, permite a un partido político llegar al tope máximo de (22) diputados por ambos principios, que equivalen aproximadamente al 61% del total de integrantes del Congreso, con independencia del porcentaje real de votos que dicho partido haya obtenido (por ejemplo, si obtuvo un 40% o un 50%), respecto de la votación total emitida en el Estado en dicha elección; razón por la cual, al dejar de señalar un límite máximo a la sobre representación, el artículo 24 del código comicial de Tamaulipas, contraviene el criterio previsto en la fracción V del artículo 54 constitucional, y por ende, el principio de representación proporcional, así como el de elecciones auténticas y equitativas.

"Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, el criterio contenido en las bases VI y VII de la siguiente tesis jurisprudencial:

"‘Registro No. 195152. Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VIII, noviembre de 1998, página 189, tesis P./J. 69/98. Jurisprudencia. Materia(s): Constitucional.

"‘MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario).

"Razón por la cual, ante la deficiente regulación de la fórmula de asignación de diputaciones plurinominales que reporta el precepto y párrafo impugnados, debe emitirse la correspondiente declaración de inconstitucionalidad, a efecto de que se ordene a la Legislatura Local expedir una nueva fórmula de asignación con reglas que garanticen la correcta integración del Congreso del Estado de Tamaulipas.

"En conclusión es evidente que violentan las bases constitucionales; al no establecer un límite a la sobrerrepresentación.

"Cuarto concepto de invalidez

"Norma general cuya invalidez se reclama. Lo constituye la base primera, fracción II inciso b) del artículo 101 del nuevo Código Electoral para el Estado de Tamaulipas, que a la letra dispone:

"‘Artículo 101.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario).

"Preceptos constitucionales violados. 14, 16, 41, 116 fracción IV, 21 inciso g), así como el 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Es de estimar que la porción normativa que expresa: ‘con representación en el Congreso del Estado’, inserto en el contenido normativo del inciso b), de la fracción II, base primera, del artículo 101 impugnado, contradice la garantía de permanencia, así como los principios de igualdad, certeza, legalidad y equidad electorales, establecidos, en los artículos 1, 14, 16, 41 y 116 fracción IV inciso g) constitucionales, en favor de los partidos políticos que, como entidades de interés público cumplen los requisitos y obligaciones que marca la ley.

"Pues, no obstante que el precepto impugnado refiere que los partidos políticos tienen derecho al financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, y el artículo 41 de la Carta Magna garantiza que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades, como medios indispensables para que puedan cumplir los fines previstos en dicha Norma Suprema, y retomados en el numeral 20 de la constitución política local, como son:

"- Promover la participación del pueblo en la vida democrática;

"- Contribuir a la integración de la representación estatal y municipal;

"- Como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público;

"- De acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

"Lo cierto es que, al establecer el artículo 101, del Código Electoral del Estado en su base II, inciso b), que el sesenta y cinco por ciento del financiamiento público anual a los partidos políticos por sus actividades ordinarias permanentes se distribuya ‘según el porcentaje de la votación estatal emitida que hubiese obtenido cada partido político con representación en el Congreso del Estado en la elección de diputados locales por mayoría relativa inmediata anterior’, tal garantía de permanencia y distribución de financiamiento público a los partidos en ciertos casos sería del todo ineficaz.

"Porque, existe la posibilidad de que los diputados de un partido político que mantenga su registro legal ante el Instituto Federal Electoral o su acreditación ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, renuncien a ese partido, se declaren independientes o ingresen a otro partido, etcétera, con lo cual, el partido político que inicialmente tendría derecho a recibir el financiamiento público en la parte del sesenta y cinco por ciento, conforme a su porcentaje de votación emitida en la elección de diputados de mayoría relativa, podría verse privado del derecho a recibir tal financiamiento, si es que no mantiene dicha representación en el Congreso del Estado, porque en el supuesto extremo mencionado (salida de los diputados que llegaron bajo sus siglas), estaría sin representación, y la norma impugnada condiciona la distribución de dicha porción de financiamiento público siempre y cuando los partidos políticos cuenten con, o mantengan, su representación en el Congreso Local.

"Pero además, el partido político que quedase sin representación en el Congreso de Tamaulipas, también podría verse privado de su derecho a recibir financiamiento para gastos de campaña y por actividades específicas como entidades de interés público, pues en las bases segunda, fracciones I y II, y tercera fracción I, se hace depender el derecho de los partidos políticos y la entrega de financiamiento por dichos conceptos de diversos porcentajes en relación con el financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año; permitiéndome transcribir la parte relativa de dichos preceptos que también resultarían violatorios de las garantías constitucionales en materia de financiamiento público a los partidos políticos:

"‘Artículo 101.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario).

"De lo cual, también se deduce violación al principio de supremacía que prescribe el artículo 133 constitucional, por la porción de la norma cuya invalidez se demanda, pues el citado precepto fundamental señala que:

"‘Artículo 133.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario).

"A mayor abundamiento, debe señalarse que la porción normativa que impone como condición indispensable la representación que un partido tenga o pueda tener en el Congreso, para otorgarle financiamiento público, esté o no debidamente registrado o acreditado, parte de la falsa premisa de que el financiamiento a los partidos tiene que ver únicamente con la acción y desempeño de los diputados que tenga en el Poder Legislativo Local, y no con los fines constitucionales permanentes, o con el respaldo popular expresado en las urnas a favor de dichos partidos en la elección inmediata anterior de diputados; pues no es dable suponer que el derecho a percibir tal financiamiento pueda depender de la actitud y eventual decisión de los representantes de un partido en el Congreso, sino de los fines que las entidades de interés público deben cumplir, partiendo desde luego del respaldo popular que ha recibido para determinar los montos asignables.

"Lo anteriormente argumentado evidencia una contradicción material de contenido normativo entre lo dispuesto en porción normativa indicada y lo previsto al efecto en el inciso g) de la fracción IV del artículo 116 constitucional federal, que a la letra dice:

"‘Artículo 116.’ (no se transcribe el texto por considerarlo innecesario).

"Luego entonces, si la Constitución Federal, y la del Estado, confieren a los partidos políticos determinadas obligaciones y fines, así como también el derecho de los partidos políticos nacionales de participar en los procesos electorales estatales y municipales, debiendo señalar la ley, las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en el proceso electoral, es indudable que es de orden público el cumplimiento de tales disposiciones supremas, y por ende, se requiere de la asignación de recursos públicos a los partidos políticos como elementos (o medios) para poder cumplir dichos fines y obligaciones; lo que no se cumpliría

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21903-d11b39ad/acciones-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-ante-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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