SINDICATOS. LA AUTORIDAD LABORAL ESTÁ FACULTADA PARA COTEJAR LAS ACTAS DE ASAMBLEA RELATIVAS A LA ELECCIÓN O CAMBIO DE DIRECTIVA, A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES QUE RIGIERON EL PROCEDIMIENTO CONFORME A SUS ESTATUTOS O, SUBSIDIARIAMENTE, A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 86/2000).
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA 14/2009-PL. MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO 20 DE JUNIO DE 2011. MAYORÍA DE SEIS VOTOS. DISIDENTES: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: ÚRSULA HERNÁNDEZ MAQUÍVAR.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del veinte de junio de dos mil once.
VISTOS, para resolver los autos del expediente 14/2009 relativo a la solicitud de modificación de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 2a./J. 86/2000, derivada de la contradicción de tesis 30/2000-SS, resuelta el seis de septiembre de dos mil, de rubro: "SINDICATOS. LA AUTORIDAD LABORAL TIENE FACULTAD PARA COTEJAR LAS ACTAS DE ASAMBLEA RELATIVAS A LA ELECCIÓN O CAMBIO DE LA DIRECTIVA, A FIN DE VERIFICAR SI EL PROCEDIMIENTO SE APEGÓ A LOS ESTATUTOS O, SUBSIDIARIAMENTE, A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO."; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante oficio **********, recibido el cuatro de diciembre de dos mil nueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ********** Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, solicitó la modificación de la jurisprudencia 2a./J. 86/2000, sustentada por la Segunda Sala de este Máximo Tribunal, de rubro, texto y datos de publicación siguientes:
"SINDICATOS. LA AUTORIDAD LABORAL TIENE FACULTAD PARA COTEJAR LAS ACTAS DE ASAMBLEA RELATIVAS A LA ELECCIÓN O CAMBIO DE LA DIRECTIVA, A FIN DE VERIFICAR SI EL PROCEDIMIENTO SE APEGÓ A LOS ESTATUTOS O, SUBSIDIARIAMENTE, A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Es cierto que en la Ley Federal del Trabajo no existe ningún precepto legal que faculte de manera expresa a la autoridad del trabajo encargada de tomar nota del cambio de directiva de los sindicatos, para cotejar si las actas y documentos que le presentan los representantes sindicales se ajustan, o no, a las reglas estatutarias; sin embargo, tal facultad se infiere con claridad de la interpretación armónica y concatenada de los artículos 365, fracción III, 371 y 377, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, en cuanto establecen que para obtener su registro, los sindicatos deben exhibir copia de sus estatutos, los cuales deben reglamentar los puntos fundamentales de la vida sindical y que deben comunicar los cambios de su directiva ‘acompañando por duplicado copia autorizada de las actas respectivas’; requisitos que, en conjunto, justifican que la autoridad laboral verifique si el procedimiento de cambio o elección de directiva se apegó a las reglas estatutarias que reflejan la libre voluntad de los agremiados, máxime si se toma en consideración la gran importancia de la toma de nota, ya que la certificación confiere a quienes se les otorga no sólo la administración del patrimonio del sindicato, sino la defensa de sus agremiados y la suerte de los intereses sindicales. En tal virtud, no es exacto que ese cotejo constituya una irrupción de la autoridad en demérito de la libertad sindical consagrada en la Carta Fundamental, y tampoco es verdad que la negativa a tomar nota y expedir la certificación anule la elección, pues esto sólo podría ser declarado por una Junta de Conciliación y Arbitraje, oyendo a los afectados a través de un juicio, quienes en todo caso, podrán impugnar esa negativa a través del juicio de garantías." (Núm. registro: 191095. Jurisprudencia. Materia(s): Laboral. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, septiembre de 2000, tesis 2a./J. 86/2000, página 140).
En el referido oficio, el Magistrado presidente del Tribunal Colegiado indicado expuso las razones que estimó pertinentes (fojas 1 a 13 de este expediente).
SEGUNDO. Por acuerdo de catorce de diciembre de dos mil nueve el presidente de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, admitió a trámite la referida solicitud al formar y registrar el expediente de modificación de jurisprudencia 14/2009; además, ordenó dar vista al procurador general de la República para que por sí o por conducto del agente del Ministerio Público Federal que designara, expusiera -dentro del plazo de treinta días- su parecer si lo estimaba pertinente; finalmente, en el mismo acuerdo turnó los autos para su estudio al Ministro Luis María Aguilar Morales (fojas 144 y 145).
TERCERO. El doce de enero de dos mil diez el subsecretario de Acuerdos de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación certificó que el plazo de treinta días, concedido al procurador general de la República, transcurriría del seis de enero al dieciocho de febrero de dos mil diez (foja 150).
Por auto de quince de febrero de dos mil diez, se tuvo por rendida la opinión ministerial y volvieron los autos al Ministro ponente (foja 165).
CUARTO. Con motivo de lo decidido en sesión de la Segunda Sala de este Máximo Tribunal celebrada el catorce de julio de dos mil diez, se remitió el presente asunto al Tribunal Pleno de este Alto Tribunal para su resolución (foja 188), el cual quedó radicado mediante auto dictado por el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el quince de julio de dos mil diez, proveído donde ordenó devolver los autos al Ministro ponente (foja 190).
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente solicitud de modificación de jurisprudencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197, último párrafo, de la Ley de Amparo, y 10, fracciones XI y XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en el punto tercero, fracción XI, del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado el veintinueve de junio de dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, así como lo previsto en los artículos 48 y 100 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque si bien se trata de la solicitud de modificación de una jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de este Máximo Tribunal, se estima necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO. La solicitud de modificación de jurisprudencia proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, quien está facultado para hacerlo en términos de lo dispuesto en el artículo 197, último párrafo, de la Ley de Amparo.
Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis aisladas que llevan por rubro, texto y datos de localización, los siguientes:
"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LOS MINISTROS DE ESTE ALTO TRIBUNAL, ENTRE ELLOS SU PRESIDENTE, ASÍ COMO LOS MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, ESTÁN LEGITIMADOS PARA FORMULAR LA SOLICITUD DE SU MODIFICACIÓN. Del artículo 197, último párrafo, de la Ley de Amparo, que establece que las Salas de la Suprema Corte y los Ministros que las integren y los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integren están legitimados para solicitar la modificación de la jurisprudencia, se advierte que no hace referencia al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para formular una solicitud de esa naturaleza; omisión del legislador originada por haber empleado la misma redacción del primer párrafo del referido precepto, en el cual excluyó a aquel servidor público, en virtud de que tratándose de la contradicción de criterios únicamente hizo mención a las Salas de este Alto Tribunal, dado que por su misma jerarquía pueden incurrir en contradicción de tesis sin señalar, por ende, al Ministro presidente que no integra alguna de ellas. Sin embargo, de la interpretación sistemática del citado numeral, en relación con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se concluye que cualquiera de los Ministros de este Alto Tribunal, entre ellos su presidente, así como los Magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito -que por ser integrantes de los órganos terminales del Poder Judicial de la Federación que están facultados para establecer jurisprudencia-, están legitimados para formular la solicitud respectiva, a efecto de que el Pleno o las Salas de este Alto Tribunal emprendan una nueva reflexión sobre los argumentos que sustentan un criterio jurisprudencial." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, mayo de 2007, tesis P. X/2007, página 12).
"JURISPRUDENCIA. ALCANCES DE LA FACULTAD DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA MODIFICARLA. Los artículos 194 y 197 de la Ley de Amparo, facultan al Tribunal Pleno y a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para modificar su jurisprudencia, para lo cual, como requisitos formales, se requiere solicitud de parte legítima, que previamente se haya resuelto el caso concreto y que se expresen las argumentaciones jurídicas en que se apoya la pretensión de modificación. Ahora bien, la palabra ‘modificación’ contenida en el indicado artículo 194, no está constreñida a su significado literal, conforme al cual sólo podrían cambiarse los elementos accidentales de la jurisprudencia sin alterar su esencia, sino que permite el cambio total de lo anteriormente sostenido, esto es, se trata no sólo de interrumpir un criterio jurídico, sino sustituirlo por otro que puede ser, inclusive, en sentido contrario, de manera que acorde con la intención del legislador, ‘modificar la jurisprudencia’ significa cambiar de criterio, interrumpir la obligatoriedad de una tesis y emitir una nueva que la sustituya. Asimismo, es importante señalar que la jurisprudencia tiene, como primer efecto, la interpretación de las leyes que regulan el marco de actuación de las autoridades y las relaciones entre particulares, así como entre éstos y los órganos del Estado y, como segunda consecuencia, de igual trascendencia, dar certeza jurídica a través del establecimiento de un criterio obligatorio que vincule de manera general, de lo que se sigue que frente a lo estático de las disposiciones normativas y ante la necesidad de actualizar su interpretación la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplísimas para transformar el criterio jurisprudencial respecto del cual se solicita su modificación." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, mayo de 2004, tesis P. XIII/2004, página 142).
TERCERO. La jurisprudencia cuya modificación se solicita establece:
"SINDICATOS. LA AUTORIDAD LABORAL TIENE FACULTAD PARA COTEJAR LAS ACTAS DE ASAMBLEA RELATIVAS A LA ELECCIÓN O CAMBIO DE LA DIRECTIVA, A FIN DE VERIFICAR SI EL PROCEDIMIENTO SE APEGÓ A LOS ESTATUTOS O, SUBSIDIARIAMENTE, A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Es cierto que en la Ley Federal del Trabajo no existe ningún precepto legal que faculte de manera expresa a la autoridad del trabajo encargada de tomar nota del cambio de directiva de los sindicatos, para cotejar si las actas y documentos que le presentan los representantes sindicales se ajustan, o no, a las reglas estatutarias; sin embargo, tal facultad se infiere con claridad de la interpretación armónica y concatenada de los artículos 365, fracción III, 371 y 377, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, en cuanto establecen que para obtener su registro, los sindicatos deben exhibir copia de sus estatutos, los cuales deben reglamentar los puntos fundamentales de la vida sindical y que deben comunicar los cambios de su directiva ‘acompañando por duplicado copia autorizada de las actas respectivas’; requisitos que, en conjunto, justifican que la autoridad laboral verifique si el procedimiento de cambio o elección de directiva se apegó a las reglas estatutarias que reflejan la libre voluntad de los agremiados, máxime si se toma en consideración la gran importancia de la toma de nota, ya que la certificación confiere a quienes se les otorga no sólo la administración del patrimonio del sindicato, sino la defensa de sus agremiados y la suerte de los intereses sindicales. En tal virtud, no es exacto que ese cotejo constituya una irrupción de la autoridad en demérito de la libertad sindical consagrada en la Carta Fundamental, y tampoco es verdad que la negativa a tomar nota y expedir la certificación anule la elección, pues esto sólo podría ser declarado por una Junta de Conciliación y Arbitraje, oyendo a los afectados a través de un juicio, quienes en todo caso, podrán impugnar esa negativa a través del juicio de garantías." (Núm. registro: 191095. Jurisprudencia. Materia(s): Laboral. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, septiembre de 2000, tesis 2a./J. 86/2000, página 140).
La solicitud de modificación de jurisprudencia se formula con motivo de los juicios de amparo en revisión ********** y **********, vistos en sesión de cinco de noviembre de dos mil nueve y engrosados el uno de diciembre de ese año por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito que, en cuanto al sentido, se votaron por unanimidad de votos y, respecto de las consideraciones, el Magistrado ********** emitió voto concurrente.
En el amparo en revisión ********** la litis estribó, de acuerdo con lo que señala el Magistrado solicitante de la modificación de jurisprudencia que nos ocupa, en dilucidar si la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de la Dirección General de Registro de Asociaciones, tiene o no facultades para verificar el procedimiento de elección de la mesa directiva de la organización sindical, en términos de los estatutos que rigen a los agremiados y de la Ley Federal del Trabajo.
De la lectura de la ejecutoria antes precisada que consta en este expediente (fojas 65 a 131) se advierte que el acto reclamado, en forma destacada, sobre el cual versó la litis de origen fue la toma de nota de **********, con la que se registró al ********** para el ejercicio del **********, en tanto que los quejosos que promovieron amparo a su respecto consideraron que no se satisfacían los requisitos legales ni estatutarios previstos en la Ley Federal del Trabajo. El Juez de Distrito al que tocó conocer la demanda de garantías relativa resolvió en el sentido de negar el amparo por considerar que el amparo indirecto no es la vía para combatir la toma de nota.
Ya en el recurso de revisión que interpusieron los inconformes contra el fallo anterior, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito precisó, como punto de partida, que la litis constitucional no podía establecerse para dirimir la validez de los estatutos sindicales, sino determinar únicamente si la toma de nota cumplía o no con los requisitos legales de la Ley Federal del Trabajo y de los Estatutos del Sindicato de Trabajadores **********, esto es, que antes de otorgar la toma de nota del ********** la autoridad registradora previamente debió cotejar si las actas y documentos exhibidos al efecto cumplían las formalidades previstas tanto en la ley obrera como en los estatutos del sindicato, específicamente en lo concerniente a la elección del **********.
Lo anterior, estableció el citado Tribunal Colegiado, de acuerdo con lo previsto en los artículos 365, fracción III, 371 y 377, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, puesto que si la autoridad no tuviera la facultad de realizar el cotejo para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la legislación laboral y en los estatutos respectivos, implicaría que todos los requisitos y garantías establecidas en los ordenamientos aplicables fueran ociosos e ineficaces, perdiendo de vista que la ley obrera es de observancia general y por ello debe exigirse su cumplimiento, así como la importancia y trascendencia que tiene la toma de nota, en cuanto a que habrá de surtir efectos ante cualquier autoridad en términos del artículo 367 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que resulta indispensable verificar y plasmar el cumplimiento de las formalidades establecidas en los ordenamientos aplicables.
Asimismo, estableció que el hecho de que el registro o toma de nota produzca efectos ante todas las autoridades, conforme al artículo 368 de la Ley Federal del Trabajo, exige que la autoridad registradora verifique, al menos, el cumplimiento de las formalidades consignadas en la ley y en los estatutos, a fin de que dicha toma de nota goce de validez y eficacia frente a las autoridades.
Al efecto, el Tribunal Colegiado se apoyó en la jurisprudencia 2a./J. 86/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya modificación es ahora solicitada.
El tribunal aludido, además, para robustecer la afirmación en el sentido de que la autoridad registradora, previamente al otorgamiento del registro del sindicato o toma de nota de la directiva correspondiente debe verificar si se cumplieron o no con los requisitos previstos tanto en la ley laboral como en los estatutos del sindicato, tomó en consideración lo establecido en el artículo 40, fracciones I y IX, de la Ley Orgánica del Administración Pública Federal, en el sentido de que corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contempladas en el numeral 123 y demás de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos; así como llevar el registro de las asociaciones obreras, patronales y profesionales de jurisdicción federal que se ajusten a las leyes.
No obstante, a pesar de que el Tribunal Colegiado determinó que asistía la razón a los recurrentes en cuanto a que la autoridad registradora tenía facultades para verificar y eventualmente plasmar el cumplimiento de la ley obrera y de los estatutos, lo cual no se había dado en el caso, puesto que la autoridad no se había referido a los requisitos de tales ordenamientos, dicha omisión no era suficiente para conceder el amparo a fin de que la autoridad registradora se ocupara de ello, dado que se advertía que los requisitos legales y estatutarios se encontraban cumplidos, por lo que a nada práctico conduciría la concesión del amparo para el efecto de que la autoridad registradora dejara insubsistente la toma de nota de ********** y emitiera otra en la que analizara los requisitos.
Para justificar lo anterior y en aras de una justicia pronta, así como para otorgar seguridad jurídica, en tanto que el periodo de elección del comité correspondiente tenía vigencia del **********, el Tribunal Colegiado del conocimiento procedió al análisis de los requisitos establecidos en la Ley Federal del Trabajo y en los estatutos sindicales, concluyendo que, como lo había anunciado previamente, estaban cumplidos, lo que lo condujo a negar el amparo solicitado.
En el amparo en revisión **********, señala el Magistrado solicitante de la modificación de la jurisprudencia, la litis consistió en analizar si la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de la Dirección General de Registro de Asociaciones tiene o no facultad para verificar el procedimiento de la creación de una sección sindical en términos de los estatutos y de la Ley Federal del Trabajo.
De la lectura de la ejecutoria antes precisada, que consta en este expediente (fojas 14 a 64), se advierte que en el juicio de amparo del que derivó el recurso de revisión, se reclamó la resolución dictada el ********** por el director de Registro y Actualización de la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en el expediente **********, relativa a la solicitud de toma de nota de constitución de la **********, por medio de la cual se determinó que no se había acreditado que los trabajadores miembros del sindicato fueran efectivamente trabajadores de base, que no desempeñaran funciones de confianza, por lo que se negaba la toma de nota solicitada. El Juez de Distrito al que correspondió conocer de la demanda de garantías consideró que la autoridad registradora carecía de discrecionalidad para negar la toma de nota por no acreditarse la calidad de base o de confianza de los trabajadores enlistados en el padrón de socios del sindicato quejoso, por lo que resolvió en el sentido de conceder el amparo.
Inconforme con tal determinación la autoridad responsable interpuso recurso de revisión, alegando que el requisito consistente en acreditar que los trabajadores que integrarían el sindicato desarrollan actividades de base constituye un aspecto que la autoridad laboral registradora debe exigir por tratarse de una formalidad que prevé la ley obrera y los estatutos del sindicato, lo que estimó fundado el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, señalando que le asistía razón a la autoridad registradora en cuanto a que, para otorgar el registro respectivo y realizar la toma de nota de la directiva correspondiente, estaba en aptitud de cotejar si las actas y documentos que le presentan los representantes sindicales cumplen o no con las formalidades previstas tanto en la ley obrera como en los estatutos del sindicato.
Luego de esbozar razones semejantes a las insertas en la ejecutoria que se comentó en primer término y apoyarse igualmente en la jurisprudencia 2a./J. 86/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya modificación es solicitada, el Tribunal Colegiado del conocimiento sostuvo en esencia lo siguiente:
Que si la ley laboral y los estatutos exigen que para la constitución de un sindicato debe acreditarse no sólo que sean trabajadores sino también de base, es claro que la autoridad registradora debe verificar el cumplimiento efectivo de tal requisito, es decir, que sean trabajadores de base, de otro modo, no se cumpliría con el objeto real y auténtico de que el sindicato se vea integrado únicamente con trabajadores de base, por lo que se trata de un aspecto formal previsto en la ley obrera y en los propios estatutos sindicales, ante lo cual la autoridad registradora estaba en aptitud de requerir su cumplimiento y en ese sentido resultaba incorrecta la concesión del amparo para el efecto de que dicha autoridad sólo verificara si el registro o toma de nota pretendida se ajustaba o no a lo establecido en el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo.
Que, no obstante lo anterior, en suplencia de la queja y conforme al artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo dado que el sindicato quejoso representaba a la clase trabajadora, estimaba incorrecta la determinación de la autoridad registradora, pues el requisito relativo a la calidad de trabajadores de base sí se encontraba presuntivamente acreditado, sin prueba en contrario, de ahí que se debiera tener por cumplido y, por ende, otorgarse el registro pretendido.
Al respecto, el Tribunal Colegiado precisó que el citado requisito se había probado presuntivamente con la lista de asistencia de la asamblea constituyente de **********, de donde surgió la sección sindical y directiva que se pretendía registrar, la cual era apta para demostrar el extremo en comento porque en ella se plasmaron los rubros: "Nombre y domicilio del trabajador de base con clave ‘**********’; adscripción y domicilio del centro de trabajo; y firma de los trabajadores", lo que hacía suponer que los trabajadores ahí enlistados efectivamente eran trabajadores de base del **********, lo que debía presumirse en tanto no existiera prueba en contrario, aunado a que con el escrito de **********, signado por ********** en su calidad de **********, en donde a petición del sindicato interesado asentó que los trabajadores enlistados estaban en activo y que laboraban para el **********, llevaba a robustecer la afirmación de que dichos trabajadores se ubicaban como empleados de base y que, de otro modo, no hubiera sido solicitado dicho escrito por el sindicato interesado.
Asimismo, precisó que no resultaba necesaria mayor prueba que la presunción antes indicada, porque de exigir más pruebas hasta crear la plena convicción de que los agremiados efectivamente son trabajadores de base, implicaría un exceso en las facultades de la autoridad registradora que sólo debe circunscribirse a verificar el cumplimiento de las formalidades previstas tanto en la ley laboral como en los estatutos del sindicato, lo que además requeriría el desahogo de pruebas, como la confesional y la testimonial, las cuales únicamente pueden desarrollarse dentro de un juicio ordinario y no mediante el procedimiento de registro.
Por tanto, el Tribunal Colegiado concluyó que el sindicato quejoso había cumplido el requisito consistente en acreditar que sus agremiados fueran trabajadores de base que no desarrollaban actividades de confianza, por lo que concedió el amparo a fin de que la autoridad laboral registradora otorgara el registro a la sección sindical y la toma de nota a la directiva, confirmando así, por motivos distintos, la sentencia recurrida.
Según se advierte de la lectura de las ejecutorias recaídas en los expedientes ********** y **********, cuya síntesis se insertó en líneas anteriores, en la parte considerativa, el tribunal en comento precisó en un caso que la litis constitucional no podía establecerse para dirimir la validez de los estatutos sindicales, sino únicamente determinar si la toma de nota cumplía o no con los requisitos legales, pues concretamente estableció que la autoridad registradora tenía facultades para que, previo el registro del sindicato o a la toma de nota de la directiva, cotejara si las actas y documentos que le presentaban los representantes sindicales reflejaban el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo y de los estatutos del sindicato; y, en el otro, también determinó que para otorgar el registro relativo y realizar la toma de nota de la directiva correspondiente, la autoridad registradora estaba en aptitud de cotejar si las actas y documentos que le presentaban los representantes sindicales cumplían o no con las formalidades previstas tanto en la ley obrera como en los estatutos del sindicato.
Ahora bien, por su parte, el Magistrado ********** quien compartió el sentido de los fallos pero no sus consideraciones, formuló sendos votos concurrentes, cuyo contenido queda esencialmente comprendido en el escrito en que el propio Magistrado, en su carácter de presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito solicita la modificación de la jurisprudencia 2a./J. 86/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ahora nos ocupa y que ha quedado reproducida en líneas anteriores. En dicho escrito, luego de señalar diversos principios y derechos formulados por la Organización Internacional del Trabajo, que refiere el nombrado Magistrado, deben hacerse realidad en nuestro país al ser un Estado miembro de dicha organización, manifiesta lo que a continuación se resume:
Que el registro sindical como el de la directiva es sólo una medida de publicidad con que los sindicatos muestran su existencia a todas las personas, por lo que de acuerdo con su finalidad, la fijación del organismo que deba llevar a cabo el registro es prácticamente accidental y al respecto hace las siguientes reflexiones:
"Su razón de ser es en sí misma tan ajena al actor que efectúa el registro, que precisamente se trata de un procedimiento administrativo que puede ser suplido de una manera no problemática y de forma ideal, automática.
"Que no sea esta la realidad nacional en forma alguna implica la negación de la razón de ser anterior; simplemente es muestra de la tergiversación de la figura para cumplir con objetivos distintos a los mencionados."
Por otro lado, destaca que, en lo que se refiere a la libertad sindical, el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo indica que la entrada en vigor de los estatutos de las organizaciones sindicales no esté sometida a la aprobación previa de las autoridades públicas y que las organizaciones sindicales deben tener libertad para redactar sus estatutos y reglamentos administrativos con completa libertad.
Luego, señala que el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo somete el ejercicio del derecho fundamental de sindicación al cumplimiento del requisito de obtención de inscripción administrativa de registro sindical ante la autoridad que corresponda y que ese procedimiento está condicionado en su efectivo cumplimiento a la discrecionalidad de la autoridad administrativa, la cual juzga cuándo la constitución de un sindicato o la elección de su comité es contrario a la ley o a sus propios estatutos, lo cual, afirma, constituye una intromisión administrativa en los asuntos internos de los sindicatos que contraviene las normas relativas a la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, en tanto que el artículo 2o. del Convenio 87 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, garantiza a todos los trabajadores y empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a ellas.
Asimismo, expresa que dichas organizaciones deben tener el derecho a redactar sus propios estatutos y reglamentos y que la adquisición de su personalidad jurídica no puede estar sujeta a condiciones que restrinjan esos derechos, acorde con lo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23181-3c7fd184/sindicatos-la-autoridad-laboral-esta-facultada-para-cotejar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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